"La Comisión nunca había recibido un cúmulo de denuncias de tal magnitud, que prácticamente desbordaba la capacidad de la secretaría", recuerda Roberto Álvarez, abogado dominicano que por entonces integraba era especialista principal en la Secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Desde agosto de 1976 -sigue diciendo-, se recibían a diario numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos desde Argentina; el volumen de estas denuncias aumentaba exponencialmente cada mes, opacando la magnitud de peticiones de cualquier otro país".
Roberto Álvarez estuvo en Buenos Aires para participar en una conferencia organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con motivo del conmemorarse el 23 de agosto, el Día de las Víctimas del Totalitarismo.
En esa conferencia, el ex integrante de la CIDH participó de un panel sobre los 40 años de la visita de la CIDH a Argentina -que se cumplen el próximo 6 de septiembre- junto a Graciela Fernández Meijide, ex Secretaria de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), y la periodista Norma Morandini, titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. El panel fue moderado por Jorge Sigal, ex integrante de la APDH y ex Secretario de Medios Públicos de la Nación.
La visita de la CIDH a la Argentina en septiembre de 1979 marcó un antes y un después en la difusión de lo que estaba sucediendo en la Argentina. Es sabido que la dictadura instaurada en marzo de 1976 optó por actuar en las sombras: el método elegido fue el secuestro y desaparición de las víctimas de la represión, su retención en centros clandestinos de tortura y, finalmente, su asesinato, también clandestino.
En la superficie, todo era negado. La gente era detenida, pero luego desaparecía: no había prisioneros ni cadáveres. Nada. Esa metodología, sumada a la complicidad internacional del bloque soviético, Cuba incluida, levantó una cortina informativa en torno a la represión ilegal, dificultando enormemente la difusión de la verdad.
En la ONU, todos los intentos por despachar hacia Argentina una comisión investigadora para comprobar in situ la veracidad de las denuncias sobre los horrores de la represión chocaban con la cerrada negativa de los países comunistas que sostenían a la dictadura de Jorge Rafael Videla con el argumento de que éste era una "paloma". En realidad se trataba de no importunar la exportación de granos hacia la Unión Soviética y otros países del bloque del Este.
De ahí la trascendencia que tuvo el que, finalmente, y gracias a la presión sostenida del gobierno de los Estados Unidos, que presidía James Carter, una misión de la CIDH llegara a la Argentina, en septiembre de 1979.
Cuando Roberto Álvarez ingresó a la CIDH, en agosto de 1976, la comisión venía de padecer una crisis interna y prácticamente carecía de medios personal para llevar adelante su tarea. "Disponía de un sólo joven abogado, Charles Moyer", recordó Alvarez, en momentos en que "arreciaban las denuncias de violaciones de derechos humanos desde Argentina".
Fue entonces cuando un asesor legislativo del senador Ted Kennedy, Mark Schneider, movió influencia para obtener una financiamiento de 450 mil dólares para la Comisión. "Esa infusión de dinero, la primera donación directa, fue un golpe de oxígeno para la CIDH pues pudo aumentar el número de abogados inmediatamente a cinco".
Otro paso clave fue la contratación de Edmundo Vargas Carreño, en septiembre de 1977, como secretario ejecutivo de la CIDH. "Edmundo le imprimió a la secretaría de la Comisión el liderazgo, la visión y la efectividad de que hasta ese momento carecía", explicó el experto.
La Comisión ya había elaborado informes sobre otros países antes del viaje a Argentina. De 1970 hasta 1979, había emitido reportes sobre Cuba, República Dominicana, Haití, El Salvador y Honduras, y también sobre Chile y Nicaragua.
La CIDH venía estandarizando los derechos sobre los cuales debía expedirse, a partir de estas experiencias previas, pero el caso argentino trajo una novedad: la figura de los desaparecidos. No porque no los hubiera en otros países, sino por la dimensión que esto adquirió en el caso de nuestro país.
Así lo evocó Roberto Álvarez: "Comenzamos a clasificar las denuncias recibidas desde Argentina e inmediatamente se hizo obvio que el grueso de estas se refería a detenciones y posterior desaparición de personas, hechos que ocurrían siguiendo un patrón sistemático con características similares, hoy ampliamente conocidas. Se abrieron cientos y cientos de casos, hasta sobrepasar los miles".
La contrapartida de esto era la negativa de la dictadura a dar explicaciones. "Las lacónicas y cortantes respuestas del gobierno a las partes pertinentes de las denuncias que la Comisión le trasladaba, cuando respondía, también mostraron otro patrón sistemático, uno que revelaba, entre otros aspectos, el intento de ocultar los hechos por parte del gobierno".
En su exposición, Álvarez recordó que en una ocasión, a mediados de 1978, el ministro consejero de la misión de Argentina ante la OEA, Arnoldo Listre, se presentó en la oficina de Vargas Carreño para devolverle de mala manera una nota argumentando que para su gobierno los términos del mensaje eran inaceptables. Se trataba de un reclamo de familiares de un desaparecido que querían recuperar objetos robados de su casa en el momento del secuestro.
"Hoy sabemos que se montaron inmobiliarias para la venta de los enseres", concluye Álvarez.
"Ante el desconcertante volumen de comunicaciones y la gravedad de los hechos denunciados -agrega-, la Comisión decidió, desde 1977, solicitar al gobierno la anuencia para llevar a cabo una visita in loco para constatar sobre el terreno la situación de los derechos humanos en Argentina. El gobierno no contestó las diversas solicitudes que la CIDH le envió."
