Marcelo Gallo Tagle: "La revisión de las sentencias por su contenido crea una inseguridad jurídica enorme"

Marcelo Gallo Tagle tiene 58 años, es titular del Juzgado Civil 17 y, desde febrero, ocupa la presidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que nuclea a unos 3.000 jueces nacionales de la Capital y federales de todo el país, además de fiscales, defensores y funcionarios judiciales. Locuaz y vehemente, aceptó una entrevista con Infobae, pese a la usual resistencia de los magistrados a hablar con la prensa on the record.

Se recibió de abogado en la UBA en 1991 y tiene 37 años de carrera en la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital. También fue secretario letrado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo que conoce de cerca y sobre el que tiene una mirada crítica por la injerencia de la representación política en su integración.

Se hizo cargo de la presidencia de la Asociación en febrero -siendo vicepresidente- después de la abrupta renuncia de Hernán Monclá, a poco de asumir en diciembre del año pasado, por la pérdida de poder en el Consejo Directivo, en medio de la discusión sobre el pago de impuestos a las Ganancias por parte de los jueces. Tiene mandato por dos años.

Gallo Tagle -como su fugaz antecesor- pertenece a la lista Bordó que gobierna la AMFJN desde hace 16 años. Sin embargo, luego de las últimas elecciones, quedó en minoría en el órgano de conducción de 24 miembros, frente a los representantes de las otras dos listas opositoras, la Celeste -más cercana al kirchnerismo- y Compromiso Judicial. Así lo refleja el hecho de que los tres consejeros jueces sean uno de cada lista.

A lo largo de charla -que se extendió por casi una hora en la sede de la Asociación frente al Palacio de los Tribunales-, Gallo Tagle reniega de la "mala imagen de la Justicia" y asegura: "Siempre surgen los mismos nombres de jueces cuestionados, diez o quince. Y somos muchos más en el país, casi mil".

También señala la responsabilidad de los funcionarios por las críticas públicas al accionar de algunos magistrados y se queja de la "condena mediática" hacia algunos de sus colegas. "La difusión marketinera en época electoral vende muchísimo, porque somos presa fácil para que nos peguen", sostiene.

En este sentido, asegura que las denuncias contra el accionar de determinados magistrados deben canalizarse por la vía institucional correspondiente, el Consejo de la Magistratura, y sostiene que el pedido de "revisar sentencias" hecho por el candidato del Frente de Todos Alberto Fernández -entre otros dirigentes kirchneristas- puede ser leído como "una persecución".

-¿Cómo ve a la Justicia hoy?

-De cara a cómo nos ve la sociedad, mal. Porque tenemos mala prensa y mala imagen. Se manejan estadísticas generales que no son correctas, un poco en base a la opinión popular y también por lo que se difunde en los medios. Si entre las preguntas que le hacen a la gente, le preguntaran si alguna vez tuvo un caso que atravesó los Tribunales, habría que ver qué responderían. Aún en aquellos casos que tuvieron un resultado adverso, yo he tenido gente que me agradeció el trato recibido, la atención, la contención. No digo que todo el que pierde viene a saludarte. Pero la imagen, en muchos casos, es distinta a la que se difunde, en cuanto al trato y al tiempo de trámite de las causas.

-Uno de los reclamos habituales es precisamente que la Justicia es muy lenta…

– Sí, pero habría que hacer una evaluación de cuánto tiempo del proceso es realmente imputable al juzgado, y cuánto a las herramientas usadas por las defensas para dilatar el trámite, recusación tras recusación, por ejemplo. Y son planteos que el juez debe atender porque, en la medida que no cambie el procedimiento penal, es lo que dice el Código.

-¿El nuevo Código Procesal Penal no prevé, justamente, limitar los recursos?

– Absolutamente. Con el nuevo Código que ya empezó a implementarse en Salta y Jujuy, desde que capturaron a un hombre con droga en Jujuy, y que saliera el fallo, pasaron solo 13 días. Antes, se hubiera tardado mínimo tres años.

-O sea que desde la Asociación lo apoyan…

-Sí, pero manifestamos nuestra preocupación por su implementación.
Fuimos muy críticos cuando salió la ley de Flagrancia por lo mismo. Si su lanzamiento no está acompañado de los recursos necesarios, va a fracasar, y no debe fracasar. Si como en el caso de flagrancia, sacaste un proyecto porque tenías que sacarlo y venderlo -y me parece bien porque el proyecto en sí mismo es bueno-, hay que acompañarlo con la adecuada implementación. Tenemos temor ahora que pase lo mismo con el Código Procesal Penal, y que dentro de cuatro o seis meses se produzca un cuello de botella. Aunque esta vez nos escucharon un poco más. Tarde, pero están haciendo algunas cosas a las apuradas, pero por lo menos están haciéndolas.

