Sabina Frederic, la mujer que eligió Alberto Fernández para manejar las fuerzas de seguridad

Sabina Frederic, perteneciente al Grupo Callao, ex funcionaria kirchnerista entre 2009 y 2011 en el Ministerio de Defensa bajo la conducción de Nilda Garré y antropóloga social, será la ministra de Seguridad.

Hasta ahora, Frederic mantenía un perfil bajo con respecto a lo mediático. Es profesora titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora independiente del CONICET. Además, fue directora del Departamento de Ciencias Sociales UNQ (2005-2008); subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa de la República Argentina (2009-2011) y directora del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la UNQ (2012-2015).

Antes de la confirmación de su nombramiento, la investigadora brindó algunas entrevistas en las cuales comenzó a dejar entrever su pensamiento con respecto a algunas cuestiones sensibles y que podrían empezar a anticipar la gestión que viene. En una de ellas, con Ámbito Financiero, Frederic realizó una declaración un tanto controversial y causó preocupación en algunos sectores.

La ex funcionaria aseguró que calificar a Hezbollah como una organización terrorista es “comprar un problema que no tenemos”, que la determinación que tomó el gobierno de Mauricio Macri “fue una exigencia de Estados Unidos” y completó: "El terrorismo es un problema de los países de la OTAN, no es nuestro”.

Los familiares de las víctimas de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel salieron a repudiar sus dichos: “Nos gustaría informarle, por si no lo recuerda, que la Argentina sufrió dos ataques terroristas que dejaron más de un centenar de muertos. Que la Justicia argentina, y no EEUU y la OTAN, determinó que fueron ejecutados por Hezbollah, lo que fue corroborado por nuestra Corte Suprema”.

Pero Frederic también dejó clara su postura sobre otros temas en otras entrevistas y textos de su autoría. Para empezar, es muy crítica de la política llevada a cabo por Patricia Bullrich en todos sus aspectos. En la misma entrevista con Ámbito Financiero lo resumió como que “fue más lo que se dijo que lo que se hizo” y argumentó: “Sacando a los miembros desquiciados, como los efectivos que disparan por la espalda, que son casos dispersos con un discurso que los habilita, en general cuando salen los protocolos de derribo de aviones o para las manifestaciones, dentro de la fuerza dicen que no se pueden hacer y que son una locura”.

Y agregó: “Por abajo ocurrieron menos cosas de las que por arriba se promovieron. En el plan discursivo hubo una sobreactuación de las diferencias respecto del Gobierno anterior y la idea del próximo presidente creo que será bajar el tono y tener una política de Estado, y no una política banal, sin caer en manipulaciones”.

Asimismo, en otro reportaje con el portal Motor Económico, explicó que este tipo de decisiones se dan no solo porque están muy ligados el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Seguridad, sino por “la política criminal que enlaza al Ejecutivo con el Poder Judicial”.

“Algunos creerán que es mejor que haya más gente presa. El problema es que esa cantidad de personas detenidas, lo que es un daño innecesario sobre personas que en ciertos casos podrían ser sancionadas a través de penas más blandas, no ha modificado los patrones delictivos y mucho menos la oferta de drogas, ni el consumo de drogas. Me refiero a las drogas porque ha sido el principal objetivo de Cambiemos, acabar con el narcotráfico, cosa que no han hecho”, sostuvo Frederic.

Con respecto a la venta de drogas, la antropóloga mostró su pensamiento usando el ejemplo de México y los carteles de droga. Lo que explica es por qué se dice que no existen: “Lo que se pone en discusión es cómo esas narrativas fueron alimentadas por los medios de comunicación, la ficción, las series televisivas (de Netflix), la literatura y las novelas, que construyeron una imagen, una representación del narco y el cartel de drogas, como si fuera externa al Estado. Autores como Oswaldo Zavala y John Ackerman coinciden en que el Estado mexicano fue un gran productor de las drogas, no es que los carteles existen como organizaciones criminales externas, sino que son grupos alimentados por las propias decisiones de los Estados mexicano y norteamericano".

