Primero fueron las organizaciones sociales. Después, la Iglesia. Luego, los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Los últimos en sumarse fueron los diputados de la oposición, la Unión Industrial Argentina y la CGT. Todos ellos le reclaman al Gobierno que, en el marco de la crisis económica y social que atraviesa el país, Mauricio Macri implemente la emergencia alimentaria para todo el territorio nacional. Tras los sucesivos reclamos, si bien la administración de Cambiemos aseguró que no negociará "bajo extorsión", anunció un aumento en las raciones de comedores comunitarios y merenderos y destacó que las medidas que demanda la oposición ya están contempladas en dos leyes sancionadas en 2002 y 2016.
Luego de que el martes y ayer distintas organizaciones sociales se movilizaran por el centro porteño para reclamar la sanción de la emergencia alimentaria, un grupo de diputados de la oposición recibió en el Congreso a referentes de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), de Barrios de Pie, de Corriente Clasista y Combativa (CCC) y de otras agrupaciones que representan a los más necesitados.
En esa reunión, que se realizó en el Salón Delia Paradi de la Cámara de Diputados, legisladores de los bloques FpV-PJ, Justicialista, el Frente Renovador, Red por Argentina, Movimiento Evita, Consenso Federal, Frente de la Concordia Misionero, Unidad Justicialista y Somos escucharon a dirigentes como Juan Grabois (CTEP) Daniel Menéndez (Barrios de Pie) reclamar que "se ha triplicado y cuadruplicado la cantidad de hombres, mujeres, niños y jubilados -sobre todo jubilados- que asisten a los comedores".
"Vamos a trabajar para que, si el Gobierno no toma medidas, la semana que viene realizar una sesión especial", expresó tras el encuentro el jefe del bloque del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, quien informó que la idea es unificar los cinco proyectos vigentes sobre emergencia alimentaria.
Además, en una carta que se hizo pública (titulada "Una patria Fundada en la Solidaridad y el Trabajo"), la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna le pidió al Gobierno una "urgente atención a la grave situación social que atraviesan los ciudadanos sumergidos en la pobreza e indigencia". La Mesa de Encuentro, convocada por la Iglesia Católica, está integrada por las dos CTA, la CGT, la UIA, el Frente Sindical por el Modelo Nacional, la Corriente Federal de los Trabajadores, la Confederación Nacional de Cooperativas, Adimnra, Movimiento Evita, la CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Coninagro, Carbap y la Federación Agraria
Sin embargo, en diálogo con Infobae, fuentes del bloque FpV-PJ de la Cámara de Diputados le bajaron el tono a la posible convocatoria de una sesión especial: "Vamos a ver si hay alguna reacción por parte del gobierno". En esa línea, aclararon que los bloques involucrados en la audiencia con las organizaciones sociales esperarán para ver qué el grado de "voluntad que tenga el gobierno" para discutir el tema.
Pero en el oficialismo no le dan demasiado crédito a los reclamos de la Iglesia, los intendentes bonaerenses, las organizaciones sociales y los diputados opositores. Desde el ministerio de Desarrollo Social aseguraron a Infobae que el Gobierno está "aumentando la comida en comedores y reforzando la compra de alimentos por sistemas de compra de emergencia" y que "ese no es el reclamo de los que están acá abajo (en referencia a las protestas sobre la avenida 9 de Julio). Ellos piden más planes. No vamos a negociar bajo extorsión. La emergencia es otra cosa".
¿Qué es la emergencia alimentaria y cuál es el argumento del Gobierno para no ceder a los reclamos?
Básicamente, la declaración de la emergencia alimentaria le da potestad a la Jefatura de Gabinete para direccionar partidas presupuestarias para atender un eventual problema alimentario e implicaría que el Gobierno brinde más asistencia y aumente la entrega de alimentos a comedores escolares y comunitarios, merenderos y otros lugares donde los más necesitados reciben la ayuda que necesitan. También contempla medidas para asistir a adultos mayores que precisen asistencia.
