Juan Félix Marteau: "el crimen organizado ha incrementado su poder de fuego y Argentina está expuesta a sufrir las consecuencias de ese flagelo"

El abogado Juan Félix Marteau no precisa de presentaciones cuando se trata de discutir cómo operan las corporaciones transnacionales del crimen organizado. Es titular de la cátedra de Criminología en la Universidad de Buenos Aires y director del posgrado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Se desempeñó como Representante de la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la administración Kirchner y en el gobierno de Mauricio Macri fue Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Hoy asesora gobiernos y empresas. Desde ese lugar emprendió una batalla contra el crimen organizado, que continúa a través de su participación en la Asociación Latinoamericana contra el Contrabando (ALAC). Marteau investiga desde hace tiempo los "modelos" de organización del crimen y su modus operandi. Y no duda en afirmar: "Los datos que recogemos son poco alentadores respecto al éxito de las políticas emprendidas los últimos años en la región. Los países andinos (Colombia, Perú y Bolivia) batieron el año pasado el record histórico en la producción de cocaína de máxima pureza: fueron 1.400 toneladas".

Para el especialista, "esto conduce a un aumento del derrame de la droga en la región y al fortalecimiento de los carteles brasileños".

Paraguay, por su parte, produce casi 50.000 toneladas de marihuana anuales, las que son introducidas en los mercados sureños. Pero hay más datos complicados: este socio del Mercosur produce también cerca de 70.000 millones de cigarrillos por año, de los que apenas consume 3.000. Esto impacta en el mercado de consumo brasileño, donde el cigarrillo contrabandeado y falsificado alcanza al 54%. En la Argentina, representa 18% y en Chile el 22%. Todo esto sin contar la enorme cantidad de mercaderías falsificadas que provienen de países asiáticos.

Marteau concluye que son estas informaciones las que "nos llevan a inferir un aumento del poder financiero y de la capacidad de corrupción de las organizaciones criminales que actúan en la región". Frente a ese escenario, dice, "los gobiernos están lejos de ganar la batalla".

El especialista describió cómo se vinculan las diversas formas de criminalidad organizada. "Se entrelazan en puntos claves: por un lado, utilizan la misma logística y por otro, lavan sus activos a través de los mismos instrumentos (cuevas financieras, compra de empresas, inversiones inmobiliarias, etc.)", dijo en un diálogo con Infobae que tuvo lugar en Costa Rica, donde el abogado se encuentra participando de un congreso sobre contrabando.

— Usted mencionó como dato sustancial en el combate al crimen organizado que los servicios de inteligencia puedan proveer "insumos de inteligencia" a la Justicia ¿A qué se refiere?

— Es preciso aclarar que la criminalidad organizada y el terrorismo se han incorporado a la agenda de los servicios de inteligencia de las principales potencias del mundo en función de la amenaza que representan para la institucionalidad del Estado. No son meros delitos convencionales como se pensaba tradicionalmente. Le diría, además, que día a día, van ingresando en las agendas de los servicios de inteligencia de los países de América Latina. Sin embargo, en este último caso, las legislaciones que tenemos en la región están desfasadas, lo que obstaculiza el uso de los insumos de inteligencia en la investigación y en el juzgamiento de los crímenes graves. Aquí tenemos unos de los grandes desafíos en materia de reforma institucional. Es preciso autorizar una mejor diseminación de estos insumos entre las diversas agencias del estado, y una utilización racional de los mismos por parte de jueces y fiscales.

— ¿Qué impide ese "uso racional" de los insumos de inteligencia"?

— Lo que ocurre es que este tipo de información es confidencial o reservada. Y eso se topa con el hecho de que esas informaciones, dentro de un proceso penal, deben ser puestas rápidamente en conocimiento de la defensa de los acusados, que van a impugnar el ocultamiento de la fuente de producción de la inteligencia. Ocurre que los jueces no solo se ven en la situación complicada de, primero, aceptar la información de inteligencia, sino que una vez aceptada sí o sí tienen que "bilateralizarla"; es decir, hacer conocer la prueba no solo al fiscal sino también al defensor. Y esto da pie, en la práctica, a que la defensa gane la batalla. Por eso, en estos casos, el uso racional de los insumos de información significa que deben existir leyes y protocolos muy estrictos que permitan incorporar información reservada o confidencial al proceso penal.

— ¿Cómo se saldó esta brecha en otros países?