Y añadió: “La tesis central es que la guerra contra las drogas después de la caída del muro de Berlín fue la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos para intervenir en gobiernos latinoamericanos. Hay una fabricación, espectacularización y sobreactuación de los grupos criminales, las mafias y las bandas narco. Sin negar la violencia en México, ni la violencia de Estado, hay que empezar a ver de qué se habla cuando se dice banda criminal, cuántos son, quiénes las integran”.

Trasladándolo a la Argentina, la especialista sostiene que “se construyen imágenes que son incontrastables” porque “no hay ninguna evidencia empírica de que de lo que se habla sea crimen organizado o narcocriminalidad”. Para justificar esto, expresó: “Hay una ausencia de datos concretos. Muchas son incautaciones de gente que transita la droga, son redes de transporte, como camioneros. Son decomisos en tránsito. Mucho es marihuana, que también hay que debatir si tiene sentido seguir penalizando el consumo, o no ir a otra forma de regulación. La cantidad de dinero que se pierde por perseguir el tráfico de una droga blanda, que en muchos casos produce menos efectos que el alcohol, es una locura”.

En su opinión, lo que se necesita para combatir este flagelo es “policía de investigación” ya que con el macrismo “la Policía Federal quedó estancada”. “Falta inteligencia e investigación criminal para prevenir el delito, que es distinto de la AFI, que hace inteligencia de Estado”, sentenció.

Asimismo, es tajante al decir que las Fuerzas Armadas no deben intervenir en casos de narcotráfico, algo que promovió este Gobierno. Lo mismo sucede con el terrorismo, aunque en este caso admite que “hay divergencias de opiniones en el ámbito militar”. Lo que sí deja en claro Frederic, es que "es un invento” de Cambiemos “creer que el terrorismo internacional es una amenaza para nosotros”.

Este tipo de políticas están muy ligadas a un trabajo conjunto con Estados Unidos. Si bien la candidata a ministra no opina que hay que cerrarse y no trabajar con el país del norte, sí considera que hay que hacerlo con reparos: “No hay que comprar agendas norteamericanas. Este gobierno no solo tuvo un discurso mucho más punitivo, sino que intentó introducir a las Fuerzas Armadas. Eso es parte de la agenda norteamericana para la región, no es su agenda”.

En cambio, sostiene que la solución va por otro lado: “Nuestros problemas de seguridad tienen que ver con nuestra ubicación en la región. Frente al tráfico de drogas hay que tener una política estratégica para reducirlo, pero no con los procedimientos que se utilizan en otros países y que han demostrado que en cuanto Estados Unidos define, sin mediaciones, la política contra el narcotráfico los resultados son pésimos. Para negociar con Estados Unidos tenemos que fortalecer nuestros sistemas de información estadística sobre el problema. Es importante demostrar que sabemos cuál es el problema que tenemos, encontrar nuestras soluciones”.

“Tenemos que aprender y tomar algunas cosas de los Estados Unidos, no comprar modelos, recetas o negocios. Hay que tener una relación inteligente, mucho dependerá de cuál es la autonomía o soberanía del próximo gobierno en esta materia. Cambiemos perdió soberanía. Sin comprar recetas de tolerancia cero, se puede ver qué instrumentos tienen y adaptarlos a la realidad argentina. Hay que ser inteligente, no quedar encandilados con lo que vende Estados Unidos, ni ser mercenario, ni cortar la conexión, eso no tiene sentido. Hay cosas que se pueden aprender de ellos y de otros países, como Francia o Portugal”, completó.

Otro punto muy abordado por Frederic es qué tan efectivo es poblar de policías las calles para bajar los índices delictivos. La experta marca que son cosas que van por caminos separados y que la gran mayoría de las veces no funciona.

Según explica en un artículo escrito para la revista Anfibia, hay varias cuestiones que colaboran para llevar a cabo este tipo de políticas: el espectáculo televisivo antes que en datos estadísticos y cualitativos fiables; el interés de ciertos expertos en vender su producto más que en hallar soluciones sociales; un incremento geométrico de policías en la calle; y una Justicia penal y un poder político dogmáticos.