-¿Qué pasó con la ley de Flagrancia?

-El proyecto era y es muy bueno, pero no estaba organizado bien, por ejemplo, el traslado de los detenidos a la Alcaidía de Tribunales, la atención de los médicos forenses, o sea todo lo que debía funcionar alrededor de las detenciones. Flagrancia está funcionando gracias al esfuerzo de fiscales, defensores y jueces que, incluso, hasta duermen en el Juzgado para atender estos casos, porque cuando hay detenidos por esta ley, tenés plazos muy breves para resolver. Pero esto implica que el juez tiene que desatender otras causas. No por desidia, sino porque por flagrancia requiere resolver con urgencia. Entonces, por un tema de responsabilidad se quedan después de hora para cumplir con todo lo demás.

-¿Ustedes le plantearon al Ministerio de Justicia esta preocupación?

-Sí. Y también estamos pidiendo que se activen los pliegos en el Senado. Por eso enviamos una nota a través del senador Rodolfo Urtubey hace unos días. Porque no solo están frenados los pliegos de los jueces que tienen que cubrir vacantes definitivas, sino también el listado de conjueces, que son los que más se necesitan ahora por ejemplo en Salta y Jujuy -donde comenzó la aplicación del nuevo Código- porque todavía están en trámite los concursos para cubrir en forma definitiva las vacantes existentes. Con un conjuez tenés alguien que se hace cargo del Juzgado hoy. Como el Juzgado de Jujuy está vacante, lo está cubriendo un juez de Salta, que tiene que viajar kilómetros de distancia para estar en ambos lugares.

Carta enviada por la AMFJN al presidente de la comisión de Acuerdos en el Senado.

"Ni oficialistas, ni opositores"

-¿Cómo se posiciona la Asociación respecto del actual Gobierno?

–Según lo que decimos, a veces somos oficialistas y otras, opositores. No somos ninguna de las dos cosas, o somos las dos en todo caso. Si van a tocar la independencia judicial, vamos a saltar como una leona defendiendo a sus cachorros. Lo hicimos en su momento con el amparo por el tema de Ganancias (se refiere a la presentación judicial para que no paguen Ganancias los jueces que accedieron al cargo a partir del 1 de enero de 2017, pero que ya venían desempeñándose en la Justicia). Y lo estamos haciendo también cuando el actual Ejecutivo trata -por medio no idóneos-, de influir de alguna manera en la Justicia, o meter presión. Ahí saltamos.

-Además de Ganancias, que ya fue superado, ¿cuáles son otros temas álgidos hoy con el Poder Ejecutivo? Hay una propuesta del Gobierno de extender la edad de jubilación de los jueces a los 65 años. (Hoy los jueces tiene un régimen especial por el que se pueden jubilar a los 60 años, tanto hombres como mujeres)

-Sobre la jubilación es un tema que estamos abiertos a conversar. En todo el mundo están pensando en subir la edad porque la expectativa de vida se extendió. Ojalá fuera ese el problema. El problema es que quieren bajar el monto que cobramos.

-¿El Gobierno quiere bajarles la jubilación?

-Nosotros tenemos un porcentaje que cobramos al jubilarnos del 80%, y quieren reducir ese porcentaje. Lejos de lo que se dice que es deficitaria, nuestra caja jubilatoria de magistrados y funcionarios judiciales se autofinancia porque tenemos un aporte superior al del resto de los ciudadanos, a partir del cargo de prosecretario administrativo hacia arriba. Si hoy nuestro sistema tiene un cierto déficit es porque, en este momento, hay unas 100 vacantes en distintos Juzgados. Yo estoy subrogando un Juzgado, ademas de estar a cargo del mío. Por de ese 33% que cobro por el cargo como subrogante, me hacen el descuento jubilatorio previsional proporcional, no completo. Si estuviéramos con las 100 vacantes completas, y a todos nos descontaran lo que nos tendrían que descontar, el sistema estaría equilibrado. Son verdades a medias las que se dicen.

-¿Este es el único tema de fricción con el Gobierno?

