La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, resolvió requerir la colaboración de peritos o expertos navales extranjeros para colaborar en la causa que investiga el naufragio del ARA San Juan. La magistrada solicitó al Ministerio de Defensa que, dentro del marco de convenios bilaterales vigentes, se instrumenten acuerdos con Estados Unidos y Francia para trabajar en el esclarecimiento del siniestro.
Si bien mucho se especuló con las dificultades presupuestarias y legales que este tipo de convocatorias podría originar, la jueza propuso una cuando menos original forma de obviar muchos obstáculos. "La colaboración internacional "Estado-Estado" es una ingeniosa manera de satisfacer los reiterados pedidos de alguna de las querellas, que considera que los peritos locales pueden ser influenciados por la Armada", razonó un perito naval de reconocida experiencia en el esclarecimiento de siniestros marinos.
En los considerandos de la medida, la Yáñez señaló que "bajo estricto acuerdo de confidencialidad, se le pedirá a EE. UU información acerca de: representación volumétrica en 3D del submarino siniestrado y del campo de escombros en base a las imágenes disponibles; análisis de las comunicaciones satelitales para definir una correlación espacio temporal entre las conexiones del submarino y su posición geográfica".
En otro apartado de su resolución, la magistrada le requiere a Oscar Aguad que respecto a la República de Francia solicite "opinión acerca de la forma en que se desarrolló el colapso estructural del submarino, y la dinámica posterior a la implosión hasta el impacto final en el campo de escombros. Asimismo, todo otro dato que haga al interés de la investigación".
Como consideraciones complementarias, la magistrada instruyó al Ministerio de Defensa para que todo lo que requieran las potencias extranjeras convocadas se canalice por intermedio del juzgado a su cargo, siendo receptores de todo el material los agregados militares de los países intervinientes.
Si bien desde Caleta Olivia no se emitió ningún comunicado al respecto, fuentes allegadas a la magistrada, señalaron que la medida adoptada tiene como objetivo potenciar la transparencia de la instrucción que se lleva adelante. Su trabajo ha sido severamente cuestionada por una de las tres querellas, pero goza del firme respaldo de las restantes, en especial de la que lleva adelante Fernando Burlando.
"Más allá de que las partes puedan apoyar o rechazar esta medida, el interés primordial del juzgado es utilizar los mejores medios disponibles para arrimar con objetividad elementos que contribuyan a obtener la mayor certeza. La gravedad de la tragedia y su trascendencia social imponen que la justicia y las partes se pongan a la altura de las circunstancias", expresó a Infobae una alta fuente judicial.
Recusación y pedido de destitución
Esa no fue la única novedad de este martes. La magistrada de Caleta Olivia rechazó la recusación planteada en torno a su persona por la querella que lleva adelante Luis Tagliapietra.
A primera hora de este miércoles las actuaciones serán giradas a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Pero en todas las fuentes consultadas existe certeza casi absoluta de que la instancia superior ratificará a Yáñez en su cargo.
En cuanto al pedido de destitución que la misma querella presentó ante el Consejo de la Magistratura, el cuerpo no procederá al tratamiento por considerarlo improcedente.