ARA San Juan: las razones por las cuales los ex ministros Garré y Martínez no declararon ante la Comisión Bicameral

Infobae tenía la información desde el 27 de junio del año pasado. Pero decidió esperar hasta que la Comisión Bicameral que debe investigar la tragedia y la búsqueda del ARA San Juan por parte del Estado finalizara su tarea, para publicarlo. Comprobado lo que cinco fuentes distintas habían revelado, ahora se puede asegurar que los ex ministros de Defensa Nilda Garré -que cumplió funciones en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández- y Julio Martínez, quien fue nombrado en el cargo por el presidente Mauricio Macri -y fue reemplazado por el actual jefe de esa cartera, Oscar Aguad- realizaron un "pacto" junto a las bancadas del oficialismo y el peronismo, que se selló a fuego. Ninguno de los dos iba a ser llamados a declarar por la muerte de los 44 tripulantes del buque de guerra.

El acuerdo se cumplió a rajatabla. Pero no había manera de que Oscar Aguad no pasará por el mal trago de enfrentar en el Senado a los dolientes familiares que presenciaron su exposición.

De todas maneras los diputados y senadores oficialistas lo cuidaron, y lo hacen al día de hoy ya que el martes firmarán el informe final "en disidencia" ya que la mayoría de los integrantes de la Bicameral le enrostrarán a él las "responsabilidades políticas" del siniestro del único submarino de guerra que estaba operativo.

Según pudo saber Infobae de boca de los protagonistas, al menos cinco diputados y senadores habían propuesto citar a Martínez ya que este dejó el cargo 120 días antes de la tragedia.

Es decir que si el buque de guerra no estaba en condiciones de patrullar el mar argentino, él podría ser más responsable que el propio Aguad que apenas había aterrizado en el Edificio Libertador.

Sin embargo cada uno de esas solicitudes fue boicoteada. Y Garré fue una de las voces que apoyaron la decisión de la no comparecencia del actual senador radical y precandidato de Juntos por el Cambio a la gobernación de La Rioja.

Nilda Garré

La situación de Garré es especialmente particular y cuestionable. Como actual diputada, y presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, integró –y aún lo hace- la Bicameral que abordaría –y así lo hizo- durante su investigación situaciones que la involucraban de manera directa y ya se sabe, nadie se investiga a sí mismo. Sino lo contrario.

La ex funcionaria kirchnerista estuvo a cargo durante los primeros años de la reparación de media vida que se le había realizado al ARA San Juan; en la que no se cambiaron a nuevas las baterías que fallaron después del ingreso de agua por el sistema Snorkel y derivó en incendio y posterior implosión.

El informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) cuestionó a la gestión de Garré por varias razones, entre ellas porque el proyecto original establecía que el trabajo debía realizarse en dos años a un costo de $27.933.272; pero se extendió por casi seis años y el costo final fue de $57.752.000 pesos.

Garré intentó en todas sus intervenciones cuestionar y desacreditar cualquier testimonio que la podía complicar, como fue el de Héctor Otero, el síndico de la SIGEN ante el Ministerio de Defensa que declaró ante los parlamentarios el 16 de agosto de 2018.

Por esta "incompatibilidad", los familiares de los malogrados tripulantes del submarino solicitaron que Garré se aparte de la Bicameral.

Garré no solo no renunció a la Bicameral, sino que fue respaldada por la mayoría de sus pares oficialistas.

Como se ve, apenas nacida la Comisión parlamentaria se puso límites a sí misma, aunque no todos estaban de acuerdo, pero tampoco protestaron, al menos en voz alta.

Si se quería conocer la verdad sin concesiones, ¿por qué razón no fueron citados como testigos tanto Garré como Martínez?

Una respuesta posible es que quedaría al desnudo la desidia que desde hace al menos dos décadas persiste del poder político hacia las Fuerza Armadas que han visto mermado su presupuesto que no les alcanza ni siquiera para realizar el mantenimiento básico a aviones, barcos y tanques.

