ARA "San Juan": la Comisión Bicameral terminó su trabajo y hubo disidencias entre sus integrantes

Poco después de las 12.30, y en un clima de gran cordialidad, 11 de los 12 miembros de la Comisión Bicameral que investigó la tragedia del ARA "San Juan" procedieron a la firma del documento final. José Ojeda, Guillermo Carmona, Magdalena Odarda, Alfredo Luenzo, Anabel Fernandez Sagastí, Alejandro Grandinetti y Pedro Miranda, en bloque, votaron la redacción efectuada por el secretario de la comisión Carlos Álvarez. Esteban Bullrich, Luis Petri y Guillermo Montenegro no consiguieron imponer algunos de sus reparos al documento, por lo que se limitaron a votar en disidencia. La radical Olga Brizuela faltó a la cita y firmará el próximo jueves.

"Si tuviera que destacar algo importante de la labor de esta comisión, diría que me impresionó el alto grado de tolerancia que reinó entre sus miembros provenientes de distintas fuerzas políticas. En mi opinión fue un trabajo histórico, se trabajó fundamentalmente en búsqueda de la verdad y con el alto valor agregado de haber permitido que los propios familiares de los marinos muertos en el hundimiento del San Juan pudieran preguntar sin restricciones a muchos de los responsables de esta tragedia". El concepto pertenece a uno de los marinos expertos en seguridad náutica que trabajaron codo a codo con los miembros de la bicameral.

En las antípodas, otro de los peritos cercanos a la misma terminó lamentando que un trabajo que se inició en forma muy profesional fuera mutando a medida que se fue aproximando la campaña electoral. Este hecho sumado a que, del multipartidismo inicial, todo quedara reducido a una minoría oficialista y una amplia mayoría del frente opositor que lideran Cristina y Alberto Fernández.

"El informe final de la comisión tiene una parte sensiblemente consistente: es la que contrasta las obligaciones y responsabilidades que emanan del manual de operaciones de los submarinos tipo TR 1700 con las acciones seguidas por cada uno de los distintos miembros de la fuerza de submarinos que tenían relación con la operación del San Juan, con las autoridades del Comando de Adiestramiento y Alistamiento y con la propia Jefatura del Estado Mayor de la Armada. Luego es totalmente parcial y arbitrario a la hora de evaluar responsabilidades de los cuadros políticos del Ministerio de defensa. Es totalmente indulgente con los ex ministros Garré, Puricelli, Rossi y Martínez, mientras que sin mucho sustento carga las tintas contra el actual titular de la cartera Oscar Aguad", aseguró un perito.

Un grupo de peritos navales analizó el hoy muy cuestionado sistema de detección de hidrógeno y otros gases en la atmósfera interior del submarino. Ante la bicameral declaró el proveedor de dicho sistema, quien terminó reconociendo que el equipamiento provisto no tenía clasificación como equipo militar, sino que era apto para uso industrial. No dejó de causar sorpresa que quedara expuesta la deficiencia del sistema comprado durante la gestión de Nilda Garré para operar en forma correcta si los sensores del sistema eran alcanzados por el agua. Algo que – va de suyo- es altamente probable en una unidad naval.

Durante las últimas reuniones de la bicameral, los pocos oficialistas que la integran intentaron instalar un concepto consistente en abonar la teoría que indica que no se le puede pedir a un funcionario político que se inmiscuya en cuestiones técnicas siendo que, bajo su mando, cada ministro tiene una enorme cantidad de profesionales matriculados en cuestiones de este tipo.

No son pocos los familiares que han reconocido que, a pesar del recelo que les genera la imagen del actual ministro, los 48 meses de exceso en el tiempo límite para la entrada del submarino a dique seco no transcurrieron todos durante la gestión de Cambiemos, sino que buena parte de ese lapso  correspondió a la gestión del ex ministro Agustín Rossi.

La comisión no se abocó solamente a la tragedia, sino que también ahondó en los procedimientos seguidos por la Armada y el Ministerio de Defensa en el inicio y desarrollo del operativo SAR (búsqueda y rescate) una vez que se asumió que la nave estaba en problemas. En este punto también se observa -al decir de los especialistas en la materia- una contradicción entre el criterio de los legisladores y lo que consagra en la materia la ley nro. 22.455, que claramente indica en sus dos únicos artículos que la autoridad de aplicación del convenio SAR es exclusivamente la Jefatura del Estado Mayor de la Armada a través de sus organismos competentes. "En materia de SAR, ningún ministerio tiene injerencia ni resulta necesario contar con autorización judicial; la Armada es la única encargada y responsable y cuenta en forma subsidiaria con el apoyo de la Prefectura Naval", sostienen en el Edificio Libertad.

