Cuáles son los ex funcionarios K que pasarán las fiestas en la cárcel

“Por una Navidad sin presos políticos” fue la consigna que a fines de noviembre dirigentes del kirchnerismo, de organizaciones sociales y familiares llevaron a la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002. Era el día en que Cristina Kirchner reclamaba a través de su defensa ante la Cámara Federal de Casación Penal que se revocara su prisión preventiva en la causa de los cuadernos. Afuera, ajenos a esa audiencia, unas dos mil personas pedían la libertad de ex funcionarios, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex vicepresidente Amado Boudou, a quienes consideraban detenidos ilegítimamente por cuestiones políticas durante el Gobierno de Mauricio Macri. Algunos de ellos lograron salir de prisión. Pero otros no. Hoy, cinco ex funcionarios K pasarán la Nochebuena tras las rejas.

Ellos son Amado Boudou, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social y dirigente piquetero Luis D´Elía, y el ex director de la Aduana Edgardo Paolucci. Todos condenados en juicio oral. Son cinco de las nueve personas que hoy están presas por delitos contra la administración pública, según datos oficiales a los que accedió Infobae. El año pasado, los detenidos por ese delito sumaban 23.

“Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso; en la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad pero los detienen porque son opositores”, dijo Alberto Fernández después de la marcha a Comodoro Py y a pocos días de asumir la Presidencia de la Nación. Fernández siempre criticó el régimen de prisiones preventivas -detenidos sin condena firme- que se impuso en los últimos años.

De hecho, a Cristina Kirchner llegaron a dictarle siete prisiones preventivas. Las firmó el juez Claudio Bonadio. La Cámara Federal redujo a una sola las que confluyeron en el caso de los cuadernos. Hoy, es la única que está vigente. Ayer, lunes 23 de diciembre, un tribunal oral hizo caer la que se había dictado por el caso del Memorándum con Irán, la denuncia original de Alberto Nisman. La ex jefa de Estado nunca llegó a estar presa. Sus órdenes de arresto comenzaron cuando se convirtió en senadora. Esos fueros fueron los que la dejaron a salvo de ser encarcelada.

Aunque a la dirigente Milagro Sala la arrestaron en Jujuy en enero de 2016, las detenciones de ex funcionarios comenzaron en abril de 2016, pocos meses después de la llegada de Macri a la presidencia. Los jueces federales de Comodoro Py aplicaron el criterio de las relaciones residuales que dejaron en el poder para detener a ex funcionarios, lo que era una rareza ya que hasta entonces el criterio era que los imputados en causas de corrupción transitaban el proceso en libertad. Llegó a haber 74 personas detenidas, entre ex funcionarios y empresarios, en causas de corrupción.

El número de ex funcionarios presos se redujo desde que el Frente de Todos ganó las elecciones internas en agosto pasado y por la aplicación desde el 22 de noviembre del nuevo régimen de prisiones preventivas. Salieron de la cárcel De Vido, los ex funcionarios de Planificación Federal Roberto Baratta y Carlos Kirchner, el ex intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Carlos Cortez y el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche. También recuperaron su libertad, ya que estaban en prisión domiciliaria, el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, el empresario Gerardo Ferreyra, el abogado Miguel Ángel Plo, su yerno Federico Zupicich, el ex funcionario de Yaciretá Oscar Thomas. Todos ellos, excepto De Vido, estuvieron presos sin condena. El ex ministro tiene una por corrupción en la tragedia de Once pero no está firme. Además, su arresto no se dio por ese veredicto sino por causas que estaban en su etapa inicial (Río Turbio y Gas Licuado primero, y cuadernos después).

La aplicación del nuevo régimen en las prisiones preventivas fue lo que permitió que muchos detenidos salieran de prisión en las últimas semanas. La medida fue aprobada por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal que puso en marcha algunos artículos, no todos, del nuevo sistema acusatorio. La nueva regla establece que la detención sin condena es la última medida de coerción y que antes hay otras 10 alternativas para analizar. Ahí aparecen la promesa del imputado de estar a derecho, la prohibición de salir de determinado territorio, la colocación de una tobillera electrónica para controlar la ubicación y la prisión domiciliaria -sin necesidad de esperar a tener más de 70 años y sufrir problemas de salud-.