— En otros países, después de la tragedia del 11 de septiembre de 2001 se crearon varias herramientas: se instalaron juzgados especiales que están estrictamente destinados a analizar los informes de inteligencia, su calidad e importancia y a preservar el carácter reservado durante el tiempo que dure la etapa investigativa. También ese juez podrá decidir si esa información puede reconvertirse en una prueba durante el juicio público propiamente dicho. El juez especial debe asegurarse que los insumos de inteligencia sean confiables y consistentes, evitando que se introduzca información falsa o inventada.

— ¿Cómo funciona en Estados Unidos?

— En Estados Unidos las leyes FISA (Foreing intelligence Surveiliance Act) y PATRIOT generaron un nuevo paradigma en la utilización de información reservada para llevar adelante una investigación, sobretodo en caso de terrorismo. Esto derivó en una significativa cantidad de nuevos protocolos para el uso de la información de inteligencia en el proceso penal. Además, dio lugar a la coordinación de una red de organismos del estado que se ocupan de la criminalidad organizada y el terrorismo: la DEA, FBI, ICE, etc. Entonces, se establecen nuevos criterios de diseminación y complementación en la investigación de amenazas graves. Otra medida es que el abogado de un terrorista sea designado por el Estado a efectos de garantizar cierto nivel de confidencialidad en el control de la prueba. La misión de ese defensor es testear la veracidad de una prueba, pero mantenerla en reserva ante su defendido. Su misión es, en estos casos, hacer un control de que no se trata de una prueba falsificada.

A la luz de la amenaza que supone la colusión del narcotráfico con ciertos esquemas de contrabando tales como de trafico de armas y de personas (con una enorme influencia y gran poder corruptor), hoy resulta importante entender que ya no funciona la partición tradicional de que el Poder Ejecutivo va por un lado y el Poder Judicial va por el otro. Esto ya no puede funcionar si se quiere ser efectivo. Es claro que esto debe estar bien reglamentado, de forma que el Estado pueda realizar investigaciones concretas sin sufrir el riesgo de ser rápidamente desbaratadas por estas organizaciones que cuentan con un gran staff de abogados y un gran poder corruptor. Admito que este tipo de experiencias se basa en instituciones estatales consolidadas a través de una burocracia técnica, no politizada. Y es cierto que transportar este tipo de experiencias a países con bajo nivel de institucionalidad, como los de nuestra región, puede resultar extremadamente peligroso.

— ¿Esto no exigiría un sistema judicial afianzado y creíble? Especialmente si se considera la trascendencia de un caso en Argentina que resultó muy complicado, dado que expuso niveles de corrupción judicial.

— Entiendo perfectamente su observación. Ninguna de estas medidas, que son altamente intrusivas, y de significativa importancia en torno a la libertad de las personas, puede funcionar correctamente en un sistema institucional debilitado, o digamos poroso a la corrupción y a los vaivenes de las ideologías. Está claro que estas medidas no pueden funcionar si los gobernantes de turno usan las herramientas de inteligencia de manera ilegítima (armando operaciones, utilizando agentes inorgánicos, o simplemente vedando información reservada) con el objetivo de restringir, neutralizar o eliminar a los adversarios políticos. En este mismo contexto, pongo en dudas medidas como la extinción de dominio tal como se discute hoy en mi país. Me pregunto en qué medida este instrumento no está teñido de una coyuntura donde lo que predomina es la división ideológico-partidaria sobre el objetivo técnico-político de luchar en serio contra los esquemas de corrupción.

— ¿En qué sentido dice esto último?

— Por ejemplo, es el caso de la extinción de dominio que puede ser impulsada por sectores que quieren aplicarla retroactivamente a políticos de la administración anterior acusados de corrupción. Me pregunto qué hubiera sucedido si la administración acusada hubiera impulsado esta medida. Creo que los mismos sectores que hoy la promueven estarían completamente en contra. Además, estoy convencido que la introducción de instrumentos de este tipo en un sistema colapsado como es el sistema de justicia penal en Argentina, lo que genera es más arbitrariedad. Por último, me pregunto, por qué antes de impulsar la ley de extinción de dominio, la política no se ocupó de dotar a los juzgados y a las fiscalías de los recursos humanos y materiales necesarios para que se apliquen más efectivamente medidas penales completamente legítimas como son las cautelares y la pena de decomiso.

— ¿Ya está aprobada en Argentina la ley de extinción de dominio?

— No todavía. Además, falta un debate en serio sobre su constitucionalidad.

— ¿Dónde está vigente?

— Los ejemplos más paradigmáticos son en Estados Unidos y Colombia.

— Y ¿con qué resultados?