"Es ampliamente conocido que fue a través del gobierno de Jimmy Carter que se logró el permiso del gobierno argentino para la visita de la Comisión", recordó.
También destacó el "papel relevante" de una funcionaria de la administración Carter: Patricia Derian, secretaria adjunta de derechos humanos y asuntos humanitarios en el Departamento de Estado, que visitó Argentina en 1977 y luego informó a su gobierno sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina.
"Sin embargo -dice Roberto Álvarez-, se desconoce el papel en dicho proceso del segundo en su oficina, Mark Schneider, el subsecretario adjunto". Es decir, el ya mencionado asistente legislativo del Senador Ted Kennedy que, además de garantizar los fondos para la Comisión, también "presionó a su gobierno por la visita de la CIDH a Argentina".
Para Álvarez, el capítulo más importante del informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, publicado en 1980, fue el tercero, titulado "El problema de los desaparecidos", por extensión y contenido.
El grueso de los casos son sobre hechos ocurridos entre 1976 y 1978, antes de la visita de la Comisión. De hecho, lo más fuerte y masivo de la represión tuvo lugar en 1976 y 77, cuando la dictadura desmanteló en especial a toda la estructura sindical de base -delegados, comisiones internas- y a las organizaciones guerrilleras.
"Si bien en algunos de los informes de país previos, como los de Chile, la Comisión había mencionado el tema de los desaparecidos, ninguno hasta el de Argentina había incluido un capítulo especial sobre la problemática, ni lo había analizado con reflexiones tan importantes sobre la naturaleza del crimen, que hasta ese momento no había sido tipificado por el derecho internacional de los derechos humanos", dijo Roberto Álvarez en su exposición.
Ese "vacío normativo de los tratados de derechos humanos existentes" fue uno de los principales obstáculos que enfrentó la Comisión "para analizar y denunciar adecuadamente el crimen de la desaparición". "El capítulo sobre los desaparecidos apuntaba hacia esa urgente necesidad y presentaba un reto para la comunidad internacional", explicó.
Álvarez destacó tres aspectos clave del informe emitido tras la visita. En sus palabras, uno, "la contribución al desarrollo de la conciencia global de los derechos humanos como ideal con primacía sobre toda ideología política; dos, la presencia y contribución de Argentina al avance de los derechos humanos en la región; y tres, el aporte al desarrollo del concepto de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad".
Además, señaló que, a mediados de la década de los 70, "se generó a nivel internacional un movimiento social que, trascendiendo gobiernos y organismos internacionales, promovió los derechos humanos como objetivo propio, con una efervescencia no vista antes".
Según él "ese activismo tuvo un impulso muy importante" en la "llamada tercera ola democrática, teoría desarrollada por el académico estadounidense Samuel Huntington, que se inició con la revolución de los claveles en Portugal en abril de 1974 y que se propagó a través de América del Sur a principios de los '80".
Tanto el informe de la CIDH, publicado en 1980, como el Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), publicado en 1984, "se insertaron en esta ola de efervescencia global con contundencia y dieron, desde el retorno a la democracia en Argentina en octubre de 1983, un impulso vital al movimiento renovador de los derechos humanos a nivel internacional", dijo Álvarez.
También aseguró que, desde el restablecimiento de la democracia en 1983, "Argentina ha sido un baluarte y referente para la promoción y protección de los derechos humanos", especialmente en la región.
"Las primeras denuncias de desaparición forzada en números importantes que recibió la CIDH emanaron de Chile después del derrocamiento de Salvador Allende en septiembre de 1973 -comentó también Álvarez en su exposición-. Sin embargo, la cantidad de casos denunciados desde Argentina a partir de 1975 y sobre todo después del golpe de marzo de 1976 eclipsaron todas las cifras previas, forzando a la comunidad internacional a iniciar un proceso de profundo cuestionamiento y sensibilización sobre este grave problema".
Y destacó que "fue primordialmente a través de la lucha y presión de los familiares de los desaparecidos en Argentina y de diversas organizaciones nacionales e internacionales que se mantuvo vigente esa búsqueda".
En aquel momento no existía jurisprudencia ni claridad conceptual sobre la desaparición forzada. "Ni siquiera existía acuerdo sobre cómo denominar el delito: se hablaba, entre otros calificativos, de simplemente desaparecido, o detenido desaparecido, desaparecido involuntario, etcétera", recordó el experto.
En 1983, la resolución 666 de la OEA estableció: "Declarar que la práctica de la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".
"La OEA continuó trabajando el tema y en junio de 1994 aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", explicó, estableciendo que "el delito será considerado continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".
En el año 2006, la ONU adoptó una medida análoga: la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.
"Como podemos ver, el Informe sobre Argentina, como resultado de la visita de septiembre de 1979, tiene un origen asombroso, casi milagroso, por las condiciones en que se encontraba la Comisión y en particular su secretaría en 1976", sintetizó.
Y concluyó: "No cabe duda alguna que el significado y proyección del Informe en estos últimos 40 años se ha debido primordialmente a la acción mancomunada de miles de argentinos que, después de tanto sufrimiento, tomaron el estandarte de los derechos humanos como su bandera de lucha y sin cejar la han avanzado con lozanía y gallardía ante todo reto".
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