Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos, quedó este miércoles procesado en la causa D’Alessio. El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla lo procesó por “asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal con violación a la ley de inteligencia". También se le adjudicó delitos como incumplimiento de deberes legales de funcionario público y coacción. Sin embargo, el juez Ramos Padilla en una resolución de más de 500 páginas decidió procesarlo sin imponerle la prisión preventiva porque posee fueros, "pese a haberse comprobado la existencia de los peligros procesales de elusión de la acción de la justicia y de entorpecimiento de la investigación”.
El juez lo embargó por 10 millones de pesos, le fijó reglas de conducta para no alejarse de su casa y pedir autorización para salir del país. Además, ordenó librar oficio a la Procuración General de la Nación “para que analice la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación respecto del fiscal federal Carlos Stornelli y, en su caso, se arbitren los medios necesarios que se encuentren a su alcance para disipar los riesgos procesales”.
Para Ramos Padilla, Stornelli “participó –realizó, consintió, promovió, reclamó, recibió y/o encubrió– de los planes ilícitos” cuya cara visible fue D’Alessio. A su juicio, “el fiscal y el espía actuaron en forma promiscua, generando relaciones estrechas y de mutua colaboración prohibidas por la ley, para atender sus investigaciones, su carrera profesional o sus asuntos familiares”.
La resolución se conoció apenas dos horas después de que D’Alessio tuviera una audiencia con Ramos Padilla en busca de convertirse en arrepentido. Aunque declaró durante 16 horas ante el fiscal Juan Pablo Curi y consiguió firmar un acuerdo de imputado-colaborador, el juez aun no lo homologó. Hoy solo le preguntó si había declarado voluntariamente y dijo que iba a estudiar el acuerdo. Mientras no esté homologado, lo que dijo D’Alessio es secreto y no puede usarse en el expediente. Un rato después, se conoció la noticia del procesamiento de Stornelli.
El caso D’Alessio cobró un alto voltaje político. Hasta la propia Cristina Kirchner le recomendó al tribunal que la juzga por la causa Vialidad que analizaran ese expediente para saber cómo funcionaban las causas armadas.
D’Alessio era un hombre que se presentaba como abogado que lograba llegar a políticos, periodistas y empresarios jactándose de ser un agente de inteligencia. Precisamente, lo que nunca se espera que revele un espía. D’Alessio se hizo famoso en febrero cuando se conoció que el empresario agropecuario, Pedro Etchebest, lo había filmado y grabado hablando de sus vínculos con el fiscal Stornelli y reclamándole 300 mil dólares para garantizarle que quedaría a salvo de la causa de los cuadernos en donde -le dijo- lo había mencionado un arrepentido. Eso era mentira. Etchebest, dijo en la Justicia, creyó en la versión de D’Alessio cuando fue hasta Pinamar y tuvo un breve apretón de manos con el fiscal Stornelli.
La denuncia de Etchebest contra D’Alessio, Stornelli y hasta el juez Claudio Bonadio se hizo en los últimos días de enero en el juzgado de Dolores por lo sucedido en Pinamar y tramitó silenciosamente hasta que el 7 de febrero Elisa Carrió aseguró por Twitter: “El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli”. Esa misma tarde, en el marco de la causa cuadernos, dos arrepentidas habían acusado al juez federal Luis Rodríguez de una millonaria coima que habría pagado el secretario privado de Néstor Kirchner para sellar su impunidad en una causa por lavado de dinero. Y el ex contador Víctor Manzanares hablaba de la manipulación de la pericia que favoreció al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito.
Desde entonces, la causa de Dolores comenzó a crecer. Fueron detenidos D’Alessio, un ex espía de la SIDE Rolando Barreiro y dos ex jefes policiales Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk. Fueron procesados además otras personas como el fiscal de Mercedes Juan Bidone y el periodista Daniel Santoro.
Stornelli había sido llamado a declarar en febrero. Desde el primer momento sostuvo que esa causa era un armado para voltear el caso de los cuadernos. Denunció a D’Alessio por haberlo “girado” (pedir plata en su nombre) y se constituyó en querellante de otra causa que se abrió en Comodoro Py, a la que se dio en llamar “operativo puf”. Allí se asegura que presos kirchneristas armaron la causa de Dolores para voltear el expediente de los cuadernos. El expediente está en manos de Bonadio y entre los imputados se colocó al juez Ramos Padilla. El caso pasó por la mano de seis fiscales.
Recién a fines de noviembre, cuando una comisión de disciplina de la Procuración evaluaba la situación de Stornelli, el fiscal anunció que se presentaría en Dolores. En el medio cambió de abogados. Y D’Alessio resolvió convertirse en arrepentido.
En su indagatoria, Stornelli se despegó de las acusaciones en su contra. Pero -en la resolución a la que accedió Infobae-, Ramos Padilla aseguró que “a diferencia de otras personas que también aparecerían inmiscuidas en el accionar de la organización, en el caso del fiscal Stornelli existe una gran cantidad de prueba explícita y determinante no sólo acerca de las operaciones en las que participó, sino fundamentalmente -y lo que resulta por lo general más complejo de determinar- acerca del conocimiento que tenía de las actividades ilícitas que se desarrollaron, como así también del rol que le cupo en cada uno de esos planes y hechos ilícitos que se describirán”.
