La delegación argentina encabezada por el dirigente social Juan Grabois, que viajó a Bolivia para investigar presuntos hechos de violación a los derechos humanos durante el gobierno interino de Jeanine Añez, publicó este viernes un primer informe en el que aseguran, entre otras cosas, que en el país vecino “existe responsabilidad directa del Estado” por “muertes, heridos, violaciones y otros abusos y vejaciones”.
El grupo denunció que no hay “investigación judicial de ningún tipo” por estos hechos, de los cuales habrían tomado conocimiento “luego de haber escuchado a víctimas directas” y a los familiares de las mismas, según explicó la comitiva en el documento que redactaron desde la iglesia San Francisco de Asis, en la localidad de Senkata, ubicada a 40 kilómetros de La Paz.
“Pudimos constatar de las primeras entrevistas, a través de desgarradores testimonios de familias campesinas, indígenas, mujeres de pollera, que han sufrido la represión de las Fuerzas Armadas y de fuerzas de seguridad del Estado, bajo órdenes del gobierno de facto”, señalaron.
En el texto, los miembros de esta delegación sostuvieron que en la región en la que se encuentran, “numerosos testimonios han denunciado violaciones a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores” e incluso se han “encontrado dos cuerpos de mujeres violadas y atacadas sexualmente en vida y luego de su muerte”. También dijeron haber sido informados del hallazgo de cadáveres “mutilados y desmembrados”.
Además, el informe denunció que “se han sufrido numerosas detenciones arbitrarias” y “situaciones de persecución política sobre la dirigencia social, sindical y política”, mientras que “existe total ausencia” por parte de las autoridades nacionales “en brindar alguna respuesta e información a los familiares” de las víctimas.
“Existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, violaciones y otros abusos y vejaciones ocurridas en Senkata como consecuencia del actuar represivo de las FF.SS. y las FF.AA. y la posterior impunidad y encubrimiento de las demás autoridades judiciales, policiales y administrativas”, consideraron.
Por otra parte, informaron que “hay tres niños y adolescentes con capacidades especiales que están detenidos ilegalmente” y que a algunos heridos “se les ha negado la atención médica de emergencia en razón de su ideología política”.
La comitiva encabezada por Grabois está integrada por 40 personas, entre los que están el abogado Roberto Carlés; Pablo Pimentel y Mauricio Rojas (APDH); Victoria Freire (Observatorio de Género y Políticas Públicas de la Ciudad); Daniel Catalano (ATE); Marianela Navarro (FOL) y Sergio Smietniansky (CADEP).
“Hoy registramos numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Hay mucha conmoción en la delegación por la situación de hostigamiento que están viviendo nuestros hermanos bolivianos, no quedan dudas de que hoy en Bolivia gobierna una dictadura”, agregaron los dirigentes sociales a través de la cuenta oficial de la denominada Delegación Argentina Solidaridad con el Pueblo Boliviano.
Por su parte, el ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, les recomendó a los “extranjeros que están llegando al país hechos a las mansas palomitas a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado". "Los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo. En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición, se la van a ver con la Policía. La Policía está atenta y tiene orden de no permitir que se dañe nuestro país”, advirtió durante una entrevista televisiva el funcionario.
La delegación cuestionó estas declaraciones en las redes sociales y realizó una presentación en la embajada argentina en La Paz pidiéndole al canciller Jorge Faurie que garantice la seguridad de los 40 miembros de la comitiva. Al llegar al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, el grupo ya había sido insultado por ciudadanos locales e interrogados por las fuerzas de seguridad.
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