Son 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales con dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado que están en condiciones de ser aprobados. Se suman a otros 128 pliegos de magistrados enviados por el Poder Ejecutivo que aún no fueron tratados en esa Comisión. Pero según pudo saber Infobae de fuentes parlamentarias, ninguno de ellos tendrá tratamiento hasta después de la asunción del nuevo gobierno, “Todo se posterga hasta después del 10 de diciembre”, le dijeron a Infobae dos altas fuentes de la Cámara alta, del actual y del futuro oficialismo.
Esos pliegos están destinados a cubrir gran parte del total de 240 vacantes en Juzgados, Tribunales orales y Cámaras nacionales y federales que hay a la fecha en todo el país, sobre un total de 977 cargos. Varias de ellas en Salta y Jujuy, donde ya comenzó a regir el nuevo Código Penal y son necesarios más jueces.
Es muy factible que muchos de ellos -si no todos- sean retirados y vuelvan a pasar por la mirada del futuro presidente, una práctica usual cuando hay un recambio del Ejecutivo. “Todo presidente que gana quiere tener margen para retirar los pliegos ya enviados por el Ejecutivo anterior, y en ver si luego, tras evaluarlos, elige otro candidato de la terna”, reconoce el senador peronista Rodolfo Urtubey, presidente de la estratégica Comisión de Acuerdos, que dejará su banca a fin de año al finalizar su mandato.
Así lo hizo el propio Mauricio Macri cuando asumió y retiró del Senado todos los pliegos de candidatos para la Justicia que todavía no habían sido tratados. Fueron una treintena, muchos de la agrupación simpatizante del kirchnerismo Justicia Legítima. Entre ellos estaban los de Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse, los dos candidatos a la Corte Suprema propuestos por Cristina Kirchner. Macri decidió reemplazarlos por los actuales miembros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que primero nombró por decreto y luego debió someter a la aprobación de los dos tercios de la Cámara alta requeridos para la designación de integrantes del Máximo Tribunal.
Sin embargo, el retiro no implica que los candidatos propuestos por el Ejecutivo saliente no tengan más chances de acceder a la magistratura. Significa que el nuevo presidente quiere revisar cada uno de los candidatos para luego decidir si vuelve a enviar esos mismos nombres u otros de las ternas elevadas al Ejecutivo por el Consejo de la Magistratura de la Nación. De hecho, Macri en muchos casos volvió a mandar los mismos que había elegido Cristina Kirchner antes.
Cada una de esas ternas fue conformada a partir de los mejores puntajes obtenidos por los candidatos, luego de sus respectivos concursos llevados adelante por ese organismo, que incluye un examen escrito, una entrevista oral y una evaluación de los antecedentes profesionales y académicos.
“La terna es vinculante y el proceso de selección conserva su validez, no se puede dar marcha atrás con eso, por lo que el radio de acción no es tan grande”, advierte Urtubey ante Infobae. ¿Podría elegir a otro candidato de la lista complementaria? “Sería difícil, el peronismo cuestionó mucho al actual Ejecutivo por haber abusado de la lista complementaria al alterar la elección de uno de la terna elevada. No sería coherente recurrir a eso tampoco”, sostuvo el senador salteño.
Ese fue uno de los motivos por los que el bloque justicialista no quiso acompañar varios de los nombre propuestos por Macri. Uno de los principales objetores de ese mecanismo fue el senador peronista Mario País, a su vez actual integrante del Consejo de la Magistratura, quien siempre advirtió que “vulnera la Constitución Nacional".
La última aprobación de pliegos fue el 16 de julio de este año, cuando el Senado le dio luz verde a 12 para Juzgados o Tribunales considerados “no conflictivos”, del fuero civil y laboral de la Capital en su mayoría, y de Tribunales Orales en San Juan y La Rioja. Desde entonces, no se trató ninguno más. Y la última reunión de la Comisión de Acuerdos en la que se hizo la audiencia pública para escuchar a una decena de candidatos a magistrados fue el 27 de junio pasado. “No va a haber ninguna otra hasta la renovación de la Cámara”, admitió un senador peronista que la integra.