— Los resultados en estos países fueron importantes en el sentido de que se ha conseguido privar más rápidamente a las organizaciones criminales de los bienes que les permiten seguir operando aun cuando sus líderes han sido detenidos. Está claro que para que esto funcione bien, deben producirse reformas sistémicas que generen mucha credibilidad en el sistema de justicia penal y en la ética y el compromiso de los gobernantes. No puedo dejar de volver al comienzo de nuestra entrevista: con un sistema muy desarrollado de extinción de dominio en Colombia hoy los narcos han aumentado la producción de cocaína y diversificado su actividad criminal. No están más débiles sino todo lo contrario.

— En la Argentina ¿este tipo de ley sería constitucional?

— A mi juicio, la ley de extinción de dominio en la Argentina violenta la garantía del debido proceso que resguarda el principio de inocencia, obliga a la actuación de un juez natural y sobre todo, exige que cualquier pena se imponga sólo después de un juicio donde recaiga una sentencia. La privación de los bienes antes de una condena es indudablemente una pena anticipada. Obviamente, por lo que dije al comienzo, creo firmemente que el Estado debe poder utilizar todas sus herramientas frente a amenazas a la institucionalidad, lo que estoy diciendo ahora, es que veo a la ley de extinción de dominio como un atajo más que como una solución.

Miro con especial preocupación los procesos políticos de nuestra etapa democrática: por un lado, el progresismo post dictatorial ha conseguido menoscabar y debilitar la actuación de nuestros policías, jueces y fiscales. A través de un sistema completamente alienado de recursos y revisiones los criminales han mejorado sus estándares de impunidad. Por otro lado, aquellos gobernantes que parecen estar en un espectro ideológico diferente, no han tenido la capacidad para introducir reformas sistémicas a nuestras instituciones. Veo muchos funcionaros que no tienen compromiso ético en la lucha contra la criminalidad organizada y esto tiene como consecuencia que los recursos estatales son destinados para satisfacer otro tipo de intereses (económicos y políticos). Así es imposible ganar la batalla.

— Es un punto clave ¿no?

— El compromiso y la ética de los funcionarios en esta lucha es clave para que el Estado cumpla con sus funciones. Es innegable que además se requiere una determinada racionalidad técnica, basada en un diagnóstico certero sobre el tenor de las amenazas que existen en materia de crimen organizado y terrorismo. Los países de la región tienen que dar pasos significativos en estos dos aspectos. Lo último es la decisión política basada en la idea de que la lucha contra el delito grave es un mandato legal. La impunidad significa esencialmente que el delincuente puede decirle al resto de la sociedad que su acción y su estilo de vida son la ley y la referencia para todos los demás.

— Si usted tuviera que hacer un análisis comparativo ¿la Argentina está más, o menos, permeada por organizaciones criminales que el resto de la región?

— Un punto de partida objetivo son las tasas de homicidios que permiten analizar en qué medida las organizaciones criminales están luchando por territorios por la apertura de nuevas rutas de tráfico ilícito y por la imposición de influencia sobre actores decisivos como sucede en Rosario o en determinados distritos del conurbano bonaerense. Sin embargo, este indicador no es suficiente, ya que la penetración del crimen organizado puede darse también a través de la modalidad del lavado de activos esto es usando nuestra plaza para ocultar y reutilizar sus ganancias ilícitas. Argentina ha reconocido ante el GAFI que el dinero que se lava en el país proviene esencialmente del narcotráfico, del contrabando, y de la corrupción.

— ¿Son mafias importadas las que actúan en el país?

— Volvemos de nuevo a nuestro punto de partida. Los narcotraficantes y contrabandistas de los países vecinos obtienen significativas ganancias con la introducción de sus productos ilícitos en nuestro mercado de consumo. Existen indicios serios de que buena parte de esas ganancias son lavadas en nuestro país a través de la compra de empresas y propiedades. Una evaluación nacional de riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo todavía pendiente en nuestro país debería demostrar que la zona de la triple frontera genera una significativa cantidad de ganancias ilícitas que fortalecen los delitos precedentes mencionados. En resumen, en un contexto regional donde el crimen organizado ha incrementado sus riquezas y su poder de fuego, la Argentina se encuentra más expuesta a sufrir las consecuencias negativas de este flagelo. No me cabe ninguna duda de que cuando se habla de construcción de consensos básicos la lucha contra la criminalidad organizada y la financiación del terrorismo deberían encontrar un lugar de primer orden junto con la lucha contra la pobreza y la lucha contra los especuladores que han destruido nuestra economía.