-Este temas se fue charlando y morigerando. Pero el principal es que no salgan los funcionarios por los medios a condenar a un juez porque largó un detenido, si no saben los detalles de la causa. "¿Por qué robó y lo soltaron?", dicen. Y quizás no era el ladrón, o era su primer hecho. Nosotros tenemos que respetar un procedimiento, si no, estaríamos violando la ley. Si la persona robó un celular y es su primer robo, razonablemente tenés que liberarlo.

– Eso tiene que ver con lo que dice el Código Penal actual…

-Exacto. Entonces, sale en los medios que liberaron a tres motochorros, y hubo muchísimos más que quedaron detenidos que nadie se entera. O no se explica por qué fueron liberados esos tres. Está el caso de los turistas a los que le robaron cerca en el Teatro Colón. Pedían poco más que pena de muerte más o menos. El juez lo libera al motochorro y lo escracharon, igual que al fiscal. Nadie salió a publicar después que el detenido no era el que la robó.

"No tenemos medios de difusión para defendernos"

-Como presidente de la Asociación, ¿qué pide en este sentido?

-Que si los funcionarios -o quien sea- quieren hacer una denuncia, la hagan por el Consejo de la Magistratura o por los canales que correspondan, pero no por los medios de difusión. La difusión marketinera en época electoral vende muchísimo porque somos presa fácil para que nos peguen. No tenemos medios de difusión para defendernos. Al salir a criticarnos de la manera que ellos nos critican, están diciendo "la justicia está toda podrida". Y la Justicia hizo lo que correspondía.

Gallo Tagle sostiene que las denuncias se deben canalizar a través del Consejo

-Usted sostiene entonces que ese tipo de declaraciones no ayudan a la mejorar la credibilidad en la Justicia…

-Exacto. Si lo hacemos mal, lo hacemos mal, y punto. Contrariamente a lo que alguno dijo, no es que nosotros salimos a hacer una defensa corporativa. Todo lo contrario. Los primeros interesados en que el juez inepto sea expulsado, somos nosotros, porque nos afecta a todos. De hecho, en el Consejo de la Magistratura, hay jueces que denunciaron a magistrados por malas actuaciones. Y los ha defendido la política.

-En general, son los menos…

-Estamos de acuerdo. Pero decime algún caso que los jueces lo hayan apañado si correspondía su expulsión. De hecho, al camarista (Juan Carlos) Gemignani, fue un consejero juez de la Magistratura quien propuso su jury el año pasado, Luis Cabral, cuando querían hacer caducar el expediente. Es más, su dictamen acusatorio fue retirado de la Comisión en febrero de este año. Si Gemignani no se manda la macana de agarrarse con (su colega de la Cámara de Casación Penal Liliana) Catucci, nunca hubiera pasado nada, y en agosto caducaba.

Las denuncias contra jueces

-¿Qué otro caso puede mencionar además del jury que el consejero juez Cabral impulsó contra Gemignani?

-(Ricardo) Recondo (actual presidente del Consejo de la Magistratura) lo cocinó a la parrilla a Norberto Oyarbide y lo salvó la política. Se ganó un montón de problemas personales. Pero fue Recondo el que dijo que deshonra la magistratura la presencia de esta persona en el Poder Judicial. Y quedó sólo.

-¿Cómo ve el pedido juicio político del Gobierno contra el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla?

– Lo veo bien, en el sentido de que la denuncia ingresó por el canal que corresponde. Ahora la investigación tiene que ser seria y correcta. Si corresponde acusarlo, que se lo mande al jury, y si no corresponde, que se la desestime. Pero si a ese procedimiento, buscan modificarle trámite y darle intencionalidad, ahí se mete la política y no corresponde.

–¿No lo vio como una suerte de injerencia política porque la investigación de Ramos Padilla salpicaba a funcionarios del Gobierno?

-Independientemente de que la presente el Ejecutivo, es una denuncia como otras 200 millones de denuncias contra jueces en el Consejo de la Magistratura. Muchas son presentadas justamente para presionar el trámite del proceso, lo que indirectamente genera una cuarta instancia. Porque si ante una denuncia de alguien afectado por una decisión de un juez, el Consejo de la Magistratura, apresuradamente, le pide al juez la causa, la persona logró su objetivo, demorar el proceso.

-Hubo otro dos casos de mucha repercusión, los de los camaristas federales Eduardo Farah y Jorge Ballestero. ¿Usted cree que hubo una presión del Gobierno criticando abiertamente el fallo por el que dispusieron la liberación de Cristóbal López y el cambio de la carátula de la causa? Finalmente uno terminó pidiendo su traslado y el otro renunció.