La decisión de implementar ahora, sin demasiados detalles, y sobre el fin del Gobierno de Mauricio Macri algunos artículos del Código Procesal, se tomó con el respaldo del kirchnerismo y el macrismo. Todos los que caminan los pasillos de tribunales de Retiro coinciden en que ahí ganaron todos: los kirchneristas por su convicción de que hubo “presos políticos” en la gestión de Mauricio Macri; los macristas porque se garantizaban así que, corridos del poder, estaban a salvo de futuras detenciones en causas que se activaran en su contra. No hubo grieta.

"No puede haber un gobierno peronista con peronistas presos”, había dicho De Vido a principios de noviembre, al insistir en la idea de la persecución judicial. "Defiendo a Cristina porque es la única garantía de que los presos políticos salgamos en libertad”, agregó días después. El 10 de diciembre, el presidente Fernández afirmó en el Congreso: "Vamos a terminar con una Justicia que utiliza las prisiones preventivas para amedrentar opositores”.

¿Quiénes están presos?

Entre los ex funcionarios arrestados en Ezeiza se encuentran Boudou, Jaime, Schiavi y D´Elía. Los cuatro tienen condenas. El ex vicepresidente, a cinco años y 10 meses de prisión por la causa Ciccone. Por la tragedia de Once, el tribunal oral que llevó adelante el juicio condenó a Jaime a seis años y Schiavi, a ocho años, pero Casación modificó los años: a Jaime le subió a siete años y a Schiavi le bajó a cinco años y medio. D´Elía, en tanto, que había estado arrestado tres mese por la causa del Memorándum, volvió a prisión por la toma de la Comisaría 24. Un tribunal oral le impuso cuatro años y Casación se lo modificó a tres años y nueve meses. A a diferencia del resto no está bajo la órbita del IRIC.

La decisión de encontrarlos culpables fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal que además rechazó sus apelaciones para llegar a la Corte Suprema. Con eso, en Comodoro Py se interpreta que las condenas están en condiciones de ser ejecutadas.

Sin embargo, sus defensas entienden que esas condenas no están firmes. Aún esperan suerte en la Corte Suprema y por eso los cuentan como procesados con prisión preventiva. El ex vicepresidente está convencido de razones políticas para su persecución penal. Boudou tiene una segunda condena a tres años de prisión por la falsificación de documentos para transferir un auto. Precisamente, ese juicio fue hecho dos veces. En el primer debate lo habían sobreseído, pero Casación anuló el veredicto y ordenó llevar adelante un nuevo juicio.

En redes sociales comenzó la campaña “falta Boudou”, después de que fueran excarcelados De Vido y Baratta por el caso de los cuadernos. La flamante titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Vitoria Tolosa Paz, tuiteó en las últimas horas una foto de Mónica García de la Fuente, la esposa de Boudou, y sus pequeños mellizos. “A ellos les falta su ser Amado, a nosotros el compañero Boudou... Por una navidad sin presos políticos”, escribió.

El quinto de los ex funcionarios que quedó tras las rejas es Edgardo Paolucci, quien jefe de la Aduana de Buenos Aires. A él lo condenaron a ocho años de prisión por la mafia de los contenedores, una sentencia que todavía no fue revisada por Casación. De esa investigación, hay otros aduaneros presos de menor rango.

Mientras tanto, las causas de corrupción no solo llevaron tras las rejas a ex funcionarios. El dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín pasarán esta Navidad en la cárcel por la compra de un campo en Uruguay y por la intervención de consultoras en lavado de dinero. Los tres estuvieron con prisión preventiva en el juicio por lavado de dinero por la ruta del dinero k pero fueron liberados porque llevaban más de tres años y medio de prisión preventiva sin condena. El juicio oral continúa, próximo a que comiencen el año entrante los alegatos y se acerque el momento de las definiciones.

Otro de los arrestados en la cárcel de Ezeiza es José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou. Al igual que Boudou entró y salió de prisión varias veces. Esta vez fue la tercera. Siguen arrestados además Martín Báez, hijo de Lázaro Báez que fue arrestado en febrero pasado durante el juicio oral por presuntas maniobras para mover dinero; y seis ex directivos de TBA que fueron condenados por la causa de la tragedia de Once: Sergio Cirigliano, Jorge De los Reyes, Jorge Álvarez, Carlos Pont Verges, Víctor Astrella y Sergio Tempone. En ese expediente también está detenido el maquinista Marcos Córdoba.

