Tras el fallo de la jueza federal Martina Forns que ordenó restringir la actividad en el aeropuerto low cost de El Palomar por la noche, entre las 22 y las 7, a partir del 26 de septiembre, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, brindó una conferencia de prensa en donde apuntó contra el abogado Lucas Marisi, quien presentó la medida cautelar.
"Cuesta creer que tengamos gente en nuestro país que, por objetivos políticos, lo único que intentan es destruir. Hay un puñado mínimo de personas que intenta detener el progreso y la posibilidad de la gente de poder trabajar. Gente que no representa a nadie sino que lo único que tiene son intenciones políticas", precisó el ministro.
Dietrich estuvo acompañado por Sebastián Pereira, CEO de Flybondi, Gonzalo Pérez Corral, gerenta general de JetSmart, Ramiro Tagliaferro, intendente de Morón, Tomás Insausti, administrador nacional de Aviación Civil, Patricio Distéfano, titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y un grupo de empleados del aeropuerto de El Palomar.
La decisión del juzgado federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín restringirá, a partir de la fecha señalada, las operaciones de El Palomar entre las 22 y las 7. Este hecho generó una fuerte preocupación dentro del Gobierno y de las empresas privadas que operan en el aeropuerto ubicado en la provincia de Buenos Aires.
"Cuando algo sale bien, pareciera ser que un grupo de la oposición lo único que tiene que hacer es destruirlo", señaló Dietrich.
Lo impuesto por la juez Forns obliga a las compañías a revisar las rutas, lo cual impactará directamente en el itinerario de las empresas aéreas, tal como señaló Pereira: "Los aviones están atados a las llegadas y egresos de las provincias. El 100% del itinerario se va a ver afectado. Se traduce en pérdidas de reuniones, conexiones, compromisos. Monetariamente, volar menos tiene impactos negativos que estamos analizando para saber cómo hacer para reorganizar todo el itinerario".
"Piensan que así dañan a un espacio político y a un presidente, y no pensando que pueden dañar fuertemente a trabajadores. Acá hay pilotos que no volaban, tripulantes de cabina que habían estudiado y soñaban con esto; y no sólo son ellos, también está la gente que está construyendo la nueva terminal, están los remises, los comercios. Todo esto está en riesgo. Hay muchísima gente preocupada", manifestó Dietrich.
Según datos oficiales, la restricción afectará el funcionamiento de un aeropuerto con 619 empleados de los cuales un 80% son viven en Morón, Tres de Febrero, Hurlingham, La Matanza, Ituzaingó y Merlo. También a un millón y medio de pasajeros desde que comience a regir hasta marzo, proyectado por las aerolíneas para volar en esos horarios.
"No es peleando que vamos a generar desarrollo. El 80% de los vecinos dicen que no tienen ningún problema con el aeropuerto las 24 horas. Se le demostró a la Justicia que no hay daño ambiental; así lo establecen los 13 informes de avance ambiental presentados ante el juzgado junto con dos estudios de impacto, los cuales han hecho especial foco en la cuestión del ruido de las aeronaves con mediciones durante las 24 horas", sostuvo el ministro.
Desde El Palomar, Flybondi y JetSmart son las únicas aerolíneas que operan y lo hacen en 15 rutas: 12 de cabotaje y 3 internacionales. "Este es el primer aeropuerto low cost de Latinoamérica. Acá no hay lujo, todo es económico, las operaciones son muy simples para que todo pueda ser mas barato para la gente".
Según las estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), más de 1.452.000 pasajeros utilizaron el aeropuerto (246.000 lo hicieron por primera vez).
"Tenemos 55 aeropuertos en el país. Este, en cantidad de operaciones, debe ser el número 10. Ningún aeropuerto tiene ninguna restricción. Esto es una cuestión política. Un aeropuerto que es el más antiguo pero no el que más densidad poblacional tiene alrededor. Tengamos en cuenta que los aeropuertos están cada vez más metidos en las ciudades, porque las ciudades crecen", completó Dietrich.
El devenir de la medida judicial dependerá del fallo que entregue la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en los próximos días, quien deberá decidir si el fallo de la jueza Forns tiene validez y si el mismo comenzará a aplicarse o no desde el 26 de septiembre.
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