Escándalos en la Comisión Provincial por la Memoria: una larga historia de irregularidades presupuestarias y desvíos de su función

Una fuerte polémica se desató en torno a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo público autónomo y autárquico creado en la provincia de Buenos Aires para “promover e implementar políticas públicas de memoria y derechos humanos”. También para impulsar los “Juicios por la Verdad”, que se llevaron adelante en la ciudad de La Plata contra los integrantes de las fuerzas de seguridad y militares que cometieron aberrantes crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Las críticas contra la Comisión se desataron por su participación en el denominado “Caso D’Alessio”, en el cual, a solicitud del Juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, elaboró un informe analizando la actividad de varios periodistas. Los cuestionamientos escalaron al punto que desde la Cámara de Diputados bonaerense se pidió “suprimir por ley" a la CPM, después que el organismo no contestara un pedido de informes de ese cuerpo “por auditar a periodistas”.

El polémico informe de la CPM avanzó sobre la libertad de la prensa, la preservación de las fuentes y la libertad de expresión. Por esta razón, Silvana Giudici, titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), pidió la intervención de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En diálogo con Infobae, Graciela Fernández Meijide, ex legisladora, referente en la defensa de los derechos humanos en la Argentina y ex integrante de la CONADEP, se manifestó “escandalizada” por el hecho. "Es absolutamente inaceptable que la Comisión por la Memoria investigue el trabajo de los periodistas”, opinó.

Meijide cuestionó la competencia de la CPM para esas tareas: “La Comisión se creó cuando se habían terminado las posibilidades de ir a la Justicia por temas del terrorismo de Estado, después de los indultos. Inclusive Estela de Carlotto se separó porque con los fondos públicos que se asignan a la CPM se estaban realizando cosas no relacionadas con los motivos de su creación”.

¿Millones fuera de control?

Una investigación de Infobae reveló que la polémica Comisión Provincial por la Memoria maneja un presupuesto de más de 124.000.000 millones de pesos anuales. De esa partida, derivó dinero hacia las tareas de consulta que le solicitó Ramos Padilla, y que nada tienen que ver la “Memoria” o con los crímenes de lesa humanidad.

La planta de personal de la CPM es de 113 personas y los sueldos oscilan entre los 28.000 y los 96.000 pesos. El 77% de los fondos que se le asignan, se destinan al pago de esos honorarios.

La rendición de gastos del organismo fue cuestionada en varias oportunidades por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.

El titular de la Comisión es el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Hace 16 años que ocupa esa función, desde que la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, renunció porque le “falsificaron” su firma para justificar abultadas erogaciones de dinero, entre otras supuestas irregularidades.

Pérez Esquivel no está solo en la CPM. Lo rodea un selecto grupo de autoridades provenientes de distintas disciplinas. Son, según se presentan en su página web, “referentes de organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos”.

Susana Méndez, es la vicepresidenta del organismo. Es licenciada en Psicología. Fue coordinadora del equipo de educación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Roberto Cipriano García es el secretario. Es abogado y psicólogo social del Centro de Estudios en Psicología Social de la misma ciudad La Plata. Trabajó y dirigió el Comité contra la Tortura de la CPM entre los años 2005 y 2013.

El sacerdote José “Pepe” Di Paola, es el prosecretario. Durante 13 años estuvo a cargo de la parroquia de la Villa 21. Creó el Hogar de Cristo, un programa de recuperación de la adicción a las drogas de la Parroquia Virgen de Caacupé del barrio porteño de Barracas.

El tesorero es Ernesto Alonso. Excombatiente de Malvinas. Fue socio fundador del CECIM (Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas).

Le siguen otros 10 “integrantes" sin cargo específico: María Sonderéguer, Luis Julián Lima, Elisa Carca (en licencia), Carlos Sánchez Viamonte, Ana Barletta, Dora Barrancos, Yamila Zavala, Nora Cortiñas y el sindicalista Víctor Degenaro.

Otras cuatro personalidades integran el staff de “consultores académicos”. Ellos son: Baltazar Garzón, el ex juez de la Audiencia Nacional de España; el holandés Theo Van Boven, profesor de derecho internacional y comisionado especial contra la tortura de las Naciones Unidas; Antonio G. Quintana, funcionario del Estado español en el cargo de director de la Sección “Guerra Civil” del Archivo Histórico Nacional; Patricia Funes, historiadora; y monseñor Miguel Hesayne, que fue Obispo de Viedma por muchos años, es miembro emérito.

La lista continúa con el “Staff directivo", integrado, entre otros, por Sandra Raggio, como “directora general de áreas”, y otras 24 personas.