Un aspecto que no pasó inadvertido fue el análisis que efectuaron los legisladores sobre la "tormentosa" relación entre distintos funcionarios de la cartera de Defensa y los familiares de los marinos fallecidos. "Por inadecuada o violenta que esta haya sido, no es una materia de análisis propio de esta comisión, si el ministro o un funcionario que le depende tuvo un trato impropio. Hay otras vías para resolver la cuestión, pero ciertamente no es un hecho que tenga entidad para ser volcado en un informe de estas características", sostienen los críticos del dictamen.

Una cuestión en la que la mayoría de los consultados parece coincidir es la relativa a la recomendación de conformar una nueva comisión Bicameral que se ocupe de verificar el estado del alistamiento y adiestramiento del personal militar de las tres Fuerzas Armadas. La intención de esta comisión sería fundamentalmente obrar como reaseguro o contralor del verdadero riesgo con el que opera el personal militar, operando material vencido, obsoleto o con mantenimiento deficiente.

Desde la Secretaría Administrativa de la Bicameral, a cargo de Carlos Alvarez, se trabaja en una amplia convocatoria para la lectura de las partes fundamentales del documento final firmado este martes. La cita será el próximo jueves 18 de julio a las 12 en el salón de los pasos perdidos y, según cuentan los organizadores, "la ceremonia tendrá la épica que merece". No obstante, los esfuerzos para mantener en reserva las casi 160 páginas del documento hasta el próximo jueves han fracasado. La versión final y una anterior con tachaduras y enmiendas ya circulan por despachos oficiales y redacciones periodísticas.

Algunos pasajes del documento final

Cuestionando duramente la aptitud para el mando del Almirante Marcelo Srur y a instancias de Nilda Garré (quien lo ascendió oportunamente a contraalmirante), el informe dice:

"Las diferencias internas y cuestionamientos entre la jefatura de la fuerza a cargo del Almirante Srur y el jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada Contraalmirante Lopez Mazzeo se profundizaron. La situación desencadenó en la presentación de retiros en forma colectiva a partir de las decisiones tomadas por Srur. Esta fue una cuestión inédita desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días y refleja una enorme falta de conducción y de subordinación. Si bien posteriormente no existió acuerdo para estas, lo cierto es que fueron presentadas en el lapso de pocos días".

En cuanto al rol del Ministerio de Defensa, indica:

"El Ministerio de Defensa de la Nación, como autoridad de aplicación correspondiente, en el marco de sus funciones y misiones, tiene el deber en todo momento de velar por la seguridad y es responsable de la verificación de toda la estructura de los planes de mantenimiento, de los planes de inversión y del personal de las FFAA".

Además, carga duro contra la conducción superior de la Armada al sostener:

"Para esta comisión, no puede pasarse por alto la omisión de la comunicación fehaciente de los acontecimientos a las autoridades políticas ni tampoco el déficit en la cadena de mando que implica esta situación, que entiende se trata de una falta severa".

Si bien el grueso de los distintos párrafos del informe está teñido de un rigor casi castrense, el mismo no alcanza –como es comprensible- a determinar la cadena de causalidad de la tragedia naval más grande en los últimos 80 años. "Sin esta relación fáctica de sucesos, poco es lo que puede hacerse para determinar responsabilidades concretas en el hecho en sí. La comisión descubre situaciones previas y posteriores al hundimiento y que seguramente merecen la aplicación de correctivos, pero poco aporta sobre la cuestión de fondo. Para ser un instrumento que pretende estar revestido de rigor jurídico deja mucho que desear", sostuvo ante Infobae uno de los funcionarios judiciales que tomó vista del mismo.

Los legisladores y algunos pocos familiares pretenden que este documento que solo tiene valor testimonial -ya que no es vinculante para los poderes Ejecutivo y Judicial- sea tomado en cuenta por la jueza federal Marta Yáñez. En el entorno de la magistrada parece estar firme el convencimiento sobre la total prescindencia que tendrá sobre el documento a la hora de definir sus próximos pasos procesales.

Por último, vale acotar que a pesar de los reiterados intentos del oficialismo por abrir un compás de espera previo a la firma del día de hoy para poder al menos tomar vista de la investigación militar que lleva adelante el Estado Mayor Conjunto, la mayoría opositora se negó a hacerlo invocando la "independencia de poderes". Un criterio que muchos dan por descontado tendrá la jueza de Caleta Olivia si se pretendiera torcer su criterio con el documento producido por la hoy ya fenecida Comisión Bicameral Investigadora.