En la lista de los detenidos por corrupción aparece Claudio “Mono” Minicelli, el cuñado de De Vido, que fue preso por la mafia de los contenedores después de estar un tiempo prófugo.

Fuera de la órbita federal, aparece el caso de Milagro Sala, la dirigente social de Jujuy que está detenida por la Justicia de esa provincia, ahora con arresto domiciliario después de haber pasado una temporada en prisión. Fue arrestada en enero de 2016. Desde entonces sumó varias condenas. “Milagro Sala no merece estar detenida”, había dicho el mes pasado Alberto Fernández.

Los que salieron de prisión

Durante estos años, las defensas de los involucrados en las llamadas “causas k” se instalaron en Comodoro Py. Casi a diario, subían y bajaban las escaleras del edificio de Retiro para presentar escritos, notificarse de resoluciones y plantear nulidades. Pero hasta ahora, la mayoría de sus intentos habían fracasado. Sembraron procesamientos, preventivas y condenas. Algo cambió en las últimas semanas.

El primer signo de alerta fue la excarcelación que se le dio a Oscar Thomas, el ex director de Yaciretá que había estado prófugo 48 días antes de ser atrapado en la causa de los cuadernos. En septiembre pasado, la Cámara Federal entendió que el ex funcionario podía permanecer en libertad, previo pago de una millonaria fianza, porque la investigación ya estaba terminada y no había riesgos de que, en libertad, el acusado pudiera obstaculizar la búsqueda de pruebas. Eso derivó en más libertades.

En la causa de los cuadernos, De Vido y Baratta se convirtieron entonces en los únicos detenidos por las anotaciones de Centeno que había sabido cosechar más de medio centenar de procesados y una treintena de arrepentidos. El viernes 13 de diciembre, De Vido y Baratta pudieron torcer esa suerte. Cada uno se fue a su casa, con una tobillera electrónica. Aunque al ex ministro de Planificación le tocó por ahora cumplir arresto domiciliario, su defensa confía en que podrá revertir esa decisión y conseguir en el caso Río Turbio también su excarcelación.

¿Qué fue lo que cambió? Hay dos explicaciones. Una es técnica, la otra política, pero en la primera también hay una sobredosis de la segunda. La técnica es que la comisión bicameral decidió poner en vigencia a mediados de noviembre la flexibilización de las preventivas. La política es que Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron las elecciones.

Por la aplicación de esas nuevas pautas de prisión preventiva salieron de la cárcel De Vido y Baratta el 13 de diciembre (el ex ministro de Planificación se encuentra en prisión domiciliaria aún por Río Turbio), el ex intendente Pérez Osuna (con una condena a cuatro años de cárcel por el caso Río Turbio que no está firme) el 19 de diciembre y el mismo día se revocaron las prisiones domiciliarias de Plo y Zupicich (presos por cuadernos). También la semana pasada Thomas consiguió bajar de 50 a 3 millones de pesos la fianza que le habían impuesto, y depositó el dinero para terminar con la detención en su domicilio.

Los únicos presos hoy en la megacausa de los cuadernos son Jaime y Schiavi, a quienes se les dictó la prisión preventiva por los subsidios al Transporte. Nadie lo notó, sin embargo, porque ya estaban presos por la causa de Once.

Antes de este régimen del llamado fin de las preventivas, otros detenidos habían conseguido la libertad. Fue entre el triunfo en las elecciones internas de agosto y las generales de octubre del Frente de Todos. El 2 de octubre quedó en libertad Gerardo Ferreyra; el 3 de octubre fue liberado Esteche; el 8, López y De Sousa y el 9, Carlos Kirchner. A fines de septiembre ya había salido Cortez, preso por la causa de Daniel Muñoz. Y la semana pasada puso fin a su arresto domiciliario el “Caballo” Suárez.

Hay algunos casos especiales. Por ejemplo el del ex secretario de Obras Públicas José López. El ex funcionario dejó la cárcel en agosto del año pasado cuando decidió convertirse en arrepentido en la causa de los cuadernos y declarar que el dinero que llevó al convento se lo entregó un ex secretario de Cristina Kirchner. Así ingresó al programa de Testigos e Imputados Colaboradores del Ministerio de Justicia. A pesar de esa situación, López estaba detenido en dos casos: el de los cuadernos y el de los bolsos con los nueve millones de dólares, por los que fue condenado a seis años de prisión. El viernes pasado, siguiendo los lineamientos que liberaron a De Vido y Baratta, el tribunal oral revocó la preventiva en el caso de los cuadernos.

