El Ministerio de Seguridad derogó normativas sobre el uso de armas por parte de las fuerzas federales

Tal como había anticipado, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó hoy una serie de medidas que había tomado su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, en relación al uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales. La medida se hizo efectiva a partir de la Resolución 1231/19 publicada este martes en el Boletín Oficial.

De esta manera, la funcionaria dejó sin efecto los protocolos que le daban mayor libertad a los uniformados para disparar en casos de delitos graves y persecuciones. Además, convocó a la creación de un consejo de profesionales para determinar cómo serán utilizadas las pistolas Taser compradas por la gestión anterior y canceló el Servicio Cívico Voluntario en Valores.

El primer artículo de la Resolución firmada por Frederic en las vísperas de Navidad estableció la baja del “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”.

En cambio, la ministra ratificó las normas básicas de actuación que, "consistente con los principios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad”, eran utilizadas por los efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal antes de los cambios implementados por Bullrich.

El reglamento que le daba más libertad a los agentes para disparar contra los delincuentes fue implementado por primera vez durante la Cumbre del G-20 que se realizó en el 2018 en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo entonces era proteger a los presidentes que visitaban la capital argentina.

Si bien en un principio se había anunciado que esta medida perdería su vigencia una vez finalizado el encuentro de mandatarios, el Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de Bullrich, decidió prorrogarla. Por esta razón, la normativa continuó vigente hasta este martes, cuando Frederic decidió derogarla en una extensa Resolución en la que dio marcha atrás con varias decisiones que se tomaron en la gestión anterior.

Entre los considerandos, el actual Gobierno consideró que ese protocolo ampliaba “de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal", alejándose de las recomendaciones del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Para Frederic, “este uso ‘irracional’ incrementa la violencia en los hechos delictivos, pudiendo afectar de manera directa en la subjetividad de las personas que cometan un delito”, ya que “convierte en extremo cualquier enfrentamiento”.

En otro de sus artículos, la Resolución también da de baja el reglamento para el uso de las pistolas Taser que compró la gestión anterior en el último tramo de su administración y convoca al Ministerio de Seguridad a elaborar, “junto con los responsables de las áreas competentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, en el término de 30 días hábiles administrativos, un protocolo que regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica”.

Por otra parte, también se canceló el Servicio Cívico Voluntario en Valores que fue creado en julio del año pasado y estaba destinado a la formación de jóvenes que no estudian ni trabajan.

En este sentido, el texto explicó que “los objetivos y componentes” de este programa “vinculados a la educación, la salud y el bienestar, lo social y lo laboral” serán “asumidos y gestionados por las áreas competentes de la Administración Nacional”.

Además, también se dejó sin efecto el polémico “Programa ofensores en trenes”, que entre otras cosas instruye a los efectivos de la Policía Federal para pedirle el DNI a los pasajeros en las estaciones de ferrocarriles, en caso de que se los considere sospechosos. Esta medida había generado el rechazo de la entonces oposición.

Por último, se canceló el denominado “Centro de Formación de Gendarmes” que funcionaba en los Hoteles 7 y 8 del Complejo Unidad Turística Chapadmalal, de la homónima localidad del partido bonaerense de General Pueyrredón.

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