Alberto Fernández confirmó ayer a Diego Gorgal para el Ministerio de Seguridad y definió así uno de los espacios clave de su inminente gobierno para establecer políticas diferenciadoras de la estrategia que desplegó Mauricio Macri en los últimos cuatro años.
Gorgal estuvo ayer en las oficinas de Puerto Madero en una charla con Fernández y su equipo para avanzar de lleno en temas concretos de lo que será la gestión en seguridad del nuevo gobierno.
Entre las primeras medidas se derogará buena parte de los protocolos para las fuerzas de seguridad que estableció Patricia Bullrich. Esto implica, entre otras cosas, actuales reglas como el uso de armas de la policía en fuera de horarios de trabajo, la requisa del DNI a las personas en estaciones de trenes o el uso de armas de electrochoque.
La designación de Gorgal resultará también una suma de mayor poder para el próximo presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa ya que el futuro ministro de Seguridad responde a su línea política al igual que sucede con el designado ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Se trata así se la estrategia de Fernández de armar un gabinete con equilibrio de poderes en relación a los dirigentes de peso que tiene el Frente de Todos.
Fernández y Gorgal coinciden en la necesidad de desterrar “políticas erráticas” de la gestión Bullrich. De hecho, hace 15 días cuando Infobae adelantó que el nuevo gobierno derogará los protocolos de las fuerzas de seguridad Fernández afirmó: “Los protocolos sirvieron para lamentar víctimas de violencia institucional”. Esto generó un fuerte contrapunto con la ministra Bullrich que defendió su política de seguridad.
También el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner escribió en su cuenta de Twitter que “cambiar un protocolo que legitima que un policía dispare por la espalda no habla bien del Estado que lo permite. El protocolo fue solo para que los policías puedan aducir una causa de justificación que se llama cumplimiento de un deber. Les dieron una norma para legitimar esa conducta".
Gorgal es licenciado en Ciencias Políticas (UCA), master en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Trabajó con Juan José Alvarez como subsecretario de Planificación y Logística de Seguridad durante la gestión de Aníbal Ibarra y fue ministro de Gobierno de la Ciudad con Jorge Telerman. Se capacitó en diferentes modelos de seguridad y especialmente se interesó en los protocolos que aplica la agencia antinarcóticos (DEA) en Estados Unidos. También el futuro ministro de Seguridad fue asesor de Massa en la intendencia de Tigre. Desde allí desarrolló un modelo de vínculo de la comunidad con la Policía, alentó la creación de guardias urbanos y lanzó sistemas de protección ciudadana como las alarmas en las casas de los habitantes del partido.
Gorgal también es coautor del libro Mano justa, que escribió junto al ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano y con Eugenio Burzaco, actual secretario de Seguridad de Bullrich. Su modelo de seguridad estaba regido en gran medida, por el trabajo que hizo el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, que promovía la “tolerancia cero” para el delito.
No obstante, Gorgal remarca siempre que su idea no es ejercer “mano dura” de parte de la policía sino “mano justa”. Es decir, una de suerte de reivindicación del control institucional de las fuerzas de seguridad, con un Estado que resguarde a las víctimas y vele por la aplicación de la ley hacia quienes la violan.
El plan de trabajo
“Gorgal y Alberto Fernández se entienden perfectamente y saben bien qué tipo de estrategia de seguridad quieren tener”, reveló a Infobae un allegado al presidente electo.
De esta manera, además de derogar gran parte de los protocolos de seguridad de la era Bullrich, se prevé crear por ley en paralelo a la labor del Ministerio de Seguridad un Consejo de Seguridad. Este órgano estaría conformado por civiles, uniformados, referentes del ámbito académico y del Poder Ejecutivo además de ONG, entre las que tendría mayor fuerza el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Horacio Verbitsky. En el armado de borradores de este Consejo de Seguridad intervino activamente Gustavo Béliz que tendrá un papel relevante en el gobierno de Fernández.
En lo que respecta al despliegue militar para la lucha contra el narcotráfico, Gorgal coincide con el presidente electo en la necesidad de un repliegue de los más de 500 soldados del Ejército que hay apostados en la frontera norte para hacer apoyo logístico a la Gendarmería. En cambio el futuro ministro de Seguridad se inclina por implementar un esquema montado sobre las fuerzas de seguridad con apoyo logístico de los militares acotado al uso de drones y radares más la asistencia de aviones y helicópteros en la vigilancia de las fronteras.
Cuando llegue Gorgal al ministerio de Seguridad el 10 de diciembre seguramente habrá un cambio en la cúpula de todas las fuerzas de seguridad federales: la jefatura actual de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria dejarán su lugar para dar paso a los uniformados que designen las nuevas autoridades.
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