La semana que culmina prefiguró lo que Alberto Fernández califica como la “etapa fundacional” de su gobierno abocada a la emergencia económica y a la atención inmediata a la pobreza. Ahora el Presidente se dispone a encarar el segundo paso de su administración: avanzará por sectores para reactivar la producción de las pymes, fomentar medidas para la clase media y apuntalar su estrategia de “confrontación controlada” con algunos actores externos a su gestión.
Desde la comodidad del despacho presidencial, Fernández siguió por televisión cada paso del debate en Diputados y en el Senado del megaproyecto de emergencia económica y se encargó en persona de corregir lo que aparecía como el primer cortocircuito con su electorado al enmendar el descuido del proyecto relacionado con las jubilaciones de jueces y diplomáticos. Para ello propondrá una reforma de fondo de las jubilaciones de privilegio de esos estamentos públicos.
“El proyecto de emergencia económica es mucho más que eso. Se trata de una ley que marcará la etapa fundacional del gobierno de Alberto, que es para terminar con la crisis en que nos sumergió Macri”, explicó a Infobae un allegado al Presidente. En esta primera etapa, el Gobierno engloba los lineamientos para negociar la deuda con el FMI, el incremento impositivo a sectores como las automotrices y el campo, el congelamiento de tarifas, el nuevo esquema tributario para la compra en dólares y el controvertido régimen de aumentos jubilatorios por decreto, entre otras cosas.
En las oficinas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendieron ante empresarios y sindicalistas la ley de emergencia. “Las anteriores leyes de emergencia buscaban el achicamiento del Estado mientras que esta nueva ley se propone regularizar los organismos descentralizados, adecuarlos a las políticas públicas actuales y contar con las facultades necesarias para usar en emergencia el tiempo y los recursos a favor”, se le escuchó decir al jefe de ministros.
Esta “etapa fundacional” del Gobierno estuvo acompañada también por el lanzamiento del Consejo Nacional contra el Hambre, que lidera Victoria Tolosa Paz y que con la ayuda del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se dispone a entregar tarjetas alimentarias que llegarán a cuatro millones de personas en situación vulnerable.
“Un país con el 40% de pobreza necesita de una emergencia alimentaria urgente”, dijo Arroyo en su recorrida por la localidad de Concordia para repartir las primeras 7.000 tarjetas destinadas a familias pobres para la compra de alimentos. La decisión de empezar por Concordia para el reparto de esa ayuda no es casual: se trata de la ciudad con mayor nivel de pobreza del país (52,9%) y el lugar donde Néstor Kirchner comenzó sus primeros pasos en el gobierno en 2003.
Con este plan alimentario que se pondrá en marcha a partir de ahora y con la ley de emergencia aprobada por el Congreso, el Presidente se apresta a encarar la segunda etapa de su gobierno, aun cuando no está definido el nuevo esquema organizativo del Gobierno y falta nombrar a la mayoría de secretarios y subsecretarios en todos los ministerios.
Según destacó a Infobae un ministro muy activo en el área económica-productiva de la gestión, en los próximos meses Alberto Fernández espera poner en marcha una batería de medidas para las pymes y para la clase media que fue duramente castigada durante el macrismo.
En este sentido, se espera avanzar en medidas por sectores. Ya se convocó para esto a los empresarios de AEA y la UIA, a la CGT, las CTA y los movimientos sociales. Se anunció la decisión de emitir un decreto de aumento de una suma fija a todos los trabajadores privados a partir del 1° de enero. Fue el acuerdo que cerró el Gobierno con las tres centrales sindicales el jueves por la noche. Esto podrá ir acompañado por líneas de crédito más flexibles para las clases medias.
A la vez, Cafiero, Kulfas y Guzmán trabajan para que el 7 de enero se dé a conocer un nuevo programa de Precios Cuidados: lanzarán una herramienta mucho más amplia que le dará alivio a los sectores de capas medias a la hora de consumir alimentos.
Y a este gesto hacia la clase trabajadora se le sumarán proyectos para incentivar la producción de las pymes con moratorias impositivas, créditos para diferentes rubros de la economía y una reducción del IVA para algunos productos de insumo interno.
También habrá una señal inequívoca desde el Ministerio de Desarrollo Social a los movimientos sociales para las cooperativas de proyectos productivos de la denominada economía popular. Esta es una propuesta que plantea Arroyo para inyectar con fondos a las cooperativas y ofrecer sus productos en las góndolas destinadas a la canasta básica alimentaria.
Estrategia con los frentes externos
El tercer vértice de esta segunda etapa de gestión Alberto Fernández ya lo empezó a desplegar el Presidente y sus funcionarios desde antes del 10 de diciembre. Se trata de la estrategia de “confrontación controlada” con sectores como la Iglesia o los Estados Unidos, por poner dos casos concretos.
La cúpula de la Iglesia, liderada por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojeda, se reunió esta semana con Fernández en la Casa Rosada. Lo que se preveía como una reunión protocolar para el saludo navideño al Presidente terminó en un mensaje claro, preciso y crítico de los obispos al nuevo gobierno: se mencionó la “sorpresa y desazón” de la Iglesia por el protocolo por el aborto no punible que lanzó el ministro de Salud, Ginés González García.
Allegados al jefe del Estado aseguran que el Presidente fue “muy transparente y directo” con la cúpula de la Iglesia. Les transmitió que el tema del aborto era una "postura histórica que nadie desconocía” de su trayectoria, pero pidió poner bajo un paraguas este tema para avanzar en lo que llaman la “agenda positiva”. Es decir, las tareas comunes con Cáritas y las parroquias para llegar con el Estado a los barrios más necesitados. Para esto tendrán una fuerte incidencia el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y Arroyo.
El otro frente para encarar la estrategia de “confrotación controlada” se llama Donald Trump. El nuevo gobierno argentino ya puso sobre la mesa sus diferencias con Washington por los casos de Venezuela y de Bolivia. Pero, al mismo tiempo, busca plantarse como una suerte de “puente” a futuro con Estados Unidos para acercar posiciones con Evo Morales y Maduro.
Alberto Fernández reiteró a Washington su gesto de no salir del Grupo de Lima. Se trata de un espacio que integra la Argentina con otros 12 países críticos de Venezuela. Es una postura que espera Washington del nuevo gobierno. Por mandato del canciller Felipe Solá esto fue planteado el miércoles en Ginebra por el embajador argentino Carlos Foradori durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí también se esgrimió un cuestionamiento de la Argentina a las sanciones que se le aplican al régimen de Maduro que “afectan a los sectores más vulnerables de la población”, según dijo Foradori. La estrategia de la “confrontación controlada” con Estados Unidos se puso en práctica.
El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, se reunió el jueves por la tarde con el secretario político de la embajada norteamericana, Christopher Andino. Durante los 45 minutos que duró ese encuentro, en el segundo piso de la Casa Rosada, el Gobierno se comprometió ante el diplomático norteamericano a mantener los acuerdos bilaterales en materia de cooperación militar, de seguridad y de lucha contra el terrorismo.
Todo este compendio de medidas internas y de estrategias del nuevo vínculo de la Argentina con el mundo configura lo que varios funcionarios ven como “la toma del control de poder” por parte de Fernández. Más allá de moldear su gobierno y ratificar su alianza con el electorado que lo votó, el Presidente busca despejar los fantasmas de un “doble comando” con Cristina Kirchner. Hacia ese objetivo se dirigió la “etapa fundacional” y en ese camino seguirá la segunda etapa de su gestión.
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