A 20 años del efecto Y2K y un caso de corrupción que terminó prescripto

Iba a colapsar el mundo entero. Con la llegada del año 2000 las computadoras que manejaban casi todos los procesos importantes iban a fallar y la consecuencia sería fatal para la humanidad.

El último minuto de la civilización tal y como la conocíamos a fines de 1999 iba a ser el de las 23.59 del 31 de diciembre de aquel año. Cuando a las 00 del 1° de enero de 2000 las computadoras leyeran que habían llegado al 01/01/00 se confundirían y los sistemas se caerían provocando un caos absoluto para el que había que prepararse.

Los culpables pudieron haber sido tan solo dos números. Cuando se almacenaban fechas en los equipos informáticos se utilizaban dos dígitos en lugar de cuatro en el año para ahorrar espacio y memoria. El problema bautizado como “efecto 2000”o Y2K se basaba en la tesis de que, una vez iniciado el año 2000, las computadoras lo interpretarían como año 00 sin tener en cuenta el cambio de siglo, por lo que en lugar de entrar en el nuevo milenio, el mundo, a efectos informáticos, viviría en 1900.

Se temía entonces que como efecto del Y2K los bancos podrían perder los datos de todos los clientes y sus respectivos saldos en las cuentas: todo el mundo vería su saldo reducido a cero y el dinero desaparecido. Los transportes controlados mediante computadoras no responderían, los teléfonos dejarían de funcionar, los servicios de emergencias colapsarían, las plantas potabilizadoras de agua dejarían de funcionar y la sed se extendería por el mundo. Se vislumbraba un panorama plagado de saqueos que conduciría a la destrucción del planeta Tierra. Los aviones no se podrían comunicar con las torres de control de los aeropuertos. Las centrales nucleares también podrían explotar con consecuencias horripilantes. Por lo menos eso era lo que sostenían reputados expertos.

Para evitar el colapso que auguraban los más pesimistas, los Estados y las compañías tuvieron que hacer millonarias inversiones en adaptaciones del software de los equipos para mitigar el posible daño. Y también hubo costosas campañas de difusión para alertar a los ciudadanos sobre los probables efectos informáticos del inicio del milenio.

El temor hizo que, por ejemplo, este cronista comprara y almacenara 200 litros de agua mineral aconsejado por un amigo que había estudiado en Estados Unidos con uno de los principales teóricos de la posible catástrofe que podía causar el Y2K. Nada sucedió. No hubo colapso y todo siguió más o menos como hasta el 31 de diciembre de 1999.

Las crónicas periodísticas de aquel entonces reseñaron un par de incidentes con equipos no críticos en centrales nucleares de Japón (Ishikawa y Onagawa) y problemas -también en Japón- para recibir SMS que fueron resueltos el mismísimo día de inicio de 2000. Hubo algunas fallas en las máquinas tragamonedas en algunos lugares de Estados Unidos o en los sistemas de validación de tickets en el transporte público australiano. En Alemania hubo pequeños inconvenientes con tarjetas de crédito. En España hubo problemas con algunos parquímetros que no reconocieron los tickets adquiridos durante el 31 de diciembre de 1999. No fue nada grave: la explicación que dieron los expertos fue que se invirtieron millones de dólares para evitar los problemas.

En la Argentina comenzaron en 1997 y 1998 los preparativos para adecuar los sistemas tanto de la administración pública-en todos sus estamentos- como en las empresas de servicios públicos y las compañías más relevantes. El 1 de enero de 2000 pasó y todo siguió como era entonces.

Aunque el efecto Y2K tuvo su correlato en una causa por corrupción que tramitó en el edificio de Comodoro Py 2002. La denuncia fue presentada por Manuel Garrido, quien en el año 2000 era el director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción -que dirigía José Massoni- creada por el gobierno de Fernando de la Rúa.

La denuncia de Garrido fue realizada a partir de la publicación de una nota en el diario Página/12, escrita por el fallecido periodista Julio Nudler. El título de aquel artículo de principios de 2000 fue “La cajita de Claudia Bello”. En la nota se hablaba de los costos que había tenido el material para la difusión que se haría en los últimos días del menemismo. Incluso se reseñaba una carta de lectores que había publicado Federico Pinedo, quien había contado que la caja con información sobre el efecto Y2K enviada por el gobierno y que recibió en su estudio de abogados era “inútil” y fue “tirada a la basura”.

Bello, histórica dirigente del peronismo porteño, fue hasta el 10 de diciembre de 1999 quien encabezaba el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y la secretaria de la Función Pública del gobierno de Carlos Menem. Antes había ocupado otros cargos públicos e inclusive había sido interventora federal en la provincia de Corrientes entre agosto de 1992 y febrero de 1993.

Fue su repartición la que se encargó de coordinar dentro del Estado nacional la adecuación de los sistemas. Y en los últimos días diciembre de 1999 -y también del gobierno menemista- fue la que realizó una campaña de difusión sobre el efecto Y2K. Se repartía una caja o cajita con materiales destinados a los medios de comunicación y a empresas y personalidades que debían extender las ideas para prevenir los problemas.