“Las actividades delictivas por las que habrá de ser procesado Carlos Stornelli y sobre las que se encuentra probada la participación del imputado datan al menos de noviembre de 2018 y se extienden hasta los primeros días de febrero de este año; en su gran mayoría tuvieron relación directa con la actividad y la función que el imputado desempeña como titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la C.A.B.A., a excepción –claro está- de aquel caso vinculado al ex marido de su actual pareja, en el que se observan estrictos intereses personales/familiares del imputado”, se aseveró.
El juez afirmó: “Durante aquel tiempo, Carlos Stornelli reconocía a Marcelo D´Alessio como una persona vinculada a los servicios de inteligencia y, pese a ello y por fuera de todo marco legal, reclamaba y recibía sus ‘informes’, ‘cámaras ocultas’ e incluso a los supuestos ‘arrepentidos’ o denunciantes que éste le llevaba como un ‘paquete’ a su Fiscalía y que previamente, según le informaba, habían sido ‘puestos en pánicos’. En ese período, planearon el modo en que se iban a concretar o avanzar en diversos planes de inteligencia, acordando que la información debía ser publicada primero en la prensa y luego ingresada al sistema judicial”, aseguró Ramos Padilla.
“En siete de los ocho casos que se habrán de analizar, que tuvieron un diferente grado de realización –pues algunos pudieron haberse visto interrumpidos con el allanamiento y la detención de Marcelo D´Alessio-, se observa la participación y el interés del fiscal de un modo directo, por lo que fácil es concluir su responsabilidad con relación a ellos, además del evidente apartamiento de su rol como custodio de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”, se agregó.
Así las cosas, Stornelli fue procesado por varios de los casos que se investigan en la megacausa que se disparó detrás del falso abogado Marcelo D’Alessio. Ramos Padilla le imputó los casos identificados como “GNL”, “Brusa Dovat-PDVSA”, “Terrorismo-Irán”, “Pedro Etchebest”, “Ubeira”, “Castañón” y “Munín-Talevi”. Por otros hechos, sin embargo, le dictó la falta de mérito, es decir que no se encontraron pruebas para procesarlo o sobreseerlo.
Stornelli había sido llamado a indagatoria hace nueve meses, pero recién se presentó a fines de noviembre para negar los hechos y justificar cuál fue el vinculo con D’Alessio. Acusó al falso abogado de mentiroso, charlatan y fabulador. Ahora, su defensa buscará apelar la resolución.
Para Ramos Padilla, “se ha corroborado a partir de elementos probatorios objetivos, la existencia de riesgos procesales actuales y concretos que justifican la imposición de la medida cautelar analizada”. A su criterio, se demostró que Carlos Stornelli:
a) mantuvo una relación constante de intercambio con personas que desarrollaban actividades de espionaje ilegal y se presentaban como espías; incluso recibió testimonio a Marcelo D’Alessio ocultando que éste se había presentado como un agente de inteligencia, permitiendo así que el nombrado presentara carpetas con documentación “anónima” para ser incorporada a un expediente;
b) le reclamó a Marcelo D’Alessio actividades de espionaje ilegal para afectar expedientes judiciales;
c) participó, junto a una organización criminal, en la coacción a testigos para que declararan ante él contra su voluntad (caso Brusa Dovat);
d) permanece actualmente interviniendo en la causa formada en base a la declaración de dicho testigo, quien refirió haberla realizado bajo tal maniobra coactiva;
e) le reclamó a Marcelo D’Alessio la realización de cámaras ocultas posiblemente la más gravosa de las medidas cautelares- debe apuntar a asegurar efectivamente que el proceso penal no se vea menoscabado por el accionar ilegítimo del imputado. contra un abogado defensor que lo incomodaba en sus tareas funcionales;
f) le reclamó a Marcelo D’Alessio actividades de inteligencia ilegal sobre el ex esposo de su actual pareja (caso Castanon);
g) interviene en investigaciones cuyas copias son negadas sistemáticamente a este Tribunal, en las que D’Alessio declaró como testigo ante él, y sobre las que la organización proyectó maniobras de espionaje ilegal (caso GNL);
h) en el marco de esas mismas investigaciones, consintió resoluciones, en su rol de fiscal, para intervenir en tal carácter respecto de hechos ilícitos donde se lo investiga;
i) solicitó a imputados en esta causa que limitaran o modificaran sus declaraciones para que no lo involucraran judicialmente;
j) realizó gestiones para que la Fiscal a cargo de una causa en la que se investiga la misma plataforma fáctica que en estos actuados –caso Etchebest- le reciba declaración a esa misma persona a la que le pidió limitar o modificar su testimonio (Juan Bidone);
k) recibió mensajes del propio D’Alessio, después de realizado el allanamiento en su vivienda, para concertar el modo en que habrían de llevar adelante una estrategia por fuera del marco de este expediente;
l) y, quizás la cuestión más grave, eludió el accionar de la justicia durante más de 9 meses al colocarse explícita y públicamente en situación de rebeldía, desautorizando así las resoluciones y decisiones judiciales ratificadas en diferentes instancias, incluso por el máximo tribunal penal de la Nación.
“Como se dijo, estas cuestiones configuran una situación de extremo peligro procesal, ya que se tratan de inconductas graves llevadas adelante por un funcionario que ha tomado provecho de su cargo para entorpecer una investigación donde se encuentra imputado, y eludir la acción de la justicia por más de nueve meses. Tal contexto de excepcionalidad que ha generado el imputado -y que fue facilitado por una extensa demora en la adopción de decisiones correspondientes a la Procuración General de la Nación- impondría necesariamente el dictado de su prisión preventiva”, se aseguró.