“La CPM debe ser disuelta”

La Comisión quedó en la picota después que el juez Ramos Padilla, en vez de solicitar a peritos informáticos y otros expertos analizar los chats y demás comunicaciones del falso abogado detenido Marcelo D’Alessio, a quien investiga por presunto espionaje ilegal y extorsión a empresarios vinculados a la “causa de los cuadernos”, se lo requirió al organismo encargado por velar por los derechos humanos y las libertades.

El resultado final fue un paper de 200 folios en el cual la CPM señala a un grupo de periodistas por participar, junto al falso letrado de una “posible interacción de inteligencia ilegal” para realizar “acción psicológica” sobre la población.

Entre los periodistas que habrían colaborado con el presunto agente inorgánico de la ex SIDE, el informe de Pérez Esquivel menciona a Daniel Santoro, de Clarín -ya procesado en el expediente-, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo Laborda.

De modo inentendible, califica de “ilegales” las técnicas del periodismo de investigación, tal como advirtieron, en un fuerte reclamo, FOPEA y otras entidades periodísticas y empresariales, interpretando que las definiciones del organismo “son tan vagas” que “abarcarían la actividad de cualquier periodista de investigación”.

El dictamen, firmado entre otros por el Premio Novel de la Paz, parece avanzar hacia la criminalización de una profesión que goza de protección constitucional.

La resolución legislativa 2117 de 1999 de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que creó la Comisión Provincial por la Memoria, y por la cual se la dota de recursos públicos, no menciona entre sus atribuciones la realización de este tipo de peritajes. Tampoco lo hace ley provincial 12.483 que ratificó la fundación del organismo, ni la ley modificatoria 12.611, ambas del año 2000.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también juzgó como “grave e insólita” la medida del juez Ramos Padilla de pedir a la CPM que opine si hubo “operaciones de acción psicológica” en distintas notas por considerar que “busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística, debilitando su rol institucional en democracia”.

La presunta intromisión en temas que no le correspondería abordar mereció primero un pedido de informes y después la solicitud de la “disolución por ley” de la CPM por parte del diputado de Cambiemos, Guillermo Castello.

Quizás porque informar sobre presuntas irregularidades en el interior de organismos que llevan el sello de los derechos humanos no está bien visto, ninguno de los dos reclamos tuvo mayor repercusión.

El pedido de informes que hasta ahora no respondieron las autoridades de la CPM es claro y preciso. El diputado Castello quiere saber si “la aceptación y posterior realización de un informe judicial en el que se le solicita describir ‘todas aquellas operaciones de acción psicológica’ de un periodista es compatible con los derechos constitucionales a la libertad de expresión y protección del secreto de las fuentes de información periodística y los objetivos de la Comisión, en particular el de ‘construir una sociedad coherente con los valores democráticos y humanitarios de tolerancia y solidaridad’”.

También pregunta si “entre las atribuciones de la Comisión se encuentra la de realizar auditorías de periodistas y/o medios de comunicación”; y le pide a Pérez Esquivel y, entre otras autoridades, a Sandra Raggio, que “enumere los expedientes judiciales en los que haya emitido informe sobre la actuación profesional de algún periodista y/o medio de comunicación y/o haya accedido a las fuentes de información periodística, detallando causa judicial, juzgado interviniente y periodista o medio analizado”.

Además, que se “consigne la identidad de las personas que intervinieron en el informe que les fuera requerido en la causa judicial ‘D´Alessio, Marcelo Sebastián s/ Asociación Ilícita y otro’, Nº 88/2019 por parte del magistrado interviniente, Alejo Ramos Padilla, detallando la profesión o conocimientos que las harían idóneas para la labor requerida”.

En diálogo con Infobae, Sandra Raggio, directora general de Promoción y Transmisión de la Memoria de la CPM, aseguró que al elaborar el informe para el magistrado no se excedieron en las atribuciones que marca la ley porque “uno de los ejes de trabajo centrales del organismo ha sido las acciones de inteligencia estatal llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad". "Somos un organismo que se ha especializado en la temática y desplegado importantes líneas de investigación y de trabajo que desarrollan equipos profesionales idóneos y de gran experiencia -siguió diciendo-. Esto permitió comprender que las tareas de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), vinculadas a la producción de información, así como a la acción de inteligencia ,fue una constante desde su creación en 1956”.

--¿Entonces ustedes comparan la actividad periodística con la que realizaba la policía de Camps durante la dictadura militar?, preguntó este medio.

