"Si Roggio tiene un avión, por qué no puedo comprarme uno", respondía Sergio Schoklender cuando su entorno le cuestionaba semejante inversión. No fue uno, sino dos. El ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo recorrió el país en dos aviones privados. Los usaba para visitar las obras de la Fundación, pero también para irse de vacaciones. Cuando estalló el escándalo, en 2011, perdió todo. Nueve años después, la Justicia todavía no pudo recuperar ni un solo centavo de ese dinero. Uno de los aviones, un Cessna Citation I, matrícula LV-BXH, está prácticamente abandonado en el aeropuerto de San Fernando. A la intemperie y sin mantenimiento, hoy solo tiene valor de chatarra.
Cuando pugnaba por ser reconocido por los grandes popes de la construcción, con más de 40 obras en todo el país, Schoklender compró dos aviones: el Pipper PA-31T Cheyenne II (matrícula LV-MNR) y el Cessna Citation I. Los puso a nombre de Meldorek, la empresa que utilizó para esconder gran parte de su patrimonio.
Los dos operaciones llegaron de la mano de Gustavo Serventich, un piloto comercial a quien Schoklender conoció en 2008, durante un vuelo privado desde Pinamar hasta Buenos Aires. El viaje duró apenas 50 minutos. Schoklender se sentó en la cabina y hablaron sobre el mercado de los aviones.
Pocos días después, marcó el teléfono del piloto y lo citó a su oficina. Tenía una disyuntiva: seguir alquilando aviones o comprarse el suyo. Serventich hizo algunas preguntas y no dudó en responder: por la envergadura y la frecuencia de los viajes que proponía Schoklender, la mejor opción era comprar un Pipper Cheyenne II.
El avión que buscaban estaba en manos de Meldorek SA, propiedad en ese entonces de Fernando Caparrós Gómez, un excéntrico financista que también será juzgado junto a los hermanos Schoklender. La operación se acordó en 18 cuotas.
No pasó demasiado tiempo hasta que surgió la idea de ir por más. Querían un avión con mayor autonomía y velocidad porque se multiplicaban los viajes por el interior del país. El elegido fue el Cessna Citation I.
La compra de ese avión abrió la puerta para hacerse con las acciones de Meldorek: Schoklender se quedó con el 90% de la empresa y su piloto aceptó el 10% restante. El resto de los bienes de Meldorek (un barco, una Ferrari, un Porsche y un departamento) pasaron a Gorlac SA.
Serventich declaró en la Justicia que, entre octubre de 2008 y junio de 2011, las dos aeronaves volaron unas 800 horas, lo que implicaba un recorrido aproximado de 355.000 kilómetros.
Schoklender recorrió todo el país y viajó varias veces a Brasil, donde pretendía exportar su modelo de construcción. En algunos de esos viajes lo acompañaban funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. Según declaró en un reportaje con la revista Noticias, en el Citation viajaron el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, la ex ministra de la Producción Débora Giorgi, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich y hasta Pablo Moyano.
Cuando estalló el escándalo, la Justicia embargó el Cessna Citation I, entre otros bienes. Pero pasaron los años y el avión perdió todo su valor.
Según pudo saber Infobae, la Justicia espera hace más de seis meses un informe del Tribunal de Tasaciones. Con ese dato, recién se pondrá en marcha el proceso para subastarlo. Con la causa elevado a juicio oral, los trámites quedará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, elegido para el juicio de "Sueños Compartidos".
Hace más de tres años, la aeronave está abandonada en un rincón del aeropuerto de San Fernando, a pocos metros del avión de Lázaro Báez que será subastado en septiembre. Los dos sufrieron el paso del tiempo y valen cada vez menos.
El principal perjudicado fue el Estado.
Schoklender y Bonafini esperan el juicio oral
En mayo de este año, el juez Marcelo Martinez de Giorgi firmó la elevación a juicio de la causa "Sueños Compartidos", que significó un desvío de más de 200 millones de pesos de los $750 millones destinados al plan de viviendas.
Entre los más de 20 imputados se destacan los hermanos Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio De Vido, José López y Abel Fatala.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigas en Los Sauces y Hotesur.