Sin acuerdo con Alberto Fernández, Mauricio Macri evalúa crear por decreto una agencia para el Programa de protección de testigos e imputados

Después de los reparos iniciales que generó en la Justicia el posible traspaso a su órbita del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, el Gobierno de Mauricio Macri evalúa ahora la creación de una agencia nacional autónoma y autárquica que pasará a hacerse cargo del programa. Será por decreto y sin acuerdo del presidente electo Alberto Fernández. "Si bien estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, por una cuestión de necesidad de un enclave en el organigrama del Estado, no tendría dependencia directa del Ejecutivo”, señalaron fuentes gubernamentales que vienen trabajando en el tema.

Pese al hermetismo que rodea la redacción de la letra chica del decreto, para garantizar esa autonomía, habrá “un Consejo tripartito como órgano de supervisión del Programa, integrado por representantes del Ministerio Público Fiscal, ya que son os fiscales quienes llevan adelante las investigaciones judiciales; del Ministerio de Seguridad, responsable de la custodia de los que ingresan al Programa; y de la Cámara Federal de Casación Penal, que tendrá la presidencia del organismo”.

La elección del presidente de Casación como cabeza del organismo obedece a que el camarista que ocupa ese cargo - se renueva anualmente- no vota junto a sus colegas de las cuatro Salas en los casos que tienen que resolver, ya que tiene solo funciones de superintendencia. Hasta el 31 de diciembre de 2019, el presidente es el juez Carlos Mahiques. En la primera semana de diciembre se conocerá si continúa otro año más de mandato (reemplazó en mayo a Juan Carlos Gemignani, denunciado por violencia de género laboral), o si sus colegas eligen a otro para el 2020 en función de la fecha en que ingresaron al Tribunal.

El anuncio del decreto que crea la nueva agencia se haría en los próximos días, ya que aún falta ajustar varios aspectos operativos. “La idea es replicar la experiencia de otros países como Canadá, por ejemplo. Su funcionamiento sería similar al de otras agencias que forman parte de la administración descentralizada, como la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el ex RENAR, que también está en el organigrama bajo el Ministerio de Justicia pero funciona autónomamente, o la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que está bajó la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero también es autónoma y tiene autarquía financiera”, explicaron quienes están definiendo los detalles del decreto.

Hoy, el Programa de protección de testigo e imputados funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, y está a cargo de Juan José Benítez, subsecretario de Política Criminal.

Bajo análisis

En el borrador del decreto que el Gobierno pretendía publicar el 13 de noviembre pasado, se estipulaba que “la totalidad de los bienes, activos y patrimonio afectados al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados” debía transferirse al Consejo de la Magistratura, para uso exclusivo del Programa, con destino “Justicia de Casación”. El texto preveía incluso la creación de 50 cargos en el ámbito judicial destinados al traspaso del Programa.

Si bien el Gobierno dejó en stand-by el anuncio en ese momento, no dio de baja el tema y siguió con una serie de consultas individuales con integrantes de la Cámara de Casación y la Corte. “Con más de un integrante del Máximo Tribunal”, deslizaron con suspicacia fuentes que están en la primera línea de la redacción de la norma para avanzar en la letra fina del decreto. “Nadie nos dijo que no, y todos reconocen que hay un problema en el Poder Judicial con este tema. Cada uno le pone un matiz distinto y sabemos que va a ser difícil dejarlos contentos a todos”, admitió ante Infobae uno de los que encargados de pulir el texto final.

Los reparos del Poder Judicial

La primera noticia del posible traspaso del Programa a la órbita de la Cámara de Casación generó reparos en el Poder Judicial. Por varios motivos. En primer lugar, por la cuestión presupuestaria y la capacidad operativa para hacerse cargo del Programa, al menos, en forma inmediata. “Estamos lidiando con otras cuestiones más urgentes como la seguridad del edificio”, advirtió un juez de Casación en relación a los déficit en esa materia en el edificio de los Tribunales federales de Comodoro Py 2002.

“Si bien el borrador del decreto que circuló hablaba de la creación de 50 cargos, luego hay que capacitarlos”, agregó el camarista al explicar las dudas que circularon en el máximo tribunal penal del país. “Creemos que no es el mejor momento justo cuando se está en el tránsito de un gobierno a otro”, deslizó otro, ante la consulta de Infobae.

En la Corte Suprema no ocultaron en un primer momento su malestar, pero en el Ejecutivo saliente aseguran que las resistencias no fueron tales como trascendieron. “Hacemos lo que creemos que es mejor para la protección de los testigos. Aún a riesgo de que en el futuro, un imputado o testigo protegido pueda complicar a un funcionario de esta gestión. Un decreto tiene valor de ley. En todo caso tendrán que discutir luego su constitucionalidad”, aseveró un alto funcionario que viene trabajando en la redacción de la norma.