--En la causa que investiga el juez Ramos Padilla sobre una red de inteligencia ilegal, solo se analizó el fondo documental aportado por el Juzgado. En ningún momento se analizaron artículos periodísticos o se realizó control ideológico de la prensa. Tampoco se investigó ni informó sobre acciones psicológicas. Todo esto fueron construcciones malintencionadas que faltan a la verdad. El organismo ha manifestado públicamente que está en contra de una supuesta “CONADEP contra periodistas”. Desde la CPM rechazamos esta o cualquier iniciativa que pretenda perseguir o emprender una suerte de caza de brujas contra el periodismo. Como organismo que defiende los derechos humanos y la democracia, defendemos la libertad de expresión como un bien que garantiza el derecho a la información de toda la sociedad.

La respuesta de Raggio no se puede contrastar contra el informe ya que éste es de carácter reservado y el magistrado hasta ahora se negó a difundirlo. Este medio también quiso saber quiénes intervinieron en la elaboración del informe. La respuesta de la directora del organismo no arrojó luz sobre este punto. “Los informes presentados al Juez Ramos Padilla fueron elaborados por los equipos técnicos de la institución”, respondió de manera escueta.

¿Cuáles son esos equipos técnicos? ¿quiénes los integran? ¿Qué perfil tienen? ¿Cual es su capacitación para realizar la tarea y elaborar cargos?

Esas preguntas, al menos por ahora, no tienen respuesta.

“Oscurantismo y privación a la comunidad”

--¿Por qué razón solicitó la disolución de la CPM?, le preguntó este portal al diputado Castello.

--Porque la Comisión Provincial por la Memoria tiene totalmente desnaturalizados sus objetivos. La parcialidad y vaguedad de la redacción legislativa habilitaban desde el inicio una tendencia hacia la utilización política del organismo llegándose recientemente a extremos que hacen insostenible la permanencia de un ente que, financiado con recursos públicos, se colocó al servicio de políticas y movimientos autoritarios, contrarios al Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Es decir que, hoy por hoy, la Comisión ha terminado defendiendo lo que vino a combatir. El análisis de la actuación de un periodista por parte de un organismo estatal no judicial constituye un acto de extrema gravedad, violatorio de uno de los más sagrados principios contemplados al crear la Comisión, como el de la libertad de expresión.

--¿Qué opinión le merece que no se haya difundido el informe?

--No deja de llamar la atención que la Comisión, que se dice preocupada por la cosa pública, no difunda el informe ni brinde mayores precisiones acerca de los presuntos delitos de corrupción que habría detectado. Esta opacidad conspira claramente contra cualquier atisbo de transparencia y de lucha contra la corrupción.

Fondos millonarios

Hasta ahora, eran relativamente desconocidos para el gran público el presupuesto y la estructura de la Comisión Provincial por la Memoria.

Al ser consultada sobre el tema presupuestario, Graciela Raggio confirmó los números consignados más arriba y dijo que el presupuesto del año pasado fue de 94 millones de pesos, y el del año anterior de 71 millones de pesos.

--¿No es mucho dinero y demasiados empleados para un organismo que se superpone en tareas con la Secretaría de Derechos Humanos?

--En cuanto a que tenemos mucho presupuesto vale consignar que la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia tiene 950 millones y la Defensoría del Pueblo 650 millones. Somos uno de los organismos públicos de la provincia con menos presupuesto asignado.

--¿Y esa cantidad de personal, los 113 del staff, en qué trabaja?

--La Comisión tiene 15 programas de trabajo, organizados en cuatro áreas: Archivo, Educación e Investigación, Comité contra la Tortura ; Justicia y Seguridad democrática y Comunicación y Cultura.

--¿Y en qué se utilizan los fondos y desde que repartición del Estado provincial son girados?

--El 77 por ciento de los fondos se utilizan para salarios. El 5 % son para funcionamiento, como pago de servicios, mantenimiento, y otros, y el 18% para gestión de los 15 programas de trabajo como por ejemplo la gestión del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense, abierto al público y sobre el que realizamos actividad de peritaje para los juicios por los crímenes de lesa humanidad.

Irregularidades en las rendiciones de cuentas

Según la documentación del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, a la que accedió Infobae, la CPM presentó falencias en la justificación de sus balances, aunque siempre fueron aprobados.

Uno de ellos es el que corresponde al “expediente 2-286.0-2010” que se terminó resolviendo el 26 de junio de 2012. Allí se destaca que se “confirmaron las observaciones del ejercicio no subsanadas”, por casi 80.000 pesos. En la resolución se marcan irregularidades tales como “órdenes de pago mal confeccionadas”, “órdenes de pago sin autorización del responsable”, “órdenes de pago con documentación respaldatoria faltante y que no justifican la diferencia de rendición”, “órdenes de pago con comprobantes de meses posteriores” y hasta “gastos rendidos que no corresponden al uso de Fondos Fijos o Cajas Chicas”.

