La ONU instó al Gobierno argentino a derogar el decreto que expulsa del país a migrantes con antecedentes penales

La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó este viernes al Gobierno argentino a que derogue el decreto por el cual el Estado expulsa a migrantes con antecedentes penales. Y aconsejó que, mientras se lleva a cabo ese proceso, se suspenda su aplicación.

Lo hizo a través del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que días atrás analizó en Suiza la situación particular de Argentina.

Fue allí donde el director nacional de Migraciones, Horacio García, hizo pública la dispensa para que regrese al país Vanessa Gómez Cueva, una enfermera nacida en Perú que había sido expulsada del país y separada de sus hijos argentinos en febrero de este año, tras haber cumplido una condena de cuatro años de prisión por un delito relacionado a la ley de drogas.

"El Comité expresa su profunda preocupación por la promulgación y aplicación del Decreto Nº 70/2017, a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018″, dice el documento del organismo, que señala que esa norma es contraria a los mandatos de la Convención Internacional, ratificada por el Estado argentino en 2007. De hecho, la nulidad del DNU está bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Comité de la ONU está integrado por 14 especialistas de todas las regiones del planeta. Estas recomendaciones al Estado nacional son parte de sus observaciones finales sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en la Argentina, tratadas junto a García y organismos sociales en Ginebra, Suiza, a principios de septiembre.

Naciones Unidas también exigió al Estado argentino que revise todos los casos de expulsiones que se hayan realizado desde la sanción del decreto y los que aún están pendientes de resolución.

Durante el diálogo con el Estado, María Landázuri, integrante del Comité y relatora para la Argentina, reclamó que se revise la situación de por lo menos 125 casos de expulsión, informados por la Defensoría General de la Nación. Y fue concreta con el caso de Liz Moreta, que contó Infobae semanas atrás.

La resolución de la ONU se dio una semana después de que el senador nacional Miguel Ángel Pichetto se refiriera a la situación de Gómez Cueva y en contra de la decisión del propio Gobierno de permitirle regresar de modo excepcional. "Hay una patología en Argentina, una delincuente peruana narcotraficante que fue condenada a cuatro años, cumplió la condena y la expulsaron. Vendía droga, desintegraba familias y ahora como somos humanitarios, buenísimos, vamos a permitirle que vuelva para que se encuentre con los hijos mayores acá, extraordinario", había dicho el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.

El Comité de la ONU recomendó además que el Estado "adopte las medidas necesarias para que, en todos los procedimientos administrativos y judiciales, se garantice el respeto de las garantías procesales a las personas migrantes en pie de igualdad con los nacionales del Estado"; y pidió que "considere alternativas a la 'retención' que actualmente se aplica a los migrantes".

También apuntó al tratamiento que el Gobierno dio sobre casos como el de Vanessa, donde al expulsarla a su país de origen separaron a la madre de sus hijos nacidos en Argentina. Y reclamó que "vele por que los niños migrantes y los niños argentinos no sean separados de sus padres o de sus cuidadores primarios, así como no sean vulnerados sus derechos por una decisión administrativa sobre la situación migratoria de sus familiares".

También como en los casos de Gómez Cueva y Moreta, exigió al Estado que "motive a la rehabilitación de las personas migrantes que han cumplido sus
condenas por cometimientos de delitos, para que puedan reintegrarse a su familia cuando sus hijos están radicados en Argentina".

Asimismo, el Comité solicitó que el Estado busque alternativas a la detención para fines de expulsión y remarcó que esta debe ser usada como medida de último recurso.

El informe manifestó su profunda preocupación por los aspectos discriminatorios y regresivos en materia de derechos del DNU 70/2017, en particular, en lo que respecta a las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad de trato y la libertad de circulación. Así, expresa su seria preocupación por que "el decreto haya creado un procedimiento sumario 'acelerado', aplicable a las personas que son objeto de una orden de expulsión, que provoca indefensión, y da un carácter únicamente administrativo a las decisiones de permanencia o expulsión que afectan la vida y los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias".

"Las observaciones que hizo el Comité de trabajadores Migratorios de la ONU son claras: pide derogar el DNU que modificó la Ley Nacional de Migraciones, suspender su aplicación y revisar las expulsiones dictadas y ejecutadas en su marco. Además, consideró que su contenido es contrario a lo que establece la convención de la ONU que nuestro país ratificó en el 2007. Necesitamos que el Estado implemente estas medidas y dé marcha atrás con las políticas migratorias violatorias de derechos", consideró a Infobae Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que expusieron sobre la situación de migrantes en Argentina durante el encuentro en Suiza.

"El Comité fue muy claro en marcar cuáles son los apectos que el Gobierno incumple obligaciones internacionales en materia de derechos de migrantes. Es una oportunidad para el Estado para cubrir con estas obligaciones. Uno de los puntos de recomendaciones es que se incluyan organizaciones civiles en el seguimiento de estas recomendaciones. Desde Amnistía Internacional estamos disponibles y atentos para colaborar en ese espacio y la garantía de estos derechos que el Estado incumple", comentó a este medio Mariana Marques, directora de Política y Justicia Internacional de esta ONG en Argentina.

La ONU además hizo pública su preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía, de las que son víctimas vendedores ambulantes de Senegal y Haití y el colectivo LGBTIQ. También señaló que los trabajadores informales tienen dificultades para acceder a opciones para su regularización migratoria, lo que los expone a situaciones de abuso por parte de las autoridades. Instó al Estado, en ese sentido, a reconocer el trabajo autónomo como un criterio para acceder a la residencia.

El Comité advirtió al Estado, también, por los discursos de las autoridades y medios de comunicación que asocian a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad. Pidió al Estado que adopte medidas para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las y los migrantes.
Las observaciones finales del Comité obligan a las agencias del Estado, en sus distintos niveles, incluido el Poder Judicial, a retomar y profundizar una política migratoria basada en los derechos de las personas migrantes, en lugar de la política inaugurada por el DNU que las criminaliza.

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