Ciudad de Buenos Aires: aprobaron los pliegos de dos jueces para el Tribunal Superior y del nuevo fiscal general

Con los votos del oficialismo, Evolución y el GEN, se aprobaron este jueves los pliegos de los dos candidatos a cubrir las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia porteño: Santiago Otamendi, actual secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y Marcela Vivian De Langhe, jueza desde 2003 en la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

Para el cargo de Fiscal General por siete años, fue aprobado el pliego de Juan Bautista Mahiques, actual subsecretario de Asuntos Penitenciarios, y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El rol que cumple en ese órgano es vital para el Poder Ejecutivo y por tal motivo el presidente Mauricio Macri le solicitó que se quede allí hasta fin de año. El puesto de Fiscal General estaba vacante desde la renuncia de Martín Ocampo, cuando todavía le restaban dos años de mandato.

La aprobación de los pliegos reflejó un dato político. La bancada que responde a Martín  Lousteau por primera vez en mucho tiempo votó a favor del pedido de Horacio Rodríguez Larreta y no junto al peronismo. Así, Evolución aportó sus 5 diputados (4 propios más un aliado) para alcanzar los 40 apoyos para aprobar los pliegos, los dos tercios de la mayoría absoluta requeridos.

Sin embargo, en la votación, los candidatos obtuvieron diferente cantidad de apoyos, ya que hubo más objeciones a  Otamendi y Mahiques que a De Langhe. Esta última y Mahiques cosecharon 43 votos positivos de Vamos Juntos, Evolución, uno del GEN (Sergio Abrevaya ) y dos del socialismo (Roy Cortina y Hernán Arce). Otamendi fue el más cuestionado y solo cosechó un voto más que el necesario, 41, ya que no lo apoyaron los dos socialistas.

Santiago Otamendi, nuevo miembro del TSJ de la Ciudad

Unidad Ciudadana se abstuvo en el caso de la candidata mujer al Tribunal Superior, y rechazó los pliegos de Otamendi y Mahiques, en tanto que la izquierda rechazó todos. Así, De Langhe obtuvo solo 4 votos negativos y 11 abstenciones, en tanto que Otamendi cosechó 11 negativos y 4 abstenciones, y Mahiques 11 en contra y 4 abstenciones.

Daniel Presti (Vamos Juntos) destacó que el proceso de designación cumplió todos los pasos y mencionó la participación ciudadana en la audiencia pública realizada el viernes pasado. En esa convocatoria realizada en el Salón Dorado cuatros organizaciones de la sociedad civil (ACIJ, CELS, INECIP y Memoria Activa) presentaron sus impugnaciones a Otamendi y Mahiques por su "falta de independencia política" y "falta de idoneidad profesional".

De Langhe -que tiene una buena relación con el angelicismo como rectora del Instituto Superior de Seguridad de la Ciudad-, no recibió impugnaciones.

El oficialista Presti subrayó que los tres candidatos reunían "la capacidad, la jerarquía y la idoneidad requerida" para los cargos vacantes, y consideró que su designación venía a "fortalecer el sistema de Justicia, de derechos humanos, la independencia del Poder Judicial, y la plena autonomía del sistema de Justicia de la Ciudad".

Las críticas de las oposición se centraron en la condición de funcionarios del gobierno nacional de Otamendi y Mahiques, lo que "comprometía su independencia", y todos coincidieron en señalar su pertenencia a un Ejecutivo del mismo signo político que el local. Varios destacaron que, incluso, Otamendi había participado de los clásicos "timbreos" llevados adelante por Cambiemos.

Sobre Otamendi se sumó el señalamiento de "haber protegido a los fiscales (por Eamon Mullen y José Barbaccia) que desviaron la investigación por el atentado a la AMIA", lo que le valió una denuncia penal en la Justicia. En su defensa, Presti recordó que la denuncia fue realizada por el reducidor de autos Carlos Teilleldín y que fue desestimada por el fiscal el año pasado (Carlos Rívolo) y por el juez (Luis Rodríguez).

De Langhe casi no recibió críticas, excepto de la izquierda, que cuestionó su apoyo al Código Procesal Penal de la Ciudad, por considerar que "aumentaba la política represiva". Todos los bloques destacaron que se sume una mujer al máximo tribunal porteño.

