Carlos Stornelli, la Oficina Anticorrupción y la UIF pidieron juicio oral para De Vido y Baratta por el caso Río Turbio

El fiscal Carlos Stornelli, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron mandar a juicio oral al ex ministro Julio de Vido y a su mano derecha Roberto Baratta, por la millonaria malversación de fondos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Se trata de la causa por la que está preso el ex funcionario desde octubre del 2017.

A criterio de los acusadores, "el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, en principio y cuanto menos, a la suma de $ 176.074.373". Además señalaron que de acuerdo a lo informado por la SIGEN, "existía un monto de $88.320.750 en concepto de 'gastos administrativos' que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT)".

El pedido se concretó en las últimas horas. Mientras tanto, hoy comienza en el Tribunal Oral Federal 7 el primer juicio oral por una arista pequeña que se descubrió en esa investigación: es por haber pagado por una calle que nunca se construyó y en donde no está incluido ni De Vido ni Baratta.

El juez Luis Rodríguez había entendido que la investigación estaba completa y giró a las partes acusadoras el expediente para que dieran su opinión; tanto la fiscalía como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera dijeron que el caso vaya a juicio. Ahora será el turno de las defensas, que sostienen que la instrucción está incompleta y que falta una pericia clave para determinar si hubo sobreprecios.

Los acusados en el caso son De Vido, –ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos de la Nación-, Atanacio Pérez Osuna -ex Interventor de YCRT-, Roberto Baratta –subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación-, Jorge Omar Mayoral –ex secretario de Minería-, Martín Juan Goicoechea –Decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN-, Juan Marcelo Vargas -ex Gerente de Explotación de YCRT- y Jaime Horacio Álvarez, Coordinador General Convenio Tren Turístico.

También se acusa a Miguel Ángel Larregina -ex Coordinador General de YCRT-, Marta Nilda Pérez –ex responsable de la Delegación Buenos Aires de YCRT-, Fernando Jorge Lisse –Gerente de Explotación de YCRT-, Hugo Ramón Sánchez –Presidente de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz-, Orlando Marino Taboada Ovejero –coordinador General de Convenios de FRSC-, Orlando Javier Pastori –secretario administrativo de la FRSC-, Gustavo Alejandro Maza –Coordinador Centro de Capacitación Tecnológica UTN-YCRT, Claudio Eduardo Masson –Coordinador Técnico del Centro de Capacitación Tecnológica UTN-YCRT, Diego Osvaldo Di Lorenzo –ex Tesorero de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz y Carina Anahí Mendoza –secretaria de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz, Héctor Carlos Brotto –Rector de la UTN- y Ramón Alfredo Chanampa, en su carácter de Jefe de Compras de YCRT.

A todos ellos se les adjudica "haber participado de una maniobra defraudatoria" entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, "que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional".

Stornelli sostuvo que, "con excepción de Mayoral a quien debe atribuirse el delito de abuso de autoridad en su modalidad de omisiva, el resto de los imputados deberán responder por el delito administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

La imputación sostiene que De Vido, Pérez Osuna y Goicoechea "tuvieron el dominio de los hechos que se les imputan" y se los acusa de coautores. Al resto, aunque no hayan sido quienes tenían el deber de cuidado de los recursos estatales, se los ubica en la calidad de partícipes necesarios