Alberto Fernández tendría un Consejo de la Magistratura a favor cuando asuma como presidente

La llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación alterará la virtual mayoría que vino teniendo el oficialismo saliente en el Consejo de la Magistratura, para virar a una mayoría favorable al nuevo gobierno. Esto sucederá porque el organismo encargado de promover y remover jueces sufrirá un recambio de casi un tercio de sus integrantes, producto del resultado electoral y la preeminencia de los consejeros políticos en su integración.

Pese a las críticas del presidente electo a la actual dinámica del Consejo y su planteo de que necesita ser reformado para “sanear a la Justicia”, es más que factible que siga funcionando en sintonía con el nuevo signo político.

Una de las renovaciones que se producirán a partir del 10 de diciembre será clave: la del representante del Poder Ejecutivo Nacional, que modificará los números que tuvo hasta ahora Cambiemos.

De los 13 miembros que integran el Consejo, el actual oficialismo contó con seis votos casi asegurados: el del representante del Ejecutivo; el del diputado del PRO Pablo Tonelli y el de la senadora radical Inéz Brizuela y Doria, más los de los representantes de los abogados Juan Pablo Mas Vélez y Marina Sánchez Herrera, ambos de origen radical, y el del juez Juan Manuel Culotta.

Del otro lado, los votos del bloque “opositor” se consolidaron también en seis: los diputados Eduardo “Wado” De Pedro, del Frente para la Victoria, y Graciela Camaño, que fue elegida el año pasado con el apoyo de los distintos bloques de la oposición; el senador justicialista Mario Pais, que reemplazó a Miguel Pichetto cuando éste aceptó acompañar a Mauricio Macri en la fórmula; su colega Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago, que ocupa la segunda banca por la mayoría justicialista en el Senado por un acuerdo de este bloque con el gobernador de su provincia; el juez Alberto Lugones, de la Lista Celeste, las más cercana al kirchnerismo; y el consejero académico Diego Molea.

Esa paridad fue resuelta la mayoría de las veces a favor de las posiciones del oficialismo por el juez Ricardo Recondo, presidente este año del Consejo y con doble voto en caso de empate.

Esta virtual mayoría actual de 7 a 6 que aún tiene Cambiemos se invertiría y pasaría a ser de 7 a 5 a favor del nuevo oficialismo, sin contar a Recondo que podría convertirse en el octavo voto, o en el sexto del futuro bloque opositor.

En cualquier caso, ninguno de los dos sectores tendrá la mayoría de dos tercios para iniciarle juicio político a un juez o aprobar un terna de candidatos para cubrir cargos vacantes, ya que se necesitan 9 votos sobre el total de 13, si están todos presentes. “Va a ser necesario algún tipo de acuerdo, lo cual es saludable porque la idea no es perseguir políticamente a ningún juez”, sostuvo ante Infobae un consejero que continúa luego del 10 de diciembre.

Más allá de las acusaciones de integrantes del Frente de Todos de “persecución” por parte del gobierno de Mauricio Macri contra jueces que fallan en contra de sus deseos, lo cierto es que el Consejo puede, por mayoría simple, resolver si mantiene abiertas, o no, las denuncias contra magistrados por su desempeño.

Quizás como señal de los nuevos tiempos políticos, el jueves último, el oficialismo fracasó en su intento de desestimar tres denuncias contra el juez Claudio Bonadio -cuya actuación es muy cuestionada por el kirchnerismo por el procesamiento y detención de varios ex funcionarios de Cristina Kirchner, incluida la ex mandataria-, cuya resolución se postergó sin fecha. Tampoco prosperó un sorpresivo un dictamen del consejero Mas Vélez para cerrar cuatro expedientes contra Rodolfo Canicoba Cabral.

El futuro representante de Alberto

Durante la gestión de Cambiemos, el representante del gobierno de Cambiemos, Juan Bautista Mahiques, tuvo un rol estratégico como articulador de los deseos del Gobierno. Pero Mahiques juró el 29 de octubre pasado como nuevo fiscal general de la Ciudad y fue reemplazado hasta el 10 de diciembre por su ex jefe de gabinete en la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, Facundo Bargalló Benegas. Con el recambio de Gobierno, Fernández deberá designar un nuevo nombre inmediatamente.

