Detuvieron a un histórico sindicalista portuario acusado de lavado de dinero y extorsión

El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Oscar Orlando Herme Juárez, fue detenido esta mañana en el marco de un operativo que incluyó 30 allanamientos. Está acusado de haber cometido varios delitos, entre ellos de haber conformado una asociación ilícita que lavó dinero y realizó estafas, con otras figuras penales como malversación de caudales privados y públicos.

Los operativos fueron realizados por la Policía Federal con la asistencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Asimismo fueron detenidas diez personas vinculadas al jefe sindical: su hijo Oscar Juárez, el gerente Gustavo Daniel Badia, el ex tesorero Hernán Mario López, el tesorero Damián Luis Bunuello, Pablo Luis Bunuello, el síndico Ramón Rubén Tevez, el abogado de la cooperativa San Lorenzo Ramón Jorge Jeres, su hermano y presidente de la cooperativa Iván Daniel Juárez y José Luis Gómez.

Juárez fue detenido en su domicilio. En simultáneo se realizaron 31 allanamientos en oficinas, viviendas particulares y sedes de cooperativas y mutuales ubicadas en las localidades de San Lorenzo, Puerto San Martín, Funes y Carcarañá (provincia de Santa Fe), Victoria (Entre Ríos) y Merlo (San Luis).

También participaron en la investigación representantes de la INAES, la AFIP y el Ministerio de Trabajo.

Juárez, de 78 años, se consolidó como la figura más preponderante entre los trabajadores portuarios del país a lo largo de las últimas décadas. Además de ser el secretario general de SUPA, transcurrió durante nada menos que medio siglo como presidente de la Cooperativa que detenta la explotación del puerto aceitero y cerealero más importante del país.

El sindicalista fue detenido en su lujosa mansión ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario en la zona de San Lorenzo, sobre la calle Hugo Parente. La medida fue ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. La Justicia habría detectado supuestas maniobras extorsivas que le generaron ganancias inmensas, tanto para él y su familia como para sus más cercanos en la cúpula sindical.

A lo largo de los años, Juárez se hizo con el control total de los negocios que se desarrollaron en el Puerto San Martín. Con el paso del tiempo extendió sus influencias hasta el puerto de San Lorenzo, donde funciona una célula de idéntico funcionamiento, llevada a cabo por una cooperativa explotada por su hermano, Iván Juárez.

En los papeles, el objetivo "oficial" de las cooperativas era generar fuentes de empleo entre trabajadores que percibirían de manera equitativa los beneficios del negocio. Sin embargo, la justicia investiga si Juárez convirtió esa cooperativa en una suerte de empresa privada que se aprovechaba de los beneficios impositivos para enriquecer su patrimonio personal.

Pese a que la ley lo contempla, ningún estibador habría participado en las ganancias de la cooperativa, ni habría votado en las asambleas. A lo largo de las décadas, todas las decisiones habrían sido tomadas exclusivamente por Herme Juárez.

El punto clave que se investiga desde la Justicia es cómo hizo el sindicalista para generar un patrimonio tan fastuoso. Se tratará de determinar si el secretario general del SUPA blanqueó importantes sumas de dinero mediante los fondos de la cooperativa y el sindicato.

Juárez tendría en su poder numerosas embarcaciones, aviones y helicópteros, departamentos en la Argentina, inmuebles de lujo en Punta del Este, sociedades en Panamá y participaciones en diversas sociedades de transporte marítimo.

Durante el megaoperativo, también se allanó la sede de la propia Cooperativa San Martín, presidida por Herme Juárez, de la cual es un empleado en los papeles. En ese procedimiento se encontraron servidores con información clave de las maniobras de la cooperativa y se dispuso el secuestro de documentación contable donde habrían quedado registradas las maniobras del principal detenido a través de personas físicas y jurídicas.

Además, se hallaron todos los documentos sobre los movimientos contables e impositivos de la familia del líder sindicalista, los cuales eran realizados en esa cooperativa.

Así hablaba el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sobre Herme Juárez

Esta investigación surge, precisamente, de presuntas obras de lavado de dinero mediante la creación de gastos falsos desvinculados de los objetivos de la Cooperativa, utilización de facturas apócrifas y préstamos inexistentes, entre otras acciones irregulares.

Gracias a un trabajo exhaustivo de la AFI y de la Policía Federal, las medidas ordenadas por el juez González Charvay comprendieron nada menos que 30 domicilios vinculados a Juárez y a su cooperativa. Además, se secuestraron importantes sumas de dinero en pesos y dólares, autos de lujo y documentación.

En las próximas horas, el Juzgado Federal de Campana resolverá si detendrá o no a Iván Juárez. También se resolverá la situación de los integrantes de la cúpula de ese espacio y se analizarán las compras de dos campos en Entre Ríos que suman una superficie de más de mil hectáreas.

A su vez, se liberó un exhorto internacional en procura que los bienes que la organización podría poseer en Uruguay sean aseguradas de manera preventiva. Y, tras la detención, se ordenó que el Banco Central de la República Argentina bloqueara las cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios y financieros de la asociación. Se estima que conservaban en el país montos superiores de 100.000.000 de dólares.

El poder de Herme Juárez, apodado en el ambiente portuario como "Vino Caliente", fue abrumador durante varios años. En el 2010 logró paralizar el puerto sojero más importante del país durante diez días y para poder destrabar en ese entonces el conflicto por el acuerdo tarifario con las exportadoras de granos logró sentar en la CGT a tres ministros, a Hugo Moyano, al entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y a algunos de los principales empresarios de la Argentina.

Al igual que Omar "Caballo" Suárez y Juan Pablo "Pata" Medina, Juárez es otro de los sindicalistas argentinos que deberá rendir cuentas ante la Justicia.

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