Críticas y dudas por la designación del fiscal Felix Crous al frente de la Oficina Anticorrupción

El anuncio por parte de Alberto Fernández de que el fiscal Felix Crous asumirá al frente de la Oficina Anticorrupción despertó críticas y dudas por su posible parcialidad al frente de un organismo que tiene, entre otras funciones, investigar conductas reñidas con la ética pública de funcionarios en el poder.

Frente a posibles cuestionamientos, el Presidente aseguró en la entrevista de este lunes con Telefé que la OA iba a “dejar de depender de Presidencia” y pasaría a “operar con autarquía y autonomía”, para que su titular “se sienta libre para hacer lo que tenga que hacer".

Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Infobae, en esa cartera aún no están al tanto de un borrador de proyecto en ese sentido. La OA depende hoy de ese Ministerio en el organigrama gubernamental.

El cargo se lo ofreció el Presidente a Crous ayer al mediodía, luego de llamarlo personalmente y explicarle el “modelo de Oficina Anticorrupción que pretendía” y con el que el fiscal -según fuentes al tanto de lo que hablaron- dijo “coincidir”.

Según explicaron esas fuentes, Crous “no estaba al tanto del proyecto de reforma de la OA” cuando le fue ofrecido el puesto, y afirmaron que “no está participando en el rediseño”. Se especula que esa reforma podría ser incluida o acompañar el futuro decreto de designación del funcionario judicial.

“Funcionarios militantes”

Desde Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional – la organización que elabora anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel global- objetaron la elección del candidato que reemplazará a Laura Alonso. La hasta el 10 de diciembre titular de la Oficina fue muy cuestionada por la oposición y organizaciones civiles que trabajan por la transparencia y la lucha contra la corrupción por su reconocida militancia en el macrismo.

“Con esta decisión, no solucionan el problema que criticaban: que no tiene que haber funcionarios militantes en ese tipo de cargos. La decisión de que sea autónoma no depende solo de la normativa, sino también de quien la dirija. Seguimos con el mismo problema que le criticábamos a la gestión anterior”, sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.

Desde el entorno de Crous -a quien Infobae contactó pero se negó, por ahora, a hacer declaraciones- manifestaron que el fiscal “entiende las prevenciones sobre el perfil de cualquiera de los designados en la OA” y “las divergencias sobre el modelo de OA que a cada uno le gusta”. Pero destacaron que “en sus años de funcionario, sus valores e ideas de mundo deseable, no le impidieron hacer el trabajo a conciencia y correctamente". Y agregaron: “A unos les gustará más, a otros menos. Lo comprende y no pretende agradar a todos”.

En abril de este año, la titular de la OA hasta el 10 de diciembre reconoció en una entrevista que no impulsaba causas contra los entonces funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. “Dado que he sufrido acusaciones en mi contra por parcialidad o por falta de imparcialidad y también por la falta de recursos humanos, en este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas”, admitió Alonso. “Para que me acusen de encubridora y de embarrar causas, que las lleven adelante los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno", argumentó.

Posteriormente, trató de relativizar sus dichos. “La Oficina Anticorrupción ha abierto y mantiene investigaciones sobre funcionarios de la actual gestión. Se han realizado aportes y contribuciones concretas en las causas y eso consta en los expedientes”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter. La entonces funcionaria, agregó: “Toda esta información está publicada en los informes de gestión anual del organismo. Todo es público. Los que tomaron mis palabras recortadas o descontextualizadas para difamar solo demostraron su falta de conocimiento, y en algunas casos, su mala intención”.

Alonso fue procesada la semana pasada, junto al ex ministro de Energía Juan José Aranguren por el juez Luis Rodríguez por el delito de encubrimiento y abuso de autoridad, en la causa que investiga las operaciones de compra de gas a Chile, vía una empresa ligada a Shell, de la que Aranguren era accionista aún siendo ministro.