Quien contaría con más chances de ocupar ese lugar es Gerónimo “Zaza” Ustarroz, primo y hermano de crianza de “Wado” de Pedro. Ex concejal de la localidad de Mercedes y ex funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, Ustarroz es actualmente su asesor en el Consejo. Ya había desempeñado esa tarea cuando el diputado del FPV integró el organismo entre 2012 y 2014.

Ustarroz estuvo días pasados en Bolivia en representación del Frente de Todos como observador de las elecciones en ese país, y elaboró un contradocumento que cuestiona “por falta de objetividad” las conclusiones de la OEA sobre las “graves irregularidades” que hubo en esos comicios, que derivaron en la renuncia forzada de Evo Morales y la crisis que atraviesa la nación boliviana.

Hay quienes deslizaron otro nombre que pisa fuerte en la Justicia y es del círculo de confianza de Fernández: Juan Manuel Olmos, dirigente del peronismo de la Capital, y ex presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Sin embargo, desde su entorno lo descartaron.

El recambio de diputados

Al nuevo representantes del Ejecutivo, a partir del 10 de diciembre, se sumarán otras caras en el Consejo.

Si bien aún no fue informado oficialmente, todos dan por sentado que De Pedro ocupará un cargo relevante en el próximo gobierno, por lo que dejará su lugar en el Consejo. Su suplente es Vanesa Siley, también diputada del kirchnerismo y oriunda de Mercedes, además de secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires.

Su nombre deberá aún ser reconfirmado por el interbloque del Frente de Todos. Si bien el artículo 3 de la ley del Consejo de la Magistratura contempla que, cuando por algún motivo cesa un consejero titular en su funciones, su mandato lo continúa su suplente, también establece que puede ser reemplazado por quien disponga el bloque que le dio la legitimación como representante. “La práctica es que asuma el suplente del titular que se va, pero el bloque parlamentario que lo designó en ese rol tiene margen para elegir a otro, en función de los reacomodamientos políticos”, señala una fuente que conoce los avatares y normativas del Consejo.

El lugar de De Pedro es uno de los dos que le corresponden a la mayoría parlamentaria por la Cámara baja. El otro está ocupado por Camaño, diputada que ingresó a fines del año pasado con el apoyo de los distintos bloques de la oposición a partir de un acuerdo entre el Frente Renovador y el bloque kirchnerista, en una jugada -precuela de la unión del peronismo- que le quitó el lugar al diputado radical Mario Negri. Desde entonces, el todavía hoy oficialismo se quedó con una sola banca por la Cámara de Diputados -la que ocupa Tonelli por la minoría-, pese a ser el interbloque que más integrantes tiene.

Tonelli logró renovar su mandato el 27 de octubre pasado y continuará en su cargo en el Consejo.

Si bien Camaño acaba de ser reelecta por Consenso Federal, desde su entorno descartaron que haya margen para que el Frente de Todos le reclame ese puesto, en la medida que sigue siendo diputada. “Fue elegida en recambio de noviembre del 2018, por cuatro años, por un acuerdo de los bloques de la oposición de ese momento, más allá de que hoy no represente a la mayoría”, explicaron.

Por lo pronto, Camaño no tiene suplente, ya que quien ocupaba ese puesto, Martín Llaryora, diputado por Córdoba Federal, fue electo este año intendente de la capital de la esta provincia mediterránea.

En el bloque hoy todavía “opositor”, la cuentan como “propia” aunque hay quienes plantean algún interrogante sobre “cómo jugará” con el nuevo gobierno. Las dudas surgen sobre si va a estar alineada a su ex jefe Sergio Massa, o se ubicará en una posición de independencia respecto de la gestión de Fernández, desde el espacio de Consenso Federal.

Las vacantes del Senado

En cuanto a los tres representantes del Senado - dos por la mayoría y uno por la minoría-, las dos senadoras mujeres dejan sus bancas por distintos motivos.

