Las propuestas para los primeros 100 días de gobierno que el PJ le entregó a Alberto Fernández

Antes del 18 de mayo, día en que Cristina Kirchner anunció que elegía a Alberto Fernández como candidato a presidente, en el Partido Justicialista (PJ) empezaban a armar propuestas para los primeros 100 días de gobierno para quien los representará este año en las elecciones. Durante varios meses 700 personas divididas en 18 comisiones trabajaron bajo la coordinación del Consejo Nacional Justicialista y del ex ministro Ginés González García.

El texto final son 118 páginas que en formato de libro entregó Ginés González García a su amigo Alberto Fernández en el acto aniversario del natalicio del general Juan Domingo Perón. Los ‘técnicos’ integraron los “Equipos de la Unidad del Partido Justicialista Nacional” con referentes de diversos sectores y espacios políticos justicialistas que en algunos casos coinciden con los equipos técnicos que conformó el Frente de Todos (más amplio partidariamente) bajo la coordinación de Nicolás Trotta y Virginia García y que también presentarán sus propuestas.

En cada sección destacan que no son propuestas cerradas y probablemente tampoco obligatorias, aunque sí son un indicio de lo que el partido demandará a sus representantes y de lo que el candidato a presidente Fernández podría hacer teniendo en cuenta que entre los redactores hay amigos, ex compañeros de gabinete e integrantes del Grupo Callao que él mismo lidera.

En todas las áreas se impulsa una fuerte intervención estatal con foco en la generación de empleo, la creación de planes de vivienda, el reconocimiento de nuevos empleos como el cuidado de personas, la revalorización de la economía social y la agricultura, acuerdos de precios, precios de referencia y congelamiento de tarifas. También se pide el compre local y sustituir importaciones y se promueve el realineamiento regional, la incorporación de Venezuela al Mercosur y reflotar con China la construcción de una central nuclear.

Entre las demandas, figura que tanto Salud como Ciencia vuelvan a ser Ministerio al igual que Agroindustria, aún cuando en este último caso en algún momento el candidato a presidente del Frente de Todos expresó su deseo de mantener el área bajo Producción y como secretaría. Y sobre el debate de los últimos días, impulsan la aplicación de impuestos extraordinarios por dos años que hasta alcanza a la compra venta de divisas, entre otros.

Además del diagnóstico y el marco ideológico sobre hacia dónde debe ir la próxima gestión, cada equipo elaboró una serie de propuestas urgentes para los primeros cien días de gobierno y otras de mediano y largo plazo. Aquí un resumen de todas ellas.

Coordinadores Mauricio Monsalvo (ex coordinador del programa Remediar en el Ministerio de Salud) y Mariano Fontela (Investigador de Políticas Sanitarias )

El principal objetivo es construir un Sistema Federal de Salud y que el área vuelva a tener status de Ministerio. Se pone el eje en “disminuir las arbitrariedades de los prestadores” y en garantizar el acceso a medicamentos y vacunas y en la atención de los pacientes:

-Garantizar la provisión con financiamiento del Estado Nacional del 100% de las vacunas del calendario para el año 2020 para todas las coberturas

-Reactivar el plan Remediar, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y los sistemas de provisión de medicamentos (TBC, oncológicos, VIH/SIDA, ETS, PAMI)

-Reducir los precios de los medicamentos en las farmacias

-Crear una Política Nacional de Reaseguro para enfermedades de alto precio que abarque redes federales para coordinar la provisión a todos los subsectores: Público, Seguridad Social Nacional, Provincial y PAMI.

-Garantizar el acceso a servicios de salud mental y de prevención y tratamiento del consumo problemático de sustancias, en cumplimiento con lo establecido por la Ley 26.657.

-Ampliar la cobertura de medicamentos gratuitos del PAMI y monitorear la demora en los turnos para especialistas.

-Poner en funcionamiento de los hospitales no inaugurados por el actual gobierno pese a que ya estaban terminados.

-Modificar las normas que permiten los traspasos (libre elección) entre afiliados de obras sociales, para evitar la selección de beneficiarios por su menor riesgo

-Asignar prioridad en el presupuesto a los programas orientados a la población más vulnerable: maternidad e infancia, personas con discapacidad, etc.

-Centralizar la negociación de compras de medicamentos e insumos de mayor precio de provincias, PAMI y obras sociales nacionales y provinciales, y asegurar la continuidad de los tratamientos.

-Crear dispositivos para evitar el incremento excesivo de precios de medicamentos y tecnologías sanitarias, estableciendo precios de referencia y aumentando el porcentaje de cobertura para los bioequivalentes, equivalentes farmacéuticos y equivalentes terapéuticos de menor precio.

-Reactivar la industria local de medicamentos y vacunas y la producción local de biosimilares.

-Desarrollar un sistema de comparación internacional de precios, y crear un observatorio para el seguimiento de precios de medicamentos y tecnología.

-Eliminar las contrataciones de trabajadores durante 24 horas, remplazándolas por turnos rotativos de 12 horas.

-Recuperar la centralidad de las paritarias para los trabajadores de la salud con una perspectiva federal que ayude a reducir la brecha en las condiciones laborales entre provincias y entre subsectores

-Mejorar los incentivos para el trabajo en lugares críticos y en localidades o barrios más pobres o menos poblados

-Crear un programa nacional de formación y acreditación de enfermería, con especializaciones y postgrados

Coordinación Adrián Cannellotto (Rector de la Universidad Pedagógica Nacional), Marisa del Carmen Díaz (ex subsecretaria de Planeamiento Educativo) y María del Carmen Feijoó (socióloga e investigadora)

En el texto, que se propone como un “insumo” para iniciar el debate y reflexión, se impulsa el rol del Estado en el área y considerar la educación pública, y la de gestión privada, como un bien público. Además se menciona que los docentes deben estar “en el centro de las políticas” por lo que promueven nuevamente las paritarias nacionales “con el objeto de alcanzar un piso salarial común por encima de la línea de la pobreza en todo el territorio nacional, compensando las asimetrías regionales”.

