Daniel Arroyo, la segunda oportunidad para el ministro que busca erradicar el hambre

A mediados de los noventa, Daniel Arroyo conoció a Néstor y Alicia Kirchner en la gobernación de Santa Cruz. Lo habían contratado como consultor y asesor en economía social y desarrollo local, sus áreas de especialidad. Con el tiempo, esa relación se convirtió en un vínculo personal y lo catapultó en mayo de 2003 para ser designado como Secretario de Políticas Sociales, primero, y luego viceministro de Desarrollo Social de la Nación de Alicia Kirchner. Era la etapa del “abismo” como solía definir el extinto presidente Kirchner: la población en situación de pobreza era del 54,7%; la indigencia se ubicaba en torno al 26,3% y se registraba 15,6% de desocupación.

En una suerte de eterno retorno, el diputado nacional de “Red por Argentina” regresará a la primera línea de fuego en el frente social. Casado hace 25 años con la misma mujer, y padre de dos hijos, su gestión será un auténtico revival. Antes de Cambiemos, cuentan quienes más lo conocen que Arroyo pasaba sus días en pensar políticas de “tercera generación”, es decir, el acceso a “nuevos” derechos como el bienestar, la protección del medio ambiente o la integración comunitaria, por mencionar algunas. Otra vez, le tocará dar respuesta a las mismas urgencias que le tocaron a cuando asumió en 2003: una situación social crítica, donde la pobreza -según el Indec- se acercará al 37% de la población cuando Mauricio Macri finalice su mandato.

Con el respaldo del presidente electo Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Social dio a conocer durante la transición el conjunto de políticas sociales que tiene en carpeta: un plan intersectorial contra el hambre, que tendrá fuerza de ley; la ley de góndolas, el escalamiento productivo de las cooperativas de la “economía popular” y la tarjeta subsidiada para cerca de 2 millones de personas que “comen salteado” y que se calcula en el 9,3% de la población.

“Hay cosas que las hacés en los primeros cien días o no las hacés más”, anticipaba Arroyo a fines de 2018, cuando no existía el Frente de Todos.

Arroyo retornará a un cargo de gestión del Estado tras un sinuoso recorrido por la política partidaria. A su instrucción académica en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y como licenciado en Ciencia Política (UBA), en la última década se consolidó como un dirigente con voz propia. A fuerza de insistencia en cuanto medio de comunicación y sector lo invite a debatir, se posicionó como el principal referente de la oposición al macrismo que instaló una agenda concreta en materia de política sociales.

Arroyo es uno de los exponentes de la heterogeneidad del Frente de Todos que se impuso en las urnas el 27 de octubre. Forma parte de la primera camada de licenciados en Ciencia Política que se egresaron tras la vuelta de la democracia, cuando la carrera se cursaba en la Facultad de Derecho. Uno de su mentores fue otro de los intelectuales de Flacso, el profesor Daniel García Delgado.

En lo político, al igual que otros ex adversarios de Cristina Kirchner, Daniel Arroyo tuvo su propio movimiento pendular y se vio tentado en varias de las aventuras electorales del PJ disidente. Coqueteó con Francisco de Narváez, y luego se alió Sergio Massa y Felipe Solá, a quien conoce de cerca desde la época cuando fue gobernador. En el medio, tuvo un paso como ministro de Desarrollo Social de Daniel Scioli e integró el directorio del Banco Provincia (Bapro) durante el período de María Eugenia Vidal.

Tras ese largo rodeo, el círculo se completó: Daniel Arroyo regresará, fortalecido, al punto de partida. La decisión de reagruparse con los viejos compañeros de ruta empezó a gestarse tras la “batalla de la reforma previsional” ocurrida en diciembre de 2017, tras la victoria de Mauricio Macri en las elecciones legislativas y cuando el sueño reeleccionista seguía en pie.

Sin embargo, el flamante ministro no suele pensar las lealtades en esos términos. Se considera, apenas, como un peronista “desarrollista”. "No es un ‘hombre de partido’ como Patricia Bullrich, que va a jugar dónde le dicen. Él construye su capital político partir de su prestigio. Quiere hacer una buena gestión”, dicen sus colaboradores.

