El falso abogado D'Alessio y el fiscal Bidone quedaron al borde del juicio oral

La Cámara Federal dejó firmes los procesamientos de los principales imputados en el caso por la extorsión al empresario Gabriel Traficante

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El fiscal suspendido de Mercedes Juan Bidone (Federico Zabalete)
El fiscal suspendido de Mercedes Juan Bidone (Federico Zabalete)

El falso abogado Marcelo D'Alessio, el suspendido fiscal de Mercedes Juan Bidone, el ex espía Rolando Barreiro y el agente de la AFI Claudio Álvarez quedaron hoy cerca del juicio oral por la extorsión que llevaron adelante contra el empresario Gabriel Traficante en 2016. Antes, sin embargo, habrá que profundizar sobre los contactos telefónicos del falso letrado.

En un fallo al que accedió Infobae, la Cámara Federal dejó firmes los procesamientos de Bidone, Barreiro y Álvarez por extorsión en grado de tentativa en donde ya estaba en la misma situación D'Alessio. Pero le encomendó al juez federal Luis Rodríguez que realizara medidas que ya le había solicitado sobre las comunicaciones telefónicas del falso abogado.

"Observamos que aún no se han evaluado integralmente las conexiones telefónicas registradas por los imputados al momento de los hechos, ni se han practicado -partiendo de esos datos- otras diligencias útiles para completar la instrucción (geo-localización, entrecruzamientos, patrón de llamados, etcétera). El agotamiento de tales cursos de acción quedará, por tanto, nuevamente encomendado al Director del proceso", afirmó la resolución firmada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Marcelo D’Alessio y una de sus pasiones: el automovilismo deportivo
Marcelo D’Alessio y una de sus pasiones: el automovilismo deportivo

El caso, que se instruye en Comodoro Py 2002, se activó cuando estalló el escándalo en la causa de Dolores en febrero pasado. La denuncia existía desde el 2016. Sin embargo, la extorsión a Traficante es uno de los hechos que tiene bajo investigación el juez federal Alejo Ramos Padilla, como parte de las maniobras que llevó adelante la red de espionaje político judicial que se instruye allí.

Tanto en Comodoro Py como luego en Dolores, Traficante afirmó en su rol de querellante que D'Alessio (vecino suyo en el "country Saint Thomas" de Canning, provincia de Buenos Aires) le había pedido el pago de abultadas sumas de dinero –en persona y por vía telefónica- para favorecerlo en la causa de la mafia de los contenedores, donde le avisó que estaba imputado. Le ofreció extraer un sumario criminal y un listado de llamados entrantes y salientes. Y le mostró esas evidencias diciéndole que era un agente de la AFI y que tenía contactos en el poder judicial y en los medios.

Lo cierto es que, en rigor, esas pruebas habían sido obtenidas gracias a un pedido con carácter de urgente que hizo formalmente el fiscal Bidone en la causa del triple crimen de General Rodríguez y el informe de inteligencia lo firmó Álvarez, contactado a través de Barreiro –que ya se había alejado de la AFI-.

En sus indagatorias, Bidone y Álvarez admitieron los hechos pero aseguraron que no sabían para qué iba a ser usada esa información. Bidone se justificó diciendo que había sido víctima de un engaño.  Álvarez, en tanto, habló de una cena que escuchó en un restaurante y que le faltaban los anteojos cuando el fiscal le pidió una firma. La AFI denunció a Álvarez por este hecho. En tanto, Barreiro, quien reconoció el vínculo que mantenía con el autor de la maniobra, negó "haber realizado actos intimidatorios con el supuesto propósito de que la víctima abonara las sumas de dinero ilícitamente  exigidas".

Todas esas explicaciones fueron analizadas hoy por la Cámara Federal que resolvió confirmar los procesamientos. "Cada uno desde su rol particular prestaron una cooperación determinante para la realización del hecho puntual que aquí se instruye", sostuvo el fallo. Cuando confirmó el procesamiento de D'Alessio, la Cámara había dado una serie de directivas para orientar la investigación. Algunas se hicieron, pero -según el fallo- faltaron análisis telefónicos para profundizar la pesquisa y dar por terminada la investigación, con el objeto de llevar el caso a juicio oral.

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