Entre otros fundamentos, con la Ley Nacional de Educación como inicio, se promueve “destinar partidas extraordinarias para recomponer los presupuestos de las universidades y los fondos de investigación, ciencia y tecnología, como así también para el apoyo financiero a las iniciativas provinciales en marcha” y un debate de todos los actores en la materia para políticas de mediano plazo.

Coordinación: Daniela Castro (diputada nacional por San Juan)

Proponen que promueva el incremento del valor agregado de la producción, crear trabajo “de calidad”, generar exportaciones y sustituir importaciones. También:

-Promoción de Pymes de base tecnológica –economía del conocimiento.

-Aumento de la competitividad a través de la modernización tecnológica y el mejoramiento de los procesos productivos y los productos.

-Jerarquización del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT).

-Apoyo financiero para la formación e incorporación de talento humano en organismos de Ciencia y Tecnología que conforman el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT).

-Relanzamiento del Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y Tecnología “PFI 2030”.

-Diseño de instrumentos basados en “Compras Públicas” para orientar las soluciones científico tecnológicas locales, desarrolladas tanto por organismos públicos como por empresas nacionales.

-Revisión y reprogramación de planes vinculados a la industria nuclear, aeroespacial, energías renovables, naval, biocombustibles y de comunicaciones.

-Reconfiguración de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).

-Reimpulso del Gabinete Científico Tecnológico (GATEC) para la definición de ejes estratégicos y la construcción de una agenda federal para el desarrollo del país.

-Conformación de la Mesa de Trabajo “Censo 2020”.

-Fomento de la creación de empresas con alto contenido tecnológico.

-Relanzamiento del Programa VocAr de promoción de las vocaciones científicas.

-Diseño de instrumentos fiscales para la creación y el fortalecimiento de empresas de base tecnológica.

-Incremento de la investigación, el desarrollo y la innovación privada a niveles de equiparación regional.

Coordinación de Santiago Pérez (Arquitecto)

Entre las iniciativas se impulsa intervenir a través de obras y acciones en barrios populares como la gestión de los residuos, tratamiento, separación en origen y disposición final. Y la construcción de accesos, espacios comunes y viviendas, entre otras como:

-Pesificar y revisar las tarifas de servicios, transporte, combustibles y energía, reinstalando el derecho a los servicios públicos.

-Revisar en forma integral la operatoria UVA.

Reactivar las obras de infraestructura para hábitat y vivienda paralizadas en todo el país.

-Otorgar créditos para ampliación y terminación de viviendas, desarrollando en forma local la generación de trabajo y la reactivación productiva del sector.

-Suspender la enajenación de bienes del Estado y recuperar el carácter redistributivo, de desarrollo local y regional de la administración de esos bienes.

-Organizar medidas de urgencia para socorrer a quienes hoy viven en la calle, desde los municipios y organizaciones del pueblo, con ayuda económica del Estado Nacional.

-Crear un programa destinado a adultos mayores, con acciones directas tales como subsidios parciales de alquiler protegido y servicios.

-Fomentar el acceso a la vivienda en la ciudad creando líneas de crédito dirigidas a sectores con capacidad de ahorro; de primera vivienda o vivienda joven; grupos familiares solidarios; viviendas de densidad media y consorcios de bajo costo; trabajadores monotributistas.

-Las universidades nacionales deben ser consultoras de privilegio del Estado Nacional

-Acuerdos sectoriales para el hábitat: promover diplomaturas y distintos tipos de carreras de formación para funcionarios y profesionales que estén en la gestión; formar y capacitar a promotores (en territorio) de planificación y hábitat; capacitar en género en todos los niveles del Estado, articulando con el Ministerio de la Mujer y Diversidad de Género; incorporar nuevas tecnologías en las políticas.

-Obras y acciones prioritarias en los barrios populares: reglamentar los aspectos necesarios de la ley 27.453 e incorporar los cambios propuestos por el proyecto presentado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que había tenido media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación; garantizar que en cada barrio haya un “lugar seguro”, entendido como un espacio para personas en situación de vulnerabilidad y riesgo (mujeres, niñas, niños, ancianas, ancianos, etcétera), dando prioridad a la diversidad de género en esta intervención.

-Tarifas de servicios: incorporar innovaciones tecnológicas para bajar el gasto en tarifas de servicios públicos de los hogares

-Compromiso de reversión integral de créditos hipotecarios UVA, con una congelación inicial para atender la urgencia.

-Promoción de créditos para ampliación y terminación: incorporando financiamiento no bancario, cuasi monedas o monedas electrónicas que puedan captar ahorro interno local y transformarlo en créditos para los hogares; y definiendo prioridades y “cupos” de créditos para cada situación diferente.

-Función social de las tierras del Estado: evitar el remate de tierras estatales nacionales para proyectos inmobiliarios; definir una política de suelos

-Producir viviendas específicas para personas en situación de calle

-Impulsar la sanción de una nueva ley de alquileres que equilibre la situación para ambas partes del contrato; construir progresivamente un parque de vivienda estatal (nacional, provincial y municipal) para alquiler.

-Ampliar las políticas de capacitación –como las que hoy se realizan en la Fundación UOCRA y otras instituciones– con salida laboral inmediata, para calificar la mano de obra y posibilitar el acceso a un salario mayor y a la seguridad social.

-Desarrollar políticas crediticias e impositivas para ampliar el acceso a tasas preferenciales, desgravaciones impositivas para la compra de equipos, bienes de uso y logística en general para la industria de la construcción.

-Promover la apertura de los proyectos por tramos para posibilitar una mayor participación a las empresas PyMES y de la economía social.

-Reformular la Ley de Participación Público Privada (PPP) para adecuarla a las verdaderas necesidades del Estado.