La repercusión en el mundo judicial

El anuncio de que Crous estará al frente de la OA se conoció públicamente ayer, poco antes de que comenzara la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que reunió a todo el ambiente judicial y de la que participaron la ministra de Justicia, Marcela Losardo -quien no se refirió al tema- y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

La noticia sorprendió y generó dudas por la pertenencia de Crous a la agrupación kirchnerista del Poder Judicial, Justicia Legítima.

Sin embargo, si bien el futuro titular de la OA busca ubicarse en las antípodas del “establishment” judicial y de la AMFJN, un directivo de esta entidad sostuvo ante Infobae que “hay que darle un crédito y ver cómo actúa”.

A diferencia de su antecesora en la OA, Crous es abogado recibido en la Facultad de la Derecho de la Universidad de Buenos Aires, un requisito que estaba contemplado en la ley para estar al frente de ese organismo. A poco de asumir, Macri modificó los requerimientos a fin de que la condición de abogado no fuera excluyente. La maniobra permitió la designación de Alonso, por entonces una de las voces de peso del PRO en la Cámara baja.

La trayectoria de Crous

Crous es actualmente fiscal de la Procuración General de la Nación y desempeña tareas en la delegación de La Plata de la Procuraduría de Lesa Humanidad. Fue el fiscal que, en el cuarto juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en mayo de este año, pidió la pena máxima a los nueve represores acusados.

Es crítico de la utilización “abusiva” de las prisiones preventivas, y del funcionamiento de la Justicia en general.

Hasta fines de 2017, fue titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), designado por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, con quien tenía una relación cercana. Fue removido de ese cargo por el procurador interino que reemplazó a Gils Carbó tras su renuncia, Eduardo Casal.

Cuando estaba aún al frente de la Procuvin intervino en el inicio de la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado, lo cual generó las críticas del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. Fue reemplazado en esa Procuraduría por Andrés Heim, ex secretario del Juzgado federal de Daniel Rafecas, cuya candidatura para ser procurador general fue confirmada ayer por la ministra Losardo en la cena de la AMFJN.

Anteriormente, también estuvo a cargo también del área de la Procuración de lucha contra la narcocriminalidad y el narcotráfico.

Crous, quien tiene un programa en AM 530 todas las tardes junto al ex titular de la agencia Télam durante el kirchnerismo, el periodista Martín Granovsky, no oculta su afinidad con el nuevo gobierno en su cuenta de Twitter.

Entre 2001 y 2003 se destacó como fiscal de los Juicios por la Verdad en La Plata y fue quien realizó la denuncia que dio origen a la causa contra el capellán de la policía bonaerense, Christian von Wernich antes de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Su carrera laboral tuvo un curioso comienzo: sobre el final la década del 90 fue uno de los tantos humoristas que pasaron por el histórico programa de Marcelo Tinelli Videomatch. Entró al ciclo televisivo por casualidad, luego de que uno de los productores lo entrevistara en el marco de una investigación sobre el Poder Judicial.

Proyecto del FPV para la OA

La posible reforma de la OA no es la primera vez que es propuesta por el kirchnerismo. En 2016, el entonces jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, además de pedir la renuncia de la entonces titular del organismo designada por el macrismo, presentó un proyecto de ley con el objetivo de que la conducción de la Oficina quede en manos de un funcionario designado por la primera minoría opositora, y que además sea abogado. Buscaba dar marcha atrás con la modificación de Macri que había permitido la designación de Alonso.

“La conducción, representación y administración de la Oficina Anticorrupción será ejercida por el secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien será nombrado a propuesta del bloque parlamentario con mayor cantidad de legisladores por parte de la oposición (primera minoría) con rango y jerarquía de secretario”, establecía la iniciativa que nunca fue aprobada y perdió estado parlamentario. También establecía la designación de un subsecretario en representación de la segunda minoría de la oposición.

De acuerdo al proyecto, ambos funcionarios debían “poseer título universitario de abogado, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados y una reconocida trayectoria democrática y republicana”.

La fundamentación del proyecto invitaba a seguir el criterio que se aplica en la Auditoría General de la Nación, cuyo titular - por la reforma constitucional de 1994-, está en manos de un representante propuesto por el principal partido de la oposición.

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