-Yo tengo que ser coherente. No puedo abrir opinión o juicio si algo no me consta o no tengo elementos. Si frente a la difusión de determinadas noticias, uno ve "qué raro que esto", pero me estaría manejando por lo que veo en los medios. Pero habilitados los conductos para investigar lo que pasó, avancemos por ahí en el Consejo. En el caso de uno de ellos, más de una vez tuvo que pararse e irse de dónde estaba por la reacción de la gente. Lo otro que no sé es si su decisión de renunciar tuvo que ver con el grado de avance de la investigación en su contra en el Consejo.

-Otro caso es el de Luis Rodríguez también cuestionado por su actuación en la causa contras Julio De Vido y el ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz. Incluso hubo una movilización social frente al Concejo reclamando su destitución. ¿Cómo vieron esa marcha desde la Asociación?

-A nosotros no nos moviliza el hecho de si tiene mayor impulso mediático o popular. El objetivo sigue siendo siempre el mismo: vamos con los elementos y vamos por dónde corresponde. Cualquier tipo de medida de presión coercitiva, ya sea como esa movilización o a través de un micrófono, que se haga una denuncia en el Consejo y se investigue. La Asociación no se va a correr a un costado y decir "no, a este protejámoslo". Todo lo contrario. Nosotros, si hay elementos, vamos a ser los primeros en querer que se lo expulse. Lo que nosotros no hacemos es salir en un caso u otro dependiendo si el juez nos es más simpático o menos simpático. Si lo hacemos, lo hacemos siempre, tenga el nombre que tenga y responda a la ideología que responda. Sea amigo o no.

-Para pasar en limpio, ¿usted cree que las denuncias contra jueces en el Consejo son un modo de presionarlos?

-Todos estamos expuestos a eso y pueden ser un medio de presión. La responsabilidad de tratarlo como corresponde es del Consejo. Nosotros reclamamos que muchas de esas denuncias son una suerte de cuarta instancia, y que habría que rechazarlas in límine. Y nos reclaman porque dicen que estamos defendiéndonos corporativamente. Y no, estamos defendiendo a la gente, porque independientemente de la incomodidad que le puede generar a más de un juez tener una denuncia en el Consejo, si el Consejo obra adecuadamente, el 80% de ellas habría que rechazarlas en el momento en que se presentan, porque son una instancia de apelación, de revisión, y el Consejo de la Magistratura no está para revisar el contenido las sentencias. Pero qué ocurre, en algunas, se las deja flotando y nunca se resuelven, y son un elemento de presión de adentro del Consejo.

-A propósito de eso, ¿cómo ve las declaraciones de Alberto Fernández de la necesidad de revisar sentencias?

-De lo que yo lo que he escuchado de él -no es una persona a la que conozco personalmente- pero la manera de razonar de él, como lo he visto trabajar con anterioridad opinar y demás, no me cierra que todo lo que él salió a decir de la revisión de las sentencias -que él después fue morigerando y acomodando un poquito- sea venganza. Pero de la manera que estaba transmitido, te dejaba la sospecha. ¿Esto qué significa? ¿Una persecución? Si es así, está mal. Si es "voy a revisar la actuación de un juez" y lo hacés por el Consejo de la Magistratura, está perfecto.

Alberto Fernández sostuvo que en algunos casos habría que revisar las sentencias

-La Asociación sacó un comunicado de hecho criticándolo…

-Nosotros lo criticamos en un comunicado que levantó mucha polvareda por Alberto Fernández, pero el mismo comunicado criticaba a los dos, al ex jefe de Gabinete y al actual, por lo mismo. Lo hicimos después también con (Eugenio) Zaffaroni. Y lo pienso lo mismo sobre lo que dijo Carrió, que está hablando de la revisión de las sentencias dictadas contra los militares que eran cabos o de bajo rango. Toda actuación de un juez que sea considerada inadecuada, que la revisen en el Consejo de la Magistratura. Ahora la revisión de las sentencias por su contenido crea una inseguridad jurídica enorme. Solo corresponde a las instancias superiores, siempre que está en plazo.

-¿Ve intencionalidad política en estos comentarios?