Y, acorde con su visión, esto no termina llevando a los resultados deseados: “No sólo no reduce la vulnerabilidad, sino que ha sido artífice de la amplificación de la criminalización de ciertas personas, grupos y prácticas. Y aunque la persecución penal pueda justificarse en el daño sufrido por las víctimas y pueda tranquilizar, no desalienta el tráfico ilegal de armas, bienes y drogas que sostienen la criminalidad. Solo parece recambiar a los protagonistas del delito”.

Aquí la antropóloga recurre a las estadísticas para argumentar su posición: “Resulta ilustrativo comparar el crecimiento geométrico de las fuerzas policiales y de seguridad en Argentina durante los últimos veinte años –con la imponente inversión pública que supuso– con la siguiente afirmación de Kessler y Bruno: ‘Los años 2000-2009 están signados por una baja generalizada de los delitos contra la propiedad y las personas en todo el país”, pero “al tomar las cifras de ambos extremos (1991 y 2016), los hechos delictuosos en total aumentaron 2,3 veces; aquellos contra las personas, 3 veces; y contra la propiedad, 1,9 veces’”.

¿Qué quiere demostrar con esto? Que el aumento de policías –178 cada 100 mil habitantes en 2001 a 803 en 2015– trajo consigo un aumento del delito. Ante el contraargumento de que sin esta cantidad de policías los crímenes podrían haber aumentado aún más, Frederic replica: “Quisiera revisar el modo en que más policías también pueden amplificar cierto tipo de delitos y velar otros”.

Por supuesto, la especialista es crítica de la decisión de Patricia Bullrich de aumentar la presencia policial callejera. Principalmente porque, según su visión, “produjo un gravísimo incremento de la tasa de población penitenciaria, la inmensa mayoría imputada por delitos en flagrancia”.

Además, considera que esta dinámica lleva a que funcionarios armados deban gestionar qué prácticas y personas son criminalizables y que esto lleva a corromper el sistema: “Junto a ellos/as un número significativo de funcionarios judiciales y políticos, detrás de sus escritorios, se convirtieron en operadores clave en esa decisión, usando para ello a la policía –no con poca frecuencia– como chivos expiatorios de sus propias decisiones”.

“Entre los efectos más evidentes de ese fenómeno encontramos la sobrepoblación carcelaria de jóvenes varones y mujeres de sectores sociales segregados, que no sólo ocasiona más gastos al Estado –para aquellos que solo se preocupan por lo números–, el delito no descendió, mientras que los grupos familiares de estas personas quedan pulverizados”, concluyó.

En mayo de 2018, Frederic firmó una solicitada llamada “contra la violencia institucional” que cuestionaba las acciones del Gobierno en materia de seguridad. Junto a ella estamparon la rúbrica otras personalidades de varios ámbitos como Victoria Donda, Nilda Garré, Estela de Carlotto, Nora Cortiñas, Beatriz Sarlo, Juan Carlos Schmid, Horacio Verbitsky, Adolfo Pérez Esquivel y Juan Grabois, entre otros.

Allí se pedía “separación entre asuntos de defensa y asuntos de seguridad” porque puede tener “consecuencias graves tanto por la generación de violencia como por la degradación de las Fuerzas Armadas”. También “regular y limitar el uso de la fuerza policial” ya que “sostener que se debe investigar el uso de la fuerza y sancionarlo cuando no se ajusta a la legalidad implica sostener que el Estado debe cumplir con los estándares mínimos para la actuación de las policías en regímenes no autoritarios”.

“Que sea el mismo Estado el que alimenta la idea de impunidad para los policías y penitenciarios que trasgreden estos límites es un mensaje muy preocupante que promueve la violencia institucional”, sostenían.

También exigían “la protección del derecho a la protesta en sus diferentes variantes” argumentando que es un “recurso con el que cuentan distintos actores para visibilizar sus reclamos e interpelar a las autoridades”.