"El primer problema en cualquier Gobierno es Comodoro Py", sostiene desde hace tiempo Miguel Pichetto cuando habla en confianza con sus interlocutores sobre el fuero donde se sustancian las causas por corrupción contra funcionarios públicos.
Es consciente del poder que acumularon los jueces federales a partir del menemismo -al que apoyó fervientemente en los 90's-, y que luego se consolidó durante la década pasada en la que los Kirchner domesticaron el Poder Judicial, mientras el ahora candidato a vicepresidente del oficialismo era la principal espadas legislativa en el Senado.
Ahora, sin embargo, apuesta a que la futura entrada en vigencia plena del sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal Federal establezca "equilibrios y contrapesos", ya que al pasar a estar la investigación en manos de los fiscales, "los magistrados federales se van a convertir más en jueces de garantías".
Con más de 25 años de carrera en la política nacional, tiene diálogo con la mayoría de los actuales 11 jueces federales que tienen sus despachos en el edificio de Comodoro Py 2002. "Los conozco a todos, pasaron por el Senado cuando fueron elegidos", señala ante Infobae.
De hecho, ocho de ellos obtuvieron acuerdo con el visto bueno de Pichetto como jefe del bloque mayoritario de senadores justicialistas, cargo que ocupa desde hace 17 años. En 2004, fueron votados los pliegos de los jueces federales Ariel Lijo, Julián Ercolini y Daniel Rafecas; en 2012, los de Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi y Luis Rodríguez; y en abril de este año, el de María Eugenia Capuchetti, la reemplazante del polémico Norberto Oyarbide.
Los otros tres magistrados que tienen despachos en el tercer y cuarto piso de los Tribunales Federales, tienen más años en el edificio y un largo vínculo con los distintos gobiernos peronistas: María Servini -que también es la jueza electoral-, Rodolfo Canicoba Corral, y Claudio Bonadio.
"Falta de muñeca política"
Si bien Pichetto reconoce que la gestión de Cambiemos "tuvo logros en su política judicial", como el avance en las investigaciones de corrupción, advierte que "hubo coletazos económicos" de la causa de los cuadernos en la obra pública y los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) que el Gobierno no supo ver. No lo admitirá en público -menos ahora-, pero cree que al oficialismo "le falta muñeca política" en la vinculación con la Justicia.
Así, por ejemplo, en su círculo de confianza lo escucharon decir que "el Gobierno quedó preso de la disputa entre Dolores y Comodoro Py", por la causa abierta en el Juzgado a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla por presunta extorsión, en la que fue citado a indagatoria el fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli, y donde están salpicadas dirigentes de la Coalición Cívica. Está convencido de que "al kirchnerismo duro le conviene la fragilización de la causa cuadernos".
No critica abiertamente a la llamada "Mesa Judicial" del PRO -integrada por el asesor presidencial José Torello; el secretario de Legal y Técanica, Pablo Clusellas, y el representante del Gobierno en YPF, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón-, prefiere elogiar a otro de sus integrantes, Germán Garavano, como "un hombre de diálogo". El ministro de Justicia fue uno de los primeros miembros del Gabinete que salió a elogiar la designación de Pichetto como candidato a vicepresidente por las redes sociales.
"Hay que tener una relación con Comodoro Py, lo que no implica buscar una parcialidad, si no tener en cuenta el impacto económico de determinadas decisiones judiciales, sin que esto signifique impunidad", sostiene con pragmatismo.
En este sentido, no deja de observar la consecuencia que tuvieron para las empresas las inhibiciones y embargos dictados a sus directivos y dueños, en el explosivo expediente abierto por la anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los pagos de coimas en la obra pública.
Sin embargo, destaca la decisión de la Cámara Federal al revocar la figura de asociación ilícita en los procesamientos a empresarios. "En su fallo, rechazó la idea de una acción delictual permanente y precisó los hechos delictivos puntuales".
Contra la judicialización de la política
Crítico de la "extrema judicialización" de la política, advierte que "conspira contra la credibilidad de las instituciones" y genera que "la gente calificada y honesta no vaya a la administración pública, por temor a quedar implicada en causas judiciales".
