El juicio contra Lázaro Báez y sus hijos ingresó en la recta final. La particularidad de este proceso, bautizado como “la ruta del dinero K”, es que la definición se superpone con el cambio de Gobierno. Los alegatos de las querellas, a manos de tres organismos estatales, deberían comenzar el 20 de noviembre, pero todas las partes consultadas por Infobae descartan que se postergarán una o dos semanas porque todavía restan declarar varios imputados. “Las defensas están jugando a demorar los tiempos”, admitió una fuente judicial. En ese caso, los alegatos se pasarían para después del 10 de diciembre, con un recambio de autoridades en la AFIP, la UIF y la OA.
En el cronograma que maneja el Tribunal Oral Federal 4, todavía deben ampliar sus indagatorias Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, Julio Mendoza, Federico Elaskar, Fabián Rossi, Eduardo Castro y Martín Andrés Eraso (ex empleado del Lombard Odier).
La situación de Báez es una incógnita, incluso para los jueces. Hace un mes que se niega a ser trasladado a Comodoro Py. El argumento de sus abogados es que querían escuchar a todos los testigos. Esa etapa terminó el miércoles pasado, con la declaración de un empleado de un banco suizo. A Báez se le terminaron las excusas.
Elaskar tuvo un accidente doméstico y no participó de las últimas audiencias. Su abogado defensor ya anticipó que tiene mucho para contar. Solo su testimonio podría demorar una audiencia completa.
También se espera una extensa declaración del contador Pérez Gadín. En cambio, la intervención de Rossi sería muy breve: quiere responderle al último testigo, Alex Mauro, empleado del banco suizo J. Safra, quien declaró que tuvieron una reunión en Buenos Aires para abrir cuentas.
Si todos los imputados hacen uso del derecho de declarar, los alegatos arrancarían recién en diciembre.
Según pudo saber Infobae, ya quedó descartada la posibilidad de sumar audiencias en las próximas semanas para acelerar el juicio. Los tres integrantes del TOF 4 son jueces de otros tribunales y tienen su agenda saturada.
Con ese panorama, los alegatos de las querellas se darían con nuevas autoridades en los tres organismos que acusan. Primero le toca a la UIF, luego a la OA y por último a la AFIP.
¿Qué van a hacer las nuevas autoridades?, es la pregunta que recorre el juicio y no encuentra respuesta. Ni siquiera se sabe quiénes quedarán a cargo de esos tres organismos.
Todas las fuentes consultadas por este medio admitieron que hay poco margen para cambiar a los abogados o incluso para modificar el alegato con tan poco tiempo. “Puede llevar un mes hacer un nuevo alegato y es muy difícil para alguien que no participó del juicio”, admitió uno de los querellantes.
La opción más radical sería desistir de alguna querella o abstenerse de acusar. El costo político sería muy alto para un gobierno recién asumido, pero nadie se anima a descartarlo.
El cambio de autoridades no es automático en el caso de la UIF. “Hay que cumplir con un proceso legal de consulta ciudadana”, explicó una fuente del organismo anti lavado. Por ese motivo, el mandato de las actuales autoridades vence el 26 de enero. En ese caso, el margen de maniobra parece más recortado.
Báez habló hace una semana desde la cárcel y se mostró esperanzado sobre su futuro judicial. Pero en su interior sabe que Alberto Fernández no moverá un dedo a favor suyo.
En Tribunales ya se descarta que habrá condenas. Las pruebas acumuladas son abrumadoras.
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