La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Cristina Kirchner, Julio De Vido y Ricardo Jaime por el supuesto cobro de coimas en los subsidios a los trenes

La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de la ex presidenta  Cristina Kirchner y un grupo de sus ex funcionarios por haber recibido coimas al transporte ferroviario, en el marco de la asociación ilícita descripta en la causa de los cuadernos. El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, también alcanzó a ratificar el procesamiento de Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, todos ellos ya presos por otros expedientes.

Sin embargo, la Cámara volvió a dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que fueron procesados por el juez Claudio Bonadio. El criterio seguido es que los hombres que pagaron las coimas no formaron parte de la banda de ex funcionarios kirchneristas.

Uno de los puntos claves de la resolución fue que se confirmó sólo el procesamiento para los empresarios Aldo Roggio y Gabriel Romero, que como arrepentidos habían dado detalles del pago de las coimas. Se revocó, en tanto, el procesamiento dispuesto por Bonadio para otros empresarios, como Claudio Cirigliano (preso por la tragedia de Once) y Sergio Taselli, quienes tenían a su cargo otras líneas de ferrocarriles urbanos; o Julio José Forastieri, integrante de la sociedad con la que Taselli explotaba ferrocarriles.

En ese marco, la Sala I de la Cámara Federal redujo los hechos de coimas que se le atribuyeron a Cristina y al resto de los ex funcionarios. Y también los montos de los embargos: de los 800 millones que dispuso Bonadio para Cristina Kirchner, el tribunal los bajó a  320 millones de pesos.

La causa se abrió como un desprendimiento de las confesiones de arrepentidos, en el marco del expediente por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que relató en una serie de cuadernos los viajes de recaudación que hacía para Roberto Baratta, mano derecha de De Vido.

En marzo, Bonadio había sostenido que se pudo corroborar que "las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles pagaban a los nombrados Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado nacional". Los pagos se concretaron mientras el área de Transporte dependió del Ministerio de Planificación, dijo el fallo.

Roggio admitió haber pagado dádivas por los subsidios que recibió por la explotación del subte hasta 2013, cuando el área de Transporte pasó al Ministerio del Interior. "Con (Florencio) Randazzo la relación duró alrededor de un año. Él no nos pidió dinero . El sistema del pago del 5% se acabó", dijo.

Romero, por su parte, admitió que pagó a Jaime  unos 500.000 dólares anuales, entre los años 2004 y 2009, a cambio de que se mantuviera a cargo de la empresa Hidrovía S.A. la concesión de obra pública por peaje para su empresa. "Los pagos eran exigidos por funcionarios involucrados y, en razón de ello, no he tenido otra alternativa más que la de efectuarlos, por temor a que mis compañías fuesen privadas de aquellos que por derecho les correspondía, en virtud de normativa y convenios previos a cualquier vinculación con los por entonces Secretarios de Transporte", dijo en su arrepentimiento.

Hoy, la Cámara Federal analizó esa resolución y convalidó que "los sucesos que aquí se recrean aparecen enmarcados en el contexto reconstruido en la causa 9.608/18, donde se logró acreditar el circuito de recaudación ilegal instaurado desde el seno de la Administración Pública Nacional (PEN) entre 2003 y 2015, el cual receptaba el dinero que las diversas empresas entregaban para asegurarse la asignación de contrataciones públicas y otros beneficios que dependían de la voluntad administrativa".

Según se sostuvo, "el eje de la maniobra pesquisada estuvo dado por la asignación de la obra pública a cambio de la entrega de sustanciosas sumas de dinero. Los titulares de las compañías vinculadas al rubro de la construcción recibían el beneficio de ser contratados por el Estado, así como un tratamiento favorable durante el desarrollo de dichas relaciones contractuales".

En su fallo, la Cámara Federal explicó que "Aldo Benito Roggio fue quien a través de sus manifestaciones como arrepentido permitió extender el horizonte de la investigación al rubro antes mencionado. Encargado de la explotación del servicio de subterráneos y del ferrocarril Urquiza desde 1994, fue él quien recordó el pago que de forma mensual -y en el rango del 5% de los subsidios obtenidos- efectuaba a Ricardo Jaime -Secretario de Transporte- a fin de conservar la concesión".

En tanto, "los dichos de Benjamín Gabriel Romero -también en el marco de la Ley 27.304- resultaron coincidentes con lo declarado por su consorte de causa, al reconocer la entrega de ese mismo porcentaje con el propósito de mantener la explotación de la línea de ferrocarril Belgrano Norte, asignada a su empresa Ferrovías. Pero, además, incluyó un nuevo rubro dentro de esas mismas prácticas: el de las vías navegables".

El fallo sostuvo: "Son las declaraciones de Roggio y Romero las que, al referirse a estos extremos, dieron sustento a la imputación. Ellos reconocieron haber efectuado las entregas de dinero, coincidiendo en sus detalles, tanto al indicar las formas de recaudación implementadas, como sus proporciones. Sin embargo, también fueron contestes en que los pagos sólo respondieron a sus propias empresas y nada más allá de esto. Roggio efectuó entregas de dinero por Metrovías. Lo mismo hizo Romero por Hidrovía SA y -en lo que aquí interesa- por Ferrovías. Ambos así lo admitieron."

Las pruebas no alcanzaron para los otros empresarios que recibieron concesiones y no se arrepintieron. Según la Cámara Federal, la afirmación de Bonadio en torno a que si "tres de las cinco empresas pagaban 'retornos', es lícito deducir que las restantes también lo hacían" resume "el universo probatorio en que se funda toda la imputación que excede, justamente, de las tres compañías citadas: Metrovías, Ferrovías e Hidrovía". Y por ello, se añadió, "se impone la necesidad de profundizar la investigación, adoptando, a ese efecto, un temperamento expectante en relación a estos hechos. En consecuencia, habrá de dictarse la falta de mérito para procesar o sobreseer a Sergio Tasselli, Julio Forastieri y Claudio Cirigliano", se afirmó.

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