ARA San Juan: la principal querella solicitó cambiar la carátula de la causa a "homicidio simple con dolo eventual"

"Homicidio simple con dolo eventual, agravado por ser reiterado en 44 ocasiones" y "abandono de personas". Esa es el cambio de carátula de la causa por la tragedia del ARA San Juan que en las últimas horas le solicitó a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, la abogada Valeria Carreras, representante de 31 familias junto a los letrados Lorena Arias y Fernando Burlando.

La figura de "homicidio simple con dolo eventual" se aplica cuando, para la Justicia, una persona tuvo que haberse representado que, al realizar una determinada acción, podría ocasionarle la muerte a alguien y, pese a prever ese posible resultado, continuó con su accionar y no hizo nada para evitarlo.

A veinte meses del hundimiento del submarino, y después de haber declarado 78 testigos, entre ellos el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el ex jefe de la Armada, Almirante Marcelo Srur, la magistrada aún mantiene la carátula original de "averiguación de ilícito".

"Después de tanto tiempo de instrucción, esta querella unificada tomó la iniciativa de solicitarle a la jueza interviniente que divida la causa en dos a tenor de las fechas. Es decir, queremos responsables por la sucesión de hechos de acciones y omisiones que llevaron al hundimiento del ARA San Juan, con la muerte de 44 compatriotas, tripulantes. Esto fue hasta el 15 de noviembre de 2017, día en que se perdió comunicación con el submarino y ahora sabemos que eso ocurrió porque se incendió e implosionó. La carátula que solicitamos es la de Homicidio simple bajo la figura de dolo eventual, agravado por el número de víctimas", le explicó a Infobae Carreras quien aseguró que en cuanto termine la feria imputarán a varias personas – funcionarios y ex funcionarios- y le pedirá a Yañez nuevas medidas de pruebas, que hasta ahora no podrían haber sido realizado si la causa seguiría como "averiguación de delito".

Según supo Infobae de manera exclusiva, la querella solicitará la imputación de Srur, el ex jefe de la Armada. También la del entonces comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), capitán de navío Claudio Villamide –era el jefe directo de Juan Pedro Martín Fernández, el capitán del ARA San Juan-; de Luis Enrique López Mazzeo, quien estaba a cargo del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA); del capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, jefe de Operaciones de la fuerza de submarinos; del capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, el ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; del entonces jefe de la Base Naval de Mar del Plata, el contraalmirante Gabriel González y del vicealmirante Miguel Ángel Mascolo, el subjefe de la Armada que quedó al mando de la fuerza durante las primeras 48 horas de la crisis porque Srur estaba en Uruguay recibiendo una condecoración.

Mascolo es cuestionado, entre otras cosas, porque cuando se le informó que se había perdido comunicación con el ARA San Juan preguntó "¿Qué submarino?". El ex alto mando de la ARA también es criticado por los familiares de los tripulantes muertos porque los trató con displicencia y quitándole importancia al drama que estaban viviendo.

Los tres letrados evalúan, además, presentar ante la magistrada un incidente "por los fueros que ostentan" contra el ministro Aguad y del presidente Mauricio Macri, por los presuntos delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público que se suman al resultado muerte". Una acción judicial que aún no ocurrió.

En el escrito, Carreras le asegura a la jueza federal de Caleta Olivia que "la nueva calificación solicitada en el expediente –que ya supera los 20 cuerpos- aplica a la totalidad de líneas de investigación por los que ha transitado la instrucción" y que son "implosión, falta de recarga de baterías, falta de apoyo de la flota de superficie y falta de oxígeno por canisters vencidos; es decir desde la falla mecánica del Submarino Ara San Juan, como el mal estado del material, hasta las acciones y omisiones concretas en la cadena de altos mandos".

Para la querella, todas las hipótesis llegan a un mismo punto, el hundimiento del buque junto a su tripulación.

