La campaña desde las cárceles: quiénes son los presos que competirán en las PASO

No tendrán la relevancia política del ex presidente brasileño Lula da Silva, pero comparten una suerte parecida. Desde la cárcel, varios presos formarán parte de distintas listas en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo del 11 de agosto. Están habilitados a hacerlo porque ninguno de ellos fue proscrito ni registra condenas con sentencia firme, mientras se discute en el congreso el proyecto "Ficha Limpia". Son presos que en sus boletas estarán en los cuartos oscuros de los pabellones, por lo que podrán ser votados por sus compañeros de celda.

El más conocido es de alto perfil. Preso desde hace más de 600 días, Julio de Vido, el ex ministro de Planificación Federal, está detenido desde octubre de 2017 en el penal de Marcos Paz, luego de que se aprobara su desafuero como legislador nacional en la Cámara baja.

De Vido se postuló sin el apoyo del Frente de Todos. Todavía está abierta la herida con el kirchnerismo, que se ausentó cuando se trató su remoción en recinto. Ahora, el ex funcionario encabeza la lista de Diputados nacionales por el partido "Dignidad Popular", cuyo máximo referente es el empresario y periodista peronista Santiago Cúneo, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

Cuando se votó su desafuero, el ex ministro estaba imputado por hechos de corrupción en la causa por el desvío de fondos en el Yacimiento Río Turbio, a cargo del juez federal Luis Rodríguez, y el expediente que tramita el juez Claudio Bonadio por sobreprecios en la importación de barcos de gas licuado (GNL). El diputado suspendido protestó entonces porque su desafuero se produjo antes de defenderse en declaración indagatoria en el caso GNL, en la que después le dictaron la "falta de mérito" tras ser cuestionada una pericia trucha del ingeniero David Cohen.

Sin embargo, la condena que tiene el ex ministro es por otra acusación: la tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal N°4 lo sentenció a cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser "partícipe necesario del delito de administración fraudulenta". Pero como el fallo no está firme, De Vido puede votar y presentarse para las elecciones.

Desde que se oficializó su precandidatura, De Vido hizo malabares para aportar de alguna manera a la campaña desde la prisión. Sus redes sociales siguen activas y Alessandra Minicelli, su esposa y segunda candidata por la misma lista, trabaja como su vocera.

"Entraste diputado, salís diputado. Yo voy a trabajar con la fuerza política que tenemos armada para que vos tengas la chance, para que los peronistas que te hicieron diputado te vuelvan a hacer diputado y corrijan ese pequeño error de memoria de los legisladores que te acompañaron en esa boleta y se olvidaron de bajar ese día'", reveló Santiago Cúneo lo que le dijo a De Vido en un entrevista a Infobae.

Aunque están distanciados, el ex ministro continúa apoyando a la conductora del peronismo, la senadora Cristina Kirchner. Ahora bien, su campaña y la de su partido Dignidad Popular está planteada en términos de una disputa directa con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. De hecho, De Vido aseguró que "jamás compartiría una elección" con él.

"Cortala con Massa" es la consigna que impulsa Dignidad Popular para que haya un corte de boleta en la papeleta presidencial del Frente de Todos a favor de De Vido. "Para consolidar el proyecto de transformación que impulso y por el que nació el peronismo,apoyen la fórmula presidencial del FRENTE DE TODOS que nos garantiza CRISTINA KIRCHNER, pero en la Provincia de Buenos Aires no nos equivoquemos, votemos CUNEO GOBERNADOR y en Diputados Nacionales, la disyuntiva de la hora, el 11 de agosto, es MASSA o DE VIDO", escribió el 27 de julio en su cuenta de Facebook.

"Cortala con Massa", la consigna que impulsa el partido Dignidad Popular que encabeza la boleta de Julio de Vido.

Un sindicalista detenido por protestar 

Daniel Ruiz es menos conocido que su compañero Sebastián Romero, el icónico militante que disparó con pirotecnia a la Policía en la "batalla" por la reforma previsional de 2017 en las inmediaciones del Congreso. Ambos militan en el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), pero su realidad es distinta: mientras Romero está prófugo, Ruiz siempre se ajustó a derecho. No obstante, Ruiz fue detenido nueve meses después de los incidentes en Marcos Paz por el delito de "intimidación pública y resistencia a la autoridad", aunque su condición no le impedirá tener una boleta con su nombre este domingo.

Ruiz es delegado del sindicato petrolero, tiene 40 años, una hija de 15 y está separado. Se postula como precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-Unidad) en la provincia de Chubut. Desde la cárcel, estuvo involucrado desde el comienzo con la campaña electoral de la coalición trotskista.

Los principales candidatos del FIT reivindican que el activista sindical figure en sus boletas. Lo que para otras agrupaciones sería "piantavotos", para la izquierda es un valor que las nóminas sean integradas por "luchadores perseguidos".

"Daniel Ruiz esta detenido por haberse movilizado contra la reforma previsional de 2017. Es un rehén de este gobierno y es un referente para todos los que estuvimos luchando ese día", señaló el precandidato presidencial Nicolas del Caño en un video, donde exige la "inmediata e incondicional" liberación del candidato.