La última vez que se aplicó la emergencia alimentaria en la Argentina fue durante la presidencia de Eduardo Duhalde. A través del decreto 108/2001 del 15 de enero de 2002, el Ejecutivo citó como argumento "la gravísima crisis por la que atraviesa nuestro país, alcanzando extremos niveles de pobreza, agravados por una profunda parálisis productiva, tornándose obligatorio instrumentar las medidas necesarias y adecuadas para paliar tal situación".
En diálogo con Infobae, Daniel Menéndez, uno de los dirigentes de Barrios de Pie, detalló: "Pedimos que se fortalezca la asistencia a las escuelas, que en la provincia de Buenos Aires es de $29, y llevarla a $50 por chico por día. Además, queremos que se fortalezca la asistencia a los comedores comunitarios. Por un problema con los proveedores y de remarcación de precios, desde las PASO no manda leche a los comedores, y ahora sumaron un problema para licitar la compra, porque al no haber precios, no compran. Eso tiene que resolverse al precio que sea y garantizar el alimento en los comedores comunitarios".
Después de la presión que aumentó en los últimos días a caballo de las masivas protestas en el centro porteño, desde Desarrollo Social confirmaron a Infobae que habrá un aumento del 48% de las raciones de comedores comunitarios y merenderos. "Este aumento se suma al acumulado anual del 45,5% en el valor de la ración durante el 2018", destacaron a este medio desde la cartera que conduce Carolina Stanley.
Sin embargo, más allá de esa decisión, el oficialismo se muestra inflexible y esgrime dos argumentos para rechazar los reclamos: por un lado, los voceros de Desarrollo Social enumeran las medidas de emergencia que implementó Mauricio Macri para aliviar el impacto de la crisis económica y social que lleva más de un año; por otro, aseguran que lo que piden desde la oposición, la Iglesia y las organizaciones sociales está contemplado en dos leyes, una de 2002 y otra de 2016.
La primera, el decreto firmado por Duhalde, establecía la creación del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional "destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza". La ejecución de esa norma, que ratifica "el deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía", es responsabilidad del Gobierno nacional en conjunto con las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, en 2016 el Senado aprobó por unanimidad la ley que declara la emergencia social y dispone la elaboración de un salario social complementario para los trabajadores de la economía informal. La ley, consensuada entre los bloques del Congreso, el Gobierno y agrupaciones sociales como el Movimiento Evita, CTEP y Barrios de Pie, declara la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispone la creación de dos órganos: el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP).
La ley faculta a la Jefatura de Gabinete a "efectuar reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias" hasta un monto de $ 25 mil millones durante el plazo de vigencia de la ley y en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta $ 5 mil millones.
El tema volvió al centro de la escena luego de que la semana pasada, la Comisión Episcopal de Pastoral Social le pidiera al Gobierno que declare la emergencia alimentaria y nutricional ante lo que consideró un "severo aumento de la indigencia" y un incremento "indiscriminado del precio de los alimentos". A través de un comunicado, la comisión que encabeza el obispo Jorge Lugones advirtió que "si bien el Estado Nacional está asistiendo con mayor ayuda alimentaria, no sería suficiente para paliar las deficiencias de este tiempo".
Algunos días después, intendentes del Partido Justicialista le reclamaron a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que declare la emergencia alimentaria, al considerar que la situación económica se agravó tras la última devaluación. En una carta que entregaron en la casa de la provincia de Buenos Aires, los intendentes peronistas hablaron de "la angustiosa situación" del país, detallaron que "según el INDEC, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los chicos pasaron hambre en el último año" y destacaron que "los niños del Gran Buenos Aires presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria frente al promedio nacional, ya que el 7,8% de ellos no consume ningún nutriente esencial (carnes, lácteos, frutas, verduras) en su dieta alimentaria diaria".
Por último, desde hace algunas semanas las organizaciones sociales aumentaron la presión y la intensidad de sus manifestaciones callejeras en las que reclaman ayuda del Estado para que los más necesitados puedan alimentarse todos los días.
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