Los desafíos en seguridad que enfrentan los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof

El 29 de septiembre último en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, el presidente electo Alberto Fernández encabezó un acto en homenaje a quien llamó su maestro, el fallecido ex procurador Esteban “Bebe” Righi, predecesor de Alejandra Gils Carbó, que dejó su cargo en 2012 entre tensiones con el poder kirchnerista de aquel entonces.

Fernández evocó al pasado en su discurso, pero lo que dijo esa noche ya no se lee de una sola forma. “El derecho penal es un conjunto de normas que le ponen límites al Estado. En una República todos somos libres y a través del derecho penal le decimos al Estado cuándo puede castigarnos”, citaba el presidente electo a Righi, para luego asegurar que al Estado "se lo debe evaluar por cuál es su herencia en materia de seguridad y cárceles”. La evocación a la figura del ex procurador, históricamente considerado un garantista en términos jurídicos, contrasta con la era Bullrich y lo que se llamó la doctrina Chocobar, el apoyo del Ministerio de Seguridad a efectivos de las fuerzas de seguridad llevados a juicio por matar a delincuentes, sus sobreseimientos y absoluciones.

En términos de los cálculos políticos obvios todo se reduce a un candidato. ¿A quién quiere Fernández para ministra o ministro de Seguridad de la Nación? La misma pregunta va para Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Poco después de las PASO, cerca del próximo gobernador hablaban de algunos nombres ya clásicos en la seguridad kirchnerista combinados a una mesa que también integraba a especialistas en la materia de las universidades nacionales del conurbano, pero no mencionaban ninguna figura central y fuerte. La versión perdió fuerza con el tiempo. De vuelta al futuro gabinete en la Casa Rosada, la incertidumbre es igual. Un nombre de las viejas órbitas alrededor de Cristina Kirchner arriesga lo mismo, que “no hay candidato” y que “va a haber un consejo”.

Otros apuestan a un balance de fuerzas en un mapa más complejo. “¿Qué va a pasar con la AFI, Procuración y Comodoro Py?", dice una conocida fiscal que conoce bien el entramado del poder. Un armador que se mueve entre las filas del Frente para Todos asegura: “Lo único que hay son especulaciones desconectadas del centro. Lo que venga está solo en la cabeza de Alberto. Va a tener que apoyarse en los gobernadores. Suenan nombres, pero son bullshit”.

El sucesor, o la sucesora, de Patricia Bullrich o Cristian Ritondo es un tema pendiente. Por otra parte, que Fernández haya mencionado frente a un auditorio lleno en la Facultad de Derecho a la seguridad y al sistema penitenciario -las causas en trámite y los presos por esas causas- como la herencia efectiva de un gobierno es por lo menos significativo.

Cambiemos insistió históricamente con la baja del delito en su gestión, la gestión Ritondo asegura haber incautado 75 toneladas de marihuana y 6 de cocaína, con 148 búnkers de dealers barriales derribados. Mientras tanto, el informe anual del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires para 2018 marca un aumento en casi todos los rubros delictivos con respecto al año anterior: hubo 52 mil causas más en las fiscalías de la provincia que en 2017 según el organismo dirigido por Julio Conte Grand.

Los expedientes por homicidios en ocasión de robo aumentaron, de 25 casos a 36, con una leve baja en otros segmentos. También se roba más en territorio bonaerense, en general. El robo simple aumentó un 17,2%, a mano armada un 3,8%. Las causas por hurto, 67 mil el año pasado, crecieron casi un 30 por ciento. Los expedientes por abuso con acceso carnal aumentaron también: 15,6%, 1545 números de IPP iniciados en las fiscalías provinciales. Las denuncias de delitos contra la administración pública subieron casi un 12% en la variación interanual, 33 mil casos en 2018.

Los delincuentes también se adaptan, el secuestro extorsivo, prácticamente desapareció de las estadísticas, un delito que garantiza penas altas. Fue reemplazado por otro delito particularmente sensible para la crisis en donde abunda el dinero en colchones y cajas fuertes fuera del sistema bancario: la estafa, llevarse el dinero de otro mediante ardides y engaños. En 2017 hubo 8.346 causas de acuerdo al informe de la Procuración, con 12.971 iniciadas el año pasado, un aumento del 55,4%. Los delitos contra la fe pública, la falsificación de billetes, subió también más de un 50%.

Las nuevas subas y singularidades en las estadísticas obligan a pensar el delito de una forma ágil, más allá de la costumbre argentina de lidiar con las situaciones solo cuando explotan: los problemas más graves que los cuentos del tío y los billetes truchos también se reconfiguran en nuevas formas. Los históricos capos narco de las villas porteñas como “Marcos” Estrada González y César Morán de la Cruz, hoy presos, enfrentan largos juicios o duras condenas: Morán de la Cruz, sospechado de estar detrás del triple crimen en la Villa 31 en donde tres cadáveres fueron incinerados en un carrito de cartonero, fue condenado a cadena perpetua en Bahía Blanca por mandar a matar a una mujer.

