Retaceo de datos, pujas de poder y acusaciones cruzadas: la interna del Gobierno por el control en las fronteras

Retaceos en la información, acusaciones cruzadas, contrabandistas que se escapan, narcotraficantes en la mira, alertas que no se dan y recelos históricos. Todo un combo de pujas de poder se desarrolla en estos días en el Gobierno en torno al cuidado de las fronteras y con los ministerios de Seguridad, Interior, Defensa y la Aduana como actores centrales.

En forma muy sigilosa aunque fuertemente pronunciada hacia adentro, las peleas internas crecieron en los últimos tiempos ante la estrategia del presidente Mauricio Macri de potenciar la protección de las fronteras, especialmente en lo que hace a los controles de las fuerzas de seguridad, de agentes migratorios, Aduana y el Ejército en la zona del norte argentino.

Cada uno de los actores en juego plantea su defensa y posicionamiento particular. Pero se percibe claramente una puja sin retorno en lo inmediato. Según las consultas que realizó Infobae tanto en la cartera de Patricia Bullrich pasando por los ministerios de Rogelio Frigerio y Oscar Aguad, hubo cuestionamientos cruzados y pases de factura, aunque públicamente lo nieguen.

Desde el Ministerio de Seguridad cuestionan a la Dirección de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, por lo que consideran algunos casos con "graves falencias" en los controles de entrada de extranjeros y salidas de argentinos con causas penales. El caso de los dos iraníes que ingresaron el 12 de marzo pasado al país con pasaportes falsos de Israel y vulneraron los controles migratorios en Ezeiza es un tema de preocupación que le planteó la ministra Bullrich al presidente Macri en su momento.

Sin embargo, este no es el único caso. La fuga del empresario de la carne Albertro Samid a Belice también estuvo en el ojo de la tormenta. Se investiga en estos días si la salida del empresario con pedido de captura judicial por el paso legal de Clorina, en Formosa, se hizo con un sello falso de migraciones o se habilitó la salida por parte de funcionarios de Migraciones.

"Se les pasa todo y nosotros tenemos que andar atajando penales", graficó una fuente de Seguridad en abierto desafío a la Dirección de Migraciones y a la cartera que conduce Frigerio.

Bullrich también cuestiona al Ministerio de Defensa porque no da instrucciones más firmes a los 500 soldados del Ejército apostados en la Frontera Norte para que haya reportes más asiduos de contrabando o de movimiento de narcotraficantes. "Desde que empezó el operativo Frontera Norte para sumar apoyo logístico de los militares a las fuerzas de seguridad no hubo casi reportes de los soldados sobre movimientos extraños o contrabando", dijo una fuente allegada a la ministra.

Por el contrario, en el Ministerio de Defensa advierten que los soldados del Ejército vienen haciendo una tarea "impecable" de apoyo logístico en la Frontera Norte y aducen que hay una fuerte presencia de los soldados que hacen "efecto disuasivo" ante el ingreso de narcos o contrabandistas en la frontera con Bolivia, Paraguay y Brasil.

Según pudo saber Infobae, el ministro Aguad expresó hace unos días que las quejas del Ministerio de Seguridad al Ejército son "injustas" y le hizo saber a Bullrich de su malestar por esas acusaciones.

A la vez, en el Ministerio de Defensa aclaran que la ley de seguridad interior establece un claro límite en el accionar militar en la frontera e interior del país. "No mandamos a nuestros soldados para decomisar mercaderías de contrabandistas porque esa no es la función de los militares. Aquí hay una confusión general y muchos no entienden que los militares sólo deben limitarse por ley al poder disuasivo o el apoyo logístico a Gendarmería y Prefectura", comentó un funcionario de Aguad.

En el caso del Ministerio del Interior, las respuestas ante las acusaciones de Bullrich por el lado de la presencia de controles supuestamente "laxos" está bien definida: aducen que hay filtración de datos sensibles desde Seguridad y que no hay suficiente cooperación conjunta entre la Gendarmería con los agentes de migraciones.

A la vez, desde la cartera de Frigerio expresaron a Infobae una respuesta concreta ante esta dura puja de poderes que se vislumbra en el Gobierno. "Migraciones hace bien su trabajo. Incorporó tecnología, capacitó a su personal, suscribió acuerdos internacionales que nos permitieron acceder a las mismas normativas de los países serios y desarrollados. Todo eso en cuatro años de gestión", dijeron allegados al ministro.

Desde el Ministerio del Interior dijeron que en el caso concreto de los iraníes que ingresaron con documentos falsos se decidió apartar a los funcionarios involucrados y sumariarlos. Lo mismo ocurrió con el caso Samid, donde se despidió a un funcionario de Migraciones de Clorinda y se avanza con una investigación interna sobre el eventual uso de un sello apócrifo de Migraciones que habría avalado el ingreso del empresario de la carne a Belice.

Por otra parte, en Interior trataron de bajarle el tono a la disputa y destacaron que "la relación con Bullrich y su equipo de fronteras es muy buena". "Rogelio y Patricia tienen diálogo permanente. De trabajo en conjunto y de respeto. De parte de Migraciones no hay ningún cruce sino todo lo contrario", expresó ayer a Infobae un allegado al ministro del Interior en un intento por desterrar cualquier tipo de internas en el Gobierno. No parece lo mismo en los hechos concretos y el trabajo diario.

Otra muestra de puja de poderes por los controles de frontera se cristalizó hace un mes, cuando Bullrich fue apedreada en Salta por un grupo de bagayeros que se oponen al régimen simplificado de importación para la zona de frontera. Esta resolución, que lleva la firma de Bullrich, del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, estableció que los importadores que crucen mercancías de Bolivia por los pasos internacionales Puerto Chalanas -así se denomina al cruce en la ciudad de Bermejo- y Aguas Blancas podrán realizar una operación diaria con un tope de 500 dólares en mercancía. Además, la medida exige la obligatoriedad de que los bagayeros se inscriban en un registro y que paguen impuestos.

En algunos despachos oficiales creen que esta propuesta no funcionó y que da lugar a que haya más pasos ilegales. También hubo advertencias sobre la necesidad de que los funcionarios de Aduana sean más rígidos en los controles.

Además, el SUPARA, el sindicato que nuclea al personal aduanero de la Argentina, alertó sobre el grave estado de vulnerabilidad en el paso de Aguas Blancas, en el departamento de Orán, en el límite con Bolivia. Y hay plena coincidencia en que los controles de contrabando deben recaer sustancialmente en las fuerzas de seguridad.