Para los letrados, y en especial para Carreras, "el submarino ARA San Juan no debió zarpar a realizar la orden de operaciones 04/17, haberlo permitido generó la tragedia más luctuosa de la armada en tiempos de paz".

Los abogados querellantes, después de haber analizado cada una de las fojas del expediente, están convencidos que los funcionarios a cargo del área de submarinos abandonaron a su suerte a los militares que tripulaban el buque de guerra "desde la noche del 14 de noviembre de 2017, día en que se realiza una llamada de celular desde el ARA San Juan al teléfono privado de del capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, jefe de Operaciones de la fuerza de submarinos", por esa razón Carreras asegura que quieren "imputar a una serie de personas por el delito de abandono de persona". "Creemos que no se manejaron con el debido auxilio y diligencia para socorrerlos o para atender y dimensionar lo que sucedía", explicó.

La presentación ante Yañez tiene un subtítulo que remite a una de las mejores novelas del premio Nobel colombiano, Gabriel García Márquez "crónica de una muerte anunciada".

En ese apartado, la mayor querella representada en la causa aseguran que "la instrucción que a la fecha está caratulada como 'averiguación de delito', debe ahora caratularse como Homicidio con dolo eventual reiterado en 44 ocasiones, de la cual deberán surgir los responsables de autorizar la zarpada para cumplir con la orden de operaciones del comando fuerza submarina número 04/17, la cual consta agregada en la causa, a pesar de tener conocimiento y así representarse el hecho dañoso, y que es justamente, lo que da fundamento a la tipificación, pues hubo conocimiento previo del estado del Submarino ARA San Juan, de los alertas, los problemas de anteriores navegaciones, es decir hubo representación del riesgo que implicaba volver a navegar y operar, especialmente una larga navegación superior a 25 días, y con misiones concretas de llevar a cabo de alta exposición, exigencia de maniobrabilidad dentro y fuera de Zona Económica Exclusiva, inteligencia, etc. Los responsables, no pudieron desconocer las posibles consecuencias de los siguientes puntos, probados en la causa" y que según los abogados, entre otros, son:

1-Informe del propio Comandante del Submarino Ara San Juan Capitán Fragata Pedro Martín Fernández de fecha 1 de setiembre de 2017 el cual da cuenta de una serie de 46 arreglos que había que realizarle al submarino Ara San Juan, y novedades ocurridas en la navegación del 1/19 de julio de 2017, donde ingresó agua por el sistema Snorkel, hacia la zona de baterías, igual que en la última y trágica patrulla.

2-Falta de ingreso a Dique Seco para reparaciones y para Carenado vencido en 45 meses, varias veces requerido y varias veces prorrogado.

3-Postergación por parte de Villamide de inspecciones administrativas y de seguridad para la primera quincena de diciembre de 2017 o para el siguiente de 2018.

4-Los reportes de la navegación de Julio de 2017 con serias complicaciones por ingreso de agua a baterías…, fallas de periscopio, fallas de propulsión, detección de rumor sonar submarino nuclear, en patrullaje zona incluida en orden de operaciones 04-17 la navegación en embestida directa al Submarino Ara San Juan por parte de un buque de pesca ilegal chino, entre otros serios cuestionamientos.

Por todas estas razones, la querella interpreta que "los responsables debieron prever el final" ya que "uno o varios de esos faltantes y condiciones de la máquina generarían el peor desenlace en pleno altamar, en este caso la falla mecánica/eléctrica que habría generado el ingreso de agua salada a baterías, acumulándose y elevando el gas peligrosamente hasta superar los niveles máximos, generando la implosión del Submarino Ara San Juan, arrojando el luctuoso resultado de 44 víctimas".

Ahora quedará en manos de la jueza Marta Yañez resolver si acepta o no el cambio de carátula que hasta ahora ella misma encontró innecesaria.

En caso de resolver de manera negativa, los querellantes están decididos a apelar a la Cámara Federal.

Ahora solo resta esperar.

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