Nombres bajo la lupa
Según pudo saber este medio, desde el entorno de Alberto Fernández no tendrían la intención de “retirar todos los pliegos”, sino ver caso por caso.
Uno de los cargos clave a cubrir es el cotizado Juzgado Federal Nº1 de La Plata, con competencia electoral en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, que alberga al 37% del padrón nacional. Si bien el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, había quedado primera en la terna elevada por el Consejo de la Magistratura, Macri eligió seleccionó a Laureano Durán, quien había quedado tercero y es actualmente secretario de la Cámara Penal de La Plata.
Durán ya había sido subrogante de ese Juzgado durante las elecciones del 2015, impulsado por el kirchnerismo, sin que recibiera objeciones por su desempeño de las distintas fuerzas políticas. El nombre de Durán habría contado con la aprobación de María Eugenia Vidal, probablemente pensando que no iba a tener que dejar la Gobernación el 10 de diciembre.
Aunque ya sin chances de que se traten antes del 10 de diciembre, tres días después de las elecciones del 27 de octubre, Macri envió a la Comisión de Acuerdos del Senado los pliegos de los candidatos para cubrir cuatro vacantes en las Salas I y III de la Cámara Nacional de Casación en lo Penal y Correccional. Entre ellos está el de Daniel Rafecas que quedó primero en la terna.
Actual titular del Juzgado Federal Nº 3 de los Tribunales de Comodoro Py, su nombre suena fuerte como el elegido por Alberto Fernández para procurador general, cargo ocupado en forma interina desde noviembre de 2017 por Eduardo Casal, procurador ante la Corte Suprema. Los otros tres candidatos para completar las vacantes del máximo tribunal penal de la Ciudad de Buenos Aires son Patricia Llerena, Mauro Antonio Divito y Nicolás Grappasonno.
Lo cierto es que el destino de Rafecas, sea como procurador o como integrante de la Cámara de Casación Nacional, ya no estará en Comodoro Py. Dejará así vacante uno de los 12 juzgados federales de primera instancia en la Capital, que tienen a cargo las causas de corrupción contra funcionarios públicos.
Hay otros candidatos a jueces cuyos pliegos ingresaron el año pasado o éste, pero que -pese a tener dictamen de la Comisión- fueron objetados por un sector del peronismo y/o el kirchnerismo y no llegaron a tratarse en el recinto. Uno de los que estarían entre los “revisados” es el actual fiscal del fuero de Instrucción Ignacio Mahiques, candidato al Juzgado Federal de Mercedes, en la Provincia.
Como fiscal ad-hoc, colaboró con Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Federal Nº 11 en acusar a Cristina Kirchner en la causa por el direccionamiento de la obra pública y el expediente en conocido como Hotesur. Enviado por Macri en 2018, fue un los pliegos que trabó la aprobación de otra veintena en mayo pasado. Mahiques es hijo de Carlos Mahiques, actual presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y ex ministro de Justicia de Vidal, y hermano de Juan Bautista, flamante fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro es el pliego de Juan Rodríguez Ponte, que fue el postulante elegido por el Ejecutivo para el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora. Es el actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), a cargo de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia, que quedó en la mira del kirchnerismo por la filtración de conversaciones privadas. Entre otras, las de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.
Un tercer pliego sobre el que habrá interrogantes es el de Germán Manuel Moldes, candidato para la Sala II de la Cámara Federal de San Martín e hijo de Germán Moldes, ex fiscal ante la Cámara Federal, y uno de los que lideró el reclamo por el esclarecimiento de la muerte de su colega Alberto Nisman.
Una poderosa fiscalía vacante
Moldes padre, recientemente jubilado, fue quien sostuvo la reapertura de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán, en el que será juzgada en juicio oral la hoy vicepresidenta electa.