-Esos comentarios -que podrán ser constitucionales o no-, si se hacen con una intención seria, discutámoslos. Ahora cuando están enviados como un mensaje para amedrentar, ahí es donde ya saltamos nosotros. El mensaje dalo claro y bien. Porque es un discurso que puede resultar lindo para el que no interviene en la Justicia y no lo entiende. Imaginate un votante de Cristina al que le digan: "Vamos a revisar la sentencia contra Cristina porque Cristina es tu ídola y no puede estar en un juicio". Si corresponde revisarla y estamos en términos para revisarla, que se haga. Ahora si vos querés ir contra condenas anteriores para limpiar el prontuario, eventualmente, y ahí si la ley no te lo permite porque hay instancias concluidas, no corresponde. Entonces, primero seamos claros en el mensaje, porque dicho si tan simple, libremente, uno puede interpretar que un juez actuó mal. Si lo hizo, hay dos vías: la revisión por instancias superiores y el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no se usaron? ¿O por qué no prosperaron, si se usaron?

-Supongamos que hay un triunfo del kirchnerismo en las próximas elecciones y el juez Claudio Bonadio sea denunciado en el Consejo por presuntas irregularidades en su actuación en la causa de los cuadernos. ¿Cómo lo vería?

-Bien. Sea el que fuera. Cualquier instancia de revisión, si corresponde, somos los primeros interesados en demostrar transparencia. Ahora que esa denuncia sea trabajada de buena fe, se investigue con seriedad y sea enjuiciado si hay elementos reales y probados de que hay un proceder inadecuado. 

Supremacía de la política en el Consejo

-¿Cómo ve al Consejo actual? ¿Permeable a la política?

-Nosotros lo que cuestionamos, respecto de este Consejo y todos los anteriores, es que no es equitativa la distribución de estamentos como plantea la Constitución, y debiera haber una mayor representatividad de magistrados. Pero no lo digo por una cuestión corporativa. Yo pregunto: ¿sería tolerado algún tipo de control del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo por un cuerpo integrado por magistrados o de abogados incidiendo en las resoluciones del Senado o del Ejecutivo? Ni tolerarían empezar a conversarlo. La presencia de representantes políticos -en la cantidad actual- en el Consejo es una injerencia sobre otro poder. Cuando los otros poderes por fuera del Consejo de la Magistratura tienen su control establecido por la Constitución.

-¿Entonces, en su visión, no tendría que haber consejeros legisladores o un representante del Ejecutivo en el Consejo?

-Por lo menos no en semejante magnitud. La Constitución habla de una representación equitativa. Hoy hay demasiada representación política dentro de la Magistratura por encima de cualquier otra estamento, más allá de que puedan ser más del oficialismo o de la oposición. Los representantes del Congreso y el Ejecutivo son siete contra tres jueces. Más cuando estos sectores de la política ya tienen su intervención en instancias posteriores. Si son cuestiones administrativas, hay control del presupuesto. Si se trata de la designación de jueces, el Poder Ejecutivo es quien elige al candidato de la terna elevada por el Consejo, y llegado el pliego al Congreso, es el Senado el que le da acuerdo.

-¿Cómo ve a la Corte actualmente?

– Como todo cuerpo colegiado tiene la posibilidad de tener la diversidad de opiniones que tuvieron y están teniendo. Por la incidencia de sus fallos y decisiones, sus divergencias trascienden de una manera que, a mi modo de ver, no es la más adecuada.

-El Máximo Tribunal también fue cuestionado hace poco por la decisión de pedir copia del expediente en el cual iba a comenzar a ser juzgada la ex presidenta Cristina Kirchner. Y luego tuvo que salir con un comunicado aclaratorio que no pretendía suspender el inicio del juicio. ¿Cómo vio ese episodio?

-Nosotros en ese momento también salimos en defensa de la Corte porque, sin que se hubiera pronunciado, ya la habían castigado. Lo que nosotros sostuvimos es "ojo, esto es una queja que no interrumpe el trámite". La Corte nunca dijo que iba a suspender el trámite, pidió el expediente. Y el trámite de una queja, no te suspende la tramitación del procedimiento. Y de hecho el Tribunal Oral dijo que, en la medida que no haya orden de la Corte en sentido contrario, el juicio avanzaría igual. Y después la Corte resolvió en línea con eso.

-Finalmente, ¿cree que puede mejorar la imagen del Poder Judicial?

-Nosotros estamos peleando por levantar la imagen del Poder Judicial. Si te ponés a pensar, siempre surgen los mismos nombres cuestionados, diez o quince jueces. Y somos muchos más en el país, casi mil, que hacemos bien nuestro trabajo.