-Generar empresas desarrolladoras mixtas, integradas con gremios, organizaciones sociales y de la economía social, PyMES constructoras y desarrolladoras, con participación mayoritaria estatal –en los distintos niveles del Estado– con la función de producir acciones que el mercado no ejecuta.

-Reformular el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), ampliando los recursos y otorgándole progresividad a la fuente

-Generar precios de referencia para la ejecución de las obras, considerando el compre nacional y local, utilizando los fideicomisos financieros de la banca pública del país.

Coordinación: Virginia Franganillo (socióloga y feminista)

El documento desarrolla una idea de generación de empleo que ya venía proponiendo un grupo de especialistas junto con el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada: reconocer y remunerar la tarea de cuidado, altamente feminizada.

“Entendido como la producción de bienes y servicios que posibilitan la reproducción de la vida, el trabajo de cuidado refiere al trabajo remunerado y no remunerado puesto en juego para permitir a las personas alimentarse, educarse, recrearse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. Es el trabajo de atención de necesidades de niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidades y en general de todas las personas con algún nivel de dependencia temporal o crónica” se sostiene.

El documento refleja también aportes de Lucía Cirmi Obón, Alexander Roig, Carolina Brandariz, María José Rodríguez, Cristian Cangenova, Estela Barba, Demian Panigo y Nancy Raimundo.

Entre los argumentos, se afirma que “la oferta pública de cuidado infantil solamente cubre al 6% de niñas y niños entre 0 y 2 años. La falta de ingresos para contratar servicios privados disminuye las posibilidades de generar de ingresos y de ocupación fuera del hogar” y el 18,5% de las mujeres argentinas mayores de 15 años no cuenta con ingresos propios por sus responsabilidades como cuidadoras.

“Se estima que 410.000 personas mayores tienen necesidades de cuidado. El trabajo de cuidado es de los pocos que no va a desaparecer: hay una demanda mundial creciente de estas actividades. El Estado, en su rol de garante, promotor y regulador, debe ponerse a la delantera. Además, en el corto plazo las políticas de empleo en este sector tienen aún mayor efecto multiplicador en la economía que –por ejemplo– el de la construcción”, se afirma.

Entre las medidas para el corto plazo promueven generar nuevos empleos desde el Estado para cubrir la demanda de cuidado de sectores de bajos ingresos, reconvertir a personas incluidas en programas existentes en trabajadoras y trabajadores del cuidado y apoyar a organizaciones barriales, redes de cuidados de la economía social, comedores y otras, que realizan hoy estas actividades bajo la modalidad de “trabajo voluntario o comunitario”, en general desfinanciados. También refuerzo de ingresos para cuidadoras y cuidadores familiares y una iniciativa estatal que forme jóvenes en el cuidado y ofrezca sus servicios a domicilio o en instituciones a personas mayores que demuestren algún grado de dependencia funcional, rediseñando los servicios y haciéndolos masivos.

Para las trabajadoras de casas particulares se propone un aumento inmediato de la remuneración por hora fijada por la autoridad laboral

Coordinación: Natalia De Sio (Politóloga del Grupo Callao)

Varias de las ideas coinciden con las de otras áreas y con el plan contra el hambre que lanzó el lunes Alberto Fernández.

Se propone la jerarquización de profesionales que trabajan en el último eslabón de las políticas sociales, con incentivos salariales, reconocimiento de antigüedad y razonable estabilidad laboral, y con premios por capacitación, presentismo y permanencia en el cargo. Además:

-Asistencia personalizada y continua para evitar los contactos esporádicos o discontinuos y la “caza de beneficios”;

-Bases de datos que incluyan información útil sobre las intervenciones ya realizadas desde las distintas áreas y niveles del Estado, y equipos suficientes para consultarlas y actualizarlas;

Coordinación: Marcos Fontela (economista)

-Se pide “un mejor instrumento fiscal que el monotributo social, sin dejar de garantizar la cobertura de salud y los aportes previsionales que hoy reconoce” y revisar el conjunto de leyes de emergencia prorrogadas desde el 2002.

-Crear la Agencia de Inversión Popular y Social. Inicialmente, se financiaría con una combinación de recursos derivados de parte de la recaudación del 10,5% del IVA en alimentos, y de las retenciones a la soja y sus derivados. Luego, la agencia “deberá buscar los mecanismos de autofinanciamiento”.

-Reestablecer el “Compre Nacional” que permita competir en mejores condiciones a las PyMEs y a las cooperativas en las licitaciones de los estados nacional, provinciales y municipales. Al mismo tiempo, se propone generar mecanismos transparentes de compra directa de bienes y servicios específicos. Este concepto se extiende a un concepto de “Compre Local” para favorecer la producción y el consumo dentro de cada provincia o municipio.

-Por medio de un programa de creación de viviendas sociales y un programa de urbanización en villas y asentamientos se podrían crear 94.000 puestos de trabajo directos en el sector de la construcción, que vía efecto multiplicador del empleo adicionará 56.000 puestos, creando así un total de 150.000 empleos. Para la implementación se requerirán erogaciones por un valor equivalente al 0,7% del PBI o un 2,92% del gasto público.

-Crear un programa específico de Industrialización de Barrios Populares en los que las cooperativas con miembros del barrio accedan a fondos específicos para su capitalización y financiamiento del capital de trabajo

-Reestablecer la Secretaría de la Agricultura Familiar para organizar a las cooperativas y a los productores de la agricultura familiar, poniendo énfasis en abastecer con alimentos de primera necesidad baratos a las zonas urbanas.

-Establecer incentivos fiscales y productivos para PyMEs y pequeños emprendimientos

-Realizar un estudio y una propuesta para el uso de las tierras fiscales del Estado Nacional: “Se deben poner a disposición (bajo créditos accesibles) para la construcción de viviendas y la producción de la agricultura familiar”.

