Polémica por designaciones en el Estado a menos de dos semanas de las elecciones

El Gobierno oficializó esta semana la convocatoria para cubrir cargos en diversas áreas. Para el kirchnerismo se busca “favorecer las adhesiones al macrismo de los beneficiarios”. El secretario de Modernización, Andrés Ibarra, habló de “acusaciones infundadas” y desde Casa Rosada aseguran que corresponde a un proceso de 4883 concursos impulsados tanto por Mauricio Macri como por Cristina Kirchner

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Mauricio Macri y Andrés Ibarra (NA)
Mauricio Macri y Andrés Ibarra (NA)

A dos semanas de las elecciones generales del 27 de octubre, el Gobierno oficializó diversas convocatorias para cubrir 313 cargos en los ministerios del Interior y Justicia, la Dirección Nacional de Migraciones, y las secretarías de Modernización y de Legal y Técnica, entre otras áreas. Según señalaron a Infobae desde Casa Rosada, se trata de un proceso de 4883 concursos impulsados tanto por Mauricio Macri como por Cristina Kirchner.

Sin embargo, desde el kirchnerismo cuestionaron las resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial, firmadas por el secretario de Empleo Público, Pablo Martín Legorburu. “Resulta sorprendente que a tan pocos días de las elecciones y el cambio de Gobierno se produzca una convocatoria masiva a cubrir vacantes dentro del Estado. Estoy de acuerdo con la regularización de la personas que llevan mucho tiempo en la administración pública, pero el solo hecho de que se haga en un contexto electoral ya levanta sospechas”, aseguró el diputado de Mendoza por el Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, ante la consulta de Infobae.

Para el dirigente peronista, la convocatoria oficial viola el decreto 632, firmado por el presidente Mauricio Macri, que congeló la cantidad de contratados y las plantas permanentes y transitorias, y también la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Establece que no se pueden aumentar las erogasiones bajo ningún concepto, y lo que cobra un empleado de planta es diferente a lo que cobra un contratado”, destacó el diputado.

El diputado Guillermo Carmona (Charly Dí­az Azcué)
El diputado Guillermo Carmona (Charly Dí­az Azcué)

Con el objetivo de ahorrar 25.000 millones de pesos, el Jefe de Estado firmó el mencionado decreto en julio del año pasado. Entre los argumentos, se afirmó que “la calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos". "La asignación de recursos a la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos”, se agregó en el texto.

Por su lado, el secretario de Modernización y vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, afirmó que las acusaciones son “infundadas”. “Las vacantes publicadas no son designaciones ni están destinadas a personas que ingresaron durante esta gestión; tampoco implican un aumento de la planta del Estado porque son puestos de trabajo ya ocupados, por lo tanto no está en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal ni del Decreto 632/18”, expresó el funcionario en las redes sociales.

Y agregó: “Se trata de convocatorias a concurso para empleados que trabajan hace más de 10 años en la Administración Pública Nacional. Esta es una política que se viene desarrollando desde 2016 y que implica el ingreso o permanencia en el Estado bajo criterios de mérito e idoneidad. Estos concursos no son un mero pase a planta automático, sino que son procesos donde se deben validar competencias y antecedentes, rindiendo exámenes y acreditando requisitos específicos, conforme a los convenios colectivos de trabajo”.

Desde el área de Modernización, y ante la consulta de este medio, destacaron que hay “hay concursos congelados desde la gestión anterior, 3260, todos cargos simples. Nosotros vinimos y los descongelamos, y también impulsamos 1623, incluso concursos para altos cargos de la dirección pública, algo que nunca se había hecho”. Y agregaron: “Se trata de concursos para pasar a planta permanente de empleados que estaban contratados y que venían desde hace 10 años con contratos precarios”.

Ibarra, que en diálogo con radio Mitre afirmó que Cambiemos recibió en 2015 una planta de empleados permanentes y transitorios de 240 mil personas y que finalizará su mandato con una planta de 190 mil personas, defendió la política de gestión del empleo público y la comparó con el kirchnerismo.

Hablan de refugiarse en el Estado a costa de los argentinos. Una paradoja, precisamente es lo que ellos hicieron de manera inescrupulosa antes de irse en 2015. Sería bueno recordar que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la Administración Pública Nacional creció indiscriminadamente un 91% (+110.700 puestos), mientras que el gobierno de Mauricio Macri la redujo un 18.5% (-44.800 puestos)”, indicó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Evolución del empleo público total (2005-2015). Fuente: Presidencia

Frente a esta comparación, Carmona aseguró que “estas cosas no tienen que ocurrir en ningún gobierno, para eso tiene que haber una legislación clara, precisa. Este tipo de mecanismos pueden dar lugar a favoritismo. Lo ha hecho Gabriela Michetti en el Senado y no tengo dudas de que buscan lo mismo, identificar sectores de la administración donde hay cuadros del macrismo en cualquiera de sus versiones. Se busca favorecer las adhesiones al macrismo de los beneficiarios”.

En este sentido, el diputado presentará durante la jornada de hoy un proyecto para derogar las resoluciones publicadas en el boletín oficial. También se establece lo siguiente: Dispóngase que durante los seis meses previos año del año de fin de mandato y de elecciones de medio término, el Poder Ejecutivo no podrá realizar designaciones de personal de planta permanente, temporal y/o contratado aun estando estos vacantes y autorizados, ni tampoco llevar adelante concursos o procesos que impliquen cobertura de cargos".

“Queda exceptuada de esta prohibición las designaciones que se encuentren fundadas en situaciones de emergencia de tipo social o desastre natural declaradas por ley”, agrega el texto.

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