El ex fiscal Moldes efectivizó su renuncia a partir del 1 de noviembre y es uno de los más cargos de mayor poder dentro del Ministerio Público Fiscal a cubrirse en la próxima gestión. Como único fiscal ante la Cámara Federal, es quien decide si corresponde mantener o desistir de las apelaciones de los fiscales de primera instancia contra los fallos de los doce jueces de Comodoro Py. También tiene la atribución de recurrir -o no- los fallos de ese tribunal ante la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal. Moldes venía siendo reemplazado desde que pidió licencia médica en septiembre por el fiscal general adjunto José Luis Agüero Iturbe. Esta vacante se suma a las más 90 de fiscales sin titular que tiene hoy la Procuración.
También serán mirados con lupa los candidatos a jueces federales en las provincias, ya que son quienes intervienen en causas donde están involucrados funcionarios públicos y tienen competencia electoral. Es el caso de la candidata Viviana Geroldi, elegida por Macri para ocupar el Juzgado Federal de primera instancia de Río Gallegos, en el distrito de los Kirchner. Actualmente es secretaria del Juzgado Federal Civil y Comercial Nº2 de San Martin, en la provincia de Buenos Aires.
También los pliegos de jueces del fuero Contencioso Administrativo, de poca visibilidad pero de gran trascendencia por ser los que intervienen cuando está el Estado de por medio. Esos Tribunales definen la suerte, por ejemplo, de cuestiones dinerarias, en las que están involucradas empresas contratistas del Estados o concesionarias de servicios públicos.
Pliegos en manos del actual Ejecutivo
Más allá de los pliegos que descansan en el Senado y cuyo destino deberá evaluar el próximo presidente a partir del 10 de diciembre, el Ejecutivo tiene actualmente otras 5 ternas en su poder sobre los que aún Macri no eligió candidato o candidata.
Una se refiere a la vacante en la Cámara Nacional Electoral (CNE), que se produjo en enero de 2016 a partir del fallecimiento del camarista Rodolfo Muné, a los 87 años. La CNE es la instancia judicial que tiene la última palabra a la hora de dar luz verde o frenar las maniobras electorales de los partidos políticos; aprobar candidatos, listas o boletas; resolver cuestiones vinculadas a la vida interna de los partidos; o, por ejemplo, avalar un cambio en el sistema de votación.
La terna fue elevada por el Consejo de la Magistratura en mayo del año pasado, pero Macri nunca mandó un candidato al Senado. ¿El motivo? El Ejecutivo tenía la intención de proponer al actual secretario de Ejecución Judicial de la CNE, Hernán Goncalvez Figueiredo, que se especulaba tenía la venia del peronismo, pero se encontró con la oposición de sus socios del radicalismo que impulsan a Alejandra Lázaro. También secretaria de la Cámara, quedó en primer lugar de la terna y sería la primera mujer en integrar la CNE.
“Es un cargo de mucha trascendencia institucional por ser la única instancia superior en temas electorales, en un país como el nuestro, que no es Suiza”, le dijo un importante dirigente de la UCR a Infobae. El otro candidato de esa terna es el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, que contaría con el aval de “los gobernadores del PJ”. La disputa entre los socios de Cambiemos no fue saldada y el Ejecutivo no mandó ningún pliego a la Cámara alta. La decisión la tendrá Alberto Fernández.
Las otras 4 ternas en poder del Ejecutivo sobre las que aún Macri no resolvió, son para cubrir dos Juzgados civiles en Catamarca, un cargo en la Cámara de Salta y otro en el Juzgado Nº2 de Jujuy .
Concursos y vacantes estratégicas
Más allá de las ternas ya conformadas por orden de mérito, en las que las opciones del próximo Presidente se reducen a quienes las integran, hay actualmente otros 102 concursos en trámite en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Varios están demorados o trabados, pese a que son para cargos clave que hoy no tienen juez. El dato no es menor porque en la conformación de la terna podría tener alguna injerencia el próximo gobierno. Si bien se supone que el proceso está a cargo del Consejo de la Magistratura y se realiza a través de un concurso público por oposición, siete de sus integrantes son políticos, del oficialismo y la oposición.
