El 3 de octubre de 2012, minutos antes de la medianoche, Alfonso Severo salió de su casa con la intención de visitar a su nieto, que se recuperaba de una cirugía. Nunca llegó. Según su relato ante la Justicia, se subió a su auto, un Renault Clio patente HGA-137, hizo algunas cuadras hasta que apareció una moto por la izquierda: el conductor lo apuntó con un arma y lo obligó a detenerse.
Severo pensó que era un asalto. Bajó del auto y recibió un golpe en el oído izquierdo. En ese momento, apareció una camioneta. El agresor lo tomó de la nuca y lo tiró adentro.
El caso, plagado de contradicciones y sospechas desde el comienzo, tuvo condimentos políticos. Al día siguiente, el gremialista y ex gerente de Ferrobaires tenía que declarar en el juicio por la muerte de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado por una patota a las órdenes de la Unión Ferroviaria que conducía José Pedraza.
Cuando apareció, 22 horas después, Severo se refirió a la presidenta Cristina Kirchner. “Me dijeron que me deje de joder con el ferrocarril. Que ni la policía, ni los derechos humanos, ni la Presidenta me iban a salvar”, declaró horas después en la UFI 3 de Avellaneda.
El secuestro, si es que lo hubo, se dio en medio de las protestas salariales de cientos de gendarmes y prefectos. Los reclamos mantenían en vilo a todo el país. De hecho, desde el comienzo se sospechó que la desaparición de Severo fue una maniobra para captar la atención de los medios.
La Justicia siempre tuvo en la mira a un grupo de policías, presuntamente ligados a los servicios de inteligencia, aunque ninguno está imputado en la actualidad. Es más, a siete años del hecho, la hipótesis más firme es que no hubo secuestro.
El expediente, al que tuvo acceso Infobae, está virtualmente paralizado hace un año, cuando comenzó a deambular por los juzgados de Comodoro Py, donde al menos tres jueces se interesaron por las implicancias del caso.
“Todavía no se pudo probar el hecho”, admitió una fuente de la investigación. Con ese escenario, la causa se encamina a un archivo definitivo.
Los hechos
En su primera declaración judicial, 24 horas horas después de su aparición, Severo dijo que la noche del “secuestro” salió de su casa, en la calle Anatole France, y giró por Agüero hasta Sarmiento, donde dobló a la izquierda. Luego avanzó hasta Heredia, en donde volvió a doblar a la derecha y continuó dos cuadras. “Por la izquierda apareció una moto tipo Cross de color rojo tripulada”, describió. El conductor de la moto lo apuntó con un arma, lo agarró del cuello y lo metió en una camioneta, donde le taparon el rostro.
“Por la puerta de costado, era una camioneta utilitaria. Me tiraron ahí como una bolsa de papa y empezaron a machacarme”, contó Severo en una entrevista periodística. “Viste gil, tenés familia, qué tenés que ir a declarar… que venga la conchuda a defenderte (en alusión a la entonces presidenta)”, escuchó el ferroviario.
Dentro de la camioneta había al menos tres personas, siempre según el testimonio de Severo.
La camioneta circuló “algunos minutos” y se detuvo cerca de la vías. “Creo que nunca salió de Avellaneda y que siempre estuve al lado de una vía porque escuché pasar trenes, gallinas y pájaros. Recuerdo haber escuchado el sonido de un zorzal”, recordó Severo el 27 de octubre de 2016, cuando volvió a declarar en la UFI 3 de Avellaneda, según consta en el expediente judicial.
El auto de Severo apareció el 4 de octubre al mediodía, en el Pasaje Angaco al 1500, en Avellaneda. Tenía las llaves puestas, los documentos, algo de dinero y la medicación que llevaba encima.
A esa hora ya no había dudas de que se trataba de un secuestro. La entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, había ordenado un pedido de búsqueda nacional a todas las fuerzas de seguridad.
Esa misma noche, uno de los hijos y un amigo de Severo fueron hasta el ministerio de Seguridad de la Nación. Se entrevistaron con Graciela Caamaño, Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas.
La entonces funcionaria le hizo preguntas al hijo de Severo y se quedó con muchas dudas sobre el episodio. “Tené el teléfono prendido que cualquier novedad te llamo”, lo despidió. Menos de dos horas después, Severo apareció caminando por la calle.
Caamaño ya conocía a Severo por su actuación como fiscal en el caso de Mariano Ferreyra. En ese expediente, el gremialista aportó nombres y buscó responsabilizar al ex presidente Eduardo Duhalde. Caamaño siempre sospechó sobre sus verdaderas motivaciones. “Severo intentó desviar la investigación en el homicidio de Mariano Ferreyra”, no duda ante una consulta de Infobae.