Con una pequeña ayuda de los amigos

El hambre, la malnutrición, el aumento sostenido del precio de los alimentos y el endeudamiento forzado de las familias más empobrecidas para llevar un plato de comida a la mesa familiar son temas recurrentes en los discursos del futuro ministro de Desarrollo Social. En cada oportunidad, Arroyo insiste que atacar el problema de la alimentación requerirá de la ayuda de todos: el Estado, los movimientos sociales, los intendentes, las ONG’s, las empresas y las universidades, un conglomerado de alianzas cuya composición se tradujo en la foto del “Consejo Federal Argentina contra el Hambre”.

La pata territorial está garantizada por partida doble. Está descontado que los intendentes trabajarán en conjunto con Daniel Arroyo para atender las necesidades en los barrios. El propio Arroyo desconfía de las políticas públicas “enlatadas” que bajan desde Nación y no se articulan con la realidad de los territorios. De hecho, es su campo de especialización: sus pares lo reconocen como uno de los intelectuales que más sabe en el país sobre desarrollo municipal.

En esa tarea, por ahora, quienes se mostraron en la primera línea del Plan contra el Hambre fueron “Juanchi” Zabaleta (Hurlingham), el “ministeriable” Gabriel Katopodis (de San Martín) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). En los corredores fabriles de la Provincia de Buenos Aires, así como en las periferias de las grandes ciudades, aparecen los efectos más dramáticos de la crisis económica del último año y medio. En los jóvenes, la desocupación se acerca al 30% en el conurbano bonaerense.

Arroyo es un referente de su área también para las empresas y el mundo de las ONG, donde tuvo un rol directivo en el think tank de políticas públicas “Poder Ciudadano”. El plan contra el hambre generó expectativa en la primera reunión de preparación en las oficinas de Puerto Madero. Quienes organizaron ese cónclave se vieron sorprendidos por el masivo interés, que hora a hora se fue incrementando. De las 40 sillas que se preveían originalmente, tuvieron que agregar un total de 55. Fue un desafío logístico acomodar a los últimos convidados, Vanesa Herrera y Narda Lepes.

En los últimos días, la mesa del consejo federal sumó un nuevo eslabón a la peculiar cadena de solidaridades: Hilda “Chiche” Duhalde, vieja enemiga de la vicepresidente Cristina Kirchner. Chiche fue incorporada por ser una de las impulsoras del “Plan Vida” en 1994 en la Provincia de Buenos Aires, más conocido por el equipo de “manzaneras” y “comadres” voluntarias que ayudaban a cerca de 23 mil niños bonaerenses en situación de extrema pobreza.

Reimpulso a los movimientos sociales

Para la primera etapa de su gestión, el equipo de Daniel Arroyo tiene relevados unos 1.000 puntos barrios críticos en el área metropolitana bonaerense, el Gran Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras ciudades. En esa tarea, tanto los intendentes, las iglesias, los clubes de barrio como las organizaciones sociales tendrán un rol clave para que la asistencia llegue. Operará sobre una red de solidaridad ya existente de decenas de miles de comedores, uno de los aprendizajes del estallido de 2001.

El ministro mantiene un vínculo fluido con las distintas partes de la amplia constelación de los movimientos sociales. En ese espectro, es un nombre de relativo consenso. “Es muy bien recibido. Va a jugar para todos”, señalan desde su entorno.

De esa articulación con las organizaciones estará excluida la anunciada “tarjeta alimentaria”, que permitirá comprar 13 rubros de productos de la canasta básica. Para evitar sospechas de clientelismo, el plástico será individual e intransferible, por fuera de los canales de intermediación de los intendentes y las agrupaciones. El programa, que está inspirado en el modelo "Bolsa Familia” aplicado por el ex presidente Lula da Silva en Brasil, lo podrán utilizar las familias con hijos menores de 6 años.