-Políticas de recomposición de ingresos y trabajo de corto plazo: extender la reducción de las tarifas de los servicios públicos a las micro, pequeñas y medianas empresas que conserven los puestos de trabajo y que generen nuevos trabajos; implementar un Programa Nacional de Infraestructura Social de generación masiva de pequeñas obras públicas comunitarias, destinando el 25% de los fondos de obras públicas nacionales a cooperativas; implementar una línea de créditos dentro de la Agencia de Inversión Popular y Social, otorgando cada año 500.000 créditos de $25.000 cada uno a una tasa de interés subsidiada del 5% anual para la compra de máquinas, motores, herramientas, insumos o reparación de vehículos destinados a promover el trabajo y la producción

-Las nuevas viviendas deberán ser sustentables en términos energéticos. Se propone utilizar el acceso a energía solar y calefones solares para abastecer la mayor parte de su consumo eléctrico y reducir su consumo de gas. Se deberá potenciar la producción local de paneles solares y apoyar la producción de calefones solares, que ya existe.

-Habilitar los mecanismos necesarios para el debate de las Paritarias Sociales, ampliando y fortaleciendo la representación en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y que éste se “acerque” al monto requerido para cubrir la canasta básica total.

-Prevención de Catástrofes: se propone la creación de un programa que vaya mejorando la infraestructura de baja escala con lo que aseguran que podrían crearse 80.000 nuevos puestos de trabajo que podrían financiarse a través del aporte de beneficiarios directos y de créditos de organismos internacionales.

Coordinación de Javier Preciado Patiño (Ingeniero Agrónomo) y Juan Fal (economist e investigador)

Proponen:

-Recuperará el status del Ministerio de Agroindustria y la capacidad de extensión del INTA. Se le reintegrará el rango de Secretaría a Agricultura Familiar y sus equipos técnicos, y se le asignará un presupuesto que posibilite su rol estratégico. Se unirán SENASA y CONAL para un mejor manejo del control de los establecimientos productores de alimentos y de sumar a SENASA y ANMAT en el control alimenticio.

-Se eliminarán las retenciones a las producciones regionales que estén en situación crítica. El aporte a la recaudación de dichas producciones es mínimo, y el efecto sobre la producción es muy costoso.

-Estableceremos retenciones segmentadas por tipo de producción. El sistema actual castiga a los pequeños productores y no discrimina a quienes agregan valor. Además, está atado a las necesidades que fija el FMI para el pago de la deuda, como quedó en evidencia en los últimos meses. Las retenciones tendrán como finalidad fomentar el agregado de valor, la generación de trabajo nacional y la seguridad alimentaria.

-Se recuperará el Fondo Federal Solidario con el aporte de los derechos de exportación, con el objetivo de financiar proyectos vinculados a la producción, la distribución y el abastecimiento de alimentos, tales como la mejora de la infraestructura productiva y las cadenas de valor locales.

-Se retomará el manejo y la regulación soberana de las divisas del sector granos y oleaginosas.

-Desde el área de Agricultura Familiar se formulará el Plan de Nacional de Acceso a los Alimentos, que incluirá mercados de proximidad entre el productor local y el consumidor.

-Se convocará a la discusión y debate de una Ley de Conocimiento Estratégico para el Agro que supere la ley de Semillas, pensando estratégicamente en las nuevas tecnologías y en la ciencia y el conocimiento aplicados como el eslabón que controla las cadenas productivas. Impulsaremos una ley que estimule la innovación y el desarrollo local del sector público y privado en el área, pero principalmente que garantice la Soberanía del Conocimiento Nacional.

-Se creará un organismo estatal federal específico de promoción y control del trabajo rural, absorbiendo además las atribuciones sobre las acciones vinculadas a la seguridad social, hoy en manos del RENATRE.

-Se establecerá una comisión que promueva la regularización laboral de los trabajadores rurales: dependerá del Ministerio de Trabajo y estará compuesta por representantes de organizaciones y sindicatos de Trabajadores Rurales, Agricultores Familiares y del Sector Empresario, y la Secretaría de Agricultura, que en un plazo de cien días deberá presentar propuestas consensuadas de un plan de acción para la regularización laboral.

-Desde la gestión macroeconómica se promoverá un análisis del costo de los combustibles y su impacto en la producción.

Coordinación de Debora Giorgi (ex Ministra de Industria), Javier Rando (ex secretario de Industria) y Roberto Arias (economista)

Para reactivar la industria se promueve incrementar el mercado inerno, paritarias libres con aumentos por encima de la inflación para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores y recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones mínimas, de las pensiones por discapacidad y de la AUH. Además:

-Ejecutar medidas fiscales para contrarrestar la fuerte caída de la demanda privada: autorizar a deducir de ganancias para los asalariados y jubilados que tributen en la cuarta categoría y perciban hasta $ 70.000 por mes en mano – incluyendo un tope por ingreso familiar total– hasta el 50% de su pago de ganancias en la compra de ropa, calzado, muebles, línea blanca, materiales para refaccionar el hogar, etcétera. Los bienes tienen que ser industria nacional, y la propuesta es que las medidas sean solo por uno o dos años. Refinanciación de deudas de beneficiarios de ANSES y devolución de IVA para esos mismos beneficiarios.

-Replanteo del pago de tarifas de servicios públicos.

-Implementar un proceso virtuoso y sustentable de sustitución de importaciones. El poder de compra del Estado nacional, provincial y municipal es “asegurador de demanda”, factor muy relevante para una sustitución de importaciones virtuosa.

-Impulsar las exportaciones de las PYMEs industriales, dándoles una centralidad que hoy carecen dentro de la política de promoción de las exportaciones. Se debe crear una Agencia de Promoción de Exportaciones PyME.

