Los arrepentidos de los cuadernos abrieron un dilema en Cómodoro Py: cómo deben investigarse los delitos que confesaron

Con el caso de las anotaciones del remisero Oscar Centeno elevada a juicio oral para juzgar a la ex presidenta Cristina Kirchner, un grupo de ex funcionarios y decenas de empresarios por asociación ilícita y coimas, una incógnita sigue rondando los tribunales de Comodoro Py: cómo avanzar en las nuevas causas que se abrieron luego de que los “arrepentidos” confesaran delitos que excedían el escándalo de los cuadernos.

Así lo demuestra un reciente fallo de la jueza María Servini, que tiene en sus manos una causa abierta por los dichos de un “arrepentido” que quedó imputado luego de su propia confesión, en un escenario que la ley del arrepentido no vaticinó. Según pudo saber Infobae, la jueza deslizó que pudo haber existido una “autoincriminación forzada”, sugirió que ese empresario habría declarado sin sentirse “plenamente libre” y advirtió que la “única” solución “constitucionalmente válida” en su causa es que se arrepienta de nuevo y delegó el caso en el Ministerio Público.

La fiscal Paloma Ochoa apeló: planteó que si la jueza piensa que se vulneraron los derechos del imputado, tiene sus propios “resortes procesales para interrumpir” la causa. La polémica no es menor. Son varias las causas que se abrieron como consecuencia de dichos en el marco de acuerdos de colaboración en el caso cuadernos. Pero muchas de ellas quedaron bajo el mismo caso de los cuadernos: la cartelización de la obra pública o la causa por los corredores viales son una ejemplo. Este hecho, sin embargo, salió del megaexpediente nacido de las anotaciones de Centeno.

El caso. La causa fue descripta por Infobae en enero pasado. Se abrió para investigar a la ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti; a su hermano y a un hombre clave cercano al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, el contador Lucas Gancerain, sospechados de pedir y/o recibir coimas en el marco de una licitación por obras en el Riachuelo. Y, por supuesto, el eje del problema: el empresario Miguel Marcelino Aznar, presidente de Decavial SA, que decidió convertirse en “arrepentido” en la causa de los cuadernos y en su acuerdo ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo reveló supuestas coimas que excedieron la investigación que encabezó el juez Claudio Bonadio.

El 28 de agosto de 2018, en medio de la tormenta de “arrepentidos” en la causa de los cuadernos, el empresario Aznar relató en un acuerdo de imputado-colaborador que, más allá de las entregas de dinero que se hizo al ex titular de Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, su empresa Decavial S.A. “se vio forzada efectuar” coimas para la ampliación de la planta de tratamiento de afluentes La Matanza”. Según explicó, “ el contrato fue firmado en Casa de Gobierno en un acto en el que participó el presidente (Néstor) Kirchner, el jefe Gabinete, Alberto Fernández y la doctora Romina Picolotti”.

Aznar continuó diciendo: “Una vez que se inició efectivamente la obra, durante los primeros meses del año 2008, se presentó en mis oficinas ubicadas en la calle Alsina 1450, el ingeniero Mario Ferdkin, coordinador General del área técnica de la Subsecretaría de Medio Ambiente o organismo comitente, quien me solicitó el pago de $50.000 para ser entregados al señor Juan Miguel Picolotti que por ese entonces era el director Ejecutivo del organismo y firmante del contrato”. Y añadió: “Tengo entendido que era el hermano de la doctora Romina Picolotti que en ese momento ocupaba el cargo de secretaría o subsecretaría de Medio Ambiente”. “Efectuamos el pago del equivalente en pesos a $50.000”, afirmó.

En 2009, Picolotti fue removida de su puesto bajo sospechas de corrupción por el uso de fondos públicos para gastos personales, pero -según Aznar- “con el ingreso de Aníbal Fernández a la Jefatura de Gabinete de la cual dependía Medio Ambiente, se produce una renovación de personal siendo su secretario personal el señor Gancerain quien convocó a una reunión” y poco después se les solicitó un pago de 80 mil pesos. El pago no se hizo y la obra se terminó.