El spot de Nicolás del Caño en apoyo a Daniel Ruiz.

El FIT hizo un acto de cierre de campaña en el Congreso donde no faltó la mención a Daniel Ruiz, quien envió una carta a la actividad. "Aunque el gobierno de Macri y su ministra de Seguridad me tienen preso en una celda, con la fuerza y solidaridad de todos ustedes puedo decir que, pese al hostigamiento y las mentiras de Clarín y La Nación, mi corazón está con ustedes", relataba el texto leído anoche por los oradores del mitín.

En los últimos días, Ruiz continuó cosechando apoyos para que sea excarcelado según refleja la cuenta de Facebook "Libertad a Daniel Ruiz". Sus compañeros consideran que es un "perseguido político" y que puede afrontar el proceso judicial fuera de la cárcel. El sitio refleja también distintas acciones de solidaridad internacional de organizaciones de izquierda afines en Uruguay, Brasil o Costa Rica.

Mientras tanto, el dirigente permanece alojado en el penal en un sector "pesado", con reclusos con penas de homicidio o narcotráfico. Según contó, hasta hace un tiempo lo llamaban "el sindicalista" y no le prestaban mucha atención. Pero las condiciones de detención empeoraron en la cárcel y Ruiz empezó a organizar asambleas con sus compañeros de celda para reclamar mejoras, como elementos de limpieza y aseo, entre otras inquietudes.

"Toda la vida fui un trabajador, no pasé ni una noche en una comisaría. En la cárcel tengo diez en conducta. Me podrían dar la domiciliaria con la tobillera, pero no quieren porque me necesitan preso. Pero vamos a seguir pidiendo la excarcelación. En diciembre presentaremos un recurso en queja a la Corte Suprema", adelantó el dirigente del PSTU al portal El Furgon.com.

Tanto Ruiz como De Vido forman parte de una población de 57 mil presos. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en Chubut, los reclusos tendrán la opción de votarlos en una boleta única especial diseñada para los internos del sistema penitenciario.

Los casos locales

Junto a Ruiz, otro activista de izquierda detenido tendrá su boleta en el cuarto oscuro. Sebastián Mac Dougall es ex trabajador de la Línea Este de colectivos y terminó en prisión el 3 de abril pasado en La Plata, cuando la Policía bonaerense lo detuvo por "coacción agravada y daños en concurso real" en el marco de un conflicto de 2017, que disparó una huelga de 22 días en rechazo a una serie de despidos por una futura elección de delegados gremiales. En ese operativo también fueron privados de su libertad los choferes Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi.

"Soy ex chofer de la línea Este de colectivos de la ciudad de La Plata, una empresa en manos del empresario negrero Osmar Corbelli. Hoy soy un preso político de este Gobierno, quien me persiguió y me criminalizó por haberme puesto, junto a otros compañeros, al frente de la lucha por condiciones dignas de trabajo y por querer elegir delegados que nos representen", escribió Mac Dougall en una carta, quien se presenta como precandidato a senador bonaerense por la lista del FIT-Unidad.

Mac Dougall goza de prisión domiciliaria y tiene un permiso para trabajar en un horario restringido, de 7 a 18. Aún no pudo volver a conseguir un empleo como chofer.

Como en el caso de Daniel Ruiz, la alianza integrada por el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista, el MST, Poder Popular y otras agrupaciones le ofrecieron a Mac Dougall una candidatura para que pueda difundir su situación penal. "Con orgullo les dije que sí", afirmó.

En otra situación está Rubén Martínez, quien desde la soledad de la cárcel lanzó su candidatura a intendente de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. El concejal, que está detenido desde el 22 de marzo, está acusado por el presunto abuso de dos menores de edad. Según la denuncia, Martínez le propuso trabajo a una adolescente en el Concejo Deliberante a cambio de favores sexuales. Tendrá su boleta el próximo domingo, cuando se desarrollen en la provincia patagónica los comicios locales en conjunto con los nacionales.

"Crearon una farsa, una mentira de las denuncias", afirmó el edil de Cambiemos suspendido."No tienen pruebas. Los tres testimonios no coinciden. La Cámara Gesell fue trucha, la inventaron", se defendió Martínez en una entrevista en relación a las pruebas que se aportaron a la causa.

Alejado de Juntos por el Cambio, Martínez hace campaña junto a sus colaboradores desde las redes sociales con su partido "Fuerza Joven". En las últimas semanas optó por la huelga de hambre para protestar contra las acusaciones que pesan en su contra.

Otro dirigente en prisión, en cambio, ya jugó su suerte electoral. Diego Bechis fue intendente de la comunidad cordobesa de Pilar durante casi tres mandatos, pero está preso desde el 7 de febrero de 2018 por una causa de "administración fraudulenta calificada" y "abuso de autoridad" por la presunta de estafa en la venta de terrenos públicos por una suma de $50 millones.

Este año, Bechis lanzó su candidatura desde la cárcel de Bouwer para ser reelecto como intendente por cuarta vez. Sin embargo, no tuvo logró ese objetivo: el candidato de la UCR Leopoldo Grumstrup se impuso en los comicios locales por el 35% de los votos. Bechis consiguió el segundo lugar con el 23% de los sufragios.

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