"Es un dato que las denuncias de los venezolanos que viven en la Argentina se redujeron totalmente después de las PASO y eso lo atribuimos al temor que puedan tener de eventuales represalias en un eventual gobierno kirchnerista", expresó el ministro de Justicia, Germán Garavano, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
La lectura política que hizo el Gobierno sobre el efecto PASO en el plano internacional y su efecto inmediato tiene un asidero concreto: desde el 11 de agosto hasta hoy no se presentaron más denuncias de venezolanos residentes en la Argentina para que puedan canalizar casos de violaciones a los derechos humanos del régimen de Maduro, según los registros de la Secretaría de Derechos Humanos.
En julio pasado, por resolución de Mauricio Macri, se habilitó el Centro de Orientación a Migrantes para que los venezolanos brindaran sus testimonios e información que consideren útil sobre posibles violaciones a los derechos humanos en su país. Y hasta este momento, la Argentina recibió entre 50 y 60 denuncias, que a su vez se presentarían en diversos foros internacionales.
El gobierno de Mauricio Macri, que denunció ante foros internacionales cada vez que pudo al régimen de Maduro, se contrapone con la posición del kirchnerismo. Alberto Fernández sostuvo que en Venezuela hay un gobierno autoritario pero no una dictadura, pese a las denuncias por violaciones a los derechos humanos que investigó Michelle Bachelet por pedido de las Naciones Unidas.
Ante esta situación, y un eventual regreso al gobierno de Cristina Kirchner, en el Ministerio de Justicia revelaron a Infobae que incluso hubo casos de grupos de venezolanos que recibieron amenazas por sectores no identificados para frenar las denuncias contra Maduro.
Esas denuncias de exiliados venezolanos en Argentina, confiaron a Infobae en la Secretaría de Derechos Humanos, eran testimonios de torturas, ejecuciones y persecuciones ejecutadas por el régimen de Maduro.
En este contexto, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj frenó los viajes que tenía previsto hacer a seis provincias para recabar testimonios y denuncias de parte de venezolanos antichavistas. Esas provincias eran Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Salta y Entre Ríos.
La información recabada por el Gobierno contaba con la revisión de organismos de derechos humanos a nivel internacional, se hacía bajo estricta reserva de identidad y todo esto iba a ser sumamente relevante ya que la idea era elevar luego un informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, a pesar de las reservas del caso y los parámetros de protección que ofrecían los organismos de derechos humanos internacionales, el temor a las represalias del kirchnerismo ganó la partida.
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