En el mientras tanto, los cargos son subrogados por otro magistrado, con la consiguiente sobrecarga de trabajo que se traduce, por un lado, en una mayor demora en la aplicación de Justicia, y por el otro, en la concentración de decisiones judiciales -y poder- en menos manos.
Es el caso de las dos vacantes en la Cámara Federal del fuero penal de la Capital, que es la que revisa todas las decisiones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py. Fueron generadas por la renuncia de Horacio Cattani en la Sala II, que renunció a principios del año pasado, y la de Eduardo Farah, en la Sala I, forzada por el Gobierno luego del fallo que dejó libre al empresario Cristóbal López y le cambió la carátula por la evasión de $8.000 millones del impuesto a los combustibles. Farah pidió su traslado a la Cámara Federal de San Martín, un cargo de menor exposición pública y más alejado de los avatares políticos.
Ese concurso está frenado en el Consejo a la espera de la entrega del puntaje por evaluación de antecedentes que está en manos del consejero y diputado kirchnerista Eduardo “Wado” De Pedro desde diciembre último.
A esas dos vacantes se podrían sumar otras dos en la Sala I del mismo Tribunal si el próximo Consejo de la Magistratura decide dar marcha atrás con el traslado de dos jueces de los Tribunales Orales Federales (TOFs) a la Cámara.
Esa vía para ocupar una vacante -a la que recurrió el macrismo en varias oportunidades y muy cuestionada por la oposición- es considerada excepcional, ya que solo requiere la recomendación del Consejo de la Magistratura y la aprobación del Ejecutivo, sin pasar por el Senado. Se trata de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que pasaron a integrar la Sala I luego de la destitución de Eduardo Freiler -removido a través de un juicio político impulsado por el oficialismo- y de Jorge Ballestero, que renunció luego de que se impulsara una investigación en su contra en el Consejo, por el falló que benefició a Cristóbal López.
Según las fuentes que se consulten, hay quienes en el Consejo dicen que Bruglia y Bertuzzi estarían “en la cuerda floja”, mientras otros aseguran que cuentan con el aval de la Corte para permanecer en sus cargos.
A su vez, hay otras cinco vacantes en los Tribunales Orales Federales que están en los pisos superiores del edificio de Comodoro Py y que son los que están llevando los juicios contra la ex mandataria Cristina Kirchner en la causa de direccionamiento de la obra pública, y contra el empresario Lázaro Báez, por lavado de activos en la “ruta del dinero K”. Una de esas vacantes es en el TOF 2, dos en el TOF 4, una en el TOF 5 y otra en el TOF 6.
El concurso está en instancia de evaluación de impugnaciones desde mayo de este año, a cargo de los consejeros De Pedro y el juez Ricardo Recondo, actual presidente del Consejo de la Magistratura. Si bien, una vez concluidos, no alterarían la actual composición de los TOFs que están llevando adelante esos juicios, sí la integración de los futuros que aún no comenzaron contra ex funcionarios kirchneristas, o que aún no llegaron a esa instancia, como podría ser el caso de causas contra funcionarios del actual Gobierno.
En los Tribunales Federales de Retiro hay otra vacante importante más para la política: el Juzgado Federal Nº 12, cuyo titular Sergio Torres fue nombrado juez de la Corte de la Provincia de Buenos Aires por María Eugenia Vidal. Ese concurso está aún en etapa inicial. Se tomó examen a los aspirantes una semana antes delas elecciones y debe sortearse el consejero que evaluará los antecedentes de los postulantes. Hasta el año que viene, no estará resuelto. Será otro de los cargos clave en la Justicia que deberá cubrir Alberto y que estará atravesado por la política.