La Justicia Federal investiga a seis funcionarios de la Aduana y empleados de las terminales portuarias que fueron imputados por robar mercadería de los contenedores que debían controlar.
La causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello se inició con una serie de imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la Terminal 4 del puerto que fueron aportadas a la Justicia por el interventor Gonzalo Mórtola.
En los videos, publicados en el programa “La cornisa”, se puede observar cómo tanto inspectores del organismo de control como despachantes de aduanas y operarios de la terminal se quedan de manera ilícita con parte de la mercadería que ingresa al país.
Hasta el momento hay seis personas imputadas, de las cuales ya declararon cuatro. Entre ellas se encuentra Jorge Daniel Lapido, funcionario de la Aduana; Ariel Meza, Carlos Enciso, Pablo Martínez y Aníbal Vega -estibadores y güincheros de la empresa portuaria DOMPRA SRL-; y Ricardo Ansede, empleado de la empresa APM que opera la Terminal 4 del puerto.
Lapido, cuya función es controlar que la mercadería que ingresa al país coincida con la documentación provista por las empresas, quedó registrado en uno de los videos cuando guardaba cajas de perfumes en los bolsillos de su campera. También permitía que los empleados del puerto hagan lo mismo a plena luz del día y observados por cámaras de seguridad.
Según datos oficiales, cada año más de un millón de contenedores salen y entran por el puerto de Buenos Aires. Si bien la práctica de “cobrar peaje” a los importadores y exportadores es habitual, casi no se registran denuncias en la Justicia.
Esto se debe a que los funcionarios de la Aduana pueden impedir que los despachantes que se encargan de las gestiones administrativas continúen trabajando. Tampoco suelen hacer la denuncia los importadores porque saben que es un “peaje” que tienen que pagar si quieren recibir sus productos lo antes posible. Como las tarifas son en dólares, mientras más rápido sea el trámite más dinero ahorrarán.
Algo similar ocurre con las terminales que operan en el puerto que son las dueñas de las cámaras de seguridad. Si denuncian este tipo de hechos de corrupción es posible que los funcionarios de Aduana les cierren por algunos días las instalaciones ocasionando importantes pérdidas.
El importador tiene hasta cinco días para retirar la carga, si es que la mercadería no tiene que ir a una revisión exhaustiva. Por ese tiempo debe pagar USD 700; pero a partir del día seis se incrementa a USD 1400 y desde el séptimo día USD 200 más por día hasta que “la lata” llegue a sus manos. Eso sin contar los demás costos que pueden surgir por el solo hecho de tener que mover el contenedor de un lugar a otro.
En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad también se puede observar cómo varios funcionarios públicos que controlan ropa, accesorios y carteras permiten que los empleados de la terminal roben todo tipo de artículos.
En los próximos días la Justicia Federal seguirá tomando declaraciones y probablemente las autoridades del Puerto de Buenos Aires continuarán aportando más pruebas del accionar delictivo de algunos funcionarios del puerto.
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