-Refinanciar al doble de plazo la deuda que poseen los jubilados que cobran el haber mínimo con la ANSES, a menor tasa que las actuales. La tasa de interés debe ser variable: las tasas actuales no pueden regir en los plazos acordados y deberían converger a la baja. Una política similar deberá aplicarse con la AUH.

-Poner en marcha herramientas para neutralizar la competencia desleal externa, administrar el comercio y también formar parte de una política para consolidar una sustitución de importaciones virtuosa. La mayor parte de estas herramientas han sido eliminadas en nombre de “facilitación de comercio”: Aceleración en los procesos para la aplicación de derechos antidumpings; utilización de licencias no automáticas; nuevo sistema de valores criterio; reinstalación de veedores en Aduana; reapertura de aduanas especiales; controles en canal rojo; regulación de normas técnicas y especificaciones sanitarias y fitosanitarias “espejo” a las de los principales socios comerciales.

-Reinstalar la devolución del 5% del IVA para el uso de tarjetas de débito de jubilados y quienes perciben la AUH.

Coordinación: Diego Roger (consultor en desarrollo industrial y energías renovables)

-Restablecimiento de la devolución de IVA para compras con tarjeta de débito, con una devolución de 10 puntos para productos de la canasta básica y de 5 puntos para el resto, excluyendo a bebidas alcohólicas, bienes con precios unitarios superiores a $1.000 y con tope de compras totales diarias de $5.000 por tarjeta.

-Definición de una canasta de 500 productos básicos con seguimiento o acuerdo de precios como medida para paliar la crisis, inicialmente comercializados por las grandes cadenas comerciales y de proximidad. Impulso a los mercados regionales concentradores para acercar al consumidor el producto, tanto para frescos como para no perecederos. Ferias itinerantes. Relanzamiento de “precios cuidados” (grandes cadenas y pequeños comercios)

-Uso como pago a cuenta de una proporción del impuesto a las ganancias de cuarta categoría, para la compra de bienes de consumo no durables y materiales para la construcción

-Incrementos de haberes (jubilaciones, pensiones y AUH) que permitan recuperar los ingresos de esos sectores hasta el nivel de la inflación alcanzada en el período 2016-2018. Y un bono por única vez que compense la diferencia entre la inflación registrada y el incremento de los haberes en el referido período.

-Restablecimiento del programa Ahora12 con tasa estrictamente de 0%, con mayor control para que las promociones exclusivamente puedan orientarse a productos de fabricación nacional. Incluya a los comercios pequeños y medianos, en lugar de priorizar las grandes superficies comerciales.

-Impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero, en base al Informe sobre Bancos que publica el BCRA. El tributo debe cubrir solamente la diferencia entre la rentabilidad promedio, registrada en el período 2015-2017, y la rentabilidad extraordinaria registrada en 2018 y 2019. La rentabilidad de 2015-2017 será ajustada para su comparabilidad con el período 2018, según el IPC-CABA (2015-2016) y el IPC del INDEC (2017).

-Impuesto extraordinario y con alícuota progresiva del 2% al 15% sobre las personas que adhirieron al Régimen de Exteriorización de Activos de 2016- 2017.

-Reactivación de las líneas de crédito productivas del BCRA equivalentes al 25% de los depósitos totales del sistema, con cupo mínimo del 70% de ese total para las pymes. Los bancos deben prestarles obligatoriamente a las pymes a una tasa subsidiada que esté 10 puntos por debajo de la inflación esperada

-Relanzamiento de las líneas de crédito FONDEAR y FONTAR.

-Interrupción de remates y bloqueos de cuentas bancarias por incumplimientos tributarios, por un período de 180 días.

-Relanzamiento de la doble indemnización por despido sin causa.

-Extensión y facilitación al acceso a los montos del Programa de Recuperación productiva (REPRO)

Coordinación de Arturo Trinelli (Lic. en Ciencias Políticas y jefe de Relaciones Institucionales de ENARSA) y Marcos Fontela (economista)

El documento establece la creación de la Comisión de Revisión Tarifaria Integral que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de cien días. Esta comisión continuará sus funciones en los próximos años, siguiendo la evolución real de los costos de generación, transmisión y distribución de la energía. Una vez conocida la verdadera ecuación económica de estas empresas, se renegociarán las tarifas de luz y gas, y se desarrollará una política de actualización futura que contemplará: los costos de mantenimiento; el valor de las inversiones realizadas y requeridas; y una tasa de rentabilidad razonable de los operadores. Hasta tanto no esté establecida la estructura de costos, las tarifas permanecerán congeladas.

Y se enumera:

-Se establecerá una tarifa social de luz y de gas, orientada a hogares que por diversas situaciones no puedan afrontar el valor regular, a organizaciones barriales y comunales que tengan como finalidad la promoción social, y a pequeños y medianos productores.

-Se regulará el precio y la disponibilidad de las garrafas de gas.

-Se revisará el marco regulatorio, se intervendrá el ENRE y el ENARGAS, y se desplazarán las conducciones actuales, que representan exclusivamente los intereses de las empresas operadoras.

-Se establecerán criterios de calidad de prestación del servicio eléctrico y multas asociadas a la falta de cumplimiento.

-Se formulará un plan estratégico de desarrollo de Vaca Muerta, que incluirá un plan de infraestructura para la distribución del gas a los distintos puntos del país (generadoras, industrias, usuarios, puertos), y que deberá también detectar y describir las posibilidades de incorporación de tecnología y trabajo argentino.

-Se impulsará una revisión de la legislación sobre matriz eléctrica para desarrollar una hoja de ruta de transición energética, la cual se ordenará en función de las necesidades nacionales y la capacidad industrial, tecnológica y científica del país, con el objetivo de contar con una política coherente para el desarrollo de largo plazo del sector energético.

-Se desarrollarán herramientas especiales de financiamiento para proveedores nacionales del sector energético y para el desarrollo de proyectos energéticos con tecnología de empresas de origen nacional.