También surgieron dudas ante el primer borrador entre los camaristas de Casación por un aspecto “mucho más controversial”: la inconveniencia de tener bajo su tutela a testigos e imputados arrepentidos cuyos testimonios deberán valorar, eventualmente, si las causas en las que se encuentran involucrados llegan al Tribunal.

“La supervisión judicial debería ser de corte netamente administrativo -sobre el manejo de recursos o de personal, por ejemplo-, pero no de corte jurisdiccional. No deberíamos decidir un alta o baja del Programa, ya que podría darse que tuviéramos, a su vez, que evaluar la validez o veracidad del testimonio de un testigo o declaración como arrepentido de un acusado. O sea, como jueces de Casación no podemos tener esa doble tarea”, advirtió un miembro de ese cuerpo.

Y puso como ejemplo, la oficina de escuchas telefónicas en causas judiciales, que está bajo la órbita de la Corte Suprema, y uno de cuyos responsables es Javier Leal de Ibarra, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. “Leal de Ibarra es uno de los encargados del organismo, pero no sabe qué teléfonos están pinchados en una investigación”, graficó el camarista.

Por lo pronto, el día que trascendió que el frustrado decreto estaba la firma, Fernández advirtió por twitter que “nunca había sido consultado” por este tema y que estaba " muy lejos de avalarlo".

Lo cierto es que más allá de estos reparos de integrantes de la Justicia y la postura de Fernández, el gobierno de Cambiemos está decidido, antes de irse, a avanzar en poner al Programa bajo el “paraguas” de una autoridad independiente del Poder Ejecutivo de turno.

Esa decisión la tomó a partir del pedido de varios arrepentidos -tanto imputados como testigos- que declararon en causas de corrupción que involucran a ex funcionarios y empresarios kirchneristas, y que temían por su seguridad a partir del triunfo de Alberto Fernández.

En la plataforma Change.org la petición ciudadana llamada “Protejan a los denunciantes de casos de corrupción”, ya reunió 99.505 firmas. Motorizada por el activista de la sociedad civil Carlos March, los abogados Marcelo Bermolén, Alejandro Drucaroff, y el impulsor de la campaña por la sanción del proyecto de “Ficha limpia” Gastón Marra, pide que el programa “funcione bajo la órbita del Poder Judicial y no como ahora, que depende de la discrecionalidad del Ministerio de Justicia”.

La petición advierte que “actualmente sobre 24 provincias existen 17 subsistemas de protección, todos absolutamente descoordinados entre sí y que en general no comprenden los casos de corrupción”.

“Proteger a los testigos y denunciantes de corrupción es salvar vidas. Porque la corrupción mata. Las 51 víctimas fatales del accidente de tren en la estación Once y los 194 muertos en el incendio de Cromañón son dos pruebas irrefutables. Un denunciante protegido es un testigo a salvo. Y un testigo a salvo que llega a declarar en un juicio rompe la impunidad, aporta pruebas para condenar a los corruptos y elementos para recuperar los activos de las mafias”, puede leerse en la propuesta.

Quiénes están en el Programa

Al 31 de octubre -último datos disponibles ya que el número fluctúa constantemente con altas y bajas- el Programa tenía un total de 223 imputados y testigos protegidos, de los cuales 7 son de causas de corrupción. A ese número se suman 97 familiares.

Entre ellos, está el ex secretario de Obras Públicas José López, quien se convirtió el primer ex funcionario kirchnerista en arrepentirse en la causa de los cuadernos, y apuntó a Cristina Kirchner.

También el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, y escriba de “los cuadernos de las coimas”, que fue el disparador de la detención y procesamiento de decenas de ex funcionarios y empresarios.

Asimismo, está bajo protección el empresario que compró en los papeles la ex imprenta Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele, causa por la que cumple prisión el ex vicepresidente Amado Boudou tras ser condenado a cinco años y diez meses. En el Programa también tiene protección la ex esposa de Vanderbroele, Laura Muñoz, quien declaró como testigo en ese expediente y a partir de cuyo testimonio comenzó la causa.

El primer arrepentido de la era Macri fue Leonardo Fariña, cuyo testimonio fue clave en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero cuyo juicio esta desarrollándose. Fariña pidió la semana pasada salir del Programa.

Otro que fue parte del Programa fue el ex contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, quien también renunció al Programa en mayo pasado para irse a vivir a Río Gallegos, donde está su familia, aunque pidió custodia.

El mayor número de imputados y testigos del Programa es por “delitos complejos”: 86 que incluyen los 7 de causas corrupción, más las de secuestros extorsivos, violencia institucional y contrabando. Otros 50 son de investigaciones de narcotráfico, 25 de testigos de lesa humanidad y 22 de causas de trata de personas.

Según datos del Ministerio de Justicia, el presupuesto para el Programa este año es de $125 millones, de los cuales $80 millones son para salarios y $45 se destinan a todos los gastos operativos, desde el alquiler de domicilios protegidos, hasta el pago de servicios, alimentación y traslados de los que ingresan al Programa.