Severo finalmente declaró el 16 de octubre de ese año ante el Tribunal Oral Federal 21. Pese a la expectativa, su testimonio no tuvo trascendencia en el desarrollo del juicio. “No aportó a la causa, pero abrió puertas. Severo me otorgó las pistas necesarias para introducirme en el submundo oscuro del ferrocarril. Dos días antes de que fuera secuestrado me convocó a su casa para que evaluara su próximo testimonio”, cuenta el periodista Diego Rojas, autor del libro “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”
El prontuario de Severo
Un día después del crimen de Mariano Ferreyra, Severo había denunciado una balacera sobre el frente de su casa. Por ese episodio, acusó a Alberto Trezza, un ex administrador de Ferrobaires.
Durante años, Severo había protagonizado duras batallas internas con los líderes de la Unión Ferroviaria, pero al momento del secuestro, ya no trabajaba en Ferrobaires. Pasaba su tiempo en una remisería, cerca de su casa.
Infobae intentó comunicarse con Severo en las últimas semanas, pero no respondió los llamados en los lugares que solía frecuentar.
El supuesto secuestro lo puso bajo la lupa. En el expediente judicial aparecen denuncias por defraudación, robo y hasta una amenaza contra su mujer.
Causa 51.660/09. Más de 20 empleados de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial declararon que Severo les retuvo las tarjetas de débito con la que cobraban y los obligaba a firmar recibos por montos más altos.
Causa 3554. Severo fue acusado de amenazas por dos incidentes que ocurrieron en la estación de Constitución en 2009. Esa causa fue elevada a juicio oral y tuvo que cumplir una probation.
Causa 3279. Fue acusado de entregarle una escopeta a una persona que no tenia condición de legítimo usuario.
Causa 68.850/2007. En ese expediente se investigaba el supuesto desvío de fondos de la empresa ferroviaria mediante la simulación de contrataciones de servicios y compras de productos que nunca se cumplieron.
Causa 2557. Severo fue acusado de desmantelar un obrador junto a otras 18 personas y de robarse herramientas. Su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba y ofreció pagar una reparación de 20 mil pesos en 4 cuotas.
Causa 12.335. Fue procesado y elevado a juicio oral junto a su hijo (Gaston Saul) por agredir a Norberto Aníbal Saldaña. Según consta en los archivos judiciales, lo golpearon con una barra de hiero en el hall de Constitución.
Severo también fue denunciado por su esposa, Silvia Lucia Nuñez, por una discusión de pareja que terminó con amenazas. El hecho ocurrió en diciembre de 2008. La discusión habría sido por una supuesta infidelidad. Cuando la mujer le pidió que se fuera de su casa, Severo la habría amenazado con un cuchillo: “Yo me voy a ir y te voy a cortar en pedacitos”.
La aparición en 22 horas y la pista sobre los espías
Severo apareció el 4 de octubre, alrededor de las 22:05, en la esquina de Clemenceao y Mariano Acosta, en Avellaneda. Estaba descalzo y con las manos atadas. Lo encontró un empleado de Diario Popular, Fabián Abba, quien salía todas las noches a trabajar a esa misma hora. “Se me acercó y me pidió que lo ayude. Al principio tuve miedo, pensé que era un ladrón, hasta que le vi la cara y lo reconocí”, le contó a Infobae.
Abba lo llevó hasta la puerta de su casa y le sacó los precintos. En ese momento, Severo comenzó a llorar. “Llamé tres veces al 911. La primera me dijeron que me mandaban un móvil y nunca apareció, llamé por segunda vez, tampoco vino ningún móvil, y llamé por tercera vez y me atendió un contestador automático. Luego llamamos a un teléfono que me dio Severo y al rato vinieron los familiares con una cámara de Canal 7”, recordó.
A siete años del hecho, Abba mantiene las dudas sobre el caso: “El me dijo que lo habían dejado a diez cuadras pero eso era imposible. En ese caso, habría pasado por varias estaciones de servicio y no llegaba hasta mi casa”.
Aunque fue un protagonista clave, Abba declaró una sola vez en la DDI de Avellaneda, horas después del hecho, y unos días más tarde fue convocado a la Fiscalía de Saavedra. Nunca más lo citaron.
Al comienzo, el hecho se investigó en dos fiscalías. Los fiscales de Avellaneda intervinieron por la denuncia de la mujer de Severo. Y en Capital, el fiscal José María Campagnoli comenzó a actuar a partir de un llamado de la Procuración, entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó.
“Hubo un llamado avisando que la procuradora ya había firmado una resolución instruyendo al fiscal para investigar el caso”, recordó un empleado de la Fiscalía. Y agregó: “Se le dio la instrucción a la División Antisecuestros de la Policía Federal para que actúe. Cuando llegaron a la casa de Severo hubo un conflicto con la Bonaerense, no permitían el contacto con los familiares. Fue todo muy raro”.
En pocos días, Campagnoli detectó que en la zona del supuesto secuestro aparecían registros de celulares asignados a agentes de la ex SIDE. Concretamente, habló de una “explosión de espías en las horas previas y posteriores a la aparición de Severo”. Y pidió la indagatorias de los supuestos implicados.
Según esa investigación preliminar, el encargado de interceptar a Severo habría sido Gustavo Rene Rauna, un policía de la Bonaerense que trabaja actualmente en una comisaría de Cañuelas. Otro policía, Patricio Korb (que luego se supo que era amigo de Severo) “se habría encargado de la observación y monitoreo hasta el momento mismo que fue interceptado”.