-Se creará un observatorio de monitoreo del costo de producción de la energía que deberá establecer y monitorear en el tiempo los costos reales de producción del barril de petróleo crudo y del millón de BTU de gas; este observatorio no podrá estar constituido por funcionarios que se hayan desempeñado en cargos directivos en empresas privadas del sector.

-A mediano y largo plazo promueven el uso y el desarrollo de proveedores locales en Vaca Muerta y se priorizará el desarrollo de la generación de energía eléctrica con tecnología hidroeléctrica, eólica y nuclear.

-La explotación de litio y otros recursos relacionados con su producción debe ser parte de una estrategia energética y de desarrollo de la industria argentina, al igual que el desarrollo de carriers de energía en general. Para ello se llevará adelante una política, en el marco de la propuesta de transición energética, que impulse el desarrollo de tecnologías de almacenaje de energía, entre ellas baterías de litio e hidrógeno.

-Se retomarán los proyectos de producción de energía nuclear de central CANDU con tecnología argentina y en base a uranio natural y CAREM. Se reactivará y se modernizará la planta de producción de uranio enriquecido en Pilcaniyeu y se retomará la producción de la Planta Industrial de Agua Pesada.

-Se constituirá en el ámbito del Consejo Federal de Energía Eléctrica, con representación de todas las provincias y el poder ejecutivo nacional, una comisión de trabajo para establecer una política federal de tarifas eléctricas que contemple las disparidades regionales. Si bien el precio final de la energía dependerá de los operadores de cada jurisdicción, se establecerá un marco normativo común y un fondo de equilibrio de tarifas.

-Se reorganizará el esquema de funcionamiento de empresas públicas y con participación pública del sector energético e industrial (YPF, Yacyretá, Salto Grande, NASA, YCRT, etcétera) para alinearlas con las necesidades del desarrollo industrial, tecnológico y energético del país, en función de un plan de desarrollo energético nacional asociado a la política de transición.

Coordinación Raquel Kismer de Olmos (Economista)

El bosquejo incluye una “propuesta heterodoxa para movilizar el ahorro dolarizado de los argentinos”. Y se fundamenta: “A la escasa inversión en la economía local se contrapone contradictoriamente una extraordinaria cifra en manos de residentes argentinos de dólares billete y activos en moneda extranjera” indica el documento y se agrega que “una vez que los recursos se han dolarizado, existe incredulidad respecto a la posibilidad de que si se adquieren activos en pesos se pueda “salir” nuevamente hacia la moneda de refugio.”

“Toda dificultad compleja tiene soluciones complejas, que no se encuentran en los manuales. Para hacer más fácil la comprensión de la propuesta, explicaremos la idea a través de la interacción entre dos fideicomisos. Además, como uno de ellos se constituye en moneda extranjera, lo llamaremos “trust”. Los residentes argentinos que puedan demostrar fehacientemente que cuentan con dólares en la actualidad, podrán depositar dichos recursos en el mencionado trust como garantía y con ello obtener un préstamo en pesos de un fideicomiso que por este sistema está autorizado a recibir un adelanto del BCRA. Dicho préstamo sólo puede ser utilizado para la compra primaria de obligaciones negociables (ON) que tengan por objeto fundamental la realización de inversiones reales”.

“El BCRA recibirá por el adelanto en pesos un interés igual a los que percibe por la inversión de sus reservas. Los inversores podrán en cualquier momento pagar su deuda con el fideicomiso, liberando la garantía del trust y recuperando sus dólares. O, al momento de cobrar el principal de las ON, devolver los pesos y también liberar las garantías pari passu sin verse afectado por las variaciones de tipo de cambio. Las inversiones que se realizan con los pesos adelantados son de riesgo y el riesgo lo corre el inversor. En el caso que el inversor no pueda devolver los pesos, el BCRA se quedará con los dólares que garantizan la operación”.

Coordinación: Paula Español (ex subsecretaria de Comercio Exterior) y Sergio Woyecheszen (economista)

-Generar políticas de ingreso que permitan recuperar el mercado interno y las ventas de las empresas

-Promover la inversión de las empresas para ampliar su capacidad productiva a través de diversas herramientas de desgravación impositiva.

-Fortalecer la política comercial con una estrategia de sustitución selectiva de importaciones y promoción de las exportaciones, implementando una inteligente administración del comercio y, al mismo tiempo, avanzando con una serie de normas técnicas como barreras no arancelarias.

-Revisar el cuadro tarifario actual de los servicios para implementar un esquema de readecuación compatible con la actividad productiva.

Coordinación de Alejandro Otero (ex Frente Grande), Alfredo Iñiguez (economista) y Silvio Santantonio (economista)

El texto sorprende: “La mejor contribución que pueden hacer los tributos a nuestra campaña es pasar desapercibidos. No ser mencionados, ni convertirse en tema. Después de cuatro años de Cambiemos, y en la actual coyuntura económica recesiva, todos los sectores tienen motivos para cuestionar la imposición sobre sus actividades y, por otro lado, nuestra historia ayuda poco en la materia”.

Tras esa presentación resaltar que “la mejor política a favor de los ingresos públicos y el equilibrio fiscal es el crecimiento económico” y se promete: “No vamos a aumentar impuestos y sí vamos a redistribuir la carga tributaria, alivianando el peso que hoy tiene el sistema tributario sobre los sectores populares y la franja media, en especial PyMES, asalariados y autónomos, sin deteriorar las finanzas públicas”.

En lo inmediato, promueven:

-“Contractualizar” los beneficios y alivios tributarios que se otorgaron a las grandes empresas (eliminación de retenciones, disminución de la alícuota en Inspección General de Personas Jurídicas, Mínimo no Imponible en contribuciones, cómputo del impuesto a los débito y créditos bancarios como pago a cuenta, etcétera), manteniéndolos en la medida que se verifique el cumplimiento de objetivos de producción, inversión y empleo que se determinen a favor del crecimiento.

