Causa dólar futuro: el tribunal que debe resolver sobre el juicio oral ordenó un peritaje clave

A más de una semana del triunfo del Frente de Todos en las PASO, la disparada de dólar y la incertidumbre de los mercados, la Justicia dio esta semana un paso clave en la causa conocida como "dólar futuro", en la que están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner, hoy candidata a vice, y el postulante a gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.

Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal 1 decidió avanzar esta semana con un peritaje contable que estaba pendiente y que podría convertirse en un punto de inflexión: el avance del expediente hacia el juicio oral o la posibilidad de determinar, como esperan las defensas, que el caso debe cerrarse.

Se trata de un estudio que había pedido la defensa de Miguel Angel Pesce, vicepresidente del Banco Central y avalada a fines del 2017. Se ordenó la semana pasada. En diálogo con Infobae, fuentes de las defensas plantearon que el peritaje permitirá demostrar que se está judicializando la política económica y que no hubo perjuicio para el Estado.

Entre los acusadores, en cambio, insisten en que el caso debe avanzar hacia juicio oral. No son pocos los que sospechan que este análisis contable puede ser el paso previo a una absolución, de acuerdo indicaron a este medio las fuentes consultadas.

El caso. La causa "dólar futuro" investiga a Cristina Kirchner, Kicillof, el ex director del Banco Central Alejandro Vanoli y otras autoridades de esa entidad por autorizar la venta de contratos futuros de dólar a un precio sustancialmente menor al del mercado y provocar un perjuicio económico para el Estado de $54.436 millones.

La denuncia fue hecha por diputados del PRO en octubre de 2015, cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a "dólar futuro" a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar "blue" se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era entre $14 y $15.

El caso le tocó al juez Claudio Bonadio. En abril de 2016, el magistrado llamó a indagatoria por administración infiel en perjuicio de la administración pública a la ex presidenta, que no aparecía en público desde que abandonó la Casa Rosada en diciembre de 2015. Su indagatoria en Comodoro Py incluyó una movilización para acompañarla y un atril desde donde habló de la Justicia y del Gobierno de Macri. Un mes después, tras fallidas recusaciones por enemistad manifiesta, Bonadio la procesó junto a Kicillof y una decena de ex funcionarios del Banco Central y  la Comisión Nacional de Valores.

"Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del B.C.R.A. y por supuesto, a los directores de la C.N.V., todos los cuales –es preciso resaltarlo- eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento", señaló Bonadio cuando la procesó.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos. Allí se sostuvo que " el  objeto  de  la  pesquisa  no  fue cuestionar la legitimidad de la venta de contratos de dólar a futuro, sino que se orientó a determinar si tales operatorias fueron llevadas a cabo en violación a lo dispuesto en su Carta Orgánica, en beneficio de terceros y perjudicando  el  patrimonio  de  la  entidad".

En mayo de 2017, Bonadio dio por cerrada la causa y se mandó a juicio a Cristina Kirchner, Kicillof y los directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro  Vanoli,  Miguel  Ángel  Pesce,  Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro  Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman,  Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés  Aguilera. También apuntó contra los  directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Alexis  Girard,  Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, por ayudar a la maniobra.

El juicio. "Llama poderosamente la atención que se impute un perjuicio para el erario de la administración pública que no fue verificado y sólo se basa en valoraciones de testigos y afirmaciones de quienes no resultan idóneos para determinarlo. ¿Cómo puede imputársele causación de un perjuicio sin verificarlo en los Balances del BCRA? La respuesta es simple: los balances no arrojan ese quebranto", planteó  la abogada Andrea Caseaux, defensora de Pesce, apenas el caso pasó a juicio oral, reclamando que esta medida no fue dispuesta en instrucción.

En ese momento, la defensa reclamó que los peritos contadores de la Corte Suprema respondan en base a toda la documentación de la causa y los expedientes administrativos a una serie de preguntas porque –afirmó- hubo "errores técnicos y teóricos en materia económica que son factor común de la mayoría de las afirmaciones contenidas" tanto en las resoluciones del juez Bonadio como las del fiscal Eduardo Taiano, a la hora de acusar y pedir la elevación a juicio.

A fines de 2017, el Tribunal hizo lugar a una seguidilla de medidas en el marco de instrucción suplementaria. Quedaba pendiente el peritaje que se ordenó la semana pasada, con la firma del juez Adrián Grumberg, del TOF.

El peritaje.  Los puntos de peritaje, a los que tuvo acceso a Infobae, incluyen esclarecer las ganancias o pérdidas del BCRA en 2015 y 2016, y a qué monto ascendieron, y si hubo "riesgo de pérdida o déficit hasta la cancelación de los contratos de futuro, teniendo en cuenta los activos y pasivos reales y contingentes con los que contaba el BCRA en el momento en que se tomaron las decisiones de venta de contratos de futuro". También precisar "cuál fue el valor de la revaluación de los activos dolarizados del Banco Central en los ejercicios 2015 y  2016" y "en qué otros años existieron pagos netos por obligaciones de contratos de dólar futuro".

Se busca también saber "cuánto fue con lo que efectivamente asistió el BCRA al Tesoro en esos años" y "si existe en las notas del balance 2015 y 2016 alguna observación del auditor interno, del auditor externo, de la AGN o de la Sindicatura indicando que las operaciones de dólar futuro se hicieron a un precio ilegal".

Entre otros puntos, el interrogatorio a los peritos pondrá el foco en  si "las operaciones de dólar futuro realizadas en el año 2015 se hicieron en mercados bajo la definición de los mismos de la ley de mercado de capitales 26831", si "existe un mercado de pesos en la plaza de Nueva York con las características del mercado respectivo de la ley de mercados de capitales de la Argentina" y si "los precios a los que operó el BCRA en contratos de futuro coinciden con los de dichos mercados".

Consultados por este medio, las defensas señalaron que la pericia demostrará que no hubo una administración fraudulenta y que se trató de decisiones de política económica. Los acusados más politizados, como Cristina y Kicillof, ya han sostenido en una causa paralela contra los funcionarios del Mauricio Macri que fue el Gobierno que los sucedió el que devaluó. Mientras tanto, los acusadores plantean que el objeto de la causa es si se violó la reglamentación del Banco Central.

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