Mientras tanto, la Argentina se convierte en una nueva frontera caliente para el tráfico de drogas sintéticas, un problema dimensionado y entendido por funcionarios actuales como Martín Verrier en la Subsecretaría de Narcotráfico, con dos cordobeses detenidos la semana pasada por traficar dos growlers de cerveza artesanal llenos de 20 litros de MDMA líquido, o el caso de Cristian Castronuovo, el despachante de Aduana detenido en Flores con 74 millones de pesos en pastillas de éxtasis de alto poder y cocaína rosa colombiana, 22 mil comprimidos narco y un terrón de cocaína del tamaño del puño de un niño. La mafia china, históricamente confinada a unas pocas tríadas en la Capital Federal, se expande en el conurbano para extorsionar supermercados no solo de ciudadanos chinos, sino también de argentinos, con mano de obra barrabrava del Ascenso.

Las extensas deudas en materia de género del sistema penal en cuanto a trato, contención y cuidado de víctimas también se apilan en el escritorio. A nivel nacional, las causas y denuncias por abuso sexual y violación van en aumento de acuerdo al último informe de la UFEM: hubo casi 17 mil víctimas el año pasado en todo el país, casi 40% de los casos en la ciudad de Buenos Aires tienen como víctimas a menores. Sin embargo, una encuesta oficial de 2017 revela que el 87% de los casos no se denuncian por desconfianza al sistema, entre otros motivos.

Después está lo que hierve del otro lado de la frontera con Brasil y Paraguay: en los últimos años, funcionarios de alto rango comenzaron a preocuparse por la llegada de pistoleros de bandas como el Comando Vermelho y el PCC, el Primeiro Comando da Capital, bandas brasileñas de alta violencia que controlan la ruta de la marihuana prensada de zonas como Pedro Juan Caballero, la mayor commodity ilegal del continente. Sus miembros son captados en penales, paraguayos mayormente, la mayor población de extranjeros dentro el sistema penitenciario federal del país. El mes pasado, tres brasileños cayeron con armas pesadas y silenciadores en un auto con la numeración de motor adulterada en Misiones. Tenían uniformes falsos de la Policía Federal. Algunos creen que eran sicarios a sueldo del PCC, una avanzada para asegurar bases y rutas, miembros de una temible organización sicaria, llamada “Bala Na Cara”.

Y después siguen las cárceles, las comisarías y las fuerzas de seguridad.

Los términos han sido duros en los últimos años, con informes y críticas desde organismos como el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había declarado cautelares sobre 15 comisarías de la Provincia. El 3 de octubre, el Tribunal de Casación Penal publicó un informe de 130 páginas. “Documento sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires” es su título. El primer párrafo es fuerte: las condiciones de detención en la provincia “han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento”

Hasta mayo de 2019, según informes del Ministerio de Justicia y de Seguridad citados por el documento, había 48.827 personas tras las rejas en el territorio provincial.

La sobrepoblación en cárceles llegaba al 113%, el doble y un poco más. Las comisarías llegan al 160% de su capacidad, con clausuras repetidas y 110 sentencias judiciales dictadas y firmes sobre su situación. En agosto de 2019 se informaron 3807 detenidos en dependencias policiales. Había camastros para menos de la mitad. El informe del Tribunal de Casación, disponible online en el sitio de la Suprema Corte, asegura que hubo 45 mil personas fueron arrestadas durante 2018, el 88 por ciento en hechos de flagrancia.

Así, la provincia de Buenos Aires llegó a 308 detenidos cada 100 mil habitantes: Brasil tiene 328 cada 100 mil.

Una fuente en la Policía Bonaerense asegura que la cantidad de detenidos en comisarías se incrementó “debido al rápido y eficaz accionar policial”. “El problema está en el traslado y alojamiento de los presos en unidades penitenciarias, donde tienen que haber cupos. Esas dependencias penitenciarias dependen del Ministerio de Justicia, no de la Policía ni del Ministerio de Seguridad”, continúa el funcionario, que habla de 1200 nuevas plazas en proceso de habilitarse.

La acumulación en las comisarías lleva a problemas evidentes. La 1º de Pergamino, por ejemplo, en marzo de 2017, con siete detenidos muertos por un incendio, más de la mitad de los detenidos que había en el lugar en ese momento en los calabozos. Hoy, seis policías van a juicio en un tribunal oral de la jurisdicción con pedidos de pena de hasta 15 años. Los encerrados en las dependencias policiales pueden pasar meses hasta que finalmente son enviados a una cárcel bonaerense.