Para Campagnoli, Korb era la conexión entre la Bonaerense y la ex SIDE.
Cuarenta días después del hecho, la Sala VI de la Cámara del Crimen le sacó al expediente a Campagnoli y lo mandó a Avellaneda, donde habrían ocurrido los hechos. En su voto, el camarista Mario Filozof criticó al fiscal porque había pedido indagatorias sin conocer el contenido de las llamadas.
Campagnoli insistió con su competencia argumentando que “no se podía descartar que la víctima hubiera permanecido en esta ciudad durante alguna parte del trayecto”. Para el fiscal, el secuestro podría tener vinculación con el caso de Mariano Ferreyra: “Hay comunidad probatoria innegable entre la privación ilegal de la libertad de Severo y el resto de las causas que lo tenían como protagonista, incluso aquéllas en las que reviste la calidad de imputado”.
Pero la causa se mantuvo en Avellaneda.
¿Por qué Gils Carbó se interesó por el caso? Nunca se aclaró esa situación aunque la orden a Campagnoli tuvo derivaciones judiciales. El propio fiscal promovió una denuncia contra la Procuradora por la supuesta filtración de datos sensibles. Campagnoli se basó en la declaración del ex director de operaciones de la ex SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso, en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Ante la jueza Fabiana Palmaghini, Stiuso contó que Gils Carbó le “dio copias de lo actuado” a Francisco ‘Paco” Larcher, ex número dos de la ex SIDE.
El ex espía también mencionó el caso de Severo como una muestra de la “guerra” desatada por ese entonces dentro de los servicios de inteligencia. Su enojo estaba enfocado contra la Procuradora, quien había involucrado a Campagnoli de manera sospechosa.
Ese expediente tramita en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.
En Comodoro Py sigue abierta otra causa judicial derivada del secuestro. El juez Ariel Lijo investiga una denuncia promovida en 2013 por la ex SIDE en base a un mail enviado al fiscal Nisman donde se menciona el secuestro de Severo como una suerte de amenaza contra Stiuso.
“Gil!!!! Jaimito Stiuso se esta poniendo viejo y esta vez lo embocamos en su propia salsa, hablando por teléfono. Viste que no se nos escapa nada, ya vas a ver como lo cocinamos en la causa 103.458/12 con el fiscal Campagnoli. Evidentemente perdieron el toque y se les fue la mano con Severo. “Pajarito” seria bueno que leas esas causa para que veas y aprendas como le armamos pruebas a jaimito de la misma forma que lo vamos a hacer con vos y tu ex mujercita ….”, dice el mail.
Un tercer juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, también se interesó por el caso y pidió copia del expediente de Avellaneda para sumar a la causa contra Jaime Stiuso por enriquecimiento ilícito, una causa sensible que también deambuló por varios juzgados.
La telaraña judicial en torno al caso de Severo hasta ahora no pudo determinar si efectivamente hubo un secuestro y quiénes fueron los responsables.
Aunque Campagnoli fue apartado, los fiscales de Avellaneda nunca descartaron la posible participación de un grupo de policías integrado por Jorge Antonio Godoy, Gustavo Rene Rauna, Patricio Korb, Diego Osvaldo Raitano, Cristian Pastore y Claudio Silva.
Korb es policía de la Bonaerense y mantenía una buena relación con Severo. De hecho, su familia lo contactó apenas se enteró del secuestro. El ex gerente de Ferrobaires lo reconoció recién en octubre de 2016, al declarar ante los fiscales. “Era un muchacho que iba siempre a la agencia (de remises)”, dijo. También admitió que esa misma noche hablaron por teléfono y quedaron en encontrarse al día siguiente. “Korb es una buena persona, después del hecho lo seguí viendo”, contó Severo.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, Korb ingresó a la Bonaerense hace 16 años y sigue trabajando en la DDI de Avellaneda.
El ex gerente de Ferrobaires también conocía a Raitano y a otro policía identificado como “Daniel”. Este último le habría confesado que todos trabajaban para la ex SIDE. “Estabamos mirando una foto que había salido publicada en los diarios por el tema de los hermanos Schoklender (había sido tomada en uno de los edificios construidos por las Madres de Plaza de Mayo en Villa Lugano). Se pisó y me dijo que ellos eran de la SIDE”, reconoció Severo, aunque nunca les atribuyó responsabilidad directa en el hecho.
Para el periodista Diego Rojas, los servicios de inteligencia tuvieron actuación directa en el secuestro “para desviar la atención de un clima social candente”.
En la causa, a cargo de la fiscal Solange Cáceres desde 2015, también aparecieron mencionados tres custodios de Larcher: Omar Pagola, David Cabrera y Rodrigo Vivas. Sus teléfonos estaban entre los números investigados. Pero hace tiempo fueron desvinculados de la investigación.
¿Qué pasó con Severo? La Justicia nos debe una respuesta.