Como el caso excedía lo investigado en las anotaciones de Centeno, Bonadio dispuso extraer testimonios y que se abriera una causa aparte, que le tocó a Servini y a Ochoa. Mientras tanto, Aznar quedó también imputado por la causa de los corredores viales, abierta por los dichos como arrepentido de Uberti, una de los ramilletes del megaexpediente de los cuadernos en donde fue procesada la ex presidenta y que espera confirmación de la Cámara Federal.

La nueva causa. La fiscal Ochoa abrió la investigación, se imputaron a las personas mencionadas, Aznar inclusive, y se pidieron una serie de informes. Pero la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable le informó al juzgado que no encontraban registros sobre la licitación de la planta de afluentes La Matanza. Tampoco aparecen en los detalles de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Aznar se presentó en el caso para precisar más detalles, pero hasta ahora no aparecen registros sobre el contrato del que habló el empresario, revelaron a Infobae fuentes del caso.

A más de un año de la confesión de Aznar y luego de que el juez Bonadio diera por acreditado en el caso de los cuadernos los dichos de todos los arrepentidos, la jueza Servini dejó en evidencia la encrucijada abierta con un arrepentido que habló en otra causa y sus propias palabras terminaron imputándolo.

“Cuando Aznar detalló los hechos que lo involucraban y que ahora se investigan en este legajo, lo hizo en la creencia de que con ello obtendría alguno de los beneficios establecidos”en la ley del arrepentido, dijo la jueza. “Aunque es altamente probable que quienes participaban del acto no contaban en ese momento con los elementos necesarios para saberlo, lo cierto es que, visto en retrospectiva, en lo que atañe a los concretos hechos aquí investigados, pudo haber mediado en la especie una autoincrirminación forzada, supuesto repudiado” por la Constitución Nacional, afirmó.

Es que arrepentirse en cuadernos implicó que se abriera una nueva causa en la que ahora está acusado. “No puede decirse desde aquí que el imputado Aznar hubiera sido obligado directamente a auto incriminarse, pues en la audiencia respectiva, que contó con asesoramiento de su defensa, se le preguntó si había declarado con libertad, respondiendo afirmativamente. Pero al mismo tiempo, tampoco puede afirmarse en forma rotunda que su decisión de autoincriminarse con respecto a los hechos concretos investigados en este legajo hubiera sido adoptada plenamente en forma libre, pues no consta –acaso porque no era factible determinarlo en ese preciso momento-, que se le hubiera hecho saber (...) que sus dichos no sólo no lo beneficiarían en aquél proceso donde se encontraba imputado, sino que además implicarían la apertura de un nuevo proceso penal en su contra, tal como en definitiva ocurrió”, afirmó.

Fue así que la magistrada entendió que la única forma de poder avanzar con la tramitación de la causa es delegar el caso en la fiscal para que sea ella la que invite a Aznar a arrepentirse. “Frente a esta situación –novedosa, como ya mencioné-, entiendo que el único camino constitucionalmente posible, en cuanto a que conjure al mismo tiempo el respeto de uno de los derechos más elementales de cualquier imputado en un proceso penal con el posible éxito de una investigación de esas características, es el delegar la presente investigación en cabeza de la Señora representante del Ministerio Público Fiscal para que, si esta así lo estima pertinente, en los términos del artículo 8° de la ley de arrepentido, le extienda al imputado la posibilidad de ratificar o no las referencias que formuló en su ocasión con relación a los eventos objeto de análisis en estos actuados, realizándose en su caso un nuevo acuerdo de colaboración, pues esa es la única manera con la que se cuenta, en nuestro actual panorama normativo y en este caso concreto, de corroborar o descartar en forma definitiva los extremos planteados”, dijo Servini en el fallo al que accedió Infobae.

Sin embargo, la fiscal apeló la delegación del expediente. Allí sostuvo que “lo resuelto por la magistrada implicó una extralimitación invasiva sobre las facultades del Ministerio Público que atenta contra el desarrollo eficiente de la investigación en desmedro de la debida administración de justicia por la cual debe velar”. Y aseguró que si la jueza entiende que pudo haber una autoincriminación, “el tribunal cuenta con los resortes procesales pertinentes para interrumpir los actos que a su entender impliquen una vulneración en los derechos del imputado”.

El tema está bajo análisis de la Cámara Federal. El devenir de esta causa es seguido con atención por varios de los arrepentidos en el caso de los cuadernos.