Así, los problemas en el sistema penitenciario se acumulan. La aparición de enfermedades como la tuberculosis -299 casos según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria- o el hantavirus, producto de las heces de ratas con un caso en Magdalena en enero de este año, se suma a celdas de dos donde duermen cuatro o más sin colchones sobre frazadas en el piso, con raciones escasas de alimento, a veces una vez por día. El hacinamiento también lleva a conflictos. A fines de agosto, una celda de la Unidad Nº41 de Campana que debía alojar a seis internos y tenía 14 fue el centro de un episodio de violencia que terminó con un penitenciario con una faca en el cuello y once heridos. Cerca de 13.500 objetos cortopunzantes fueron incautados por el SPB en lo que va del año.

La Defensoría de Casación del Ministerio Público, que nuclea a los defensores oficiales bonaerenses y que acumula las denuncias por tormentos y maltratos en los penales y las dependencias policiales de la Provincia hace más de 10 años, contó 503 casos en el año 2018, 364 en comisarías, 103 en cárceles. Su informe de 2017 contó 733 casos, 456 a manos de la Bonaerense, 163 en el Servicio Penitenciario. Los casos repiten factores: golpizas, privaciones arbitrarias, apremios ilegales, falta de atención médica, cargos falsos. 140 personas murieron bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense el año pasado de acuerdo al último informe de la Comisión Provincial por la Memoria.

El problema es netamente a todo nivel. Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense hablan de mejoras implementadas con refacciones y nuevos penales construídos, programas educativos. El Servicio Penitenciario Federal enfrenta sus propios problemas: las alcaidías de Comodoro Py y Talcahuano acumulan denuncias por condiciones insalubres y comida podrida.

Las explicaciones en todos los frentes son usualmente las mismas: las políticas punitivas llevan a que el sistema penal no dé abasto en su superávit de presos y detenidos. El sistema penitenciario centra sus críticas en algo que figuras jurídicas como James Cavallaro, ex comisionado de la CIDH y profesor de la universidad de Stanford, marcaron en repetidas ocasiones: el exceso de la aplicación de la figura de la prisión preventiva y la negativa a conceder medidas como el encierro domiciliario. El informe del Tribunal de Casación Penal se expresa en líneas similares. También se trata de economía. En 2017 un preso le costaba al Estado bonaerense, nominalmente, unos 30 mil pesos al mes. La idea de sugerir desde el sistema penitenciario la libertad de detenidos por delitos menores es siempre controversial.

“Vuelven peor” es una frase repetida. Por lo menos, vuelven. A mediados del año pasado, fuentes en el SPB calculaban que 40% de los presos estaba en el sistema por segunda o tercera vez. No existe, por otra parte, una cifra que mensure a los delincuentes de segunda generación, los hijos de imputados que comienzan a delinquir.

Quién será el próximo jefe de la Policía Federal también es otra incógnita que se repite en cada cambio de ciclo político. Los movimientos se sintieron la semana pasada: horas antes de las elecciones una versión inventada de una renuncia de la número dos de la fuerza, Mabel Franco, tuvo que ser desmentida por las autoridades de la Federal. “Son las segundas y terceras líneas”, dice alguien con muchos distintivos en el saco del uniforme.

Néstor Roncaglia enfrentó el proceso del traspaso de las 54 comisarías -el frente históricamente más problemático de la Federal- al dominio de la Ciudad y encabezó una gestión con valoración positiva, alejada de escándalos significativos, con buena relación con sus jefes políticos, la misma buena relación con el poder que tuvo como jefe de Drogas Peligrosas en la administración Berni. Su silla es temblorosa por naturaleza. Su predecesor, Román Di Santo, terminó desgastado por declaraciones de Elisa Carrió, que recordó el rol de la Federal en la inspección del departamento del fiscal Nisman, entre otros factores.

En privado, Roncaglia considera su ciclo cumplido, aunque su cargo en el directorio de Interpol continúa hasta 2021, para ejercerlo deberá tener un puesto en el Gobierno, de alguna forma.

Entre los comisarios temen un eventual gobierno anti-policía. Ya hacen memes al respecto, con que les van a mandar nuevos chalecos con blancos dibujados para que los delincuentes les tiren a matar. “Van a poner un comité de crisis para las fuerzas federales y no van a pagar el costo político por la inseguridad”, arriesga un histórico: “Enemigos, siempre fuimos, aunque nos banquemos un tiro por el laburo. Nos hacen pagar culpas históricas de la dictadura cuando muchos de nosotros teníamos 15 años. Hay que ver cuán enemigos somos ahora”.

La victoria de Kicillof fue recibida de forma mixta en las dependencias de la Bonaerense. Los de uniforme más raso le temen a un futuro de bajos sueldos, mal equipamiento y altas exigencias. Otro, más sagaz, piensa en voz alta: “Que no toquen la caja de retiros”.

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