Julio Martínez y Oscar Aguad

El senador Martínez también debería aclarar qué ordenes impartió cuando llegó a sus manos, en diciembre de 2016, la auditoría que demostraba que el ARA San Juan no estaba en condiciones óptimas para realizar tareas de inteligencia sobre buques extranjeros, ya sean pesqueros ilegales, o de guerra británicos, como consta en la documentación de la causa.

Si hasta tenía limitaciones para sumergirse a un tercio de su capacidad operativa por falta de controles y mantenimiento.

El ex ministro radical, además, tendría que haber explicado el recorrido que tuvo ese informe desde que llegó a sus manos, y las instrucciones que le dio a la Armada. O si dispuso de una partida presupuestaria especial para realizar los trabajos allí recomendados. En total eran 15 observaciones que los técnicos habían realizado sobre el funcionamiento del submarino.

Martínez también podría haber aclarado si él en persona le informó a su sucesor sobre las tareas pendientes que pesaban sobre el navío de guerra.
Cuando la senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, interrogó a Aguad sobre este punto, el día en que expuso por primera vez ante la Bicameral –el 16 de abril de 2018- , el ministro dijo no haber estado enterado sobre la existencia de esa documentación.

Según la trazabilidad de ese instrumento público, una vez firmado por los auditores y peritos de la Marina pasó, a fines de 2016, a manos del auditor interno del ministerio de Defensa, Pablo Lestingi.

Si se observa el organigrama ministerial, queda claro que el auditor depende solo del ministro.

El 6 de noviembre de 2018, el auditor declaró ante la Bicameral y con sus respuestas salvó la ropa del antecesor de Aguad y del propio Aguad.

En la página 8 de la transcripción que se realizó sobre la ponencia el diputado del Frente para la Victoria Guillermo Carmona le preguntó:

–¿Informó al ministro de Defensa –en ese momento entiendo que el doctor Julio Martínez– sobre los detalles (de la auditoría y las novedades halladas en el ARA San Juan)?

–No, no, no; no le informé; no, no le giré el informe, respondió Lestingi de manera textual.

Asombrado, Carmona lo consultó si desde la auditoría, y ante la gravedad de los hallazgos en el ARA San Juan, entre ellos la falta de ingreso "en dique seco para saber el estado de las válvulas de comunicación externa-interna", si se "tomaron medidas" y si se "realizó un seguimiento de los hallazgos".

Lestingi sin ponerse colorado respondió: "No, porque eso queda a cargo de la Sindicatura General… Perdón, la supervisión, pero el seguimiento de los hallazgos tiene que llevarlo adelante la Inspectoría General de la Armada".

Inmediatamente después el mismo diputado quiso saber si, una vez que Martínez fue reemplazado por Aguad, "se informó al nuevo ministro sobre el estado del submarino" a lo cual el auditor responsable dijo: "Estamos en la misma situación", es decir que no se le advirtió tampoco a Aguad.

Como se ve, al menos de estas declaraciones se desprende que desde las auditorías de control y durante las últimas gestiones ministeriales nunca se encendieron las luces rojas por las deficiencias con las que el submarino salía a patrullar.

Pero si los ministros no habían leído las alertas sobre el estado de los materiales del submarino, ¿sucedía lo mismo en la Armada?

Sobre este punto Lestingi le dijo a los parlamentarios: "La auditoría con las observaciones fueron enviadas a cada una de las áreas responsables de la Armada. Ellos fueron notificados de esos desvíos o de esos incumplimientos. Cada área de la Armada dijo que estaba de acuerdo con el hallazgo que se había realizado. La misma Armada reconoce que está en vías de solucionarlo y de resolverlo. Si a esto le sumamos que el jefe del Estado Mayor de la Armada (por Marcelo Srur) toma conocimiento y aprueba este informe, podemos decir que el circuito está como cerrado dentro del área de la Armada Argentina. Las encargadas de garantizar la operatividad de sus… a efectos de guerra, de sus elementos de guerra. La operatividad está a cargo de ellos, de la Armada".

Es decir que así como el auditor "salvó" a los ministros de Cambiemos, "enterró" a los mandos superiores de la Armada.

