Minutos después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema que dictó que la reducción del IVA y de Ganancias no puede afectar a las provincias, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que la decisión del máximo tribunal no implicará una marcha atrás por parte del Gobierno. “Las medidas que tomamos para cuidar a los argentinos se van a mantener”, aseguró.
El funcionario fue moderado en su valoración del fallo y adelantó que cumplirán con el pronunciamiento, aunque aclaró: “Se verá de qué manera se puede cumplir, el fallo no es claro en cuanto al alcance operativo. Algunas de estas medidas como el no IVA en una serie de productos que no son fácil de evaluar en su dimensión económica, qué impacto tienen”.
Sobre el impacto político –el fallo ocurre 26 días antes de las elecciones– , Garavano sostuvo: “El fallo se esperaba porque los medios daban cuenta desde la semana pasada. Escapa de una tradición de la Corte de no abordar estos temas en períodos electorales. El análisis corre por cuenta de los analistas”.
E insistió: "El Gobierno tiene un compromiso con la población y se va a respetar el compromiso con la gente, respetando las medidas. Las medidas se van a mantener, para cuidar a los argentinos. Veremos de qué manera”.
“Esto es una medida cautelar en relación a una serie de provincias, hay que ver cómo se expande al resto de las jurisdicciones. Hay que ver cómo es el tema del IVA que es el más complejo, ver cómo se calcula, se requieren aclaratorias que presentará la Corte en los próximos días”, agregó el funcionario en declaraciones al canal TN.
Y completó: "Este Gobierno ha dado a las provincias mayor cantidad de recursos en forma automática como no lo ha dado otro Gobierno en la historia. Las mediadas de crisis tienen que tener un correlato”.
El fallo es interpretado como un revés para la gestión de Mauricio Macri, afectará las finanzas al próximo presidente, y surge como respuesta a un reclamo realizado por 15 provincias que acudieron a la competencia originaria del máximo tribunal.
La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En minoría quedó el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. La jueza Elena de Nolasco no votó.
En su decisión, el fallo dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos impugnados y de las resoluciones generales de AFIP sean asumidos con recursos propios del Estado nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
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