La causa que investiga si Norberto Oyarbide se enriqueció de manera ilícita otra vez tiene juez. La Sala I de la Cámara Federal le devolvió el expediente a Rodolfo Canicoba Corral, que se había excusado hace dos meses por un viejo pedido de juicio político contra su ex colega luego del escándalo en Spartacus. El caso le tocó luego al juez Julián Ercolini, que rechazó investigar y se generó un conflicto de competencia.
La investigación igualmente siempre estuvo delegada en el fiscal Jorge Di Lello, que ahora debería avanzar con un pedido de indagatoria contra Oyarbide. El ex juez tuvo varias oportunidades para justificar su patrimonio en los últimos 12 meses. Nunca respondió los requerimientos judiciales.
En cambio, su ex pareja, Claudio Blanco, se presentó en Tribunales y pidió la designación de un defensor oficial. Y el empresario Ariel Roperti, también acusado de ser un testaferro, hizo una presentación parcial.
La causa judicial por enriquecimiento ilícito arrancó en octubre de 2016, por una investigación preliminar del fiscal José María Campagnoli.
La ex mujer de Roperti, Martha Cavallaro, fue un testimonio clave en la causa cuando contó que su ex conoció a Oyarbide en una suerte de reservado del restorán “El Mirasol Campo & Mar”, y que a partir de ese momento su posición económica mejoró de manera ostensible.
La hipótesis de la investigación siempre apuntó a un entramado de sociedades, algunas truchas, para ocultar bienes. Las pruebas fueron apareciendo a cuentagotas.
El primer juez de la causa fue Sergio Torres, ahora en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Este año pasó a manos de Canicoba Corral. Pero en octubre se excusó. ¿Por qué? En 1999, el juez acusó a su entonces colega de haber utilizado su puesto y sus contactos para proteger, a cambio de dinero y servicios gratuitos, al prostíbulo Spartacus.
La Sala I de la Cámara finalmente decidió que ese antecedente no es un impedimento para que siga a cargo de la causa contra Oyarbide. “Las razones que se esgrimen para sustentar la excusación en modo alguno permiten vislumbrar la posibilidad de que su imparcialidad se vea afectada, a raíz de la particular situación que se ha planteado en el caso bajo estudio”, dice el fallo.
Si el fiscal Di Lello avanza, Canicoba deberá resolver entonces un posible pedido de indagatoria.