La radical Brizuela y Doria resultó electa intendenta de la ciudad de La Rioja, cargo que asumirá también a fin de año. Si bien formalmente su suplente es la cordobesa Laura Rodríguez Machado, del PRO, por la relación de fuerzas de los socios de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, donde son más los senadores de la UCR que del macrismo, y el hecho de que esta fuerza ya tenga el representante de Diputados, habría un acuerdo para que ese lugar sea para el radicalismo.

El nombre que estaría confirmado es el de la senadora jujeña y abogada Silvia Giacoppo. La definición no pasará del 27 de este mes, según puso saber Infobae. “La idea es que se resuelva antes de que juren los nuevos senadores el 28 de noviembre, y que el decreto que el presidente del Senado le tiene que enviar al presidente del Consejo de la Magistratura informándole la designación del bloque parlamentario, no esté firmado por Cristina”, admitieron fuentes que conocen los entretelones de ese nombramiento.

La otra senadora es Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago, que termina su mandato el 10 de diciembre. Ocupa la segunda banca por la mayoría justicialista por un acuerdo de este bloque con el gobernador de su provincia, Gerardo Zamora, y que termina su mandato el 10 de diciembre.

Su suplente es Guillermo Snopek, del Bloque Justicialista que comanda Carlos Caserio en el Senado. Ante la consulta de este medio, desde esa bancada aseguraron que la reemplazará este senador jujeño. “No hay discusión porque le corresponde hasta terminar el tiempo de mandato”, explicaron.

Sin embargo, son varios los que sostienen que el sector en la Cámara alta que responde a Cristina Kirchner podría reclamar ese lugar para alguien propio a partir del 10 de diciembre, e incluso echaron a rodar el nombre de Mariano Recalde, senador electo por la Capital. Esa especulación se resolverá cuando la ex mandataria regrese de Cuba el lunes y se defina si el futuro conglomerado oficialista en la Cámara alta funcionará como un solo bloque – el Justicialista y el kirchnerista, hoy bajo el paraguas de Unidad Ciudadana- o si lo harán como un interbloque manteniendo cada uno su independencia.

El otro representante de la mayoría justicialista en el Senado es el chubutense Mario Pais, que asumió a mitad de año como suplente de Pichetto y ya había estado en el Consejo años anteriores, y cuenta con el aval del bloque para continuar.

Los consejeros que siguen

Los otros seis integrantes que no son representantes políticos tienen mandato hasta fines del 2022 y su continuidad no depende del cambio de Gobierno.

Son los jueces Recondo, del fuero civil y comercial e integrante de la lista Bordó, el oficialismo en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín y representante de opositora Lista Celeste; y Culotta, juez federal de Tres Febrero y elegido por Compromiso Judicial, lista que surgió como una fractura de la Celeste, en desacuerdo con sus posiciones cercanas al kirchnerismo y las políticas judiciales que impulsó Cristina Kirchner.

También continúan Mas Vélez, abogado de origen radical y actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires; y Sánchez Herrero, abogada marplatense y actual vicepresidenta del Consejo, referenciada en el dirigente radical Ernesto Sanz, ex integrante del organismo.

El otro integrante que permanece es Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, electo por el sector académico.

Las próximas autoridades

El mandato de Recondo como presidente se extiende hasta el 6 de diciembre de este año. Pero todo indica que es probable que continúe hasta la semana siguiente cuando asuma Fernández en la Casa Rosada, y se realice el próximo plenario para elegir las nuevas autoridades del Consejo. “La fecha deben fijarla las nuevas autoridades y todavía no informaron nada”, señalaron fuentes del organismo.

No circularon aún nombres de quien ocupará el lugar de Recondo, ni tampoco la presidencia de las estratégicas comisiones de Acusación y Disciplina, y de Selección. Si bien la norma dice que el presidente del Consejo puede ser cualquiera de los 13 integrantes, la práctica y el “decoro” indican que deberá ser elegido entre los jueces, los abogados o el representante académico. Quedan tres semanas de negociaciones por delante entre los distintos sectores.

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