Srur, Villamide y López Mazzeo

Entre las dos personas que serán más cuestionadas dentro de la fuerza militar figuran la plana mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), por entonces a cargo del capitán de navío Claudio Villamide, o sea el jefe directo de Juan Pedro Martín Fernández, el comandante del ARA San Juan; y el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), que estaba a cargo del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo. El COAA era el encargado de supervisar el mantenimiento y el buen funcionamiento del submarino y la capacidad operativa de la tripulación.

De todos modos, las consideraciones sobre López Mazzeo son menos contundentes que las que se realizan sobre Villamide.

El dictamen de la Bicameral que se firmaría el martes, además de cuestionar severamente a la cúpula de la ARA, deja muy mal parado a Aguad y hasta ahora no menciona ni a Garré ni a Martínez aunque hay quienes en disidencia podrían agregar esos nombres.

Sobre Aguad se afirma que de "forma burda" fue capaz de afirmar con todo convencimiento "que se comenzó el operativo SAR –búsqueda y rescate del submarino- antes del tiempo establecido en el protocolo pero no toma conciencia que los inicios de dichas faces están supeditadas al vencimiento del intervalo de las comunicaciones de seguridad (INTERCOM), que en este caso, luego de tomado conocimiento del incendio eléctrico se le había impuesto al ARA San Juan SUSJ por el Comando de la Fuerza de Submarinos en 36 horas lo cual es claramente excesivo dada la situación gravísima por la que estaba atravesando la nave y su tripulación, acaso el Ministro no se da cuenta que el sano criterio indica que el intervalo tendría que haber sido reducido como máximo a 6 horas con lo cual consecuentemente se hubiera producido el adelantamiento de los plazos y por lo tanto el operativo SAR debería haberse iniciado antes".

Mayoritariamente los parlamentarios también decidieron objetar a Aguad porque "en su primera declaración ante la comisión reconoció que sabía que las fuerzas armadas 'todos los días tienen que salir a ejercitar con elementos que son muy antiguos y todos los días con el Jesús en la boca rogando que no pase algo'", con lo cual, especulan en el informe, Aguad "estaba al tanto del estado de la flota y de las maniobras que se hacían".

También se lo descalifica porque "en lugar de instruir él la investigación de lo sucedido le delegó esa función al jefe de la armada, el vicealmirante Marcelo Srur, o sea que le confió tal responsabilidad a la persona a quien el mismo ya observó que cometía muchos errores y que presumiblemente tendría algún grado de responsabilidad".

Como ya informó este medio de manera exclusiva, ni Aguad ni Srur estaban en el país el día 15 de noviembre de 2017, día en que se perdió contacto con el buque de guerra.

El ministro estaba en Canadá y el jefe de la Armada en Uruguay. La trágica línea de tiempo marca que cuando ambos se enteraron del incendio registrado en el submarino este ya estaba a poco más de 900 metros de profundidad.

No fueron los únicos ausentes en sus puestos de mando.

López Mazzeo, a cargo del Comando de Alistamiento y Adiestramiento, estaba en el Chaco supervisando una campaña de vacunación cuando la flota de mar se encontraba en las etapas finales de uno de los mayores ejercicios de los últimos 30 años, que además había viajado para el Chaco aún en conocimiento del incendio ocurrido en el submarino y a sabiendas de la falta de comunicación con el ARA San Juan.

La semana pasada el oficialismo intentó postergar la publicación del informe de la Bicameral hasta después de las elecciones, esgrimiendo en vano un arsenal de maniobras dilatorias las cuales no tuvieron eco en el resto de los integrantes de la Comisión.

¿Lo volverán a intentar el martes enarbolando un escrito a fin de incorporar al texto sus disidencias en cuanto a las responsabilidades políticas asignadas al ministro Aguad intentando licuar esa responsabilidad sumando a los últimos titulares de la cartera de Defensa que hasta ahora quedaron al margen gracias al pacto de palabra que firmaron apenas nacida la Comisión?

En pocas horas se develará el misterio y los familiares de las 44 víctimas sabrán si los diputados y senadores bregaron por conocer la verdad, o una vez más primó la corporación política y los pactos que de éticos, tienen muy pocos.

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