Espionaje, arrepentidos e intrusos: qué hay detrás de la denuncia de causas armadas que hizo el presidente de la Corte bonaerense

La mañana del 7 de junio pasado, la Mesa de Entradas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires selló la recepción de un documento de 18 páginas firmado por un juez penal bonaerense con destino al presidente del Tribunal superior, Eduardo De Lázzari. Llevaba un título contundente: "Denuncia de gravedad institucional".

En esas páginas, este magistrado, cuyo nombre se reserva, denunció "embestidas". Y enumeró una serie de situaciones, entre las que incluyó la "intrusión por parte del Poder Ejecutivo Nacional en investigaciones", el apriete a jueces del fuero civil con intentos de apartar a una magistrada que lleva la quiebra de una empresa de transporte público incluidos y "facultades de espionaje" otorgadas a determinados fiscales para ingresar a carpetas, archivos y causas de los juzgados de Garantías. Todo en Lomas de Zamora.

De alguna manera, el informe que recibió De Lázzari fue el trueno que desató un vendaval todavía activo. Ante la Red de Jueces Penales, el magistrado denunció hechos de gravedad institucional dentro del Poder Judicial; habló de causas armadas artificialmente, abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos y de factores de presión.

Para confirmar la densa dosis política de la cuestión, la ex presidenta Cristina Kirchner replicó las declaraciones en su cuenta de Twitter y la gobernadora María Eugenia Vidal le pidió, menos de 24 horas después de conocerse el audio a De Lázzari que, ya que lo decía, puntualizara a qué se refería.

Un comunicado de la Suprema Corte, sin ser del todo concreto y sin dar nombres, fue más allá en la voz de su Presidente: "Entre otras situaciones estaba haciendo referencia al caso del Fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado". Se refería al fiscal Juan Bidone y al falso abogado Marcelo D'Alessio.

El clima en la Justicia bonaerense está pesado de hacer rato. Parte del contenido de las declaraciones para nada inocentes de De Lázzari respondió no sólo a las causas federales que discurren en la Provincia. También en el propio territorio.

La fuente de De Lázzari que le presentó el documento detalló sobre los movimientos sospechosos que ocurrieron en la llamada "causa Independiente", por la cual se investiga una asociación ilícita formada, presuntamente, por algunos integrantes de la barra brava y dirigentes del club, incluidos su presidente y vice, Hugo y Pablo Moyano.

En esa investigación, en la que se hicieron 45 allanamientos y 23 detenciones, incluida la del jefe de la barrabrava Pablo "Bebote" Alvarez, actualmente bajo prisión preventiva, el documento remarca que "comenzó a sobrevolar en la Fiscalía General de Lomas de Zamora" la necesidad de incluir la figura del "arrepentido", algo que no está incluido en el código procesal penal de la Provincia.

Sin embargo, refirió que los fiscales que llevaron el caso "han tratado de explotar beneficios procesales a cambio de declaraciones testimoniales incriminatorias" contra los dirigentes de Independiente.

El documento remarca que por disposición del Ministerio de Seguridad se incluyó a fuerzas a su cargo –Policía Federal y Gendarmería– en determinadas investigaciones y resaltó como sospechoso el vínculo de Gerardo Milman, jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, con el abogado Rubén Resnik, defensor de "Bebote" Alvarez, y a quienes les atribuye una amistad y relación laboral.

Según la denuncia que recibió De Lázzari, Resnik ("su amigo, ex asesor y abogado de Pablo Alvarez") pretendió que su cliente fuera reconocido como arrepentido a cambio de que le levanten la prisión preventiva. Y fue con el "expreso consentimiento" del fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera.

Desde que la APREVIDE denunció a la barra del club, la causa Independiente pasó de manos varias veces. Primero la tuvo Gabriel Vitale, juez de Garantías de Lomas, quien también recibió un pedido de enjuiciamiento por parte de Reznik y Alvarez, acusado de mal desempeño.

Luego Vitale se declaró incompetente por cuestiones de jurisdicción y la causa pasó a su colega de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien en octubre pasado denunció que había sido visitado por agentes de inteligencia de la AFI para que acepte el pedido de detención de Pablo Moyano hecho por Scalera. Pero Carzoglio la denegó, invocando falta de pruebas.

