ARA San Juan: la comisión bicameral define hoy las responsabilidades navales y políticas por la tragedia

Contrariando lo que fue una consigna autoimpuesta por los miembros de la Comisión Parlamentaria que investiga las causas del naufragio del submarino ARA San Juan, la campaña electoral los sorprendió sin tener aún concluida su tarea. El dictamen fruto de decenas de testimoniales, inspecciones al Astillero CINAR (donde se reparó la malograda nave) y otras varias medidas de prueba, aún no está listo y al momento de redactarse la presente nota, nadie puede decir con certeza que finalmente hoy se llegará a producir un dictamen único o -de mínima- uno de mayoría y otro en disidencia.

Fuentes de la Secretaria Administrativa de la Comisión admitieron que si bien hay acuerdo prácticamente total en la asignación de responsabilidades al personal de la Armada que integró la cadena de comando, por sobre el fallecido Capitán de Fragata Pedro Fernández (Comandante del submarino), la cosa no está tan clara en lo que respecta al rol que jugaron distintos funcionarios políticos, entre los que se encuentran al menos tres ocupantes del sillón del piso 11º del Ministerio de Defensa. El actual ministro Oscar Aguad y sus antecesores Julio Martínez y Nilda Garré (quien curiosamente integra la propia comisión investigadora) son los protagonistas de una disputa, que no deja de estar salpicada por el tono propio de la época preelectoral.

Desde su constitución por Ley 27.433 aprobada en diciembre de 2017, el objetivo de la bicameral fue "el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las operaciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate".

Bajo esta premisa, la comisión deberá limitarse a "emitir una opinión fundada sobre las posibles causas de la desaparición de la nave, el desempeño de los mandos de la Armada y de las autoridades del Ministerio de Defensa". En modo alguno los miembros del cuerpo creado ad hoc podrán imputar responsabilidades penales y decidir –para el caso del personal militar- medidas relativas a su carrera militar (destitución, baja o retiro obligatorio).

La última versión en borrador del dictamen que debería publicarse en los próximos días presentaba un cambio sustancial con respecto a sus versiones anteriores. La Secretaría Administrativa del cuerpo eliminó la mayor cantidad posible de "potenciales" utilizados en su redacción reemplazándolos por afirmaciones o negaciones concretas, con un formato de redacción con frases tipo: "Lo actuado en tal circunstancia no/sí se ajusta a lo normado en el manual de operaciones de los submarinos tipo TR 1700".

Este cambio fundamental introducido durante una reunión de trabajo realizada varias semanas atrás obedece a que –al menos para los oficiales navales- el informe limitará su opinión a endilgarles el mayor o menor apego al reglamento que demostraron a partir del último mensaje emitido desde el San Juan.

Infobae pudo saber que al menos siete oficiales de la Armada Argentina serán mencionados en el dictamen y en este tema no hay disidencias. La comisión transitó varias veces al filo de la delgada línea que separa su tarea, con la de quien verdaderamente definirá las eventuales responsabilidades penales del personal civil y militar en el siniestro. En efecto, la relación con la magistrada federal Marta Yáñez tuvo momentos de crispación, los que finalmente cedieron cuando quedó en claro que en modo alguno diputados y senadores se constituirían en tribunal de enjuiciamiento.

En lo que respecta al rol de las autoridades políticas del área de defensa (actuales y anteriores) las aguas están más divididas. Senadores y diputados opositores pretendían asignarle al actual ministro Oscar Aguad una importante cuota de responsabilidad por "haber autorizado la zarpada de un buque que no estaba en condiciones". Sin embargo, y en rigor de verdad, las operaciones de ejercitación de hombres y medios de las fuerzas armadas no necesitan aprobación superior más allá de lo que disponga el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de cada fuerza. Si bien es cierto que los planes de ejercitación se enmarcan dentro de un plan de acción anual que cuenta con aprobación política y presupuestaria, el correspondiente a 2017 estaba ya aprobado antes de la llegada de Aguad a la cartera. La misma en ese momento estaba en manos del hoy senador nacional Julio Martínez.

Se le achaca al actual ministro no haber prestado atención al informe que el ex inspector general de la Armada, Contraalmirante Lezana, elevara a sus mandos superiores en diciembre de 2016 y en el que daba cuenta de la inhabilidad del San Juan para operar. Pero no es menos cierto que la propia Armada informó reiteradamente que los pendientes o limitantes que se volcaron en el informe de marras se fueron solucionando con anterioridad a la primera zarpada del submarino durante 2017, ocurrida en el mes de julio.

La Armada también dio cuenta del hoy conocido "índice de calificación del material" elaborado por el propio Comando de la unidad y de la aprobación de la rutinaria "prueba de 48 horas" que se realiza en forma indefectible antes de la zarpada de un submarino y que es determinante de la aptitud naval de cada unidad para emprender una misión.

Como contrapartida, la propia ex ministra Garré fue puesta en la picota por aparentes irregularidades durante la reparación de media vida del submarino San Juan, pero si bien están hoy bajo investigación judicial algunos aspectos administrativos y económicos de algunas contrataciones hechas bajo su gestión, no son pocos los especialistas que han validado la calidad profesional de los trabajos realizados. Incluso, la controversia originada entre ingenieros navales acerca de la calidad de la soldadura mediante la cual "se volvieron a unir las dos partes en las que fue cortado el submarino" se despejó cuando las imágenes obtenidas por el buque Seabed Constructor enfocó ese punto de la nave y demostró que había resistido la enorme presión hidrostática obrante al momento de implosionar.

Durante la jornada de hoy, oficialistas y opositores tratarán de acotar las responsabilidades políticas de distintos funcionarios del área, dejando de lado –en lo posible– el clima electoral, aunque propios y extraños lo ven muy difícil de conseguir.

Otro punto sobre el que hay consenso es el que recomienda la creación de otra comisión que se concentre en escrutar en el seno de cada fuerza armada el estado del material y del entrenamiento del personal. Este último aspecto guarda relación con el aspecto más sensible que presenta la tragedia del San Juan y es el que refiere a una eventual "cadena de sucesos que desencadenaron la tragedia y que tienen que ver con la falta de transmisión de las experiencias adquiridas por las anteriores generaciones de submarinistas".

Este concepto, vertido como parte del informe técnico producido por un triunvirato de oficiales superiores submarinistas a pedido del Ministerio de Defensa, genera reacciones adversas a partir de lo que algunos suponen como un intento de culpar a la tripulación del San Juan por algún error cometido durante el manejo de la emergencia. En este aspecto, es bien conocida la opinión de algunos miembros de la bicameral que no admite en forma alguna la asignación de responsabilidades al personal fallecido.

Si bien algunas fuentes indican que hoy mismo por la tarde se podría dar a conocer el o los dictámenes, otras más cercanas al cuerpo de expertos que asesoran a los legisladores lo ven muy difícil y albergan serias dudas acerca de que hoy finalmente se cierre uno de los capítulos relacionados con la investigación de la tragedia naval en tiempo de paz más grave de los últimos 80 años.