Otro caso diferente es el del ex jefe del Ejército César Milani. Estuvo preso desde el 17 de febrero de 2017 hasta el 9 de agosto pasado cuando fue absuelto en un juicio en La Rioja por delitos de lesa humanidad. Por el mismo delito fue absuelto en otro caso por un tribunal de Tucumán. Tiene una causa más por enriquecimiento ilícito en la que nunca estuvo detenido.

La vicepresidenta Cristina Kirchner llegó a tener trece procesamientos, siete de ellos con prisión preventiva. Uno por la causa del Memorándum. Otros seis por la causa de los cuadernos y sus derivadas. Sin embargo, la Cámara Federal revocó el criterio de Bonadio con los cuadernos y en cada una de las resoluciones, posteriores a la de los viajes de Centeno, entendió que las otras prisiones preventivas estaban sujetas a la de los cuadernos. Así, en cuadernos pasó a tener solo una prisión preventiva.

Pero pasaron cosas: la de Memorándum, después de dos años sin activarse, cayó ayer, en la previa de Navidad, por decisión del Tribunal Oral Federal 8. La de los cuadernos, en tanto, está pendiente. La Cámara de Casación está discutiendo qué sala lo resuelve, pero hay un pedido concreto de la defensa de CFK para que quede revocada, cuando siempre estuvo a derecho. Máxime cuando ahora es vicepresidenta y ya se le otorgó la libertad a De Vido y Baratta a la luz de las nuevas pautas de la prisión preventiva.

Cómo viven los presos por corrupción en la cárcel. El gobierno de Mauricio Macri creó en marzo de 2016 en las cárceles federales el “Sistema de intervención para la reducción de índices de corruptibilidad (IRIC)”. Se trata de pabellones para alojar a personas con un perfil de capacidad económica, poder de influencia y vinculados a causas económicas. Tanto ex funcionarios, como lavadores de dinero y narcotraficantes.

Primero hubo un pabellón en la cárcel de Ezeiza y otro en la de Marcos Paz, dos de las más importantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Pero se fueron ampliando por la cantidad de detenidos. Hoy son 12 pabellones, que tienen un promedio de capacidad para 15, uno para mujeres: cuatro en Ezeiza, otros cinco en la unidad 31 y la cárcel de mujeres -ambas de Ezeiza también-, uno en Marcos Paz, otro en la prisión regional del norte, en Chaco, y el último en el instituto de seguridad y resocialización, en Chubut, los dos pabellones de IRIC que hay en el interior del país.

Se trata de pabellones iguales a los del resto de la prisión con la diferencia que los agentes que los custodian son especialmente elegidos. Tienen que tener altas calificaciones, no pueden tener sanciones, ni deudas ni hipotecas por las que puedan ser sobornados, entre otros requisitos.

En las “Pautas generales para el funcionamiento IRIC” se fijó el perfil del interno. Primero debe tener bajo riesgo de conflictividad o suicidio. Y contar con dos o más de estas siete características: alto poder económico; estar vinculado a grupos de criminalidad económica; estar procesado o condenado por delitos de lavado de activos, evasión fiscal, defraudación a la administración pública, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, personas u órganos; tener capacidad de influir en el poder político:, poder corromper al personal penitenciario; haber tenido cargos altos de gobierno; y ser personas que para la Unidad de Información Financiera considere políticamente expuestas.

Allí hoy se alojan presos por 10 tipos de delitos, que van desde el narcotráfico a los que afectan el orden económico y financiero o la administración pública. Según estadísticas oficiales del SPF a las que accedió Infobae hoy hay 128 personas detenidas en los pabellones de IRIC. En 2016 eran 15; en 2017, 68 y en 2018, 134. El delito que más detenidos tuvo en esos pabellones es narcotráfico: actualmente son 53, 38 eran en 2018, 30 en 2017 y siete en 2016. En cada uno de los años fue el delito que más presos tuvo en comparación con otros. El delito contra la administración publica hoy tiene nueve detenidos. El año pasado eran 23, en 2017, 13 y en 2016, solo había dos. Actualmente los otros delitos por los que más detenidos hay en IRIC son contra el orden económico y financiero (17), contra el orden público (13), contra la propiedad (12) y por delitos aduaneros (11).

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