En una conferencia de prensa improvisada en los tribunales de Avellaneda, Carzoglio denunció aquel "apriete" y apuntó contra Julio Conte Grand, procurador general bonaerense y finalmente fue suspendido por irregularidades en otros casos.

El magistrado de Avellaneda fue subrogado desde ese entonces por varios colegas, quienes, según el documento presentado ante De Lázzari, "han atravesado circunstancias similares a las mencionadas y hasta incluso denuncias ante la Suprema Corte de Justicia por parte de la Fiscalía General de Lomas de Zamora".

La última jueza en recibir la causa, Brenda Madrid, denegó finalmente ayer miércoles el pedido de Reznik de incorporar a Alvarez dentro de la figura del arrepentido, ya que no está contemplada en el Código Procesal Penal de la Provincia. Sin embargo, aplicó un artículo que sí existe y que permite reducir las penas a un tercio del máximo de lo que se prevé para el delito a los imputados que ofrezcan información para la causa.

En un apartado siguiente, la denuncia presentada ante el presidente de la Suprema Corte detalla las dificultades que se le presentaron a una jueza del fuero civil Zulema Vila que llevaba la causa por el concurso preventivo de la empresa Expreso Lomas, donde habrían ocurrido serias irregularidades administrativas.

Esa investigación derivó en una causa penal contra sus directivos que, según el documento, tuvo "escaso movimiento". Por el contrario, la que se movió fue la denuncia que hizo el Directorio de Expreso Lomas contra la jueza Vila, quien finalmente resultó imputada por los delitos de "asociación ilítica, estafa, fraude procesal y abuso de autoridad" entre otros cargos. Además el fiscal Rossi pidió el desafuero para poder detenerla. El procurador Conte Grand ratificó lo actuado y avaló su enjuiciamiento.

La diputada Elisa Carrió incluso se había metido en este tema. En marzo pasado denunció que Rossi y su colega Jorge Grieco estaban "cajoneando" las causas contra los directivos de Expreso Lomas, cuyo presidente está vinculado a una causa derivada de la conocida como "la causa de los cuadernos".

Para el magistrado que denunció estos hechos ante De Lázzari, se trata de una situación de "inseguridad jurídica" que derivó en un acto en conjunto de otros jueces del fuero civil, quienes se excusaron de intervenir en la causa de Expreso Lomas ante la posibilidad de ser imputados. El documento nombra 12 jueces que no aceptaron recibir la causa por miedo a represalias.

Pero una de las acusaciones más grandes apunta a la Fiscalía General de Lomas de Zamora por ingresar, según el magistrado, "de manera ilegal" a carpetas, textos, archivos y causas de los Juzgados de Garantías que le habría servido para saber en qué momento los jueces y sus secretarios creaban, modificaban, firmaban o imprimían documentos.

Incluso denunció que la Fiscalía General de Lomas podía saber hasta cuántos caracteres tenían las resoluciones espiadas y determinar si los jueces estaban presentes en los momentos en que habían sido firmadas.

El documento de 18 páginas que recibió De Lázzari asegura que la Fiscalía General habría obtenido registro fílmicos de las cámaras de seguridad de los Tribunales de Lomas que podrían haber registrado las mesas de entradas, los pasillos y el ingreso y salida de personas y movimientos de los magistrados, y que todo eso podría haber sido en connivencia con agentes de inteligencia de la AFI y del Ministerio de Seguridad nacional.

Y denuncia que incluso "se han publicado y difundido resoluciones de jueces en las redes sociales" que deberían estar "en legajo fiscal y reservado" en la oficina del fiscal general adjunto, Sebasitán Scalera.

"Todo lo narrado genera una gravedad institucional de tal magnitud que afectan la imparcialidad de los jueces y el Poder Judicial en su conjunto, atentando contra la división de poderes", remarca el documento. El magistrado que lo firma cierra así: "Este supuesto gravoso para la vida institucional del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se relaciona con serios conflictos con la Procuración General y con el Ministerio de Seguridad Nacional poniendo en riesgo los objetivos primordiales del Estado de Derecho".