-Aplicación de impuestos extraordinarios por dos años: mediante una alícuota especial de Bienes Personales, a los activos reales y financieros radicados en el exterior; a las utilidades del sector financiero, aplicable sobre la rentabilidad sobre los activos (ROA) y sobre los fondos propios (ROE) de cada entidad; a la compra venta de divisas

-Ampliar la devolución del IVA a su máxima expresión: no tiene un costo fiscal significativo en el largo plazo en tanto se limite a los sectores con ingresos más bajos o con tope máximo de devolución.

-Redefinir la estructura de los impuestos internos para alcanzar efectivamente y de modo diferenciado a las manifestaciones de consumo suntuario y superfluo.

-Incorporar un impuesto sobre las transacciones financieras con tasas diferenciadas según los objetivos de política económica, que reemplace al actual “impuesto al cheque”.

-Mejorar el gravamen sobre las rentas financieras para darle mayor progresividad al impuesto a las ganancias. No debe ser cedular: debe integrarse al resto de los ingresos computables.

-Redefinir el ajuste por inflación para evitar la multiplicación de quebrantos impositivos y la disminución de la recaudación en la Inspección de Personas Jurídicas.

-Crear un impuesto de alcance nacional sobre la propiedad inmueble, articulado y coordinado con el inmobiliario provincial.

-Recrear un Impuesto al Enriquecimiento Patrimonial a Título Gratuito.

-Redefinir el sistema de incentivos fiscales mediante bonos de crédito fiscal administrados de forma centralizada.

-Armonizar los sistemas de retención y percepción en todo el país.

Coordinación Pablo Belardinelli (ex funcionario del Ministerio del Interior)

-Creación de una Secretaría de Planificación Federal en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros cuya responsabilidad primaria sea la planificación concertada entre el Estado nacional y los estados provinciales

-Conferencias Federales: realización, con una periodicidad cuatrimestral, de reuniones del presidente de la Nación con la totalidad de los gobernadores de provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con temarios establecidos para mejorar la calidad en la implementación de políticas estatales que comprometan a los distintos niveles de gobierno.

-Desconcentración del Estado nacional. Traslado de oficinas y relocalización en los territorios vinculados a su competencia.

-Creación de una Agencia de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la implementación de políticas transversales de integridad y ética pública, rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso a la información, transparencia y prevención de la corrupción. La persona titular de la Agencia será designada por el Poder Ejecutivo Nacional, previa audiencia pública y acuerdo del Senado. En el ámbito de cada jurisdicción, entidad o empresa pública deberá funcionar una persona responsable del cumplimiento de las normativas de transparencia, dependiendo directamente de la máxima autoridad.

-Revisión de designaciones, contrataciones y desvinculaciones del personal del Sector Público Nacional realizadas desde el 1 de enero de 2015 y –en caso de que razones de servicio lo hicieran necesario– instrumentar procedimientos de selección previstos en las normas vigentes para regularizar la relación de empleo.

El diagnóstico elaborado muestra hacia dónde quiere ir el PJ: “La política exterior (2015-2019) priorizó la subordinación a los intereses financieros y políticos de las potencias tradicionales, especialmente Estados Unidos, y si bien mantuvo el vínculo con potencias emergentes como China, lo hizo bajo un enfoque limitado que solo contribuyó a la reprimarización de la economía argentina. También descuidó las relaciones y la Cooperación Sur-Sur, perdiendo oportunidades para consolidar nuestra presencia en África y Asia a través de la apertura de nuevos mercados y el intercambio tecnológico. El Mercosur fue concebido fundamentalmente como una plataforma para realizar nuevos acuerdos, por lo que el acento estuvo en la agenda externa, más que en la integración económica, productiva, social y política del bloque. El Acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) es un claro ejemplo de este tipo de negociaciones que llevaron a aperturas asimétricas. Así, la UE obtuvo amplio acceso al mercado de bienes del Mercosur, pero mantuvo las restricciones hacia los productos agrícolas”.

Desde ese punto de partida, entre la extensa enumeración de propuestas, incluyen:

-Elaborar una agenda especial de cooperación, integración económica y de diálogo político con los países de la región y el Caribe.

-Anunciar la participación argentina en la Cumbre Presidencial de 2020 de CELAC en Bolivia.

-Trabajar junto con el Grupo de Apoyo conformado por el Cuarteto de Cancilleres más México, para redefinir la agenda y el Mecanismo de Rotación de las presidencias Pro Témpore.

-Promover un diálogo constructivo con los gobiernos sudamericanos sobre la situación de UNASUR.

-Coordinar con los gobiernos de México y Uruguay para promover y fortalecer el diálogo, la democracia y la paz en Venezuela; expresar preocupación respecto al deterioro del Estado de Derecho, la situación de los derechos humanos y la crisis económico-humanitaria que atraviesa el país; condenar la amenaza del uso de la fuerza y la convocatoria del TIAR, afirmando que la situación debe ser resuelta por los propios venezolanos de manera pacífica y democrática.

-Ingresar al Grupo de Contacto Internacional, priorizando la coordinación con los integrantes latinoamericanos.

-Destacar el compromiso de la Argentina y de los países de la región en apoyar el proceso de paz en Colombia.

-Impulsar la integración dentro del Mercosur de manera equilibrada

-Establecer un cronograma de reuniones de mesas sectoriales para discutir con el sector productivo los acuerdos comerciales del Mercosur con los otros bloques, involucrando al Congreso y al Ministerio de Producción.

-Promover el debate respecto a las competencias y capacidades decisorias del Parlasur en su función de representante de los pueblos del Mercosur.

-Apoyar la culminación del proceso de adhesión de Bolivia.

-Diseñar una hoja de ruta para la reincorporación de Venezuela al Mercosur.