El escenario tiene algunas similitudes con los primeros años del milenio. Tal vez más combativos y anárquicos que en la actualidad, los “piqueteros” ya venían con una fuerte presencia política y mediática. En la gestión de Alicia Kirchner, varias de las políticas impulsadas por Daniel Arroyo tuvieron por primera vez un importante alcance entre las organizaciones sociales y comunitarias. Algunos de los hitos fueron el “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria ‘El hambre más urgente’”, que reforzaba la atención de los comedores escolares; el “Plan Familias”, que establecía un subsidio a la escolarización y salud obligatoria de los niños; y el “Manos a la Obra”, que consistía en microcréditos para emprendimientos productivos. Esas acciones fueron reemplazando al antiguo paradigma detrás del programa “Jefes y Jefas de Hogar”, que se reducía a un subsidio mínimo a 2 millones de beneficiarios, sin mayores contraprestaciones.

Lo que se viene en Desarrollo Social tendrá esa inspiración de la política social de comienzos de siglo XXI. Una suerte de segundo round.

La campaña por los alimentos

La militancia territorial no solo hará su aporte en las acciones que surjan desde la cúpula del Ministerio de Desarrollo Social. Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Movimiento Evita o la Corriente Clasista y Combativa (CCC) cuenta con una trama extendida producción de alimentos y servicios a través de las cooperativas de la economía social. El Ministerio de Desarrollo quiere potenciar y hacer escalar esta producción alternativa para atender el frente contra el hambre.

El plan apunta a sistematizar un trabajo “atípico” de un sector de la economía formal, que aporta empleo autogestionado y de subsistencia como huertas y granjas, servicios de recolección de residuos, tareas de cuidado, elaboración de textiles, entre otros. Además de los emprendimientos de la CTEP, en ese campo se destacan agrupaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) o la Federación de Cooperativas Federadas Limitada (FECOFE), que fueron protagonistas de los “verdurazos” de protesta contra el gobierno de Mauricio Macri.

El desarrollo de este tipo de producción irá en paralelo a la implementación de la cláusula de “reserva de mercado”, a través de la ley de góndolas, que exigen algunos grupos de los movimientos sociales. Las cooperativas y organizaciones quieren asegurarse un espacio determinado en los estantes de los supermercados para la producción de los sectores vulnerables, mientras que algunas no lo necesitan porque o bien producen a una escala menor, o ya cuentan con sus propios puestos de venta directa.

Uno de los borradores que circulan fue diseñado en conjunto con el sociólogo Agustín Salvia, del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, y apunta a crear hasta 4 millones de empleos en un lapso de cinco años.

Según definió Arroyo en su libro “Las cuatro Argentinas y el drama de la grieta social”, el país está dividido en cuatro grupos: el de los más “pobres” -que depende de la asistencia del Estado-; la Argentina de los “vulnerables” -que viven de changas y el trabajo precario-; el país de la “clase media” y, finalmente, está la Argentina de “clase alta”. Cada grupo configura distintos modos de ver la vida, formas de vincularse con el consumo y la convivencia en sociedad.

En caso de que todo funcione, el futuro gobierno espera reducir hasta 15 puntos de pobreza. Sin embargo, aún cuando haya eficacia gubernamental, en el equipo de Arroyo admiten que se estará lejos de resolver la pobreza estructural que representa a la “Argentina de los más pobres”. Para resolver esa vulnerabilidad se requerirá una segunda agenda de políticas más focalizadas que suele esbozar en sus distintos artículos, trabajos y cátedras universitarias.

Cuando asuma, Daniel Arroyo contará con una partida presupuestaria sin ejecutar cercana a los $5000 millones, según estimaron sus colaboradores. Durante el verano se requerirá un refuerzo y reasignaciones en el erario público. Para el Presupuesto 2020, se prevé que el área tendrá un aumento de los recursos de los 27 mil millones actuales, a los 40 mil millones para hacer frente a la ley de Emergencia Alimentaria. Pero Daniel Arroyo sabe en su fuero interno que lo que determinará el éxito de sus políticas está atado a la estabilización macroeconómica que logre Alberto Fernández en conjunto con su equipo económico. Es que sin aumento del consumo, del empleo y crecimiento económico ningún plan maestro contra el hambre tiene chances de cumplir un objetivo sustentable en el tiempo. Y menos aún de erradicar la pobreza.

“La política social tiene que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna”, suele repetir Arroyo en sus encuentros.

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