Ante estas faltas, que no fueron subsanadas, el Tribunal de Cuentas impuso multas dinerarias a los responsables de haber causado “daño patrimonial” al Estado provincial. Ellos son “los señores Presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Omar Cañón y la señora Elizabeth Martha Rivas”.

Reggio reconoció estas actuaciones, pero explicó que finalmente se subsanaron los reclamos con una nueva presentación de documentación.

“Solo en 2.010 se formuló un cargo patrimonial mediante Fallo 343/2012 del HTC, por un monto de $ 78.563,56, el que luego fue dejado sin efecto a partir de las aclaraciones formuladas por el organismo”, dijo.

Según lo acreditado por Infobae, la controversia recién se saldó cuatro años después, en 2014, a través del fallo 583/2014, y a Pérez Esquivel y a otros dos directores se les impusieron multas de menos de 5.000 pesos.

El “factor” Carlotto

Uno de los puntos nunca aclarados de manera cabal fueron las denuncias por la utilización irregular de fondos formuladas en 2003 por la entonces presidenta de la CPM, Estela de Carlotto.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo anunció que dejaba la Comisión en disconformidad con el manejo de “fondos del pueblo” en esa entidad, y denunció que le falsificaron la firma en comprobantes “para solicitar dinero, sueldos onerosos para funcionarios del equipo técnico y la creación de organismos fantasmas que fueron financiados con dineros públicos”.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, las gravísimas acusaciones de Carlotto no merecieron la intervención de oficio de ningún fiscal platense.

"El presupuesto otorgado a la Comisión Provincial por la Memoria debió haber sido administrado con mejores criterios", escribió Carlotto en su carta de dimisión.

Por el escándalo, el gobernador bonaerense Felipe Solá intentó quitarle la autonomía a la CPM y ponerla bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular era Remo Carlotto, el hijo de Estela.

Ofuscados con la medida, una delegación de la Comisión por la Memoria se entrevistó en la Casa Rosada con el presidente Néstor Kirchner. Ente café y agua mineral, acusaron al gobernador de querer “quitarle autonomía” al organismo. Los funcionarios se marcharon de Balcarse 50 con la idea que le habían torcido el brazo al gobernador Sola, y fue así.

Dos días más tarde, la CPM aceptó la renuncia de Carlotto y ocupó su lugar Pérez Esquivel.

Felipe Sola, por su parte, tuvo que conformarse con la decisión de que, a partir de ese 2003, los cuestionados balances de la Comisión serían auditados por el parlamento bonaerense y el Tribunal de Cuentas.

La falsificación de la firma de Carlotto nunca fue investigado por la justicia.

Recién cuatro años después, el Tribunal de Cuentas descubrió algunas irregularidades en las rendiciones de la CPM, pero nada que se acercase a los 900.000 pesos denunciado por la titular de Abuelas.

Según los documentos que obtuvo este medio, el Tribunal de Cuentas confirmó “las observaciones formuladas sobre las Ordenes de Pago N° 5, 70, 400, 401 y parcialmente la Orden de Pago N° 148” y “la desaprobación de dichas erogaciones y la declaración de responsabilidad patrimonial en forma solidaria”, de varios de los integrantes de la Comisión Provincia por la Memoria.

Como en 2010, aquí también las multas para los infractores fueron nimias.

-¿En que quedó la denuncia de Estela de Carlotto sobre la deficiente utilización del presupuesto y la falsificación de su firma?, preguntó Infobae a la directora de la CPM,

--Estela de Carlotto nunca presentó una denuncia formal en la justicia ni tampoco al plenario de la Comisión. No obstante, la CPM decidió convocar al economista Gak para realizar una auditoría interna. La conclusión fue que no había faltante de dinero, pero nos recomendó mejoras en los circuitos administrativos que se pusieron en práctica, respondió.

Una vez más: ningún juez o fiscal se interesó por investigar las denuncias de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Nada impide hacerlo y mucho menos si se trata de firmas truchas y dinero de los impuestos de los ciudadanos.

Mientras se espera un nuevo dictamen del Tribunal de Cuentas bonaerense sobre los balances de la CPM; la polémica por la actuación en el Caso D’Alessio por un organismo que debe velar por la memoria de los derechos humanos y las libertades individuales, sigue sumando voces contrariadas.

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