El apoyo clave de Evolución

Desde Evolución explicaron el apoyo a los candidatos propuestos por Larreta: "No teníamos los números para imponer postulantes, pero sí para marcar criterios en la elección para consolidar la autonomía de la Ciudad y aportar al progresivo traspaso de competencias judiciales".

Inés Gorbea, presidente de este bloque, destacó en la sesión que la Ciudad va a ser una de las pocas jurisdicciones que tiene mujeres en el más alto tribunal de Justicia. "También condicionamos nuestro acuerdo a que los candidatos tengan una formación y experiencia vinculada al derecho público, por eso nos opusimos a representantes de intereses relacionados a sectores corporativos alejados del interés común", sostuvo. Se refería a uno de los candidatos que quería Larreta, Diego Botana, que no prosperó.

El Bloque Peronista se abstuvo por considerar que el proceso de elección de los candidatos "había sido legal, pero ilegítimo" por no haber buscando los consensos previos necesarios en los nombres propuestos. María Rosa Muiños, la presidenta del bloque, se quejó que Rodríguez Larreta "solo buscó imponer la mayoría numérica" para lograr la aprobación. Destacó sin embargo la candidatura de De Langhe, y confió en que "mantendrá la independencia necesaria como miembro del Supremo Tribunal".

El jefe del bloque kirchnerista, Mariano Recalde, advirtió sobre las
"falencias en el procedimiento", su "velocidad" y la "falta de trayectoria de los nombres propuestos". También criticó la oportunidad de la designación, "a pocos meses de las elecciones y donde probablemente haya un cambio de gobierno".

"No se puede escindir los nombres propuestos del contexto de desligitimidad del Poder Judicial, que se utiliza para la persecución política a opositores. Ese contexto requería del Ejecutivo reforzar la credibilidad de la Justicia local y de su máximo tribunal", señaló el legislador kirchnerista.

El ex titular de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Kirchner advirtió que Otamendi y Mahiques "son funcionarios del Gobierno y de estrecha confianza del partido oficial", y que no reunían "los tres requisitos requeridos por la Constitución de la Ciudad: independencia, idoneidad y compromiso con los valores democráticos".

En relación a Otamendi, Recalde recordó que "en un concurso para cubrir 38 cargos quedó 33" en el orden de mérito. "La única razón por lo que está propuesto es por su afiliación al partido del gobierno", aseveró.

En el mismo sentido, se expidió sobre Mahiques. Y al concluir, comparó la situación de este último con lo que había dicho Rodríguez Larreta respecto de la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. "Larreta decía que debía renunciar porque era una militante política. Parte del cambio es tener una justicia independiente", recordó irónico.

En cuanto a De Langhe, Recalde afirmó que sus antecedentes eran "interesantes" y que cumple con el criterio de promover la paridad de género.

La izquierda sumó a los cuestionamientos expresados por el Bloque Peronista y por Unidad Ciudadana, el hecho de que Mahiques haya impulsado el juicio político al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, "porque su investigación involucraba al Gobierno".

Gabriel Solano denunció el "acuerdo político" que permitió reunir la mayoría necesaria para la aprobación de los pliegos, en referencia al apoyo de Evolución. "Lo que no cambia es el mecanismo para copar la Justicia y seguir los intereses de los políticos de turno. Después que no nos vengan a hablar de la independencia del Poder Judicial", concluyó.

Impugnaciones

Otamendi y Mahiques recibieron cuatro y tres impugnaciones respectivamente cada uno. Provinieron de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) por considerar que "no satisfacen el requisito de idoneidad ni ofrecen las garantías de independencia necesarias para desempeñar los cargos para los que son propuestos".

Por su parte, Memoria Activa también cuestionó a Otamendi – muy cercano al ministro de Justicia, Germán Garavano- por la actuación de esa cartera en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA.

Vacantes

Las dos vacantes en el Supremo Tribunal se generaron a partir de la partida de Ana María Conde y José Casás, lo que implicó que en la práctica el oficialismo perdiera la suerte de "mayoría" que conformaban junto a Inés Weinberg de Roca. Los otros dos jueces son Luis Lozano y Alicia Ruiz.

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