El ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por la causa Ciccone, se enfrentará el próximo 29 de agosto a una nueva sentencia: ese día el Tribunal Oral Federal 8 definirá si es inocente o culpable de otros dos hechos por los que se lo está juzgando. Uno vinculado a la compra de autos sin licitación cuando era ministro de Economía durante el kirchnerismo; otro, los papeles truchos de otro vehículo.
La fiscalía había pedido para él una condena unificada a cinco años de cárcel. La defensa, su absolución. Hay otros acusados por la compra de autos del Ministerio de Economía.
Boudou ya está preso. Es por la condena a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Ciccone. Casación confirmó esa sentencia hace unas semanas.
En marzo pasado, Boudou comenzó a ser juzgado nuevamente por dos hechos. Por un lado la presunta falsificación de formularios para transferir un auto Honda (por la que ya había sido juzgado; fue sobreseído pero el juicio se anuló y debió hacerse de nuevo) y por otro la compra presuntamente irregular en 2009 de 19 autos de alta gama para la flota del Ministerio de Economía cuando estaba a cargo de esa cartera, por la que se pagaron 2.131.400 pesos.
El Tribunal Oral Federal 8 que lleva adelante el juicio está integrado por los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez. Hoy definió que el veredicto se conocerá el próximo 29 de agosto.
Por la compra de los autos, el fiscal Córdoba cuestionó que "no hubo ni subasta pública ni privada", sostuvo que "hubo una compra directa notoriamente ilegal, reconocida por los imputados" y, aunque señaló que no hubo "sobreprecios", advirtió que "el único proceder inobjetable hubiera sido la licitación pública".
Además de la pena para Boudou, la fiscalía pidió cuatro años de cárcel para el ex secretario legal y técnico de Economía Benigno Alberto Vélez -como autor de negociaciones incompatibles con la función pública al firmar los papeles de compra-, y para el ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo. También reclamó tres años en suspenso para los empresarios Guido y Fernando Guidi, dueños de la concesionaria donde se adquirieron los vehículos. Y la absolución para otro ex funcionario, Álvaro Palencia Reffino.
Reposo fue propuesto por la ex presidenta Cristina Kirchner para ocupar la Procuración General de la Nación, pero el Senado rechazó su nombramiento. El cargo lo ocupó Alejandra Gils Carbó.
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