Este esquema resulta en su opinión "perverso", porque "cada día, alguien se levanta a la mañana y va a Comodoro Py a hacer una denuncia. Y entonces el Presidente acumula un montón de causas sin fundamento".
Para Pichetto -que condujo hasta ayer el bloque justicialista del Senado durante los gobiernos de Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Macri-, "si hay una extensión de la responsabilidad objetiva y se aplica un concepto de las causas de lesa humanidad a actos administrativos, puede resultar peligroso". Según razona, "con esta lógica, el Presidente debería saber o estar al tanto de todas las decisiones en un gobierno. Y esto no sucede así".
"Si permitimos esta hiperjudicialización, solamente los peores van a terminar haciendo política. Los que no tengan nada para perder o busquen delinquir, son los que van a terminar en el Estado", analiza el flamante candidato a vicepresidente del oficialismo.
No obstante, advierte que no justifica la impunidad. "Lo que sostengo es que el gobierno de los jueces tampoco es posible, porque acá hay un sistema de división de poderes que establece la Constitución Nacional", afirma.
Rechazo a la prisión preventiva
"El sistema judicial hoy está actuando de manera distorsionada. Hay un excesivo rigor en la aplicación de la prisión preventiva. Estoy en contra del uso de la prisión preventiva como pena anticipada", señaló enfático al anunciar que aceptaba la oferta que le hizo Macri de acompañarlo para un nuevo período de gobierno.
Y por si quedaba alguna duda, agregó en la conferencia de prensa en el Senado: "La propuesta del Presidente es tomarme de manera integral con lo que soy, con lo que vengo diciendo, con lo que he pensado siempre, que tiene que ver con la vigencia del estado de derecho, el debido proceso, las libertades y las garantías. Estoy en la misma posición que he tenido siempre".
Así, ratificó su rechazo a votar el desafuero de Cristina Kirchner, sobre la que pesan siete pedidos de prisión preventiva por parte de Bonadio. Sin embargo, la ex mandataria no tiene aun ninguna condena "firme", el requisito que según Pichetto, debe cumplirse para avanzar con el pedido del magistrado.
Relación con la Corte
Respecto de su vínculo con los miembros de la Corte, el senador rionegrino no oculta que a Carlos Maqueda lo conoce "hace muchos años, desde que ambos eran diputados del PJ", y luego compartieron bancada en el Senado. Sin embargo, asegura que Maqueda "siempre se manejó con mucha independencia en su decisiones en el Máximo Tribunal".
Tampoco niega su buena relación con Ricardo Lorenzetti, a quien conoce desde hace varios años. No obstante, insiste en que "sólo de trata de un vínculo institucional", sin influencia en las decisiones de los supremos.
Su rol en el Consejo de la Magistratura
Antes de llegar al Senado a fines del 2001 -va por su tercer período consecutivo-, Pichetto fue diputado nacional por Río Negro desde 1993. En ese rol integró por primera vez el Consejo de la Magistratura de la Nación, y permaneció, ya como senador, por dos períodos consecutivos en ese organismo, entre 1998 y 2005.
Volvió a integrar el organismo que designa y remueve jueces a fines del año pasado, tras un acuerdo entre el justicialismo, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, que le costó un lugar al radicalismo y le hizo perder la virtual mayoría que tenía el oficialismo desde el cambio de gestión en 2015. Hoy, con el nuevo alineamiento de Pichetto detrás de Macri, el Gobierno la recuperaría.
Actualmente preside la estratégica comisión de Acusación y Disciplina del Consejo. En ese ámbito, la semana pasada y tras la polémica por el reclamo del juez Ramos Padilla por no poder acceder a las escuchas de la "Operación Puf" en el marco del expediente en su contra abierto en el Consejo, él mismo firmó la nota para que le sean entregadas en forma inmediata. "Ramos Padilla tendrá todas las herramientas para defenderse. No me voy a comprar la grieta entre Dolores y Comodoro Py. Vamos a valorar las pruebas en la investigación contra el juez sin ningún tipo de parcialidad", le dijo en ese momento a Infobae.
Crítico de la llamada "justicia mediática", en los distintos debates en el Consejo en lo que va del año, es un defensor de que las investigaciones contra los jueces en el organismo avancen, ya sea para que se concrete una acusación o se desestimen. Cree que es la forma de garantizarles a los magistrados su posibilidad de defensa.
