Cristóbal López y Fabián De Sousa, los empresarios del Grupo Indalo preso desde diciembre de 2017, pidieron este jueves su excarcelación luego de que quedara firme el fallo en donde se determinó que no intentó vender su compañía cuando pesaba sobre sus hombros una inhibición de bienes, en el marco de la causa Oil Combustibles.
Precisamente, el pedido se hizo ante el Tribunal Oral Federal 3 que sustancia el juicio para esclarecer si hubo una defraudación de $ 8.000 millones percibidos por el impuesto al combustible. Allí también está siendo juzgado Fabián De Sousa –detenido y sobreseído en esta investigación–, y Ricardo Echegaray, el ex jefe de la AFIP y autor de la presunta maniobra, que no está preso.
El planteo deberá ser resuelto por el tribunal oral, previa consulta a la fiscalía. No obstante, aún si tuvieran un fallo favorable, sobre Cristóbal López y De Sousa pesan las prisiones preventivas que dictó el juez federal Claudio Bonadio en el marco de dos causas ligadas a "los cuadernos de la corrupción K" -una por lavado de dinero por unos departamentos en el edificio de Cristina Kirchner y otra por la cartelización de la obra pública-, y por lo tanto también deberían conseguir allí un aval a su excarcelación para poder concretar sus libertades.
Por lo pronto, los argumentos de la defensa de López y Fabian De Sousa fueron plasmados hoy en su presentación ante el TOF, apenas un rato antes de que comenzara una nueva audiencia en el debate.
"La inexistencia del hecho que se utilizara para justificar la detención preventiva de nuestro asistido, corroborada por el sobreseimiento dictado en el marco de la causa 20.509/2017, genera que la misma deba cesar inmediatamente. Dicho de otra forma, la tramitación de la causa anteriormente mencionada ha demostrado, como veremos, que nunca ocurrió el suceso en el que se basó la supuesta existencia de riesgo procesal y, por ello, no hay peligros procesales que justifiquen el encarcelamiento preventivo", sostuvieron los defensores de López.
La defensa planteó que "la circunstancia objetiva que había determinado la prisión preventiva Cristóbal López fue la supuesta transferencia de las acciones sobre las empresas de Grupo Indalo que se habría realizado a favor de Rosner y Dellatorre Balestra, como circunstancia obstaculizante de la investigación, toda vez que se habría vulnerado la medida cautelar dispuesta en la investigación", pero el fallo dictado el viernes por la jueza María Eugenia Capuchetti, sobreyendolos a todos, demostró que el "riesgo procesal" no ha sucedido porque la venta no existió.
A fines de diciembre de 2017, el juez Julian Ercolini los procesó a los dos empresarios y a Echegaray por defraudación al Estado y dispuso la detención de los dos primeros porentender que quisieron engañar a la justicia. Así ordenó abrir una investigación penal paralela para saber si existió una venta de acciones de empresas del grupo Indalo al grupo Ceibo (a cargo de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre), cuando existía una expresa inhibición general de bienes para hacerlo.
La detención de Lopez y De Sousa duró hasta marzo de 2018 cuando los ex jueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Farah recaratularon la causa por evasión y ordenaron la excarcelación. El fallo indignó al Gobierno y hasta el propio Macri lo cuestionó públicamente. El 27 de abril, en una decisión dividida, Casación dejó en pie el criterio de Ercolini y volvió a detenerlos. Desde entonces, los empresarios están presos.
Mientras tanto, avanzó la causa que investigaba la supuesta venta del grupo Indalo. El caso, primero en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego a cargo de Ariel Lijo y actualmente en manos de Capuchetti, recolectó diversas medidas de prueba y testimonios. Pero el fiscal González entendió que la maniobra no había existido y por eso no había elementos para seguir impulsando la causa. Y la jueza firmó los sobreseimientos de Lopez, De Sousa, Rossner y Delatorre.
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