
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires pidió apurar los juicios de corrupción y reclamó que los procesos “no se vean ralentizados por influencias e tiempos o resultados electorales”. “La ciudadanía espera de los jueces que actúen como tales. En estas circunstancias, de ellos depende la imagen y la credibilidad de la justicia”, sostuvo en un comunicado.
“Es de esperar que el impulso de los juicios, algunos de los cuales se encuentran demorados por falta de provisión de recursos humanos a los Tribunales Orales de parte de la Corte Suprema, no se vea ralentizado por influencia de los tiempos o resultados electorales, y que la actuación de los tribunales desmienta en los hechos el osado pronóstico vertido por un acusado en la causa de los cuadernos (Gerardo Ferreyra), quien manifestó que ese juicio oral, así como el de la AMIA, no arrancarían nunca. La ciudadanía espera de los jueces que actúen como tales. En estas circunstancias, de ellos depende la imagen y la credibilidad de la justicia”, argumentó.
La entidad también se pronunció sobre las prisiones preventivas diciendo que la detención “no es un fin en sí mismo, sino un medio instrumental y cautelar” y que “las características de este instituto deben ser respetadas de modo universal, sin exclusiones de persona, posición o causa, ni convertirse en una pena anticipada”. Ya a fines de 2017, después de los arrestos de Julio De Vido y Amado Boudou, la entidad había llamado a no convertir la preventiva en una condena anticipada.

El colegio de la llamada calle Montevideo, cercano al Gobierno, emitió este comunicado en medio de la polémica sobre el abuso de las prisiones preventivas, cuestionadas por el candidata a presidente Alberto Fernández, y las excarcelaciones dictadas recientemente en favor de distintos empresarios y ex funcionarios kirchneristas.
Sin embargo, el foco del texto estuvo puesto en apurar las causas de corrupción ante un eventual cambio de gobierno y exigir a los jueces actuar con “imparcialidad e independiencia”.
“El objetivo de las actuaciones judiciales penales es el de llegar sin demora a la instancia del juicio oral para dar cauce a un proceso justo que resulte acotado en el tiempo como garantía inexcusable, tanto para la víctima como para el acusado. Las dilaciones investigativas en el ámbito judicial en causas de corrupción, alertadas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires al requerir la auditoría de la Justicia Federal Penal, mantienen la vigencia de su reclamo originario y deben ser puestas de manifiesto, una vez más”, expresó en otro tramo.

El directorio de la entidad que conduce Máximo Fonrouge afirmó: “A los imputados, pero también a la sociedad les cabe el derecho de que, efectivamente, se avance en el discernimiento de tales causas y, que, en tal caso, se produzca el castigo de quienes fueren encontrados culpables de la comisión de delitos, en el caso señalado, contra la Administración Pública”.
Y resaltó: “La ausencia de juicio frustra tanto a la verdad como al derecho a obtener Justicia en el marco institucional de un proceso respetuoso de las garantías constitucionales”.
"Los magistrados judiciales y miembros del ministerio público fiscal son los encargados de impulsar y aplicar una administración de Justicia que resulte coherente con estos principios y garantías, aventando por el fruto de su labor toda sospecha respecto de la imparcialidad e independencia con que ejercen su magisterio”, completaron.
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