"Debemos actuar con celeridad, aún más rápido que la Justicia penal si es necesario", afirmó en una de las reuniones de la Comisión de Acusación. También defiende que el consejero instructor pueda resolver sobre medidas de pruebas, sin esperar a la aprobación del resto de los miembros de la Comisión, algo que es resistido por los consejeros jueces. "No somos el Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa", dice con su habitual ironía.
De buen diálogo con el juez federal Bonadio, fue quien formalizó la gestión para este magistrado enviara con mayor rapidez las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos en el expediente abierto contra Luis Rodríguez. En sus confesiones, lo señalaban por haber cobrado una presunta coima para favorecer al ex secretario de Nestor Kirchner, Daniel Muñoz.
Disputa por el asiento en el Consejo
Pese a que por su nuevo rol como candidato a vicepresidente anunció ayer mismo que dejaba la jefatura del bloque justicialista, Pichetto adelantó que mantendrá el asiento que obtuvo por el peronismo en el Consejo de la Magistratura. "Lo voy a seguir ocupando, porque tiene que ver con mi perfil de senador, y durante este año voy a seguir siendo representante del Consejo de la Magistratura", declaró ayer a la mañana. Su mandato como senador termina a fin de año, por lo que conservaría su lugar en el organismo hasta diciembre. "Si tienen algún problema, pueden recurrir al camino judicial, y lo discutiremos ahí: es un camino que a mí me gusta mucho", dobló la apuesta en declaraciones radiales.
Su anuncio generará una disputa con los demás integrantes del bloque de Alternativa Federal en el Senado, que en una reunión que tuvo lugar esta tarde, pusieron ese lugar en el Consejo de la Magistratura y en la estratégica Comisión de Acuerdos de la Cámara alta como dos temas a definir tras la salida de Pichetto de la jefatura del bloque.
Sobre la candidata a Procuradora
En relación al pliego de la candidata del Gobierno a Procuradora General de la Nación, Inés Weinberg de Roca – que hasta ahora no fue tratado en el Senado-, Pichetto le reconoció "trayectoria jurídica", aunque evitó defender su postulación.
"Mi pensamiento es americano. El Presidente tiene derecho a poner al procurador general", opina. Y menciona a John Kenedy padre -importante dirigente del partido demócrata- que promovió a su hijo Robert a los 35 años como procurador. "El Senado tiene, por supuesto, luego la facultad de aprobar o no al candidato del gobierno", desliza. En su entorno admiten que le pareció "poco inteligente" que el nombre sea anunciado por Macri en un programa de TV.
Lo cierto es que el nombre de Weinberg de Roca no tuvo el consenso necesario y su nombre quedó congelado. Lo llamativo, en todo caso, es que el Gobierno no haya retirado aún su pliego, y mantenga al actual Procurador interino, Eduardo Casal, que reemplaza a Alejandra Gils Carbó desde su renuncia a fines del 2017.
Entre los candidatos que Pichetto vería como mejores ojos por su trayectoria están el fiscal federal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plée; el fiscal federal Carlos Rívolo, que actúa también en la causa de los cuadernos, o el fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz.
Pacto con Irán
Las varias diferencias que Pichetto tuvo hasta ahora con Gobierno incluyen también su visión del Pacto con Irán. Para el nuevo compañero de fórmula de Macri "el Memorándum tuvo que ver con una decisión de un gobierno, más allá que desde el punto de vista internacional tenga aspectos cuestionables, y no es judiciable. Hubo un cambio en la política histórica del gobierno, vino el canciller (Héctor Timerman) a explicar detalles del acuerdo al Senado en una audiencia pública, y el Pacto fue luego ratificado por el Congreso", afirmó.
Él mismo declaró como testigo por escrito en la causa en que juez Bonadio procesó a Cristina Kircher, con prisión preventiva, por "traición a la patria" por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del pacto de entendimiento con Irán.
La misma visión tiene sobre la llamada causa del dólar futuro. "Son instrumentos de gestión política, que incluso este Gobierno también ha utilizado. Salvo que se puede acreditar que un funcionario se enriqueció con esas políticas. No sería el caso", concluyó.