-Respecto a la agenda multilateral piden establecer un cronograma para regularizar el pago de cuotas a organismos internacionales.; recuperar las posiciones y los principios que la Argentina ha sostenido en temas claves –por ejemplo, el conflicto en Medio Oriente– “para recuperar la coherencia en el patrón de votación en la ONU” y “retomar y promover en los foros multilaterales la cuestión de la negociación global de deudas soberanas”.

-Además, incrementar la contribución de policías y tropas argentinas a las Misiones Políticas Especiales y Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y aumentar la participación de mujeres en los contingentes argentinos.

-Respecto a Malvinas señalan la necesidad de “retomar con firmeza y constancia la defensa de nuestra soberanía” y establecer un mecanismo de diálogo interpartidario que permita desarrollar una estrategia consensuada que incluya a referentes de política exterior de las principales fuerzas políticas, así como académicas y académicos y analistas.

-Concentrar la política de promoción comercial y de inversiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. y reanudar una política exterior de diálogo en materia de cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, en particular con los países de ingresos medios, en apoyo a nuestras exportaciones nucleares. Retomar conversaciones con China para financiar la construcción de la Cuarta Central Nuclear, es una de las prioridades detalladas.

En la mayoría de los proyectos, especialmente en tema social, se piden políticas que tengan en cuenta el género. En Política Exterior hay un capítulo completo destinado a promover una “diplomacia feminista” que se diseña “a semejanza de ciertos países de Europa (Francia, Suecia) y Canadá, para dinamizar y jerarquizar la cuestión y, al mismo tiempo, encontrar convergencias con esos países”:

-Incluir a las organizaciones de mujeres en la agenda de política exterior.

-Incrementar el número de diplomáticas en funciones dentro y fuera del país.

-Restablecer la Dirección de la Mujer en la Cancillería.

-Anunciar, en el contexto del evento de los 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing organizado por Naciones Unidas, la creación y prioridades del Ministerio de las Mujeres.

-Generar capacitaciones para los funcionarios de la Administración Pública con aportes de CEPAL y ONU Mujeres, entre otros.

-Crear una instancia de articulación en la Dirección de la Mujer de la Cancillería con los Movimientos Nacionales de Mujeres para su participación en los foros internacionales, integrando delegaciones.

-Generar una mesa de articulación de todos los temas vinculados a mujeres con un ángulo de política exterior, que involucren a varias instancias de la Administración Pública, como por ejemplo: migraciones, trata, situación de niñas y adolescentes, sistemas penales, violencia contra la mujer migrante, etcétera, incluyendo los objetivos de desarrollo sustentable.

Coordinación: Ernesto López (especialiasta en defensa)

En el texto se subraya como prioridad separar las tareas de defensa de las de seguridad pública.

El primer ítem apunta a recuperar las Fuerzas Armadas: "En la medida de lo posible, se debe iniciar una recuperación de las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, que se encuentran de hecho en una virtual situación de desarme. Es preciso impulsar su reequipamiento, modernización, reestructuración y despliegue. Todo esto requiere un incremento de los recursos destinados a la función Defensa, que podría alcanzarse por la vía presupuestaria nacional, mediante asignaciones específicas, u otros procedimientos plausibles.

El segundo ítem plantea la cuestión salarial: “Mantener una política de remuneraciones para toda la escala jerárquica, desde soldado voluntario a general –y equivalentes en la Armada y Fuerza Aérea–, acorde a los tiempos que se viven y que no difiera en menos de lo que perciben los miembros de las fuerzas de seguridad. Convendrá, asimismo, mantener una política salarial que, en el marco de la ley 19.101 (Ley para el Personal Militar), avance progresivamente en la eliminación de los suplementos no remunerativos y no bonificables”.

Un capítulo importante es la cyberdefensa. Otro es Malvinas y el Atlántico Sur: “Es necesario mantener respecto de Malvinas una actitud de alerta permanente. Nuestras Fuerzas Armadas deben disponer de recursos que permitan un satisfactorio control y monitoreo del despliegue militar británico en las islas y aguas adyacentes. Es preciso, asimismo, apoyar en la Antártida el trabajo de las bases científicas nacionales y sentar presencia territorial. El Atlántico Sur, por su parte, se ha convertido en un área de extrema importancia en el plano de la defensa, al que hay que prestarle la atención que corresponde”.

Coordinación: Enrique Del Percio (Dr. en Filosofía Jurídica y especialista en Sociología de las instituciones)

En el encabezado del documento se marca lo central para el peronismo. “El gobierno nacional solamente muestra un discurso vacío de contenidos, falta de planificación y una retórica reaccionaria que fomenta premisas tales como la “doctrina Chocobar”, la flexibilización de los límites entre seguridad y defensa o la proliferación de armas en mano de particulares”.

En la lista de propuestas incluyen una reestructuración del Ministerio de Seguridad y la revisión y modernización normativa (“derogar toda aquella normativa que propicie la violencia institucional, contradiga las garantías constitucionales o no se adecue a los estándares internacionales de derechos humanos”)

Mantener la estricta división entre Seguridad y Defensa.

Revisar y reformular las leyes orgánicas de las fuerzas federales.

Sancionar con urgencia una ley complementaria a la de Seguridad Interior (24.059) para profundizar las disposiciones legales sobre seguridad pública y democracia, y garantizar la gobernabilidad política de la seguridad y su fortalecimiento institucional.

El documento que elaboró el PJ, y que elogió Fernández, no es el único material del que dispondrá la fórmula del Frente de Todos. Otro centenar de referentes trabaja en coordinación con Trotta y García en la elaboración de políticas públicas. Allí confluyen todas las fuerzas que integran el Frente de Todos y los especialistas más cercanos a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Algunos de esos materiales ya empezó a mostrarlos, como en lo referente a políticas contra el hambre. El PJ, por ejemplo, no armó un plan de Justicia, una materia sobre la que sí trabaja el otro equipo y de la que el candidato prometió ocuparse personalmente.

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