La secretaría de Bello, entre septiembre y diciembre de 1999, hizo varias contrataciones directas para la provisión de materiales para la campaña y para su difusión en medios de comunicación.

Comenzó con el diseño del logotipo de la “Cruzada 2000” e impresión de cuadernillos didácticos instructivos. En aquel expediente resultó adjudicataria la firma Lautrec Publicidad S.A. por la suma de $349.350. Por aquel entonces cada peso era equivalente a un dólar.

Otra de las contrataciones directas por el efecto Y2K tuvo como objeto la producción y el envío de 300.000 cajas conteniendo video y material impreso y un millón de sobres con papelería. También se le adjudicó a Lautrec, por un monto de $6.997.406.

La secretaría de la Función Pública también hizo una campaña publicitaria específica de avisos en medios gráficos por $734.858,99. Por otra contratación directa se le adjudicó a la firma Filmsuez S.A. la difusión de la campaña en los cines por $450.120.

También la secretaría a cargo de Bello contrató publicidad en las principales radios del país de manera directa por $506.252,55.

Garrido había denunciado que las contrataciones sumaban una cifra cercana a los 9 millones de pesos y que debían haberse realizado por licitación, no por contratación directa.

El dinero empleado en las campañas publicitarias provino del Programa de Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones, que administraba la Jefatura de Gabinete de Ministros, entonces a cargo de Jorge Rodríguez. Los fondos de este programa se constituyeron con créditos internacionales.

El caso estuvo en manos de la juez María Servini y del fiscal Carlos Stornelli quien en su acusación respaldó lo denunciado por Garrido. Los imputados –Bello y otros ex funcionarios y algunos integrantes de las empresas- fueron procesados por Servini.

Se determinó que la empresa adjudicataria del mayor negocio había contactada con anterioridad a que se iniciara el proceso de contratación directa. La Sala II de la Cámara Federal confirmó en 2002 aquel procesamiento por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Algunos de los imputados llegaron a juicio oral y público y otros quedaron en el camino. Los empresarios privados que participaron de la maniobra firmaron una probation.

En el año 2005 Stornelli firmó la elevación a juicio parcial del caso. Allí consideró que se había elegido la empresa beneficiada de manera “anticipada”, que no se había llamado a licitación, se había pagado sobreprecios y se había evitado contar con precios testigo establecidos por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). “Se encuentra comprobado -expuso en su momento el fiscal- que Bello y otros miembros del directorio del INAP, teniendo a su cargo la disposición de fondos para la Campaña de Entrenamiento, Prevención, Distribución y Difusión de la Problemática del Año 2000, se interesaron en forma personal en la contratación” para adjudicar tareas.

El juicio contra los ex funcionarios del área de Función Pública comenzó recién en 2011, más de una década más tarde de aquel diciembre de 1999 por lo que el efecto Y2K era un lejano y borroso recuerdo.

El 29 de diciembre de 2011 el Tribunal Oral Federal 1 dio a conocer su veredicto. En tanto en febrero de 2012 se conocieron las más de 390 páginas de los fundamentos de la absolución de los imputados. El fiscal Miguel Ángel Osorio y los querellantes de la Oficina Anticorrupción habían pedido condenas de dos y tres años de prisión respectivamente y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El primer voto fue del entonces juez Oscar Amirante quien sostuvo que las contrataciones se hicieron de manera urgente por la proximidad no solo del inicio del año 2000 sino por el cambio de gobierno. Y de acuerdo a varios peritajes no hubo sobreprecios. Amirante consideró que “Por todas las razones expuestas, no habiendo acreditado suficientemente las partes acusadoras el contenido de los ilícitos achacados y que fueran materia del debate, corresponde disponer la absolución por duda de los imputados, en orden a los hechos que fueran materia de acusación”. A su voto se sumó el del ex camarista Jorge Gettas en tanto el restante juez-que aún continúa en el Tribunal- Adrián Grünberg, votó por la condena de los acusados.

Ante ese fallo, tanto la OA como el Ministerio Público Fiscal representado por Raúl Pleé apelaron ante la Cámara de Casación Penal.

Señalaron los apelantes que el Estado había pagado por el armado y envío de sobres con información, pero la distribución no se había hecho. Parte de la papelería que se pagó y no se usó había sido vendida como desecho.

Y que se habían adquirido 500.000 folletos por menor valor que el que se había facturado, que se pagaron 800.000 cartas que no estaban en el contrato original y reafirmaron que hubo sobreprecios.

Los jueces Alejandro Slokar y Pedro David, en octubre de 2014, votaron para que se revocara la absolución de Bello y de otro de los imputados y que se estudiara el planteo de prescripción realizado. La jueza Ángela Ledesma votó por confirmar lo decidido por el Tribunal Oral Federal 1.

Ante la resolución de Casación, el TOF 1 determinó que el caso estaba prescripto para Bello y otro de los ex funcionarios implicados. Se extinguió la acción penal por el paso del tiempo. El caso quedó cerrado por vetusto. No porque no hubiese habido delito.

Pasaron dos décadas de aquello que iba a ser una especie de hecatombe mundial producto de que las computadoras iban a perder el rumbo. No sucedió nada. O casi nada. Como en la causa por corrupción iniciada por los gastos para la campaña por el Y2K.