Norberto Oyarbide conserva la protección que le permitió sobrevivir durante tantos años en Comodoro Py. En la causa por enriquecimiento ilícito, casi la única que se mantiene abierta en su contra, el ex juez nunca contestó el requerimiento de justificación patrimonial que firmó el fiscal Jorge Di Lello a fines de 2018. Una situación insólita que tiene pocos antecedentes en los tribunales de Retiro.
Pasaron más de ocho meses. En este tiempo, el expediente deambuló por los despachos. Tampoco respondieron las notificaciones judiciales los otros dos imputados en la causa: el empresario Ariel Roperti y su pareja Claudio Blanco.
"Esta Fiscalía se encuentra en condiciones de requerir justificación respecto a determinados aspectos del patrimonio del ex juez Norberto Oyarbide, en función de las irregularidades detectadas en su entorno, concretamente en lo referente al crecimiento patrimonial de Claudio Blanco y Ariel Roperti, de quienes se presume se vinculan al ex juez en calidad de testaferros", señaló Di Lello a fines del año pasado ante el juez Sergio Torres, que ahora ocupa un lugar en la Corte bonaerense.
La causa sobre el patrimonio de Oyarbide arrancó en octubre de 2016, por una investigación preliminar del fiscal José María Campagnoli y tuvo un impulso a mediados del año pasado, con allanamientos a una docena de empresas investigadas.
Los investigadores pusieron la lupa en los bienes de Roperti, el empresario que "coleccionaba" autos de alta gama. La ex mujer de Roperti, Martha Cavallaro, relató ante la Justicia que su ex conoció a Oyarbide en una suerte de reservado del restorán "El Mirasol Campo & Mar", y que partir de ese momento su posición económica mejoró de manera ostensible.
Roperti acompañaba a Oyarbide en sus viajes por exterior. La Justicia investigó más de 30 viajes de los últimos diez años (son al menos 60 vuelos). El destino preferido del ex juez era Estados Unidos. Pero también se sucedieron viajes al Caribe, Uruguay y varias capitales de Europa.
La hipótesis de la investigación siempre apuntó a un entramado de sociedades, algunas truchas, para ocultar bienes. Las pruebas fueron apareciendo en cuentagotas. Pero el expediente sigue abierto y concentrado sobre algunas de esas firmas.
La indiferencia de Oyarbide y los otros dos imputados con el avance de la causa tiene pocos antecedentes.
Di Lello ahora podría insistir con la notificación o pedir la indagatoria para que se defienda de la acusación en su contra. Pero la decisión final, en ese caso, quedaría en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, que reemplazó temporalmente a Torres.
El blindaje judicial de Oyarbide
Desde que logró esquivar el juicio político en aquella sesión recordada del Senado, el 11 de septiembre de 2001, Oyarbide nunca tuvo que dar explicaciones antes sus colegas de Comodoro Py. Ni siquiera cuando dejó su cargo, con el aval del gobierno de Mauricio Macri, y se fue a su casa a cobrar una jubilación.
En diciembre, la Cámara Federal revocó el procesamiento del ex juez federal en la causa de los cuadernos y lo benefició con falta de mérito. En ese expediente, Oyarbide había reconocido que le "apretaron el cogote" para beneficiar al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento político.
Tampoco prosperó una denuncia por los dichos del contador Victor Manzanares, quien reconoció que se reunió varias veces con Oyarbide para "arreglar" las presentaciones judiciales y la pericia. "Los dos reconocieron que hicieron lo correcto en el expediente pese a los encuentros", explicó una fuente judicial.